En los últimos meses en la ciudad de Córdoba se sucedieron 2 casos de jóvenes asesinados, denunciados como gátillo fácil y otros dos jóvenes que murieron tras haber recibido una golpiza por parte de la policía. Por otra parte, en los permanentes “operativos de saturación territorial” las barriadas populares y las villas son allanadas brutalmente y numerosos vecinos son apresados por contravenciones. Como el caso de Villa La Lonja, donde 37 vecinos fueron detenidos, entre ellos el presidente de la Cooperativa de Cartoneros “La Esperanza”, a quien se lo imputó de un falso delito.

En este marco, la policía provincial expone una nueva modalidad que consiste en reunir a los detenidos, en su mayoria jóvenes y menores; y exhibirlos en corrales, atados, inmovilizados e incomunicados. Este recrudecimiento de prácticas represivas viene avalado por un sector de la sociedad que, como ha ocurrido en otras ciudades argentinas, no duda en vociferar por las redes sociales que los motochorros merecen morir y que no tienen inconvenientes en linchar a un supuesto ladrón y colocarle una soga al cuello.

Ante este panorama, el pasado 7 de mayo se realizó una masiva marcha contra el abuso policial, en donde estuvieron presentes numerosas familias víctimas de gatillo fácil y abusos, junto con organismos de derechos humanos, sociales y políticos, en reclamo de justicia y por la vigencia plena de los derechos humanos.

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