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El comienzo de la represi贸n y el golpe genocida contra la clase obrera
Por Leonidas Noni Ceruti -
Thursday, Mar. 24, 2016 at 11:37 AM
ceruti_leonidas@hotmail.com
Antes de la 煤ltima dictadura, la barbarie represiva se expres贸 en cambios en la legislaci贸n penal, en la carta blanca a Jos茅 L贸pez Rega para crear una fuerza paramilitar: la "Triple A" y en el mandato a las Fuerzas Armadas para el aniquilamiento de la 鈥渟ubversi贸n鈥. El Golpe contra la Clase Obrera.
La ofensiva fue muy fuerte en particular contra las organizaciones gremiales m醩 combativas y clasistas, lo que abarc desde intervenciones a los sindicatos hasta el paso a la clandestinidad de dirigentes y activistas, detenciones y asesinatos. Se prepar as el terreno para uno de los principales objetivos del golpe de Estado de 1976: desarticular la organizaci髇 de la clase trabajadora e imponer un modelo econ髆ico antipopular y antiobrero.
Luego del 25 de mayo de 1973, la legislaci髇 represiva sancionada por el r間imen militar fue derogada y se disolvi el fuero antisubversivo. Pero esa primavera dur poco y dio comienzo una escalada represiva, inici醤dose con el env韔 del Poder Ejecutivo a las C醡aras para reformar el C骴igo Penal. La reforma fue considerada de la misma naturaleza que la legislaci髇 promulgada por el r間imen militar que gobern el pa韘 entre 1966-73.
La primera respuesta vino del Gral. Juan Domingo Per髇, quien advirti que si la ley no era aprobada se apelar韆 a las mismas armas que se buscaba combatir. El 23 de enero de 1974 declar al diario La Naci髇 que 揘osotros vamos a proceder de acuerdo a la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley tambi閚 lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos a hacer, no tenga la menor duda. (1)
Despu閟 de la muerte de Per髇, se tomaron distintas medidas represivas. En septiembre de 1974 se aprob la ley de represi髇 del terrorismo, que penaba la difusi髇 de informaci髇 relacionadas con esos hechos y la obstrucci髇 al trabajo cuando el conflicto era declarado ilegal. De acuerdo a esa ley, el Ministerio de Trabajo prohibi las huelgas por motivos salariales, los paros y ocupaciones de plantas, y comenz a intimar, amenazar y suspender personer韆s gremiales con m醩 frecuencia que antes. En el mes de noviembre se implement el estado de sitio en todo el pa韘 y se encarcel a cientos de activistas gremiales y pol韙icos, abogados laboralista y estudiantes.
Hasta ese momento la participaci髇 de las Fuerzas Armadas en forma abierta era evitada y la lucha era encabezada por grupos paramilitares, 揺jecutores del trabajo sucio, a trav閟 de la Triple A.
Pero al poco tiempo, el Ejecutivo nacional sancion el Decreto N 261, en el que anunci oficialmente que hab韆 ordenado a las Fuerzas Armadas tomar intervenci髇 en la 搇ucha antisubversiva, firmado por la presidenta Mar韆 Estela de Per髇 y los ministros Rocamora, Ivanissevic, Vignes, Savino, L髉ez Rega, G髆ez Morales, Otero. En el Articulo N 1 se dec韆 que 揈l comando General del Ej閞cito proceder a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos....
En octubre de ese a駉, se sancion el Decreto N 2770 por el cual se cre el Consejo de Seguridad Interna, fijando sus atribuciones, y el Consejo de Defensa. Ese decreto lleva la firma del presidente provisional Italo Luder y los ministros Arauz Castex, Vottero, Ruckauf, Emery, Cafiero y Robledo. (2)
La represi髇 a la clase obrera apareci con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975 en Villa Constituci髇. Luego de las heroicas jornadas protagonizadas por la clase obrera, durante junio-julio de 1975, cuando la burgues韆, desde su Estado, intent planificar la crisis capitalista -con el proyecto econ髆ico de Rodrigo de distribuci髇 contra los trabajadores y el respaldo pol韙ico del lopezreguismo- se encontr con la intransigencia proletaria que derrumb totalmente ese intento autocr醫ico.
El proletariado acrecent sus fuerzas de clase, organiz醤dose fabrilmente, comenzando a superar -aunque en forma embrionaria- la constituci髇 sindical. Pero la expresi髇 de su mayor fortalecimiento consisti nuevamente en debilitar a鷑 m醩 a la burgues韆, haci閚dole cada vez m醩 dif韈il gobernar bajo la forma m醩 democr醫ica de la dictadura del capital, la democracia burguesa parlamentaria. Recuperar la autoridad pol韙ica para usar el Estado era el medio necesario para recomponer todas las relaciones sociales anarquizadas, restaurar el orden, no s髄o en la econom韆 sino en la sociedad toda, era la necesidad fundamental de la burgues韆.
Desde esos d韆s comenzaron a aparecer con frecuencia en el discurso de militares, empresarios, pol韙icos y sindicalistas, las apelaciones a la lucha contra la 揼uerrilla fabril, 搇as huelgas salvajes y los 搃nfiltrados en el movimiento obrero, tras lo cual 搕oda la potencia represiva del Estado se concentr furiosamente sobre las f醔ricas, los trabajadores y sus aliados, con todos los medios a su alcance....
El Sindicato de Obreros y Empleados de Petroqu韒icos Unidos (SOEPU), de la ciudad de San Lorenzo, denunci la represi髇 desatada en esos d韆s a trav閟 de un pronunciamiento 揅ontra la escalada de Terror y Matonaje, en el cual plantearon: 搇a escalada terrorista que invade el pa韘, y que invariablemente ha quedado impune (jam醩 se encontr un asesino a sueldo del imperialismo), los asesinatos, c醨celes, invenci髇 de falsos complots. Secuestros, amenazas a aut閚ticos exponentes del arte popular, a pol韙icos, etc. Las amenazas a nuestro asesor letrado y a uno de nuestros dirigentes, las amenazas a un dirigente de los obreros de Sulfacid y su familia, la inmolaci髇 del joven compa馿ro Jos Polenta. No podr韆mos comprender la existencia del terrorismo y el matonaje impune, sin entender el poder que lo nutre. (3)
Por su parte, en octubre de ese a駉, el genocida Gral. Jorge Rafael Videla al participar en la XI Conferencia de Ej閞citos Americanos, realizada en Montevideo, revel la decisi髇 militar sobre la cuesti髇 del poder y declar que en la Argentina deber韆n morir todas las personas que sean necesarias para lograr la seguridad del pa韘.
El ciclo de la barbarie represiva se cerraba: cambios en la legislaci髇 penal, amenazas desde el ejecutivo nacional de actuar fuera de la ley, carta blanca a L髉ez Rega para crear la Triple A, 髍denes a las Fuerzas Armadas para aniquilar a la 搒ubversi髇.
Finalizados los 49 d韆s de la presidencia de C醡pora (25 de mayo- 13 de julio de 1973) , durante las presidencias de Lastiri (13/7/73- 12/10/73), de Per髇 (12/10/73-1/7/74) y sobre todo durante la presidencia de Isabel Per髇 (1/7/74-24/3/76) la represi髇 sigui un ritmo creciente contra peronistas de izquierda, l韉eres sindicales antiburocr醫icos, activistas gremiales de las grandes empresas, militantes de las organizaciones de izquierda, abogados laboralistas y defensores de presos pol韙icos, periodistas, estudiantes..
La Comisi髇 Nacional sobre la Desaparici髇 de Personas (CONADEP) en su informe 揘unca M醩 contabiliz 458 asesinatos durante ese per韔do: 19 en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975, obra de grupos parapoliciales, que actuaron principalmente con el nombre de 揟riple A, dirigida por Jos L髉ez Rega, ministro, sucesivamente, de C醡pora, Lastiri, Per髇 e Isabel Per髇, y secretario privado de los dos 鷏timos.
(...)
La ofensiva fue muy fuerte contra las organizaciones gremiales combativas y clasistas, lo que abarc desde intervenciones a los sindicatos, detenciones, asesinatos, paso a la clandestinidad de dirigentes y activistas.
En 1973, en un 揳ccidente automovil韘tico sumamente sospechoso fallecieron el Secretario General del combativo y clasista SOEPU, el Flaco Moglia, y su esposa Betty.
En agosto de 1974, el Gobierno le retir la personer韆 gremial a la Federaci髇 Gr醘ica Bonaerense y en octubre fue detenido su secretario general Raimundo Ongaro.
Tambi閚 en agosto de 1974 el sindicato SMATA C髍doba, en conflicto con la empresa Ika Renault, fue intervenido por la direcci髇 nacional del gremio. La mayor韆 de sus dirigentes y activistas fueron encarcelados y muchos de ellos fueron asesinados durante la dictadura 76-83, entre ellos su secretario general, Ren Salamanca.
En octubre de 1974, la polic韆 allan el Sindicato de Luz y Fuerza de C髍doba y detuvo a varios militantes sindicales. Su secretario general, Agust韓 Tosco, consigui eludir la detenci髇 y pas a la clandestinidad hasta su muerte, el 5 de noviembre de 1975. Ya instalada la Junta Militar, el Secretario general adjunto del mismo sindicato, Tom醩 Di Toffino, fue secuestrado el 28 de noviembre de 1976 y fusilado en un campo militar en C髍doba el 28 de febrero de 1977 en una 揷eremonia castrense presidida por el general Luciano Benjam韓 Men閚dez.
Atilio L髉ez, secretario general de la CGT de C髍doba y ex vicegobernador de la Provincia, fue asesinado en Buenos Aires el 16 de setiembre de 1974. Seis meses antes, en marzo de 1974, hab韆 sido derrocado del Gobierno de C髍doba junto con el Gobernador Obreg髇 Cano por el Jefe de Polic韆 provincial, coronel Navarro. El Gobierno nacional, en lugar de reponerlos en sus cargos, intervino la Provincia.
S髄o en 1974 fueron asesinados por lo menos 25 activistas sindicales. En el mismo a駉 tambi閚 fueron asesinados los abogados Rodolfo Ortega Pe馻 (quien era diputado nacional) en julio; Alfredo Curutchet y Silvio Frondizi, en septiembre y las abogadas y periodistas Nilsa Urqu韆 y Marta Zamaro, de Santa Fe, vinculadas al gremio gr醘ico liderado por Raimundo Ongaro y a la CGT de los Argentinos, en noviembre. En 1975 fueron asesinados los abogados Concepci髇 de Grandis, Rafael Fagalde, Sergio Karakachoff, 羘gel Gerardo Pisarello y Felipe Rodr韌uez Araya.
La represi髇 contra los refugiados de pa韘es vecinos comenz antes de la dictadura, en setiembre de 1973, contra los chilenos que hu韆n del golpe de Pinochet. Muchos de ellos al llegar de Chile fueron detenidos en Ezeiza. Los exiliados chilenos solicitaron a Per髇 su intervenci髇 personal para resolver el problema. No obstante, el primer resultado concreto provino de la Justicia. El 17 de octubre de 1973, el juez federal Miguel Inchausti hizo lugar al recurso de amparo interpuesto por 112 asilados chilenos alojados en el Hotel Internacional de Ezeiza, ordenando su libertad inmediata. Pero este fallo judicial no fue obedecido por las autoridades de la Direcci髇 de Migraciones, que, haciendo caso omiso de lo dispuesto por el juez Inchausti, dieron un plazo de 24 horas a los asilados chilenos para abandonar el pa韘.
(...)
Luego del gran triunfo de los trabajadores metal鷕gicos en Villa Constituci髇, en marzo de 1974, la represi髇 apareci con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975 en dicha ciudad, a partir del accionar de las fuerzas conjuntas reclutadas por la SIDE, que inclu韆n a la Polic韆 Federal, Provincial, Ej閞cito y Gendarmer韆, grupos de choque entre los cuales iban armados los guardias blancos pagados por las acer韆s de Mart韓ez de Hoz, y miembros de la Triple A. Las 髍denes firmadas por Rocamora, Savino y L髉ez Rega eran claras: ahogar en sangre a los obreros y activistas de Villa Constituci髇.
La ciudad se despert invadida por miles de efectivos de fuerzas represivas. Con una lista de los domicilios provista por la empresa Acindar, se lanzaron sobre las casas de cientos de activistas obreros. El operativo se extendi a lo largo del cord髇 industrial del r韔 Paran, pasando por el barrio de SOMISA de San Nicol醩 y las f醔ricas combativas del norte de Rosario.
Isabel de Per髇, desde el gobierno nacional, denunci un "complot de caracter韘ticas inusuales en la Argentina". Ese complot, seg鷑 el comunicado oficial, pretend韆 paralizar la industria, amenazando a los obreros mediante el terrorismo para no ir a trabajar. Dec韆: "La gravedad de los hechos es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una vasta operaci髇 subversiva terrorista, puesta en marcha por una deleznable minor韆 nacional". Los diarios del 21 de marzo titularon "Denuncian que fue desbaratado un complot destinado a paralizar la industria pesada" (La Opini髇) y "Denuncian amplio plan subversivo" (Mayor韆).
El saldo de la represi髇 fue la detenci髇 de la Comisi髇 Directiva de la UOM-Villa y de cientos de militantes. Cuando lleg la noticia a las f醔ricas, los metal鷕gicos paralizaron la producci髇. Los obreros, en estado de asamblea permanente, ocuparon nuevamente los establecimientos.
Comenz as una larga y dura huelga con movilizaci髇 por la libertad de los presos y la devoluci髇 del sindicato. Cuando la Prefectura rode la f醔rica, los obreros se replegaron a los barrios. Un Comit de Lucha de las f醔ricas y barrios encauz la enorme participaci髇 y solidaridad de toda la zona. Se inici una resistencia de dos meses donde todos aportaron al fondo de huelga y a las masivas marchas del 16 y 22 de abril en el centro de Villa, respondidas con m醩 represi髇.
Pero el gobierno de Isabel y L髉ez Rega, con el apoyo de la CGT, estaba decidido a terminar con el movimiento obrero combativo, aceptando el costo pol韙ico que del operativo dej a los dirigentes de Villa presos y sin abrir el di醠ogo. Los metal鷕gicos volvieron a las f醔ricas el 19 de mayo, sufriendo m醩 bajas entre despidos y asesinados.
El plan represivo se denomin Operativo Serpiente Roja. Fue uno de los mayores ejemplos de complicidad del Estado, sus fuerzas de seguridad, la burocracia sindical y los empresarios para atacar a la clase obrera.
Una columna de 105 Ford Falc髇 -cargados de polic韆, miembros de la Triple A y matones- invadi la ciudad. En los dormitorios de solteros de Acindar se mont el primer campo de concentraci髇, en un adelanto de lo que har韆 luego la dictadura del 76. Fueron cientos los detenidos y m醩 de veinte los asesinados.
Los vecinos cuentan que ese d韆 las campanas de la parroquia San Pablo Ap髎tol celebraron el operativo. El cura Samuel Martino, responsable de la iglesia, aparece en las listas de represores de la CONADEP.
Carlos Sosa, miembro de la Uni髇 Ferroviaria, coment algunos datos de la crueldad con que actuaron los represores: 揈l 16 de octubre secuestraron al delegado Julio Palacio, a la doctora De Grandi y a un pastor, Carlos Ruesca. Los fusilaron y aparecieron los cuerpos mutilados: a la doctora le cortaron los senos, a los hombres los test韈ulos y los tiraron en Albarellos para que todo el pueblo los viera.
揢n a駉 despu閟, Alfredo Mart韓ez de Hoz renunci a su puesto en la direcci髇 de Acinda, y asumi como ministro de econom韆 de la dictadura. Lo reemplaz el General Alcides L髉ez Aufranc, quien en 1969 hab韆 encabezado la represi髇 del Cordobazo. En esa jornada, durante un coctel en su honor, aprovech para brindar por 憀os 23 delegados de Villa Constituci髇 que ya no joder醤 m醩 porque est醤 bajo tierra. (4)
La represi髇 antisindical en grandes f醔ricas transnacionales, como Ford, Fiat, Mercedes Benz, Peugeot, Renault, entre otras, antes de la dictadura y durante ella, se llev a cabo en varios casos con la colaboraci髇 de personal superior de las empresas y de algunos dirigentes de las centrales sindicales. Uno de ellos, Jos Rodr韌uez, ha sido se馻lado como c髆plice en el juicio por la desaparici髇 de trabajadores de Mercedes Benz durante la dictadura. El mismo Jos Rodr韌uez que en 1974 intervino la seccional C髍doba de SMATA y que a鷑 hoy es Secretario General del sindicato.
Meses antes del golpe de 1976 los fen髆enos que caracterizaban la situaci髇 del pa韘 eran los siguientes: imposibilidad de mantener la conciliaci髇 de clases en el terreno de la producci髇. Se puso al rojo vivo la contradicci髇 entre econom韆 y pol韙ica. La burgues韆 se debat韆 en su impotencia para gobernar, que se expresaba en: debilitamiento del ejecutivo; ruptura de la prescindibilidad de las Fuerzas Armadas; necesidad del reforzamiento de sus instituciones. Indisciplina social y productiva. La indisciplina fabril y la anarqu韆 social carcom韆n el 揷uerpo social.
Los empresarios estaban atemorizados por el poder creciente de las comisiones internas y cuerpos de delegados dentro de las f醔ricas y por la situaci髇 econ髆ica que combinaba control de precios y alta inflaci髇. A mediados de 1975, en una reuni髇 privada con Videla, sugirieron que las Fuerzas Armadas asumieran el poder. El compromiso que tomaron los principales empresarios fue que uno de ellos, Jos Alfredo Mart韓ez de Hoz, fuera el responsable de la gesti髇 econ髆ica del nuevo gobierno militar. Los sectores con poder econ髆ico resolv韆n as sus dos problemas principales: ellos arreglar韆n las finanzas del pa韘, mientras los militares pon韆n orden eliminando a la subversi髇. Los medios de comunicaci髇 mayoritarios tambi閚 apoyaron el golpe.
El golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue clara y contundentemente contra la clase obrera y los trabajadores, para restaurar el orden en la producci髇 y desarticular las distintas formas de organizaci髇 obrera e imponer un plan econ髆ico de distribuci髇 contra el proletariado.
Desde 1969, en distintas zonas industriales, se fueron dando formas organizativas democr醫icas, con gran participaci髇 de las bases obreras, estableciendo con el tiempo profundas relaciones interfabriles, con innumerables contactos regionales y nacionales. A lo que se sum la intensificaci髇 de las relaciones y debates al interior de las f醔ricas, de las f醔ricas a otras fabricas, de las zonas industriales a los barrios obreros.
Para frenar ese desarrollo en ascenso, el principal objetivo de la dictadura militar fue destruir y paralizar toda esa organizaci髇 que se venia gestando.
La supresi髇 de las garant韆s civiles fue la metodolog韆 para imponer las condiciones necesarias de destrucci髇 y reestructuraci髇 econ髆ica, pol韙ica, social y cultural, seg鷑 los lineamientos internacionales que condicionaron los a駉s sucesivos. Se desarticularon las formas de participaci髇, de movilizaci髇, que ven韆n construyendo los sectores populares. Fueron a駉s tr醙icos, con profundas secuelas de sufrimiento y dolor, cambios y mutaciones.
Los militares genocidas vinieron a poner disciplina y orden capitalista, ante la indisciplina social y productiva, la indisciplina fabril, la anarqu韆 social que corro韆 el cuerpo social, y que hab韆 roto las jerarqu韆s pol韙icas en todos los planos. Lo hicieron para controlar las cuestiones sociales e implementar mecanismos de desarticulaci髇 y escisi髇 de todas las estructuras y organismos participativos, bajo signos de alta violencia y sin vigencia de las garant韆s civiles. La larga lista de atropellos y apremios ilegales a los que fueron sometidas los detenidos explican la crudeza del modelo de reorganizaci髇 de la estructura productiva del pa韘.
El primer objetivo de la Junta Militar de Videla, Massera y Agosti fue desarticular las luchas, la organizaci髇 de la clase obrera, controlar las demandas y cuestionamientos que generar韆n el segundo objetivo, que fue la imposici髇 de un modelo econ髆ico antiobrero. Su aplicaci髇 trajo consecuencias sociales, como el cierre de f醔ricas, desocupaci髇, deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores y de la poblaci髇. La clase obrera, como hemos analizado desde un tiempo antes del golpe militar del 24 de marzo, ven韆 soportando una dura represi髇, pero desde ese d韆 se inici la mayor persecuci髇 desde sus or韌enes en el siglo XIX.
Nunca, como en el per韔do 1976-83, se alcanz lo que ahora conocemos como terrorismo de estado, nunca como entonces se lleg al nivel de exterminio de miles de hombres, mujeres y ni駉s. La sociedad argentina se vio sometida por la dictadura militar que llev al paroxismo la persecuci髇 pol韙ica, la c醨cel, la tortura y la desaparici髇 de personas.
El segundo objetivo del golpe militar -imponer el proyecto econ髆ico- estuvo encarnado en la figura del Ministro de Econom韆, Jos A. Mart韓ez de Hoz y fue elaborado como un programa de 搈odernizaci髇 del aparato productivo y racionalidad. En la pr醕tica, esto se manifest en un lenguaje economicista que explicaba y trataba de justificar el proyecto de apertura econ髆ica, con el fin de atraer inversiones de capitales que concretaran la reestructuraci髇 econ髆ica. Todo se tradujo en una crisis econ髆ica que fue en aumento, con f醔ricas cerradas, miles de desocupados y una deuda externa que endeud al pa韘 por a駉s.
Las consecuencias de la represi髇 son conocidas: 30.000 desaparecidos, miles de muertos, torturados, secuestrados, robo de ni駉s y todo el tipo de aberraciones. El 24 de marzo de 1976 representa la muerte, la corrupci髇, la persecuci髇, el exilio. No obstante el terror, la resistencia y la b鷖queda de personas se manifestaron p鷅licamente. Los jueves, la Plaza de Mayo vio marchar a las Madres. Publicaciones clandestinas y periodistas independientes contribuyeron con su valerosa tarea a sacar a la luz los oscuros sucesos de ese per韔do.
Notas:
1.- La Naci髇, 23 de enero de 1974, p醙. 4
2.- Ley de Isabelita / Aniquilamiento, Libro CTA
3.- El Petroqu韒ico, N 33
4.- Saglul, Carlos, 揙perativo Serpiente Roja, peri骴ico CTA, A駉 VII, N 74, Marzo 2011
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