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Terquedad de las urbanizaciones privadas
Por Café de las Ciudades / Revista Digital - Thursday, Sep. 09, 2010 at 4:30 AM

Columna a cargo de Mario L. Tercco

“...Terquedades será una tribuna de doctrina” (C. Ricot)

Dos actuaciones recientes, en un caso de la Defensoría del Pueblo de la Nación y en otro de una Fiscal federal, cuestionan la facilidad con la que pueden desarrollarse en la Región Metropolitana de Buenos Aires algunos proyectos de urbanización privada, particularmente aquellos que se asientan sobre situaciones de humedal o ribereñas.

Los amigos de Indymedia nos informan que “tras una investigación iniciada por la denuncia del Movimiento en Defensa de la Pacha, la Defensoría del Pueblo de la Nación elaboró un dictamen dirigido a los municipios de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando. Anselmo Sella, a cargo del organismo, exhortó a que adopten medidas para preservar sitios arqueológicos, amenazados por un descontrolado desarrollo inmobiliario”.

Según el informe de Indymedia, “a fines de marzo, la Defensoría abrió la actuación N° 959/10 sobre impactos negativos de los barrios privados, a raíz del campamento de vecinos e integrantes de pueblos originarios en una zona rural de Tigre y Escobar, a 50 kilómetros de la Capital Federal, en el marco del conflicto con la empresa Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común (EIDICO). El lugar que se defiende es ahora conocido como Punta Querandí, y está en el centro del avance de los countries de gran escala, que ocupan extensiones mayores a las 800 hectáreas.
Luego de cuatro meses de investigación, el organismo concretó su primer dictamen. “El desarrollo urbanístico e industrial no puede darse en detrimento del medio ambiente o de bienes que integran el acervo cultural de la Nación”, expuso el Defensor Adjunto Anselmo Sella. Se espera para más adelante una segunda resolución donde se tratará específicamente la cuestión ambiental.
En sus considerandos, la resolución de la Defensoría destacó que, además de la destrucción de sitios arqueológicos, los vecinos denuncian que los pobladores aledaños a los barrios cerrados sufren problemas de comunicación vial y ven anegadas sus viviendas como consecuencia de haber sido elevado el nivel de las tierras donde son construidos tales barrios. Asimismo, resaltó que algunas urbanizaciones se hayan erigido en terrenos que fueran fiscales, existiendo dudas acerca de la legalidad de la enajenación de las mismas.
El dictamen del organismo reveló que los municipios ignoraron los pedidos de informes realizados durante la investigación. En efecto, el 17 de junio el organismo consultó a las intendencias de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando por las medidas implementadas para defender el patrimonio arqueológico y el listado de emprendimientos de barrios privados que fueron autorizados desde 1998. También preguntó a las intendencias cómo cumplían con el requisito legal de dar difusión a los estudios de impacto ambiental.
Ante la falta de respuestas oficiales, y la "relevancia y fragilidad del bien cultural a ser preservado", el Adjunto Primero Anselmo Sella exhortó a elaborar un mapa con la localización de sitios, yacimientos y objetos arqueológicos y paleontológicos; solicitar formalmente la inmediata intervención de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia al tomar conocimiento de la posible existencia de restos; y no autorizar emprendimientos en tanto no se hayan realizado las prospecciones previas que marca la Ley 25.743 de patrimonio arqueológico. En los emprendimientos ya autorizados que no hayan contado con este requisito, recomendó que se consensúe con los titulares su inmediata realización”.

Aunque celebro el dictamen de la Defensoría, creo que este tipo de emprendimientos debería ser cuestionado además por muchos otros motivos. Por ejemplo, por los que mencionó el vicepresidente primero de la Cámara Empresarial de Desarrolladores Urbanos y presidente del Grupo Farallón, Eduardo Gutiérrez, cuando en el Expo Real Estate realizado en el Hilton Hotel de Puerto Madero acusó a la desarrolladora inmobiliaria EIDICO de construir sobre terrenos de humedales sin aprobaciones ni estudios de impacto ambiental. Gutiérrez pidió expresamente a los medios de comunicación ocuparse del tema y no silenciarlo más. Solo Indymedia parece haber tomado en cuenta este pedido…

Por otro lado, el boletín Noticias Metropolitanas, de la Fundación Metropolitana (http://www.metropolitana.org.ar), reproduce la nota La justicia pidió frenar la construcción de un emprendimiento inmobiliario (http://tiempo.elargentino.com/notas/justicia-pidio-frenar-construccion-de-emprendimiento-inmobiliario), publicada el pasado 27 de agosto en el diario Tiempo Argentino. Leemos allí que “a partir de la denuncia de un abogado que representa a familias de la zona del Delta de San Isidro (sic), la fiscal federal de San Isidro, Rita Molina, presentó un pedido para que se “ordene preventivamente el cese de las obras” hasta que se realice una evaluación del daño causado al ambiente y a los isleños afectados. La funcionaria también advirtió sobre los posibles delitos de los que habrían sido víctimas los isleños, quienes denunciaron que sus viviendas fueron destruidas por el avance de la obra”. El emprendimiento denunciado es Colony Park, premio del Concurso ByMPUs 2009 de café de las ciudades a la mala práctica urbana y “primer desarrollo de vivienda permanente en una verdadera isla del delta argentino”, según informa su publicidad corporativa. Según la denuncia penal, con la construcción de Colony Park “se estaría alterando el uso del río y las funciones ecológicas del ecosistema deltaico del Río Paraná”, causando “daños por estrago” a todo el ecosistema y a los isleños. “Desde que comenzó la obra, dos máquinas dragadoras excavaron el lecho del río durante las 24 horas del día y ese material fue utilizado para elevar el terreno de la isla desde los 80 centímetros, que tiene naturalmente hasta más de 4 metros, y así poder construir calles y lagunas artificiales en su interior. Estos cambios han modificado el ecosistema de la zona, que se encuentra en un valle de escurrimiento de humedales, el sitio de reserva y purificación de agua y que funciona como un amortiguador de inundaciones. La denuncia penal que derivó en la intervención de la justicia fue radicada en junio de 2008 por el abogado Enrique Ferreccio, que representa a varias familias residentes en la zona, y recayó en el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. Allí denuncian que las modificaciones en el entorno que generará este megaemprendimiento provocarán (y ya provocaron) un impacto irreparable en el ecosistema del delta y lo consideró incompatible con el concepto de desarrollo sustentable”.
Para completar los estragos, el accionar de Colony Park SA incluye también la persecución y desalojo compulsivo de los habitantes locales, junqueros y pescadores, “residentes de más de 20 años, cuyas precarias viviendas fueron removidos de los lugares comprendidos entre los arroyos Pacú y Anguila. “Empezaron en agosto de 2008”, recordó un isleño y contó: “Me había ido a pescar y cuando volví al rancho, encontré que no había nada, la empresa había tirado todo, había empezado a desmontar y a hacer los terraplenes.” Otro señaló: “Colony Park destruyó totalmente el arroyo Anguilas y nos dejó sin trabajo a todos los que vivíamos en la isla”.

Las grandes urbanizaciones privadas no parecen entrar en el universo de las “polémicas” que agitan a la opinión pública. Para algunos medios, son fuente de anuncios en sus secciones inmobiliarias y suplementos de ountries; para algunos políticos (incluidos algunos que declaman contra los monopolios), la especulación inmobiliaria es una fuente de riquezas; para algunas organizaciones vecinales, están demasiado lejos de los barrios más elegantes como para ser motivo de conflicto e indignación. Es bueno que algunos funcionarios, desde los suburbios del Estado, comiencen a interrogarse sobre las verdaderas consecuencias de la “privatopía”.

MLT

Ver la resolución completa de la Defensoría del Pueblo de la Nación acerca de la actuación N° 959/10, “solicitud de intervención relacionada con la preservación del patrimonio arqueológico y natural del Delta del río Paraná, en la localidad de Tigre”: http://www.cafedelasciudades.com.ar/imagenes95/falloDefensoria.pdf

Sobre el proyecto Colony Park, “premiado” como mala práctica urbana en el Concurso ByMPUs 2009 (http://www.cafedelasciudades.com.ar/concurso_64.htm), ver también en café de las ciudades:

Número 70 | (anti)-Historias de las ciudades
Urbanofobias (http://www.cafedelasciudades.com.ar/historias_anti_70.htm) | Colony Park, Pol-Pot y una publicidad de automóviles | Carmelo Ricot

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