Julio López
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Río Negro de remate: Concentración, extranjerización de tierras y apropiación de costas
Por ADN - Monday, Sep. 13, 2010 at 10:30 AM

Aunque, lamentablemente, la tierra se ha transformado de un objeto de transacción que responde a la lógica del mercado y el capital, lo cierto es que es y será siempre un bien social natural insustituible y básico – comparable al agua para la vida - necesario para el desarrollo humano, económico y cultural de los pueblos, por lo tanto todos los ciudadanos debieran acceder a una porción de ella ocupándola y usufructuándola.

El Estado que dice representar los intereses del pueblo y procurar el bien común debe ser garante de este derecho facilitando el acceso a la tierra y ejerciendo la soberanía sobre este y otros recursos de forma de protegerlo para las futuras generaciones.

Pero lamentablemente el modelo de producción globalizado ha impuesto que la tierra sea usada, y ultrajada también, por la actividad de las industrias extractivas (agroforestales, mineras, hidroeléctricas, petroleras, etcétera) a lo largo de nuestro territorio, mientras se desplaza a comunidades originarias y pueblos enteros hacia el anonimato en las márgenes de las grandes urbes, sin tierra.

En este contexto resulta preocupante observar la facilidad con la que el gobierno nacional y provincial, así como algunos municipales, aplauden y hacen suyos los argumentos de los grandes inversores y empresas que concentran tierras productivas. Los gobiernos que debieran defender los intereses colectivos, rara vez actúan frente al despojo que sufren los pobladores originarios de la tierra. Las pequeñas y medianas producciones son las que constituyen la base de una economía más justa y distributiva, pero sin apoyo estatal y sin políticas que promuevan el arraigo a la tierra, los pobladores se deshacen de sus parcelas presionados por deudas, por litigios y la falta de perspectivas de crecimiento.

Concentración y extranjerización del territorio

La visión de la tierra como bien social insustituible e indispensable para el desarrollo humano, ha sido sustituida por una concepción mercantilista, materialista, que ve a la misma como un producto con precio, más que un bien de valor social y humano. Es esta concepción la que dio lugar a la concentración de la tierra en pocas manos, proceso que se acelera desde las últimas décadas, y que junto con la progresiva extranjerización, es uno de los problemas más importantes que debemos enfrentar como nación.

Millones de hectáreas de tierras con acuíferos, minerales, bosques y biodiversidad en general ya pertenecen a empresas o propietarios extranjeros; tal como ha sido calculado por la Federación Agraria Argentina, el 10 por ciento del territorio nacional está en manos extranjeras, aunque debemos reconocer que esta cifra ha ido aumentando en los últimos años y hoy podemos conjeturar que se trata de mucho mas.

El modelo de desarrollo adoptado en los 90 por varios gobiernos americanos ha sido complaciente con la concentración, y también con la extranjerización del territorio. El uso de cada vez más grandes extensiones de suelo para monocultivos, arrasando con cientos de miles de has. de bosque nativo y diversidad biológica, expropiando la tierra de comunidades originarias y antiguos pobladores, ha enriquecido a un puñado de empresas mientras se empobrecen en proporciones inimaginables los marginados de este sistema. La creciente extranjerización a su vez, ha dado origen a la movilización de las organizaciones sociales y pobladores en varias provincias argentinas, hecho que también viene sucediendo en otros países de América Latina como es el caso de Uruguay y Brasil donde, como en nuestro país, las cifras son alarmantes.

La enajenación del territorio con sus riquezas parece estar relacionada con la aparición de proyectos geoestratégicos de apropiación de recursos naturales por parte de Estados extranjeros ante la posibilidad de crisis globales en las que los bienes comunes sustanciales para la vida se vuelvan escasos. Así es como, por medios pacíficos, ya no con guerras e invasiones, organizaciones ecologistas y personajes filántropos, como verdaderos “gendarmes verdes” han desembarcado en puntos estratégicos dentro de nuestro país, sobre todo en la Patagonia. Con proyectos productivos locales, impulsando el turismo alternativo de consumo exclusivo (y excluyente), con afanes conservacionistas o simplemente para ser propietarios de una porción del “paraíso”, magnates extranjeros han comprado miles y cientos de miles de has. con lagos, ríos y biodiversidad, inclusive en espacios sensibles para la soberanía de nuestro país, como son las zonas de frontera.

En la Patagonia, a modo de ejemplo podemos mencionar a algunos: los hermanos italianos Benetton con la compra de mas de 900.000 has que comprenden las Estancias “Pilcañeu”, “Alicura”, “Leleque”, “El Maiten”, “Coronel”, “Cóndor” en Chubut; la estancia “La Primavera” de 4.400 has adquirida por Ted Turner (propietario de CNN) quien ya suma 55.431 has en la zona andina neuquina; Douglas Tomkins con sus intensiones conservacionistas en la cordillera chileno- argentina y Joe Lewis con las 14 mil has que bordean el lago Escondido cerca de El Bolsón, Río Negro.

A través de sus empresas e inversiones, en muchas ocasiones buscan obtener la licencia social de las comunidades cercanas para lo cual ofrecen toda suerte de “regalos” a fin de sensibilizar a la sociedad y convencerla de su desinteresado propósito. Valiéndose de la ausencia de un Estado que parece retirarse lentamente de la función concreta de garantir los derechos fundamentales, los empresarios se ocupan de llenar ese espacio abandonado blandiendo sus fines caritativos.

Uno de los casos es el de Joseph Lewis quien a través de su empresa Hidden Lake SA hace algunos años ofreciera la construcción de un hospital en El Bolsón, y que en la actualidad se apronta a producir energía hidroeléctrica del río Escondido, dentro de su propiedad, para venderla y, según argumentan, ponerla al servicio de las necesidades regionales. En este caso como en otros, el gobierno provincial restringe a los ciudadanos y organizaciones sociales la posibilidad de debatir, de acceder en forma clara y completa a la información sobre estos proyectos; y utiliza –y manipula- además, las herramientas públicas diseñadas para la participación popular, como son las audiencias públicas.

En síntesis; el Estado se corre, el privado ocupa el lugar de poder cedido pues genera proyectos allí donde había abandono. El gobierno provincial es complaciente con ese nuevo poder creado. Es así como vemos que el Estado al servicio de la gente, se desmorona progresivamente para beneficio de los sectores privados que, como es habitual, solo representan sus propios intereses.

Libre acceso a las costas de ríos y lagos

La situación se torna más compleja cuando además hay una apropiación de las costas de ríos y lagos y se impide a todo ciudadano que acceda a bienes que son de dominio público. Los conflictos suelen llegar a las últimas consecuencias.

El 30 de agosto del 2006, Cristian González, un joven pescador que se encontraba en orillas del río Quilquihue, que nace en lago Lolog, en inmediaciones de San Martín de los Andes, fue baleado desde una cabaña cercana y perdió la vida. Cuentan que los alambrados que colocó el empresario Gaspar Schoro nunca fueron retirados del río Quilquihue, pretendiendo aún la privacidad de lo que es de todos. Esta muerte injusta es un motivo más para que junto con las organizaciones sigamos luchando por el libre acceso a las costas de ríos y lagos.

El caso del río Minero en Estancia la Primavera del mencionado Ted Turner, y del lago Escondido en la Estancia del empresario Joe Lewis son bien conocidos por todos. Cursos de agua que se encuentran “privatizados”, cuando en realidad pertenecen a todos.

El art. 73 de la Constitución Provincial de Río Negro determina que “Se asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público…”. Sin embargo, la situación del lago Escondido, paradigma del libre acceso a las costas, aún parece no resolverse. El mandamus presentado en el 2005 dio lugar a que el Superior Tribunal de Justicia rionegrino, a través de un fallo de fecha 30 de julio del 2009, ordenara al gobierno provincial iniciar la habilitación de los accesos públicos al lago, el sendero de montaña y el camino de Tacuifí. Hasta ahora el CODEMA, la autoridad ambiental del gobierno provincial, ha avanzado en el trazado del sendero de montaña, el que por sus características, difícilmente pueda garantizar el acceso público para todo ciudadano y desde el punto de vista ambiental resulta indudablemente más dañino. Nada se dice sin embargo de los avances en el camino del paraje Tacuifí, pues ¡No hay avances! Este camino resulta ser el más corto, conveniente y de acceso posible para cualquier ciudadano, es por ello que, con los plazos vencidos seguimos insistiendo que se respete el fallo del máximo tribunal rionegrino y se habilite este camino para que definitivamente podamos disfrutar de un bien natural que nos pertenece a todos, el lago Escondido.

Es necesario destacar que el fallo del mayor tribunal provincial es un precedente de máxima trascendencia teniendo en cuenta que a lo largo de nuestro país se incumple, en muchos casos, el derecho inobjetable de acceder a ríos y lagos navegables, constituyendo este hecho una violación a la normativa de fondo nacional.

La adquisición de la tierra no incluye la potestad sobre los espejos de agua, es decir un derecho no genera consecuentemente otro, y los cursos de agua navegables son bienes públicos sobre los que todos tenemos el derecho a acceder, usar y gozar. Esto es algo que todo ciudadano debe saber y defender a lo largo de todo el país.

Así está establecido en el art. 2340, inc. 5to de nuestro Código Civil

La reforma introducida al Código por la ley 17.711 en el año 1968, con la finalidad de extender el dominio estatal sobre las aguas, quitó la exigencia de los buques con 100 toneladas, a partir de lo cual se requiere que el lago sea simplemente navegable para ser de dominio público, es decir, que según la interpretación de Borda (“Tratado de derecho civil- derechos reales”) “... basta la simple posibilidad de navegar en lancha sobre un espejo de agua para que el mismo pertenezca al dominio público”.

Respeto a los lagos navegables que se encuentran íntegramente dentro de una propiedad privada, por todo lo anteriormente expresado, claramente resulta de dominio público debiendo el propietario soportar una servidumbre de paso para el acceso público al espejo de agua y sus márgenes, debiendo ser este acceso razonable, es decir, no puede ser dificultoso o casi imposible de acceder.-

Además, establece el Código que las tierras bañadas por las aguas de las máximas crecidas no pertenecen al ribereño sino que son del dominio público.

El interés público debe estar por encima del interés privado, y cuando esto no se cumple se producen conflictos y eso es algo que nos preocupa y nos pone el alerta. Más aún preocupa cuando algunos gobiernos o funcionarios tienden a abonar ciertos privilegios.

Zonas de Seguridad (¿) de Fronteras

Históricamente las fronteras de los países han sido protegidas con el fin de garantizar la integridad del territorio, la cultura e identidad de los pueblos y la soberanía sobre los bienes naturales comunes. Así ha sido también en nuestro país. La legislación nos muestra la importancia de la radicación de ciudadanos argentinos nativos en estas zonas sensibles a la soberanía nacional, pues el Artículo 4º del Decreto Ley Nº 15.385/44 (Ley Nº 12.913), reemplazado por el artículo 42 de la Ley Nº 23.554 dice que: “Declarase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos…”. De igual forma lo hace la ley 18.575 de Promoción para el Desarrollo de Zonas de Frontera.

Pero lo cierto es que en la actualidad, estas franjas de 150 km de frontera desde la cordillera y de 50 km en las costas, carecen de protección cierta. En los últimos años, el incremento en la venta a extranjeros de tierras en estas zonas estratégicas quebrantó el espíritu de la normativa vigente, y nuestro país involucionó en materia de restricciones. Ya en 1997/1998 durante el gobierno de Menem – según las investigación de la escritora y periodista María Seoane- se autorizó a extranjeros la compra de 8 millones de has. en esas zonas fronterizas. “Buscan áreas estratégicas en lo que se considera "zona de seguridad". Son lugares claves para el país, por su potencial económico y sus recursos naturales. En el último año y medio, el Gobierno recibió mil pedidos de permisos de inversores que quieren hacer pie en la Argentina. El control es muy débil.”, agrega Seoane.-

Profundizando la situación de desprotección, durante el 2009, el Ministerio de Interior dictó la resolución 166/2009 que determinó que dentro de la “zona de seguridad”, algunas regiones estaban exceptuadas del régimen de “previa conformidad”. La resolución creó excepciones (en 14 provincias) en varios centros urbanos y extensiones territoriales con importantes bienes naturales, que favorecen la compra por parte de extranjeros. Esto así, en lugar de crear mayores restricciones en las zonas fronterizas de nuestro país procurando fortalecer la soberanía sobre el territorio, la identidad cultural y la protección de los bienes naturales, el gobierno nacional propuso lo contrario.

Como ejemplo, en nuestra provincia los Departamentos de Ñorquinco, Pilcaniyeu y San Antonio están desafectados del Régimen de Previa Conformidad tanto se trate de inversores extranjeros como nacionales o personas físicas o jurídicas que quieran adquirir tierras fronterizas.

La construcción de un aeródromo de dimensiones semejantes a la pista del aeropuerto internacional de San Carlos de Bariloche, ubicado a aproximadamente 1.000 metros del océano atlántico (zona de seguridad de fronteras), a pocas horas de vuelo de Islas Malvinas en la zona de Puerto Lobos, Provincia de Río Negro, cuyo propietario esta vinculado con el magnate inglés Joe Lewis, es la clara muestra de la afectación a nuestra soberanía. Situación que se ve agravada por la inexistencia de garantías de radarización del mencionado aeropuerto que controlen el movimiento aéreo del mismo.

Conclusión

Un común denominador atraviesa los temas desarrollados: la soberanía sobre los bienes naturales comunes que contamos en nuestro territorio. Agua, tierra, recursos minerales, bosques, y biodiversidad en general son elementos que constituyen nuestro soporte como pueblo; siendo además sustanciales para la vida, el acceso a ellos constituye un derecho fundamental que alcanza a todos.

Si estos valores crean cimientos desde los cuales se desarrolla nuestra cultura, la economía y la vida de los pueblos, resulta asombroso y no por ello menos indignante que los gobiernos nacional y provincial miren para otro lado cuando hay una necesidad imperiosa, y el pueblo así lo reclama, que se ejerza una política de verdadera soberanía del Estado sobre el territorio continental, plataforma marítima y los bienes naturales que contienen.

En las actuales circunstancias globales, con cambios climáticos abruptos, problemas graves de contaminación de suelo, agua, escasez de recursos en varios lugares del planeta, acelerada destrucción de bosques, entre otras calamidades, es condenable que no tengamos una estrategia geopolítica en nuestro país y que dejemos librado al mejor postor las riquezas de nuestro territorio. Más aún que se sigan limitando, es decir privatizando, los bienes que son de dominio público, como son los ríos y lagos.

Hay un orden que debemos hacer respetar en la medida que aspiremos a consolidar una sociedad justa; es que lo público, el bien de todos es la premisa fundamental y siempre debe situarse por encima de los intereses privados o particulares.

Magdalena Odarda
Legisladora Provincial CC ARI RN

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