La disputa por el sitio público, arqueológico y sagrado de Punta Querandí, de menos de 1 hectárea, comienza a generar repercusiones en territorios más amplios. La magistrada Delma Cabrera, del Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro, dio lugar a la medida cautelar solicitada por la Fundación Pro-Tigre, que alega que la desarrolladora inmobiliaria EIDICO no efectuó los estudios de impacto ambiental y arqueológico en terrenos donde se edifican los barrios privados San Benito y San Rafael, en las inmediaciones de Punta Querandi. Las obras de la empresa continúan ya que será notificada formalmente en estos días. Pro-Tigre dejó abierta la posibilidad de hacer extensiva la medida cautelar a otros emprendimientos.

El despacho de la magistrada destaca que según esta fundación ambientalista "algunas de las obras ya realizadas han tapado o destruido sitios arqueológicos de gran valor histórico, cultural y religioso; en tanto que otras obras en ejecución hoy día están poniendo en peligro otros patrimonios arqueológicos que aún pueden preservarse".

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