¿Cómo recibieron la noticia que la presidenta Cristina Fernández enviará al Congreso un proyecto para reformar al Servicio Penitenciario Federal (SPF)?
-Bienvenida sea la discusión de la reforma de la Ley Orgánica del SPF, en buena hora. Nos urge la necesidad de modificar esta fuerza militarizada, creada durante la dictadura de Lanusse. Nosotros participamos hace más de dos años, junto con asociaciones civiles y detenidos del Centro Universitario de Devoto (CUD) en distintas reuniones de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que presidia la diputada Victoria Donda. Existen varios proyectos presentados en este sentido y, todos, junto al que enviará la presidenta, deben ser la base de la discusión. Entiendo como necesaria la reestructuración del servicio y establecer en su lugar una institución de carácter federal, civil y profesional dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde los controles formen parte indisoluble de la vida tras los muros.
¿La PPN reveló, recientemente, un récord histórico de presos en cárceles federales, la provincia de Buenos Aires tiene un hacinamiento del 50 por ciento, según lo denunció el Comité Contra la Tortura, las cifras registran una muerte cada 37 horas, las torturas se multiplican en todo el país. ¿Cómo sintetizás estos hechos?
-Es evidente que estamos ante una Emergencia Carcelaria, por usar un concepto posible. Si vos tenés una determinada población afectada por un desastre de la naturaleza, el estado debe declarar la Emergencia del área y toma medidas inmediatas, a mediano y largo plazo, evacúa y asiste a los afectados, etcétera. Pero en el tema que nos ocupa no actuó la naturaleza de modo imprevisto, sino las políticas del estado a lo largo de mucho tiempo, no me refiero solamente, a los años recientes-, en un ordenamiento claramente desigual. Entonces, La superpoblación es un hecho contundente en el sistema federal y otros distritos, de ello dan cuenta los monitoreos producidos por la PPN y las distintas observaciones y denuncias realizadas en virtud de las soluciones que el SPF adopta que, creemos, no mejoran la situación. En general se reacciona improvisando medidas, generando meros paliativos que no resuelven la problemática de fondo. Ello, en muchas circunstancias, ha provocado que se vulneren los derechos de una población específica. Como ejemplo, cabe citar el caso de los detenidos por crímenes de lesa humanidad trasladados a la Unidad 31 de Mujeres, meses atrás, y resoluciones de ese estilo. Pero ninguna resuelve el fondo de la cuestión. Porque el problema no es solo de espacios. El estado debe tener una política de justicia y seguridad, en todas las dimensiones que abarcan estas palabras, que incluya en su mirada a las personas detenidas y sus condiciones. Si no se piensa en una política global, la construcción de cárceles no alcanzará a cubrir las plazas necesarias nunca y, cada vez habrá más prisiones y más problemas, creemos que más encierro no es la solución. Por eso vemos como una alternativa la discusión del proyecto de ley presentado por la PPN sobre control de la sobrepoblación, más conocido como ley de cupos. Recuerdo que nosotros en su momento intentamos que se contemple la posibilidad de arresto domiciliario, a los mayores de setenta, madres con hijos, mujeres embarazadas, a quienes padezcan enfermedades que no puedan ser rehabilitadas en la cárcel y otros casos. Hoy urge esa discusión y se deben tomar resoluciones rápidamente.
Ustedes publicaron un Informe sobre muertes en el ámbito del SPF, que refiere al período enero 2009/junio 2014, ¿cuáles son los datos esenciales?
-Francamente, alarmantes: 50 decesos por ahorcamientos, 26 por heridas de arma blanca, 129 por diversas enfermedades y 15 en contexto de incendio. Sucede que no están garantizadas la vida y la integridad, además existen edificios altamente deficitarios, alejados, sin teléfono ni servicios médicos adecuados y peor aún, hay actitudes poco transparentes y reticentes a los controles. Es necesario emprender un cambio genuino, que implica un fuerte compromiso para abordar el tema de las muertes, la violencia y la desprotección de derechos en el sistema penitenciario. El recurso sistemático a la tortura sigue siendo uno de los problemas más graves que condiciona la vigencia de los derechos humanos, la cual lejos de disminuir, se ve incrementada año tras año. La aplicación del Procedimiento de la PPN para la Investigación y Documentación de Casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes, en el año 2013 revela que se superó holgadamente los casos de 2012.
¿Qué estás nombrando cuando decís hacinamiento?
Hablamos de gente durmiendo amontonada en el piso, fuera de las celdas, en un retén, sin baño, sin agua y comiendo lo que se puede. Y creo que nos quedamos cortos. Los retenes son lugares de espera para ser ingresado a un módulo o ser trasladado a algún lado. La palabra justamente define que la persona está retenida a la espera de un alojamiento. Cada módulo tiene su retén. Hoy por hoy la gente está viviendo ahí, o porque no hay más celdas o porque muchas de ellas no cubren las condiciones mínimas y están clausuradas judicialmente. Por ejemplo, en la Unidad 28 de Tribunales, que es de tránsito, un lugar donde se supone que no puede dormir gente porque no tiene baños ni cocina, llegó en un momento a haber doscientas personas que vivían hasta tres meses allí. Nosotros, entre otros actores, logramos que se acabe con eso, así también conseguimos cupos para Neuquén, Ezeiza, Devoto y Marcos Paz. Entonces se genera otro tema, que es el de la cantidad de gente que el estado va a tener presa, porque si se clausuran celdas y pabellones hay que ver qué se hace con los seres humanos. Tiene que haber una discusión paralela con este tema. No es que se dice: bueno, acá sobran quinientas personas y las dejo en su casa y las monitoreo fuera de las prisiones. No, las ubican como se puede: muy mal, agravando sus condiciones de detención.
La mayoría de las personas detenidas no accede al trabajo ni al estudio y claro está que no se reinserta, suponiendo que antes hubiera estado inserta. La cárcel exhibe un fracaso absoluto porque la sociedad invierte en ella, se devasta a las personas y finalmente esto no le rinde ningún fruto positivo, a nadie
Esa es una de las conclusiones que tratamos de llevar adelante en nuestras iniciativas de discusión. La cárcel no soluciona absolutamente nada: encierra personas durante años en las peores condiciones. El Estado gasta fortunas en la cárcel y te devuelve a las personas más violentas, mucho peor. Ni hablemos de resocialización. La cárcel no es buena ni en términos sociales ni en términos económicos. Yo entiendo que hay cierto tipo de delitos para los cuales, hoy, no podrían existir alternativas a la prisión, pero la solución no pasa por meter preso a todo el mundo. Más del ochenta por ciento de los presos son pobres y, dentro de ellos, tenés otro porcentaje muy grande que no está por delitos violentos.
¿Cuál es la realidad concreta de los colectivos Lgtbi, las mujeres en general, los detenidos más jóvenes, los extranjeros y quienes padecen alguna discapacidad, todos definidos por ustedes como los grupos más vulnerables dentro de la cárcel?
Mirá, recién ahora, hace tres o cuatro años, se está tomando conciencia de los derechos de la discapacidad en la ciudad de Buenos Aires. Imaginate que en la cárcel no existen rampas, sillas de ruedas, bastón, por decirte solo el comienzo. En cuanto al caso de las mujeres, hay una mayor concientización últimamente, pero vos fijate que el reglamento de la Ejecución de la Pena tiene solamente unos ocho artículos, sobre más de doscientos que la componen, que refieren al género. Decir que estos colectivos se encuentran en condiciones de sobrevulnerabilidad en el campo de las relaciones sociales carcelarias implica que se encuentran invisibilizados, es decir, más invisibilizados que la población carcelaria en general. Esta cuestión determina que se incorpore las necesidades de estos colectivos deficientemente a la agenda política y que por ende se acrecienten las condiciones de fragilidad. A partir de esta situación, nuestro trabajo en los últimos diez años, viene dando cuenta de cuáles son las características de esta sobrevulneración y propusimos estrategias de intervención que disminuyan la brecha. Aquí, puede verse nítidamente, que la matriz heterosexual y patriarcal impone una jerarquía de género y produce colectivos aún más vulnerables al interior de las prisiones.
Por otra parte, es cierto que es menor la violencia física sobre las mujeres que sobre los hombres, pero no nos olvidemos que entre 2009 y 2012 hubo nueve chicas que murieron en forma violenta, y existieron varios ahorcamientos, en un lugar donde hacía mucho tiempo que no había habido muertes. Uno de esos casos que tomó repercusión pública por la movilización de familiares y amigos, fue el de Florencia La China Cuellar. Y lo peor es que no se toma en cuenta una vulnerabilidad seria el tema de la mujer. Lo vemos en el caso de la U31, cárcel de mujeres donde, sin ningún tipo de criterio, alojaron a cien hombres. Es como si se considerara que la mujer no va a protestar, que se la encierra con una muralla y se acabó. Y también lo vemos en la medicación psiquiátrica, aplicada como sanción. Hay una estigmatización muy fuerte de la mujer.
Se anuncio oficialmente el record de 10. 322 presos en cárceles federales, pero entendemos que ustedes manejan un cifra más alta
Bueno, sucede que por convenios hay más de 500 presos federales en Córdoba, más 450 en Mendoza, más de 400 en Santa Fe y 200 y pico en Buenos Aires. Más todos los presos federales en todas las comisarías del país, establecimientos de Prefectura y Gendarmería. Los escuadrones de todas las fronteras, un número muy fluctuante que no se puede especificar y en lugares inhabitables. Son presos federales que no los cuentan. Están a cargo de juzgados federales aunque no estén en un establecimiento del SPF. Otro problema es que el Ministerio de Justicia, que es el responsable de estas personas detenidas, tiene que mandar fondos a las provincias para mantener a esos presos, que a veces se concreta y a veces no. Tengo entendido, por funcionarios provinciales que Nación les paga tardíamente o no lo hace, desde un año atrás. Por otra parte, ni Gendarmería ni Prefectura deberían tener gente presa en sus escuadrones de frontera. Esos presos comen cuando se puede, dependiendo de la voluntad del gendarme que comprará o no comida para ellos. De ese modo, creo a nivel país existen aproximadamente 70 mil seres humanos en prisión. Existen sitios de encierro en diversos puntos de los cuales no tenemos datos certeros.
¿Qué pasa con las denuncias que formulan? ¿Cómo continúan?
Nosotros hace más de diez años que estamos en gestión y la verdad es que fue muy difícil imponer un procesamiento y lograr sobre todo que la justicia reconozca las violaciones a los derechos humanos que estaban pasando adentro de las cárceles. Actualmente, tenemos más de setenta procesamientos incluso por tortura, algo que era impensado hace cinco años atrás. Fijate que el caso de Antonio Peloso Iturri, asesinado en la U-9 de Neuquén en 2008, conseguimos hace relativamente poco que procesen a los penitenciarios por tortura, nos costó bastante. Los peritos de ellos sostenían que había sido una muerte súbita. Nosotros tuvimos la desgracia que el perito que había hecho un gran informe falleció. Ellos volvieron a cuestionar esta pericia que indicaba que se trataba de tortura seguida de muerte y recién hace tres semanas que los médicos de la Corte Suprema de Justicia concluyeron en que había muerto por los golpes. Entonces, recién ahora, en 2014, nosotros conseguimos que la Corte nos dé la razón.
Una de las trabas más grandes que tenemos es el accionar de la Justicia, como hemos reiterado una y otra vez. Pero tengo que reconocer que hay juzgados que ahora están tomando otra actitud. Tenemos, repito, más de setenta procesamientos. Es un avance. Y también los es que exista una comisión presidida por el juez Hornos, un juez muy comprometido de Casación, donde se trabaja por todas las cuestiones que pasan intramuros. Han sacado recomendaciones importantes.
¿Cómo cuál?
Que todos los jueces tienen que investigar todas las muertes que ocurran en las cárceles sea cual fuere la causa declarada. Antes esto no se hacía. Falta muchísimo todavía, pero tantos esfuerzos se tradujeron en ciertos logros. Y no hablo de la Procuración solamente, sino de un conjunto de cuestionamientos, surgidos desde muchos ámbitos y organismos como los familiares de detenidos, algunos medios alternativos y luchadores populares.
¿Cómo evaluás los avances en cuanto a la visibilización del tema que nos ocupa?
Hoy estamos en escalón superior, sin dudas. Hoy vas a cualquier congreso o jornada y ves que el tema está instalado y ya no debemos empezar de cero. Nos costó un montón y muchos han participado en esta pelea. Sabemos que en los doscientos años que tiene la cárcel han existido torturas y destrucción humana en forma constante. Trabajamos para enfrentar esa realidad tan dolorosa. Trabajamos para que se comprenda que la cárcel no es la solución a los problemas sociales y que éstos se pueden abordar con otros instrumentos. Nosotros tenemos que difundir esta estrategia, porque el estado tiene una caja completa de herramientas pero insiste con el martillo.