http://argentina.indymedia.org/news/2008/05/600197.php Enviar comentarios por correo electrnico.
Qué se disputa en el “conflicto del campo”
Por Red Indymedia Argentina -
Thursday, May. 08, 2008 at 5:16 PM
argentina@indymedia.org
EL MODELO AGROEXPORTADOR NO ESTÁ EN CUESTIÓN
Qué se disputa en el “conflicto del campo”
Por Red Indymedia Argentina
Se quebr la frgil tregua alcanzada entre el gobierno nacional y las entidades que nuclean a los empresarios del agro y volvi el lock out con los productores en las rutas. Lo que contina invariable es la crisis de fondo a la que nos est llevando el modelo sojero, basado en un dlar alto que favorece la exportacin y en una poltica de subsidios a los grupos ms concentrados del campo. El paro que durante 21 das mantuvo en vilo al pas tuvo su origen el 11 de marzo cuando el ex Ministro de Economa Martn Lousteau anunci una suba de las retenciones del 34 al 44% para los exportadores de soja, lo que despert el descontento de las asociaciones ruralistas, as como de gran cantidad de productores autoconvocados y cientos de pueblos del interior de economa mayormente agrcolo-ganadera.
A simple vista no pareciera que el aumento a las retenciones fuese una medida equivocada, ya que las ganancias de dicho sector han crecido considerablemente a causa de la escalada de precios de los granos en el mercado internacional. Pero la falta de retenciones diferenciadas puede perjudicar a quienes proviniendo de otros sectores de la economa agraria-ganadera, se han volcado a la produccin de soja por su rpida rentabilidad, pero pueden terminar perdiendo al no estar en condiciones de recuperar los costos de inversin, situacin que les lleva a arrendar y posteriormente vender sus tierras a los grandes productores. Mientras que tambin se cuestiona el hecho de que, al no ser coparticipables con las provincias, las retenciones provenientes del campo no se vuelcan al mejoramiento de la infraestructura de las zonas de produccin agrcola.
A su vez, el interrogante acerca de la utilizacin que se da al dinero de las mismas, es contestado desde el gobierno de manera contradictoria: se dice que es para frenar la inflacin y redistribuir la riqueza, pero los precios siguen subiendo y parte de las retenciones nada menos que dos mil millones de dlares- se redistribuyen entre los grandes exportadores, como denuncia Alberto Ferrari Etcheberry, ex presidente de la Junta Nacional de Granos, en el peridico Perfil del 16 de marzo. Es el tradicional doble discurso de los Kirchner-Fernndez cuya poltica pseudogarantista en materia de derechos humanos no afecta en absoluto el avance arrollador del modelo econmico agropecuario y minero exportador en nuestro pas. El modelo favorece a un puado de corporaciones que explotan a los/as trabajadores/as y los recursos naturales del pas.
Un anlisis aparte merecera el rol jugado por los medios masivos de desinformacin, atravesados por sus propios intereses empresariales, en los que las voces crticas que intentaron alzarse fueron acalladas, llegando a represalias como el despido, en Crdoba, del periodista de La Voz del Interior Enrique Lacolla (ver artculo).
En un comunicado del 25 de marzo, el Frente Popular Daro Santilln denuncia el montaje escnico de los medios masivos de desinformacin, las entidades ruralistas y el gobierno, invisibiliza el otro campo, el de los pequeos/as productores/as ancestrales, los/as antiguos/as dueos/as de la tierra, campesinos/as e indgenas, que llevan adelante una lucha por la soberana alimentaria y contra la concentracin de la tierra y los desmontes.
Como si las intensas luchas en defensa de la tierra y de la cultura ancestral que se expresa en el interior profundo de nuestra patria no existieran, ignoran las fuertes luchas y denuncias que por aos vienen desarrollando las organizaciones que integran el Movimiento Nacional Campesino Indgena (Va Campesina) , como el Mocase de Santiago del Estero, o los movimientos de Crdoba, Mendoza y Salta. Por fuera de la disputa gobierno-campo, ante esa realidad de exclusin, marginacin y explotacin en el campo expresamos nuestra principal solidaridad.
Sin ir ms lejos en diciembre de 2007, se llevaba a juicio a 11 campesinos y campesinas integrantes de Asociacin de Productores del Noroeste de Crdoba (Apenoc), bajo acusacin de dao calificado agravado por delito en banda. El querellante era Ramn Mazzeo, quien intentaba apropiarse de las tierras de la familia Loyola. Los acusados y acusadas haban cortado los alambres en defensa de la posesin histrica de la familia. Finalmente, la justicia cordobesa absolvi a todos y todas (ms informacin).
Ni en lo medios, ni en los piquetes agrarios se habl de la persecucin judicial, policial y parapolicial de la que son objeto campesinos/as y comunidades originarias. Al respecto, el Mocase-Va Campesina expresa en un comunicado del 27 de marzo: Dicen hacer el paro por el No a las retenciones y No a la desaparicin de los pequeos y medianos productores, pero algunos empresarios y productores que han contratado matones para desalojar pequeos y medianos productores son miembros de esas entidades.
Tambin qued fuera de agenda el reclamo de las Madres de Barrio Ituzaing (Crdoba), quienes vienen denunciando hace varios aos que las fumigaciones con agrotxicos han producido ms de 100 casos de cncer y otras graves enfermedades, adems de numerosas muertes en la poblacin del barrio, un caso paradigmtico de lo que sucede en muchas comunidades. Tampoco se mencion el caso de doa Ramona Bustamente de 76 aos, que el 30 de diciembre de 2003 fue brutalmente desalojada de sus tierras por los hermanos Scaramuzza, empresarios sojeros del noroeste cordobs, y sufri la destruccin total de su humilde casa. Su caso representa el avasallamiento cotidiano contra las familias campesinas.Mucho menos se habla de los peones rurales y de los trabajadores/as golondrina, algunos de los trabajos ms precarios que existen. Los/as trabajadores/as rurales son 1.300.000 en Argentina, de los cuales un milln cobra en negro. Existen adems alrededor de 350 mil trabajadores/as golondrinas, que se desplazan muchas veces con sus familias, segn los periodos de la cosecha y reciben entre 10 y 20 pesos por extensas jornadas de trabajo. A esto se le suma la explotacin infantil: se estiman en 400 mil los nios/as que trabajan en el campo.
Como seala Lucho Aguilar en el semanario del PTS, As, a pesar de los promocionados aumentos y el plan de regularizacin del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), el salario real y el porcentaje de trabajo en negro son similares a los de 2001. Con estos niveles de precarizacin y explotacin, el trabajador significa apenas el 1% de todos los gastos del productor (semillas, maquinarias, agroqumicos, etc). Lo reconoce el propio sindicato. Aguilar contina analizando los artculos de la an vigente ley laboral de la dictadura militar, redactada por su ministro de economa, Jos Alfredo Martnez de Hoz: Como venimos denunciando, muchas de las condiciones en que trabajan los obreros rurales estn garantizadas por el Rgimen Nacional de Trabajo Agrario aprobado por la Ley N 22.248 de 1980, que sustituye el Estatuto del Pen y la Comisin Nacional de Trabajo Rural. En su primera parte, la ley de Martnez de Hoz decreta que los peones rurales son trabajadores de segunda, que no se regirn por la Ley de Contrato de Trabajo (La dictadura que manda en los campos; La Verdad Obrera; 3/4/08).
El Movimiento Campesino de Crdoba en un comunicado del 20 de marzo emitido frente a esta situacin expresa: Las organizaciones campesinas de la provincia de Crdoba nucleadas en el Movimiento Campesino, venimos reclamando desde hace ya ms de ocho aos medidas polticas profundas que impidan de una vez y para siempre la extincin del campo. Y aqu hablar de campo es hablar de vida rural, no de negociados rurales. Nuestra historia como Movimiento ya vivi piquetes, ya vivi reclamos variados, ya vivi movilizaciones y las seguir viviendo porque las injusticias a las que estamos sometidos no se solucionan con un paro ni con miles. La posibilidad de que cada familia parada sobre esta tierra pueda acceder a situaciones de igualdad, en armona con otras familias y con el ambiente del cual somos un elemento ms, nos habla de un largo camino a recorrer, que en su debido momento puede optar por los mismos mtodos de quienes hoy reclaman engordar an ms sus bolsillos.
En este marco, el 17 de abril, algunos movimientos conmemoraron en la Asociacin Madres de Plaza de Mayo el Da Internacional de la Lucha Campesina haciendo la presentacin en sociedad del Frente Nacional Campesino (FNC), integrado por el MOCAFOR (Formosa), el MOCASE (Sgo. del Estero), el MAM (Misiones) y el MOCAJU (Jujuy). Segn su primer comunicado, el FNC ingresa en el escenario poltico y social con el objetivo de representar a los campesinos argentinos y legitimar una expresin social y poltica carente de visibilidad desde la pulcra lgica de la urbe, segn nos deca el filsofo indigenista Rodolfo Kusch.
En el campo hay diversas realidades, muchas de las cuales no estuvieron expresadas en los cortes de rutas, ni estarn presentes en las negociaciones del gobierno y las entidades empresarias. La mayora de los productores que cortaron los caminos no defienden el campo, sino el tamao de su renta. Del otro lado, el gobierno, ha fomentado la sojizacin del campo y la expansin de los agronegocios. Ninguna de las partes en conflicto plante la necesidad de modificar el modelo agroexportador. Este modelo est aniquilando al campesinado, la biodiversidad y destruyendo el entramado social, empujando a los/as expulsados/as del campo, a los bolsones de pobreza que rodean las grandes ciudades y condenndolos/as a la marginacin y en el peor caso a la delincuencia.
En la actualidad 6.900 propietarios son dueos del %49,7 de la superficie cultivable y productiva del pas. Alrededor de 936 terratenientes poseen 35.515.000 hectreas, la mayora cultivable, y slo 137.021 poseen 2.288.000 hectreas, un promedio de 16.7 hectreas cada uno, segn informa Alberto Lapolla en su artculo Retenciones y Piquete Garca, publicado en este medio el 19 de marzo.
Para el comn de la opinin pblica no es sencillo ver quin est de un lado y del otro, de manera que se cae en simplismos como pensar que hay que definirse a favor o en contra de el campo. Por un lado estn quienes, a pesar de realizar piquetes, niegan tal condicin. Justificndose en frases como ac nadie se tapa la cara, nosotros trabajamos y por el otro, los medios reducen el sustantivo piquetero al proceder de Luis D'Ela, (ex concejal y puntero poltico de La Matanza antes de darse a conocer como piquetero, y posterior funcionario y fuerza de choque kirchnerista), cuando a las rdenes de sus superiores convoc la Federacin Tierra y Vivienda (integrante de la CTA) a la Plaza de Mayo.
Adems, el accionar de ciertos grupos que responden al gobierno K, denunciado masivamente y en forma repetitiva en los medios, no es nuevo. Esta metodologa fue ensayada anteriormente, sin las mismas repercusiones, cuando sindicatos oficialistas agredieron a los/as trabajadores/as del Casino Flotante de Buenos Aires (propiedad del kirchnerista Cristbal Lpez) y cuando una patota ingres al Hospital Francs para agredir a los trabajadores/as en lucha, entre otros hechos.
Por otra parte es importante analizar cul fue el sector que se moviliz cacerola en mano. El historiador Ezequiel Adamovsky en un artculo para Pgina/12 titulado La historia se repite intenta definir la composicin social de estos grupos. Tampoco los caceroleros de estos das fueron los de 2001: su protesta se hizo escuchar en barrios de clase alta y apenas algunas pocas decenas en algn otro sitio. Entre los que llegaron desde Recoleta y Barrio Norte hasta la Plaza de Mayo eran muchos los que tenan algn inters directo en el campo propietarios, empresarios del sector o estudiantes hijos de chacareros; de all el fervor con el que cantaban el campo no se toca. A ellos se sumaron otras personas descontentas por las polticas de derechos humanos del Gobierno o por sus rasgos autoritarios. Entre los reclamos de ese da ninguno aludi a la suerte de los humildes; al contrario, abundaron las manifestaciones de gorilismo y desprecio por los negros. Por contraposicin, la explosin de 2001 se produjo despus del anuncio del estado de sitio para reprimir los saqueos en zonas pobres. Piquete y cacerola, la lucha es una sola, coreado en las calles a comienzos de 2002, sealaba precisamente la solidaridad entre la clase media y los ms humildes que hoy brill por su ausencia.
En cuanto a la presencia de sectores golpistas en Plaza de Mayo, tan mencionados por el oficialismo, es real que estuvo Cecilia Pando 1 luego del discurso en el que la presidenta se refiri a los cortes como piquetes de la abundancia. Es real que la Sociedad Rural y las Confederaciones Rurales Argentinas, por entonces agrupadas en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) convocaron al lock out del 24 de febrero de 1976. Pero no fueron las nicas organizaciones empresarias que participaron de aquel paro capitalista. Tambin apoyaron esa accin previa al golpe de Estado la Unin Industrial Argentina (UIA), y otras entidades que reciben subsidios de la gestin K y fijan los techos salariales, como la Corporacin Patronal de la Alimentacin (Copal), el Consejo Empresario Argentino (CEA), la Asociacin de Industriales Metalrgicos de Rosario y la Cmara Argentina de la Construccin.
Pero tambin es real que el gobierno actual y los anteriores, con su decidido apoyo a la sojizacin del pas, han beneficiado directamente a esos sectores golpistas , esos grandes propietarios, arrendatarios y productores rurales, y que stos se le han enfrentado tan slo cuando consideraron que sus grandes ganancias disminuan. La renta, la caja, la guita es lo que est en disputa, no el modelo econmico y social de exclusin y explotacin agroexportadora.
El conflicto desat nuevas divisiones al interior de numerosos sectores. En el propio oficialismo se abri una brecha. Aunque la mayor parte de la estructura institucional del PJ y la CGT estn con el gobierno, cada vez son ms los intendentes y jefes comunales del Frente para la Victoria de numerosos pueblos de la pampa gringa que apoyan de forma ms o menos abierta el lock out, presionados por la participacin masiva de sus poblaciones en los piquetes. Entre ellos el rostro ms visible quizs sea el ex gobernador y actual senador Carlos Reutemann, propietario de tierras al norte de Santa Fe.
La Central de los Trabajadores Argentinos se dividi, con uno de sus referentes histricos, Vctor de Gennaro apoyando a Eduardo Buzzi de la Federacin Agraria, lo que gener el disgusto del ultrakichnerista Luis DEla de la Federacin de Tierra y Vivienda, que amenaz con disputar la conduccin de la confederacin sindical.
En la izquierda partidaria, el Partido Comunista Revolucionario y el Movimiento Socialista de los Trabajadores se expresaron a favor del paro agrario y en apoyo a los pequeos y medianos productores. En tanto que el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo y el Movimiento Al Socialismo expresaron con matices que no se posicionaban con ninguna de las partes en disputa, proponiendo mantener la independencia de clase. Ni con el gobierno ni con la oligarqua afirm el PTS, mientras que para el PO se trata de una pelea entre capitalistas.
A partir de la cobertura que los grandes multimedios hicieron del lock out surgen interrogantes sobre el derecho que asiste a unos y otros a cortar rutas y calles. Cuando los piquetes son realizados por trabajadores/as desocupados/as u ocupados/as, campesinos/as o indgenas, entonces estos medios y la sociedad piden que se cumplan las leyes. Qu hubiera pasado si a los bloqueos los hubiesen realizado los sectores excluidos de la riqueza a nivel nacional durante ms de 15 das? Seguramente se sumaran nuevos nombres a la lista de asesinados por las fuerzas represivas: Carlos Fuentealba, Daro Santilln, Maximiliano Kosteki, Teresa Rodrguez, Anbal Vern, Vctor Choque, Petete Almirn, Pocho Lepratti, entre otras vctimas.
Durante la vigencia del primer lock out, el desabastecimiento afect particularmente a los sectores ms humildes, los que viven al da y se aprovisionan en almacenes de barrio. En cambio, quienes cuentan con algn poder adquisitivo pudieron acopiar carnes los cortes ms caros- y alimentos de primeras marcas.
A la clase trabajadora esta disputa al interior de la clase dominante por la renta de la tierra y por el modelo de acumulacin del capital, cualquiera sea su resultado, la deja totalmente al margen, aunque haya quienes intenten, y en parte logren, hacerles tomar parte en esa disputa. La soberbia y autismo de este gobierno ha colaborado con ello, haciendo que se focalizaran en este conflicto muchos malestares populares.
Para quienes no sean fundamentalistas del mercado, est claro que el Estado tiene derecho a efectuar retenciones a la renta de la tierra, a la renta financiera, extractiva y/o la que fuere necesaria a los efectos de mejorar las condiciones de vida de la poblacin.
Este gobierno no lo hace para eso: Cristina necesita la caja en orden para disciplinar a los gobernadores, intendentes y parlamentarios propios y ajenos, negociar con el Club de Pars y seguir pagando la deuda externa.
El conflicto del campo no se va a cerrar ni en un da, ni en una semana, ni en un mes. Es un conflicto por la disputa de la renta del modelo agroexportador que continuar marcando decisivamente el presente y futuro de la nacin y del pueblo.
1 - Presidenta
de la llamada Asociacin de Familiares y Amigos de los Presos Polticos
de la Argentina, que considera presos polticos a los militares y personal
de las fuerzas de seguridad procesados por delitos de lesa humanidad. Se hizo
conocida por defender pblicamente al obispo castrense Antonio Baseotto
y al ex capellan policial Cristian Von Wernich, y por organizar manifestaciones
a favor de la asuncin del torturador Luis Abelardo Patti como diputado.
Artculos Relacionados: