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Una de las noticias “fuertes” del gobierno nacional, de la mano de
la devaluación, fue el anuncio de que el presidente Mauricio Macri
decretará la “emergencia en seguridad nacional” en todo el país. La
encargada de decirlo fue Patricia Bullrich, ministra de Seguridad,
al término de la primera reunión de la actual gestión del Consejo
de Seguridad Interior. De la reunión participaron los jefes de las
cuatro fuerzas de seguridad federales (PFA, Gendarmería, Prefectura
y PSA) y los ministros de Seguridad de todas las provincias, más las
autoridades de Interpol, el Sedronar, y, naturalmente, el ministerio
de Seguridad de la Nación en pleno. Todos, así como el único gobernador
presente, el puntano Alberto Rodríguez Saá, manifestaron su acuerdo
con la iniciativa, que tiene como primera y fundamental consecuencia
que el poder ejecutivo puede disponer medidas sin seguir los trámites
normales en materia de controles y formalidades. Es decir, se “legaliza”
el recurso a contrataciones directas, cambios de destino de partidas
presupuestarias, etc.
Fue la propia Bullrich la que lo explicó: “La emergencia nos
permitirá reorganizar y planificación los aspectos de gestión, potenciar
las Áreas Operativas y dotar a los organismos estatales de los instrumentos
que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras para
el desarrollo de una acción más eficaz en materia de seguridad”.
Tal como ocurrió con la declaración de emergencia en seguridad que
declarara el ex gobernador Daniel Scioli, todo se reduce al libre
acceso a la caja, sin restricciones siquiera formales, para incrementar
el poder de fuego del aparato represivo estatal.
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