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Se presentó el informe anual del Comité Contra la Tortura
Por Federico Sager ((i)) La Plata - Monday, Aug. 16, 2010 at 5:08 PM
fedesager@yahoo.com.ar

Por quinto año consecutivo, este jueves 12 de agosto, se presentó en el Auditorio del Pasaje Dardo Rocha el Informe Anual del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, que hace un diagnóstico sobre violaciones a los derechos humanos en los lugares de detención y realiza una evaluación de las políticas de seguridad, niñez y penitenciarias en la provincia de Buenos Aires.

Foto: Fatima ((i)) La Plata

Se presentó el infor...
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De la presentación participaron Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Alejandro Mosquera y Roberto Cipriano, todos miembros de la Comisión Provincial por la Memoria. Además hubo dos visitas internacionales: Mark Thomson, secretario general de la Asociación para la Prevención de la Tortura, y el juez español Baltasar Garzón, consultor académico de la Comisión, quien estuvo a cargo del cierre del acto. Cada panelista desarrolló un capítulo del informe -políticas penitenciarias, de niñez y de seguridad-, dejando en claro que la violación de los derechos humanos no es cosa del pasado, sino una práctica vigente, efectuada y respaldada por personal y funcionarios de los distintos poderes del Estado, tanto bonaerense como nacional. El acto empezó al mediodía, luego de que en la Sala Presidencia del mencionado Pasaje se declarara huesped de honor a Baltazar Garzón. Después de una breve introducción, a cargo de la Directora Ejecutiva de la Comisión por la Memoria, Ana Cacopardo, tomó la palabra el titular del SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel.

El Nóbel de la Paz comenzó enfatizando que “los Derechos Humanos son integrales, abarcan la vida misma y tienen que ver con la construcción democrática” y que el informe, que fue entregado previamente a las autoridades provinciales “no es simplemente para que lo lean sino para que lo pongan en práctica. Corregir las deficiencias que hay es la única forma de construir una democracia participativa donde todos y todas tengamos el espacio que nos corresponde.” Además, criticó a los medios de comunicación que quieren “penalizar a los jóvenes, a la pobreza, a la marginalidad” y, respecto a los funcionarios, remarcó que deben ser sensibles “a la situación de otro ser humano, porque sino no están cumpliendo su función”.

Minoridad en riesgo

Adolfo Pérez Esquivel hizo referencia a la parte del informe dedicada a minoridad en riesgo social: “¿alguien se acercó a un chico de la calle y le preguntó cuál es su seguridad? (...) ¿Qué protección tiene de la sociedad?” y puso de relieve que el Comité detectó en 2009 “el agravamiento respecto del sistemático incumplimiento, por parte del Estado provincial, no sólo de las leyes provinciales y nacionales, sino también de las convenciones internacionales de los Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional.”

“Los institutos de menores se transformaron en depósitos humanos. Hay un crecimiento de detenidos sin poder avanzar en sus procesos”, aseguró el integrante de la Comisión por la Memoria, y recalcó que tenemos que revisar “cuál es la vigencia de los Derechos Humanos hoy”, más allá de los avances producidos a partir de los juicios por la violación de los Derechos Humanos durante la dictadura. Al respecto, señaló que en una reunión reciente que mantuvo la Comisión con el gobernador Daniel Scioli y sus ministros, se acordó realizar reuniones mensuales para buscar soluciones y concluyó que “está en nuestras leyes que los jóvenes deben ser respetados”.

Vigencia de la matriz autoritaria

Por su parte, el presidente de la Comisión por la Memoria, Hugo Cañón, recalcó que el informe se realiza con extrema rigurosidad, estudios de campo, relevamientos, referencia directa de víctimas, instituciones oficiales y organizaciones, para poder elaborar la base de datos que sostiene el trabajo. Además aseguró que “de ninguna manera estamos actuando sobre la coyuntura política en ningún momento histórico de la existencia de la Comisión por la Memoria. En estos diez años, con gobiernos diferentes, con ministros, gobernadores, jueces de la Corte y legisladores diferentes, hemos siempre tratado de hacer aportes institucionales -aunque a veces se pueden leer desde otro lugar, que no es la intencionalidad que tenemos- que apuntan a la vigencia de la legalidad que corresponde a un Estado de derecho de un sistema democrático de gobierno y de convivencia civilizada de la sociedad”.

Cañón aseveró que la transición de las dictaduras en América Latina a procesos de consolidación democrática no ha finalizado y que todavía hay muchos perfiles autoritarios que se mantienen vigentes y que deben ser desarticulados. Sin ir más lejos, recordó que hasta 1998 operaron “a pleno" los servicios de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los archivos de DIPBA, donde actualmente funciona la Comisión que él preside. Ese archivo, bajo control de la Comisión, hoy sirve de sustento para los juicios que se desarrollan por crímenes de lesa humanidad. “Estamos hablando no de coyunturas, sino de una política de Estado necesaria para revertir una línea de funcionamiento de las instituciones”, manifestó el jurista.

En ese sentido, sostuvo que las políticas que se están adoptando para desarticular esa matriz autoritaria en la Provincia “no van en la dirección de la modificación sustancial de esa estructura sino que apuntan a la permanencia y supervivencia de las corporaciones de fuerzas de seguridad que venían de regimenes anteriores y que, hoy en día, trata como todas las corporaciones de sobrevivir y de imponer condiciones y reglas de juego”. Además, expresó que “el poder civil, el poder democrático, tiene que tener total manejo sobre las fuerzas de seguridad para que no se conviertan en corporaciones, como también existen corporaciones mediáticas, económicas eclesiásticas, que han sido, por otra parte, las que han dominado el manejo de los países y las provincias a lo largo de la historia” y agregó que “esa matriz tiene que transformarse radicalmente.”

Respecto del manejo de la policía, Cañón criticó a Eduardo Duhalde que, cuando gobernó la Provincia, puso el control de la fuerza de seguridad en manos policiales por las políticas de seguridad, dando vía libre a los negocios ilegales de la Bonaerense que, de ser la “mejor policía del mundo” se transformó en la “maldita policía” al quedar evidenciada su complicidad en el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, caso que desencadenó en la reforma policial que se planteó y que “desgraciadamente, no continuó en el tiempo sino que se volvió luego a retroceder para delegar en la policía el manejo, desde una jefatura unificada”. Para el abogado y ex Fiscal General federal de Bahía Blanca, “esto es peligroso porque bien sabemos que la policía es una fuerza de seguridad que tiene un presupuesto determinado, de 900 millones de dólares anuales, pero ese presupuesto no es suficiente para que funcionen. Y sabemos también que hay otras fuentes de financiación que provienen de carriles de ilegalidad que tienen que ver con mecanismos recaudatorios”. Además, dice Cañón, que “en esa estructura de organización mafiosa o cuasi mafiosa también se colectan operadores o recaudadores que trabajen para ellos. Desde los presos que salían de las cárceles para robar para las autoridades penitenciarias, hasta los menores que se los aprieta para que roben para la policía, y que eso desencadena en situaciones como la desaparición de Luciano Arruga, caso que no se ha investigado en plenitud, demuestran o explican en plenitud lo que estamos hablando”.

Por último, expresó que el mensaje que se manda a la sociedad es que los menores delinquen, que hay inseguridad permanentemente, que falta darle más fuerza, autonomía y presupuesto a la policía, “indocumentados adentro”, razzias, códigos de convivencia, detener por portación de cara, generar la sensación de inseguridad, y de esa manera instalar un régimen o un sistema autoritario y no con un régimen democrático de convivencia. “La idea de esta Comisión y del Comité contra la tortura tiene que ver con trabajar sobre la realidad, hacer planteos y propuestas que modifiquen esa realidad. La idea no es sólo informar y describir los hechos sino pasar de tener una política punitiva a una de seguridad democrática”.

Seguridad pública

Alejandro Mosquera se refirió a la parte del informe sobre políticas de seguridad pública. Al respecto, expresó que en los últimos años hubo un retroceso importante en esa área y remarcó que el primer punto a modificar es el del autogobierno de la fuerza, que debe volver a estar bajo control civil. El otro punto central que señaló es que, actualmente, la policía tiene un rol principal que es actuar como control de los excluidos, mediante el control social, y atacar los pequeños delitos.

“La demagogia punitiva se propone contantemente cambios de leyes. Muchas de ellas no inciden en la prevención y persecución del delito sino que, la mayoría, son limitaciones inconstitucionales a las excarcelaciones o más poder a la policía”, argumentó el ex presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. En ese sentido, aseguró que los funcionarios reducen la problemática de la seguridad y que la inseguridad es producto de la distribución inequitativa de la riqueza. Además, resaltó que la baja de edad de imputabilidad no mejora la seguridad y que en ninguna parte del mundo se prueba que con más penas se baje la inseguridad.

Acerca del reclutamiento de jóvenes para delinquir, Mosquera se refirió al caso Arruga como un caso testigo de una realidad recurrente: “Luciano Arruga son miles de pibes” y afirmó que, “si hay impunidad en ese caso es un mensaje fuerte de que se puede chantajear a los pibes, presionarlos para que delincan y, sino, puede haber ajusticiamiento”. También aportó algunos datos ilustrativos acerca de la situación de las fuerzas de seguridad, como que en 2009 se iniciaron 4861 causas contra integrantes de esas fuerzas. De ese número, el 42%, corresponden a la Bonaerense. En cuanto al número de detenidos en las comisarías de la provincia, actualmente es de 4040, llegando a una sobrepoblación de entre el 100 y el 300%, según la localidad. Hubo ocasiones -relató Mosquera- en que los jueces constataron el hacinamiento y procedieron a clausurar las comisarías, pero la fuerza no respetó la decisión judicial y siguieron funcionando. Las causas de personal policial acusado de delitos contra la integridad física de los detenidos llegan a las 10.900 que, en su mayoría, quedan sin condena.

En cuanto a las propuestas, destacó la de crear un Observatorio de Violencia y Delito y, fundamentalmente, una Policía Judicial, dependiente del Poder Judicial, capacitada, con titulo universitario (tecnicatura), además de la sanción de una Ley de Cupos. También remarcó la necesidad de generar un registro de casos de tortura a nivel nacional.

Política penitenciaria

Roberto Cipriano, coordinador del Comité Contra la Tortura, comenzó su alocución recordando que al comienzo de su gestión, el Gobierno reconocía la sobrepoblación de las cárceles y ahora la niega, y que incluso el ex director del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, decía que los presos se torturaban a sí mismos. Además repudió que, hasta el momento, sólo siete causas contra integrantes del SPB fueron calificadas como torturas, es decir que “los torturadores no sólo no entrarán por una puerta y saldrán por la otra. Nunca entrarán por ninguna puerta de las puertas de la Justicia”. Tampoco el Estado Nacional, asegura Cipriano, ha reconocido la tortura y poco ha hecho para combatirla: “Escudados en los juicios de lesa humanidad del pasado no han tenido tiempo de mirar los crímenes de lesa humanidad del presente.”

“La provincia de Buenos Aires cuenta con el sistema de encierro más grande del país y creció aceleradamente durante la gestión del gobernador Scioli. El 26 de marzo de 2010 se alojaban en las 54 cárceles bonaerenses 26.092 personas y en, aproximadamente, 310 comisarías había 4040 detenidos, un total de 30.132 detenidos. Esta gestión incrementó la cantidad de detenidos en 3.145 personas.” dijo Cipriano, y agregó que “este dato que, de por sí sólo, da cuenta de la inflación del sistema penal, se muestra mucho más descarnado cuando consideramos que el 77% de los adultos, más de 20 mil personas, está en prisión preventiva. En mujeres, este pocentaje trepa al 85% y en jóvenes detenidos en institutos de menores, al 70%, o sea, la mayoría está preso por las dudas. Considerando cárceles y comisarías hay más de un 60% de sobrepoblación. Faltan más de diez mil plazas en el sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires.” En tanto, al igual que en la Policía Bonaerense, en el SPB hay autogobierno, para “que no haya líos” al interior de esa fuerza.

“El informe tira una bomba -prosigue Cipriano- y denuncia la corrupción penitenciaria estructural, la connivencia entre proveedores y funcionarios importantes de la administración provincial. Verán en este capítulo que se denuncian contrataciones directas, sobreprecios, adjudicaciones arbitrarias, pagos desmedidos en compras penitenciarias, y también analiza la gran cantidad de robos de pertenencias a los detenidos de parte de los propios penitenciarios” y afirma que “los funcionarios de alto rango roban a gran escala, los de bajo rango rapiñan a los presos”.

La situación no fue denunciada solamente por el Comité Contra la Tortura, sino también por tres instancias internacionales que, durante el primer semestre de este año, reclamaron al Estado nacional que termine con la tortura en la provincia de Buenos Aires. “El Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño, ambos de Naciones Unidas, así como la Relatoría de Personas Privadas de su Libertad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recorrió las cárceles provinciales, elaboraron duros informes que dan cuenta de la tortura, la sobrepoblación y las condiciones de detención”.

Los datos de 2009 en la Provincia son demoledores: aumento de la muerte y la tortura, de la violencia en lugares de detención. Detalla Cipriano que murieron 116 personas en el sistema penitenciario provincial (casi 10 por mes). En 2008 fueron 112. En comisarías, los detenidos muertos fueron 10. Las muertes fueron en 34 unidades carcelarias, en tanto, Olmos es donde siguen aconteciendo la mayor candidad de muertes: 16 el año pasado. La mayor cantidad de muertes en lugares de encierro fue por enfermedades: 41 personas murieron de VIH (37 confirmadas y otras cuatro con indicios importantes) y más de 7 de cada 100 detenidos con VIH-SIDA fallecieron en 2009. “Por enfermedades como el VIH nadie se muere en el medio libre. En la cárcel es garantía de padecimientos y de final”, enfatizó el titular del Comité, y agregó que “las historias clínicas de los muertos de VIH son mapas que dan cuenta de esa desidia y desatención médica pero también de la desidia judicial. Los jueces no conocen el estado real de la persona y por tanto, ni siquiera admiten su traslado para morir en su hogar”.

“El aumento de los casos de tortura se traduce en más golpizas de todo tipo, más aislamiento, más picana, más submarino, más puñaladas penitenciarias, más traslados constantes, más manguerazos de agua fría descargadas sobre los y las detenidas, todo esto lo verán documentado en este informe”, continuó Cipriano, y agregó que en 2009 el Comité presentó 1.024 habeas corpus por el agravamiento de condiciones de detención. Cada uno, contiene más de un hecho de tortura. “En total se denunciaron 2.769 hechos graves acontecidos en 44 cárceles del sistema. Las agresiones físicas por parte de los agentes penitenciarios constituyen las prácticas de torturas más utilizadas contra los detenidos.” Sobre 590 encuestas realizadas a detenidos por el Comité junto al GESPyDH del Instituto Gino Germani (UBA), el 84% de los hombres y el 40,6% de las mujeres afirmó y describió haber padecido torturas y agresiones físicas durante su actual detención. “la picana eléctrica sigue utilizandose en diferentes unidades. En los relatos de los detenidos se releva su utilización en, al menos, dos unidades el año pasado”, en tanto, un caso fue probado judicialmente, pero en muchos otros no se realizaron correctamente las pericias correspondientes. Además, crecieron las peleas entre internos, que los penitenciarios reprimen utilizando postas de goma. Hubo 1.552 hechos de represión en 36 unidades penitenciarias durante 2009. El año anterior habían sido 1.487 hechos en 30 unidades.

Roberto Cipriano finalizó con un crudo ejemplo del funcionamiento mafioso del “sistema de la crueldad” que rige en las cárceles bonaerenses. Recordó a Eduardo Mansilla Díaz quien, estando preso, denunció en varias oportunidades al SPB. En una de sus visitas, Cipriano le dijo que tuviera cuidado: “son muchas denuncias, te van a querer callar”, a lo que el preso denunciante respondió: “si cometen delitos tienen que pagar, yo estoy pagando, ¿por qué ellos no?”. Cuando obtuvo su libertad, le armaron una causa y lo encerraron en el penal de Magdalena. Al recibirlo, los guardias le dijeron: “¿así que vos sos el que denuncia?” y esa vez no pudo contarlo: “el sistema de la crueldad se lo llevó para siempre”.

Visitantes internacionales

Mark Tomson fue el anteúltimo orador. En un esforzado y meritorio castellano expresó que para prevenir la tortura era necesario contar con tres factores: transparencia institucional, marcos jurídicos efectivos y fortalecimiento de capacidades de actores nacionales e internacionales, y dejó en claro que la asociación a la que pertenece se compromete a trabajar con el Comité.

Finalmente, habló Baltasar Garzón, quien aseguró que eso de considerar que los delincuentes no son parte de la sociedad debe ser eliminado y remarcó que para combatir la tortura se necesita de la preparación científica de los cuerpos del Estado y del uso de técnicas para no recurrir a la violencia. “En España se creyó que contra el terrorismo, el uso de la violencia daba buenos resultados” pero “fue un error”, dijo Garzón.

“Me he quedado impresionado con los datos del informe. No puedo creer que haya más de 4000 detenidos en comisarías”, prosiguió el juez, y criticó la “salida fácil” de poner prisión preventiva. Además exclamó que es necesario que el enjuiciamiento se produzca con garantías y en tiempo razonable y agregó que “este informe muestra que la sociedad civil está viva y exige respuestas”. Por último, se sumó al reclamo de sus predecesores y argumentó que “las fuerzas policiales, por muy profesionales que sean, tienen que tener un control civil, para cumplir su función de protección de los ciudadanos.”

El “represor” Garzón

Antes de que comenzara el acto, integrantes de la agrupación Amigas y Amigos del Pueblo Vasco (Euskal Herriaren Lagunak) desplegaron la Ikurriña (bandera Vaska) y repartieron volantes repudiando la visita del juez español Baltasar Garzón a quien calificaron de “represor”. El panfleto plantea que Garzón “ha sido la pieza fundamental en las políticas de represión aplicadas por el Estado español contra los luchadores y luchadoras del País Vasco y de otras nacionalidades oprimidas. De esta manera, es el culpable de que, miles de jóvenes imbuidos con los mismos principios, idéntica pasión e igual compromiso que nuestros 30 mil desaparecidos, hayan sido enviados a la cárcel por 10, 20 o 30 años por el sólo hecho de reivindicar los derechos de su patria invadida y controlada por el poder económico y militar español”.

Más información

Videos de la presentación del informe del Comite contra la tortura Por Indymedia La Plata
Comite contra la Tortura: Presentación Por Fatima ((i)) La Plata
Garzón. Repudio a la presencia del juez español represor Reenvío Agencia Walsh

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