Una horda de vecinos ataca a un pibe de 18 años en barrio Azcuénaga. Relatos periodísticos incorporan elementos de la barbarie colectiva: quemaduras de cigarrillos, cadenas, hasta una moto pasándole por encima, un conductor interrogándose si aun respiraba y que, si no, se hiciera lo posible para que deje de hacerlo. David yace desarmado, solo y bañado en su sangre en el medio de la calle, junto a la moto que lo trasladaba. Está casi inconsciente, atina a levantar la cabeza. Una patada la hace rebotar contra el asfalto. Queda inmóvil. Alguien llamó una ambulancia, otro la canceló para garantizar la muerte del pibe. Las patadas le rompieron el cráneo. El joven muere luego de tres días de agonía.

El caso del linchamiento de David Moreira y la réplica de agresiones a presuntos delincuentes en distintos puntos del país, expuso crudamente una problemática que se arrastra de largo rato y, como suele suceder, empieza a ser interesante para algunos sectores políticos y mediáticos cuando la morbosidad de los hechos la hacen inocultable.

No sólo por el hecho en sí de que decenas de personas pateen a otra indefensa y desarmada, por ende sin estar en riesgo la vida de los que se tornan en agresores, hasta matarla; sino por las reacciones que aparecen tras su ejecución. Desde que se conoció la noticia del linchamiento de David, las redes sociales mostraron cómo un discurso y acción fascista, opuesta a toda norma, se trasluce en festejos, pedidos de replicar la agresión en un “todos contra ellos”. Esos otros, distintos e inaceptables, que salieron de algún lugar a alterar el cotidiano de “la gente de bien que paga sus impuestos”.

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