El macrismo muestra en este ámbito también un recrudecimiento represivo. En las semanas previas, se le informó que se le denegaría el ingreso al país a al menos 64 integrantes de movimientos sociales y ONG's de todo el mundo ya acreditados a la cumbre oficial. Representantes de la OMC aseguraron que la decisión fue del gobierno nacional por “razones no especificadas”. Ante el escándalo internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la negativa se fundaba en que los inscriptos “habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”. Pero no pudieron ofrecer una sola prueba al respecto.

La situación se agravó cuando en las últimas horas fueron deportados del país el noruego Petter Slaatrem Titland de ATTAC y la periodista británica Sally Burch, directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). El gobierno insistió con su lista negra basada en presuntas expresiones en las redes. Se trata de una maniobra fascista de penalización de la ideología, la cual se agrava aún más ya que se hace sin el mínimo esfuerzo de mostrar evidencia alguna, real o inventada. Al igual que con el operativo represivo que culminó con el asesinato de Rafael Nahuel, el gobierno macrista justifica su accionar autoritario con mentiras inverificables.

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