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Un Juez de Sarmiento desalojará a una comunidad mapuche
Por Fuente: El Diario de Madryn / Chubut - Friday, Aug. 27, 2010 at 5:33 AM

EL POLÉMICO FALLO SE CONTRAPONE CON LA LEY NACIONAL QUE FRENA LOS DESALOJOS

A pesar de existir una ley nacional que lo prohíbe, la Justicia desalojará a una comunidad mapuche en los próximos días. Se trata del asentamiento Jacinto Antileo ubicada en Buen Pasto, cerca de Sarmiento. Además, otras dos atraviesan el mismo proceso para ser echadas del territorio que habitan ancestralmente.

De cuatro comunidades en la misma situación, sólo una consiguió que se respetara la norma nacional que frena los desalojos hasta que se realice un mapeo nacional de todos los pueblos originarios existentes. Una de las representantes jurídicas de los mapuches, Sonia Ivanoff, afirmó a El Diario que muchos de los jueces provinciales “desconocen las leyes vigentes”.

La situación Judicial

Según una medida cautelar del juez Gustavo Antoun de Sarmiento, la comunidad debe irse de donde vive antes del siete de septiembre. Ese día Antoun se presentará en el lugar para constatar que la orden haya sido cumplida por los Antileo.

Antes, la apelación realizada por los mapuches a lo resuelto por el magistrado había sido desestimada. De esta manera, se le dio la razón al querellante, Tomas Malerbas, asesor civil de Incapaces en el Juzgado de Sarmiento, previo al proceso penal contra Carlos Antileo bajo la figura de “usurpación”.

El caso

La causa comenzó cuando Malerbas realizó una presentación judicial contra la comunidad por “ocupar un terreno fiscal que por derechos hereditarios le pertenece”.Es decir que el querellante mediante una transferencia de estos sería titular de la propiedad.
Sin embargo, la comunidad afirma que los derechos fueron “cedidos sin la participación” de ellos, quienes “viven físicamente hace 20 años en la zona”, según sus testimonios. Además, el lugar es considerado por los mapuches como “un sitio ancestral”.

“No cumplen las leyes vigentes”.

La abogada Ikonicoff, representante de los Antileo, señaló que “dentro de la provincia en muchos juzgado se desconoce las normas vigentes que frenan los desalojos”.También sostuvo; “ No es cuestión de darle o no la razón a alguien sino de cumplir con lo establecido a nivel nacional por el Congreso”.

Por otro lado, Antineo afirmó hace tres meses al portal originarios; “el Juez Antoun se burla y niega mi condición de indígena, mis derechos y desconoce lo que dice la Constitución.No soy cualquiera y reclamo por la tierra que ocupamos desde hace muchos años. Están acostumbrados a sacarnos sólo por ser aborígenes”.

Otros casos

Ikonicoff, quién asesora a pueblos originarios hace 25 años, también se refirió a otros casos similares. “Antes del fin de 2010 se desarrollará en el mismo Juzgado de Sarmiento un juicio oral contra la comunidad Tracaleo bajo la figura de “usurpación”. Además, también Corral de Piedra, cerca de Paso de Indios, está en un proceso administrativo del IAC para intentar quitarle sus tierras”, remarcó.

El único lugar donde se les dio la razón a los mapuches fue en Esquel. “El caso de la familia Marilaff es uno de los pocos en que la Justicia cumplió con la ley.Ahora , por suerte, ya tienen también su título de propiedad”, enfatizó la encargada de la cátedra sobre Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Don Bosco”.

La ley nacional y provincial

La ley de Emergencia y Relevamiento de Pueblos Originarios, sancionada durante 2006 y prorrogada hace un año, suspende "la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas". Además, solicita que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realice un relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas, entre otras cuestiones.

Por otro lado, La Constitución Nacional de 1994 reconoce "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas" y señala que debe garantizarse "la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano".

Asimismo, la Constitución provincial sostiene “deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”. Además se incumplirían los tratados internacionales acordados en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ambos prohíben este tipo de medidas.

Proyecto de Entregas Comunitarios.

La directora del Consejo de Participación Indígena (CPI), Rita Rosa, informó hace algunos días que todos los representantes de pueblos originarios y miembros del Gobierno Nacional están armando un proyecto de ley para que luego del relevamiento se les pueda entregar a cada comunidad el título de propiedad del terreno donde vive.

Además, también prevén crear al mismo tiempo otra iniciativa denominada Libre Consulta para que se los tenga en cuenta antes de armar una normativa que los afecte.

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