|
A toda velocidad, entre un cúmulo de dictámenes y leyes,
los senadores terminar de aprobar en la madrugada -por 39 votos
a favor y 22 en contra- el proyecto de Ley Antiterrorista enviado
por el Poder Ejecutivo, de modificación de la actual ley antiterrorista
por exigencia del Grupo de Acción Financiero (GAFI) -creado por
el G7 con participación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional-
bajo la promesa de recibir un certificado de “país confiable” para
recibir inversiones extranjeras.
La modificación de la Ley Antiterrorista duplica las penas para
cualquier delito contenido en el Código Penal si se comete por una
organización o individuo con la finalidad de generar “terror”
en la población o de “obligar a un gobierno a adoptar una decisión
o abstenerse de tomarla”. De esta manera, juntar fondos para los
mapuches presos acusados de terroristas en Chile, intentar cambiar
el veto presidencial al 82 % móvil, tomar un terreno ante la falta
de vivienda o bloquear una calle por cortes de luz sería causal
de terrorismo como hoy lo es de procesamiento para miles de personas,
aunque nos ampare un derecho constitucional y se trate de una protesta
legítima.
Desde el momento que fue conocido, el proyecto -ahora ley- recibió
críticas de un conjunto amplísimo de organismos de derechos humanos,
de organizaciones sociales, sindicales, juristas, legisladores y
muchos más. Todos preocupados por el potencial antidemocrático de
un proyecto de ley que no clarifica quien o quienes son terroristas,
cuales son los parámetros para determinar los que atentan contra
la seguridad del pueblo, y que puede ser usado para impedir los
reclamos sociales, para perseguir a trabajadores, campesinos, indígenas,
militantes, a cualquier persona en suma que cualquier juez o político
de turno interprete que está “aterrorizando”.
Más información: 
Senadores
sancionaron la Ley Antiterrorista Por ANRed
|
Cristian
Ferreyra ni siquiera sospechaba la existencia de la GAFI y mucho
menos que esa sigla de sonido casi amable podía tener incidencia
en su pequeña vida. Tan pequeña su vida que sólo buscaba doblar
su tierra en cuatro cada noche y esconderla bajo siete llaves para
que no se la llevaran en la oscuridad del sueño. Cuando las balas
de la represión tercerizada dejaron a su tierra sola y desnuda,
Cristian Ferreyra murió sin saber que en pocos días hubiera podido
ser, técnicamente, un terrorista.
Tras la decisión política de alinearse con el G20, implementando
los mandatos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional,
una vez más vuelve a redefinirse el antiterrorismo como herramienta
para la criminalización de quienes hoy ejercen su derecho a reclamar
ante las autoridades, de acuerdo al Art. 14 de nuestra Constitución
Nacional, como producto de las políticas estatales en materia socio
- económica y de los caprichos empresariales en este "capitalismo
en serio", el cual no deja de serlo y que sigue matando con la megaminería,
los agrotóxicos y las patotas. 
El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen
posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales
típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social:
en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de
circulación o simples actos de protesta en el espacio público. Una
normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación
en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes
del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos
asociados al incendio de bosques.
Los
días 8, 9 y 10 de diciembre se realizó en la Facultad de Psicología
de la Universidad Nacional de Rosario el primer Encuentro Nacional
de Familiares de las Víctimas del 2001. El encuentro fue considerado
por sus participantes un punto de inflexión en la búsqueda de justicia
contra la impunidad reinante en los 38 asesinatos que se cobró la
represión gubernamental: “un instrumento de organización, un instrumento
de participación y de lucha que hasta ahora no lo teníamos nacionalmente".
El
pasado 1º de noviembre el legislador Roberto Birri del Frente Cívico,
presentó en la Unicameral cordobesa el proyecto de Reforma del Código
de Faltas que propone la derogación del artículo de merodeo (art
98) y la implementación de la asistencia letrada obligatoria. Según
el proyecto de investigación El Código de Faltas y su Aplicación
a los Jóvenes en la ciudad de Córdoba: ¿Una estrategia de intolerancia
selectiva? el artículo 98 posibilita “que las fuerzas policiales
efectúen detenciones arbitrarias de modo selectivo, en particular
sobre jóvenes de grupos vulnerables. Este aumento en la intensidad
de la violencia institucional, además de no haber contribuido a
mejorar las condiciones de seguridad, produce un deterioro en la
relación de la comunidad con las fuerzas policiales”.
Carta
de Adriana Revol, militante de la Coordinadora Anticarcelaria, a
la presidenta de la Nación Cristina Fernández sobre las condiciones
de vida en la Cárcel de Villa María, Córdoba: "Al patio solo se
puede acceder una hora por día, pero ninguna, los días de visita,
o sea solo tendría, cuatro horas semanales de patio. Entonces, estaría
usted imposibilitada de tener actividades físicas, hasta imposibilitada
de caminar. Tienen que estar muchas horas del día en la cama (los
que no duermen en el piso y tienen que levantar el colchón durante
el día), porque no tienen otro espacio. De esta manera no solo el
físico se atrofia, también su salud mental. Se les debilita la voluntad
al tener que estar acostados tanto tiempo, como si estuvieran enfermos.
Terminan enfermándose".