A toda velocidad, entre un cúmulo de dictámenes y leyes, los senadores terminar de aprobar en la madrugada -por 39 votos a favor y 22 en contra- el proyecto de Ley Antiterrorista enviado por el Poder Ejecutivo, de modificación de la actual ley antiterrorista por exigencia del Grupo de Acción Financiero (GAFI) -creado por el G7 con participación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional- bajo la promesa de recibir un certificado de “país confiable” para recibir inversiones extranjeras.

La modificación de la Ley Antiterrorista duplica las penas para cualquier delito contenido en el Código Penal si se comete por una organización o individuo con la finalidad de generar “terror” en la población o de “obligar a un gobierno a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla”. De esta manera, juntar fondos para los mapuches presos acusados de terroristas en Chile, intentar cambiar el veto presidencial al 82 % móvil, tomar un terreno ante la falta de vivienda o bloquear una calle por cortes de luz sería causal de terrorismo como hoy lo es de procesamiento para miles de personas, aunque nos ampare un derecho constitucional y se trate de una protesta legítima.

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