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hace 6424 días
Citan a declarar a ex trabajadores de Mafissa
El lunes por la mañana comenzaron a declarar los 18 trabajadores de la textil Maffisa (ubicada en la localidad platense de Olmos), en el marco de una causa por usurpación que se reactivó recientemente, donde interviene la fiscal Ana Medina. En 2007 y 2008 los obreros mantuvieron varios meses tomada la planta en defensa de sus puestos de trabajo, luego de una masiva ola de despidos, que dejó sin trabajo a 103 obreros. Por esa lucha también enfrentan otra causa, por daño calificado y coacción agravada, que está por ser elevada a juicio oral.
A lo largo de la semana deberán presentarse en la fiscalía provincial los 18 imputados que, por el momento, se niegan a declarar por no haber sido citados con el tiempo suficiente como para planificar su defensa. Hernán García, ex delegado de los trabajadores de Mafissa fue el primero en ingresar a los tribunales provinciales (7 entre 56 y 57) y al salir habló con los medios locales. García denunció que, luego del desalojo de la planta, del que participaron 600 policías, fueron despedidos otros 100 operarios, y que actualmente las condiciones laborales siguen siendo "de superexplotación y de una dictadura patronal". García señaló que esta es una causa sin precedentes en la que "se intenta criminalizar a los trabajadores como pasó en Kraft", por eso pedirán el sobreseimiento. Además remarcó que muchos de los despedidos fueron echados por padecer problemas de salud, generados en la misma fábrica por las malas condiciones laborales.
"¿Cuál es la postura de la justicia que quiere llevar a 18 trabajadores a la cárcel por haber estado peleando por su puesto de trabajo?" se pregunta Luciano Sívori, abogado de los obreros, y continúa señalando que "esta es una cuestión terrible que deben tomar todas las organizaciones y todos los trabajadores porque es un antecedente para cualquier lucha que siga que estos trabajadores terminen condenados". Sívori y Agustín Comas, el otro abogado de la defensa exigen que se absuelva a los trabajadores "porque era un conflicto laboral, no es un conflicto penal y mucho menos para llevarlos presos como se está intentando hacer." En tanto, Comas señala que el Juez Melazo es quien interviene en la causa por usurpación, casualmente el mismo juez que ordenó el desalojo, mientras que el Juez Atencio es quien tiene a su cargo la otra causa.
Mafissa es una de las principales productoras de hilo sintético del país, con un 80% del total de la producción de esa fibra, destinada mayormente a la exportación. La textil pertenece a la familia Curi, que tuvo fluidos vínculos con la última dictadura militar y entregó a varios trabajadores que actualmente se encuentran desaparecidos. A 34 años de la última dictadura militar la justicia burguesa arremete nuevamente contra los luchadores, para recordarles que los derechos deben ser sólo para quienes puedan comprarlos. Pero los obreros de Mafissa, afortunadamente, no pretenden darse por vencidos, y menos en esta fecha que exige realizar los sueños de quienes murieron en pie de lucha.
Mafissa: Entrevistas a Hernán García y Abogados Por Federico Sager ((i)) La Plata
Declaración de 18 trabajadores despedidos de Mafissa Por Candela ((i)) La Plata
Renta urbana, negocios y exclusión: ¿El derecho a la ciudad?
En noviembre del año 2009, el Ejecutivo Municipal se disponía a aprobar de la noche a la mañana un proyecto (también armado de la noche a la mañana) de nuevo Código de Planeamiento Urbano. Por aquellos días, la medida debió ser frenada por resquebrajamientos dentro del propio bloque oficialista de concejales, división que hoy se ve más claramente con la salida del bruerismo de algunos legisladores locales, que se refugiaron en “el Proyecto Nacional" del kirchnerismo y teniendo como aliado en la ciudad a Julio Alak, Ministro de Justicia Nacional, ex-intendente de La Plata y hoy posible candidato a ocupar el mismo cargo-). Esas idas y venidas contribuyeron en parte a que este Código “no salga” en aquella oportunidad. Sin embargo, el oficialismo a comienzos de año pretendió aprobar el nueva normativa pero fracasó nuevamente. Ahora busca alcanzar los votos necesarios y que se vote en la sesión del Consejo Deliberante local del mes de abril. Algunos legisladores de la oposición –sobre todo desde el espacio “Nuevo Encuentro”- comenzaron a juntarse desde fines del año pasado al igual que diferentes organizaciones para intentar poner en debate público esta cuestión y llamar a rechazar el nuevo Código. |
Miércoles contravencional: Paremos el código de Scioli (Comunicado)¡¡ Miercoles 17 de Marzo 12 hs nos convocamos todos en 7 y 51 !! Ante las propuestas que apuntan a la creación de un modelo de control social que incentiva el gobierno de Scioli, diversas organizaciones y vecinos nos convocamos para expresar nuestro más enérgico rechazo. Este modelo tiene como uno de los ejes prioritarios la modificación del código contravencional vigente. Los códigos contravencionales existen en todas las provincias y han sido usados históricamente para detener sin orden judicial. Una contravención se define como obrar en contra de lo que está mandado, y las figuras contravencionales siempre han sido definidas de manera muy poco claras y ambiguas, como por ejemplo: “merodeo”, “escándalo”, “vagancia”, “alteración del orden público”, entre otras. La sanción de estos comportamientos consiste en la posibilidad de ser multado/a o encerrado/a por ser considerado “sospechoso/a” o “peligroso/a”, criterio definido por el “olfato policial” o la intuición de algún/a vecino/a. Esta falta de claridad constituye una violación a la Constitución Nacional en múltiples aspectos: tipifica delitos de autor (portación de cara, apariencia física, vestimenta, etc.), acaba con el principio de inocencia y ataca la libertad ambulatoria, entre otras. Este conjunto de medidas represivas y discriminatorias afectarán fundamentalmente a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, dando un manto de legalidad a muchas prácticas que ya existen, lo que lejos de ser una solución al problema de “inseguridad” agrava otros. Cuando el gobernador plantea “que la policía gane las calles” está haciendo referencia a la ampliación del poder que los agentes tendrán para detener a personas, siendo los únicos árbitros, ya que se los habilita a “obrar de oficio”, es decir, sin que medie autoridad judicial ni denuncia necesaria . Esta herramienta otorga un “cheque en blanco” a las negociaciones de la policía en las calles, puesto que, aquellos/as quienes puedan eludir las contravenciones serán quienes posean los recursos para pagar las multas o para “negociarlas” (Las multas van desde los 7 mil pesos o 30 días de arresto, en caso de no poder abonarlos). |
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