MÃ©xico: La autonomÃa indÃgena y el surgimiento de las Juntas de Buen Gobierno : Argentina Indymedia (( i ))

Los días 8, 9 y 10 de agosto, el EZLN concretó la creación de cinco “Juntas de Buen gobierno” que agrupan alrededor de 30 municipios autónomos en el Estado de Chiapas. Con esta acción las comunidades zapatistas, que desde hace años sufren el acoso del ejército y los paramilitares financiados por los terratenientes y solapados por la complicidad estatal, avanzan en instrumentar de forma unilateral los Acuerdos de San Andrés suscritos por el EZLN y el gobierno de Zedillo en 1996, acuerdos que desde entonces no han sido cumplidos por el gobierno socio de los terratenientes, y constituye uno de los reclamos centrales de las bases zapatistas.
El anuncio del EZLN recibió toda la atención de los medios de comunicación en el país y en el exterior. La instauración de las Juntas de Buen Gobierno fue acompañada del despliegue de un discurso opositor por parte de los comandantes zapatistas y del propio Marcos, lo cual, en un contexto nacional signado por la derrota del gobierno de Fox en las elecciones del 6 de julio, ha generado importantes expectativas en sectores de las masas rurales, la juventud, las capas medias urbanas y los trabajadores. Nosotros, que hacemos nuestras las demandas de autonomía de las comunidades indígenas, nos hacemos parte de esta discusión, en el ánimo de avanzar en una estrategia política que permita lograr las reivindicaciones de los movimientos de indígenas y campesinos pobres, y su confluencia con el movimiento obrero en una lucha contra el gobierno y el régimen de la alternancia

ENTRE EL DEBILITAMIENTO DEL GOBIERNO Y LA OFENSIVA IMPERIALISTA

La incidencia de la instauración de los Caracoles (nombre con el que el EZLN bautizó los cinco territorios) no se comprende por fuera de la particular situación mexicana.
Desde fines del 2001, el proyecto estratégico de la gran burguesía mexicana y de sus representantes políticos comenzó a transitar el camino de una lenta pero continuada crisis. El esquema de acumulación capitalista basado en la integración en términos de subordinación extrema a los EE.UU., cuya implementación iniciaron Salinas y Zedillo, que Fox se postuló para llevar a su meta, viene arrastrando profundas contradicciones.
Durante gran parte de la década pasada (con excepción de los años 94/95) los altos índices de crecimiento del PBI, el ascenso de las exportaciones, el crecimiento de la inversión extranjera (productiva y bursátil) y el enriquecimiento experimentado por la gran burguesía y sectores de las capas medias altas, ocultaron el carácter brutalmente desigual y combinado que la penetración imperialista le imponía a la estructura productiva nacional, donde ramas se desarrollaban a partir de las necesidades de las transnacionales, en tanto que sectores enteros se hundían, como fue el caso del campo mexicano a partir de la reforma del artículo 27 constitucional, que abrió el camino para la implementación del TLC.
El levantamiento de 1994 en Chiapas mostró la desigualdad entre el norte industrializado y exportador; con relaciones comerciales dolarizadas y una cultura impregnada por los “vecinos” del norte, respecto al sur olvidado y atrasado; marcado por la opresión de los indígenas por los gobiernos y los caciques terratenientes. Mostró también que para millones de explotados y oprimidos la mayor subordinación al imperialismo solo significaba miseria y la caída de su nivel de vida. Ante ello, en uno de los estados más postergados del país, un gran levantamiento de los desposeídos le decía a México y al mundo que la ofensiva neoliberal debía ser enfrentada.
Desde el 2001, ante las tendencias recesivas en los EE.UU. y la crisis económica mundial, la extrema dependencia de la economía mexicana con la norteamericana (expresión concentrada de la dependencia de México respecto al mercado mundial) y el carácter absolutamente subordinado de la integración realizada a la sombra del TLC, hicieron eclosión con la caída del PBI nacional, el retroceso de las exportaciones y la retracción del ingreso de capitales. Sombras de recesión y crisis cruzan la escena nacional, sin que pueda ser ocultado por la coyuntural alza de los precios del petróleo (principal fuente de ingresos fiscales) y por los buenos números “macroeconómicos” obtenidos por el gobierno mediante el recorte presupuestal en salud, educación, etc.
Esa situación explica la aparición de sectores de la gran burguesía que plantean “privilegiar el mercado interno” y “mirar hacia adentro”, como es el caso del hombre más rico de América Latina, Carlos Slim Helú (quien organizó una significativa reunión de empresarios latinoamericanos que discutió dicho tema) o Antonio Del Valle, flamante presidente del archiburgués “Consejo Mexicano de Hombres de Negocios”. Este discurso, tibia y demagógicamente “desarrollista”, es el primer rumor al interior de la entreguista burguesía mexicana, de que es necesario replantear cómo garantizar el mantenimiento de sus ganancias ante la rapiña de las transnacionales y los interrogantes que plantea la actual situación del patrón de acumulación capitalista dependiente.
Para los trabajadores y las masas, este contexto político - económico implicó una secuela de desempleo, pérdida del poder adquisitivo del salario y carestía de vida, que viene alimentando una creciente desilusión y descontento con el gobierno de Fox. Éste, quien triunfó el 2 de julio del 2000 sobre el PRI y asumió sus funciones como “el gobierno del cambio”, sufrió una importante caída de su popularidad, expresada con creces en la derrota electoral de su partido en las pasadas elecciones intermedias, el 6 de julio del 2003. Este debilitamiento del gobierno es magnificado por la torpe actuación de Fox quien, en semanas recientes, declaró abierta la sucesión presidencial, ¡cuando faltan 3 impredecibles años del gobierno de la alternancia! En esta situación, aunque el PRI se ha fortalecido y aparece como posible su vuelta al gobierno en el 2003, destacan el alto abstencionismo y el importante voto nulo registrado en las elecciones, mostrando que no sólo hay descontento con el gobierno, sino también cierta desilusión con el régimen de la alternancia y con los partidos “opositores”, el PRI y el PRD, los cuales no incrementaron sustancialmente su cantidad de votos.
Esto es consecuencia de que el nuevo régimen, surgido del desvío estratégico del descontento obrero y popular hacia las elecciones del 2000 mantiene sin resolver demandas tan elementales como el cese a la represión y a las persecuciones políticas (como muestra el caso Digna Ochoa y el encarcelamiento de los Hnos. Cerezo), el feminicidio en Ciudad Juárez o la autonomía indígena. Y es consecuencia de que las instituciones del régimen desempeñaron un rol abiertamente reaccionario a los ojos de millones, como fue el caso de la aprobación, por parte del Senado y de los partidos PAN, PRI y el PRD, de una ley indígena repudiada por las comunidades. Este carácter reaccionario del régimen de la alternancia es uno de los factores que empuja a que la sentida demanda de autonomía sea instalada nuevamente por las comunidades indígenas en el centro de la escena política.
Es justamente en esta situación de debilidad relativa del gobierno y de descontento expresado en el alto abstencionismo, que se preparan nuevos pactos en el Congreso de la Unión, en los cuales jugará un rol central el PRI, haciendo pesar su primera minoría parlamentaria. No en vano el Wall Street Journal presenta a Elba Esther Gordillo, flamante coordinadora de la bancada priísta como “la mujer que puede destrabar las reformas estructurales”. Lo que está en ciernes es una ofensiva que persigue, mediante las reformas en el sector energético, la reforma laboral y la institucionalización de ataques patronales como en VW, un nuevo avance de la recolonización de México.
Este es el contexto en el cual se da el anuncio zapatista, que coincide con la reapertura de la crisis interna del principal partido de oposición al gobierno, el PRD, el cual, después del resultado contradictorio que supuso su desempeño en las elecciones intermedias, está sacudido por las peleas entre las “tribus”, que tumbaron a su presidenta, Rosario Robles, y que enfrentan a sus dos principales figuras, Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador.
De tal forma, la situación nacional, caracterizada por la pasividad del movimiento de masas y el desarrollo de la ofensiva capitalista, no deja de estar signada por profundas contradicciones económicas y en el terreno del régimen de partidos. Y, lo que es fundamental, por la existencia de un descontento creciente, el cual se hizo notar -durante los meses de marzo y abril- en el desarrollo de un importante movimiento antiguerra; en tanto que recientemente se ha expresado en el campo mexicano, con las demandas de los pequeños y medianos productores contra los efectos del TLC, con las movilizaciones y reclamos de sectores de ejidatarios, y con la lucha de los normalistas de Mactumactza en Chiapas. Así como también en sectores del movimiento obrero, como los trabajadores de la salud en el Hospital Juárez, de la metalúrgica Sicartsa y de varias maquiladoras.
Es en ese contexto de descontento, aunque pasivo y limitado, que se da la fundación de las Juntas de Buen Gobierno y la reaparición del movimiento liderado por el EZLN y el subcomandante Marcos.

SIGNIFICADO Y ALCANCES DE LA INSTAURACIÓN DE LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO

Con la fundación de las Juntas de Buen Gobierno, el movimiento liderado por el EZLN avanza en un mayor dominio territorial, creándose formas de autogobierno que centralizan su control político y afirman su “poder” sobre zonas más extensas que las comunidades.
Los 30 municipios autónomos, reunidos en 5 Juntas de Buen Gobierno, tendrán a su cargo tareas de autogobierno o gobierno autonómico como: “contrarrestar las desigualdades entre los municipios”, “mediar en los conflictos entre municipios”, “vigilar el cumplimiento de las leyes que funcionen en los municipios rebeldes zapatistas”, en tanto que “siguen siendo funciones exclusivas de gobierno de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas: la impartición de justicia; la salud comunitaria; la educación; la vivienda; la tierra; el trabajo; la alimentación; el comercio; la información y la cultura; el tránsito local.” Así también se afirmó que: “El Comité Clandestino Revolucionario Indígena en cada zona vigilará el funcionamiento de las Juntas de Buen Gobierno para evitar actos de corrupción, intolerancia, arbitrariedades, injusticia y desviación del principio zapatista de "Mandar Obedeciendo"”.
En cuanto al funcionamiento de cada junta de gobierno, se señala que “estará formada por 1 ó 2 delegados de cada uno de los Consejos Autónomos de dicha zona.” Sin embargo, previos a su constitución formal, estas juntas dictaron varias disposiciones, presentadas en los comunicados del EZLN, como son que: “Ya no se permitirá que los donativos y apoyos de la sociedad civil nacional e internacional sean destinados a alguien en particular o a una comunidad o municipio autónomo preciso. La Junta de Buen Gobierno decidirá, después de evaluar la situación de las comunidades, a dónde es más necesario que ese apoyo se dirija. La Junta de Buen Gobierno impone a todos los proyectos el llamado "impuesto hermano" que es del 10 % del monto total del proyecto. …. Sólo se reconocerán como zapatistas a las personas, comunidades, cooperativas y sociedades de producción y comercialización que estén registradas en una Junta de Buen Gobierno… Los excedentes o bonificaciones por la comercialización de productos de cooperativas y sociedades zapatistas se entregarán a las Juntas de Buen Gobierno para que se apoye a los compañeros y compañeras que no pueden comercializar sus productos o no reciben ningún tipo de apoyo.”.

Sin embargo, las repercusiones de la acción del EZLN no se pueden explicar solamente por los efectos concretos que la creación de las Juntas de Buen Gobierno tenga en los territorios bajo control zapatista. Y es que, con esta acción y en el contexto nacional que antes describimos, la dirección del EZLN logra realizar una rápida jugada que le permite ganar posiciones como fuerza actuante en la escena política de México, después de largos meses a la expectativa. Esta acción tiene distintas aristas: por una parte, al enfatizar la necesidad de la “resistencia pacífica” y tomar medidas militares como la retirada de retenes en algunos puntos (al mismo tiempo que anunció que el Comité Clandestino Revolucionario Indígena anunció que respaldará dichos gobiernos), sugiere tácitamente la posibilidad de un “adiós a las armas”. Por otro lado, con la denuncia al gobierno y a los partidos, y con un discurso que incorpora reivindicaciones más amplias como el llamado a “defender de manera conjunta y coordinada la soberanía nacional” y, a oponerse de forma "frontal y radical a las inminentes privatizaciones de la energía eléctrica, el petróleo y otros recursos naturales", se plantea la posibilidad de su conversión en un movimiento político nacional de oposición al gobierno. Como planteaban algunos medios de comunicación: “Los zapatistas están de regreso”, y aparecen ante las masas como una fuerza política con capacidad de acción y con un discurso opositor, a la izquierda del régimen de partidos. Esto probablemente reforzará su atracción sobre sectores de la vanguardia juvenil, el movimiento campesino y, en menor medida, de los trabajadores, aprovechando además la crisis del PRD y la imagen que este tiene (reforzada en las ultimas semanas) de ser un partido que reproduce a su interior las prácticas del priísmo.
El impacto que la acción del EZLN tenga sobre el desempeño de las masas de la nación y de Chiapas mismo, en gran medida aun está por verse. Puede ser un aliciente para que salgan a luchar -en la reivindicación de sus demandas- sectores del campesinado y del movimiento indígena, así como alentar nuevas experiencias de lucha por la autonomía.
En el caso de Chiapas, la acción zapatista se da en un contexto marcado por un debilitamiento del gobernador Salazar Mendiguchía (que llegó al gobierno como candidato de una alianza PAN-PRD) y un avance del PRI. Aunque la política oficial del gobierno sea de relativa conciliación (ver abajo) en Chiapas, no podemos descartar que la medida tomada por la dirección del EZLN lleve a una mayor polarización y nuevos enfrentamientos entre zapatistas y paramilitares. Más aun en un contexto marcado por importantes movilizaciones de apoyo a los normalistas, que ya han cobrado un muerto y que amenazan continuar en los días siguientes.

LA LUCHA POR LA AUTODETERMINACIÓN Y LA CUESTIÓN DE LA TIERRA

Es una obligación para los socialistas revolucionarios, así como para todos aquellos que se consideran de izquierda y democráticos en México, defender y hacer propias las demandas de las comunidades indígenas y su derecho a darse el gobierno que decidan, e incluso a la separación si así lo resuelven. Por ello es que debemos rechazar todo intento injerencista por parte de los políticos e instituciones del régimen (quienes siempre que pueden advierten contra cualquier “peligro” separatista, como acaba de hacer el reaccionario Episcopado o el vocero nacional del PAN) y estar prestos a defender a las comunidades contra cualquier agresión que se prepare, impulsando la movilización democrática a favor de sus reclamos y su integridad. A la vez, para contribuir al triunfo de los campesinos e indígenas pobres debemos discutir cuales podrían ser las mejores políticas que permitieran concretar sus demandas.

I
Es sin duda fundamental que las bases zapatistas, después de haber esperado durante años el cumplimiento de sus demandas de autonomía por parte del gobierno federal, se plantean ahora llevarlas adelante de forma “unilateral”, expresando así un hartazgo con el gobierno “del cambio” y el nuevo régimen.
En ese contexto, la instauración de las Juntas de Buen Gobierno y el discurso enarbolado por la comandancia zapatista abre un debate en torno a los alcances y los límites de las formas de autonomía propugnadas, que está en el centro de la discusión tanto de la izquierda y de los movimientos sociales en México, como en los medios de comunicación y al interior mismo del régimen.
Por ejemplo, periodistas como Carmen Arístegui han planteado que “el EZLN sanciona una situación dada”, en el sentido de que su autogobierno ya existe en los hechos y que tienen un dominio territorial gracias, entre otras cosas, a un proceso de reubicación de los hacendados propiciado por el gobierno. Distintas figuras del perredismo afirmaron que las juntas están “dentro de la constitución”, en tanto que otros invocan que las mismas se enmarcan en la legislación internacional de la ONU. Como parte de esto, el gobierno del perredista Cárdenas Batel, en el Estado de Michoacán, anunció que apoyará y avalará la instauración de comunidades autónomas de la nación purépecha. Mientras tanto, el gobierno, interesado en no abrir un nuevo foco de tormenta en Chiapas planteó que “respetaran las formas (del movimiento indígena)” y afirmó, a través de Santiago Creel, Secretario de Gobernación, que “(las juntas) pueden ser encuadradas en la legislación nacional”.
Este posicionamiento de sectores del régimen obedece a su intención de reconocer como “un signo de madurez política” de la guerrilla zapatista lo que interpretan como un “adiós a las armas”, persiguiendo una integración política de Marcos y el EZLN al régimen.
Con esta política, el gobierno en particular intenta aparecer como tolerante, intentando transformar su debilidad (la incapacidad de responder militarmente sin poner en riesgo la “transición”) en virtud. No debemos olvidar que si el gobierno lograse aparecer “resolviendo Chiapas” tendría más margen para avanzar sobre los trabajadores con la reforma laboral, la energética y otras medidas antipopulares.

II
A pesar de lo que plantean representantes de los partidos patronales, las Juntas de Buen Gobierno no pueden ser simplemente vistas como la Constitución (burguesa) hecha carne, ya que son parte de un proceso de resistencia de años contra el Estado burgués y expresan las aspiraciones de sectores de los pueblos indígenas. Justamente, lo que intenta el régimen es una cooptación e institucionalización de este movimiento.
Pero debemos considerar que si el régimen puede presentar las Juntas como compatibles con la Constitución (y afirmar que las mismas no cuestionan la propiedad de la tierra) es porque la autonomía, en los términos formulada por el EZLN en los Acuerdos de San Andrés, deja la puerta abierta para ello.
Esta consideración es objetiva y por fuera de todo sectarismo. Sin negar la justeza del reclamo de las comunidades al denunciar el incumplimiento gubernamental de los acuerdos, los mismos disocian la reivindicación de autonomía respecto a la necesidad del acceso a la tierra y a los recursos naturales. La autonomía sólo puede ser efectiva y real, en la medida que las comunidades tengan la posibilidad de acceder realmente a la tierra y al usufructo de las riquezas del suelo, que son derechos históricos de las mismas desde la época prehispánica y que han sido arrebatados en una historia de robo y saqueo –una acelerada acumulación de tierras comunales sobre la que se abrió paso el capitalismo mexicano- cuyo último gran capítulo fue la reforma al articulo 27 constitucional por parte de Salinas y las modificaciones a la ley agraria impulsadas por Zedillo.
Estas limitaciones de los Acuerdos de San Andrés –que son presentados como un programa para el movimiento indígena- deben ser superadas para que las decenas de nacionalidades, a las cuales se dirige el EZLN, puedan alcanzar el derecho histórico a una autodeterminación y profundizar su lucha. Esto es impensable sin la restitución de las tierras arrebatadas a los pueblos indios y la consecución de una reforma agraria radical que les dote de tierras suficientes, a expensas de los terratenientes y las transnacionales, así como contrarrestar la contrarrevolución agraria sufrida y eche abajo la reaccionaria reforma al artículo 27).
Cuando los representantes del régimen afirman que las Juntas son encuadrables en la Constitución, en realidad están diciendo que son encuadrables en el régimen de la propiedad privada. Los representantes del régimen saben bien que si el movimiento indígena y campesino de México comenzara a cuestionar la gran propiedad privada de la tierra sería un avance fundamental en retomar las experiencias revolucionarias del siglo XX y en particular del movimiento zapatista de la primera revolución mexicana.

III
Muchos intelectuales y muchos compañeros de izquierda han planteado la existencia de una continuidad histórica y política entre el accionar de Marcos y la comandancia del EZLN respecto al desempeño de Emiliano Zapata.
Es importante recordar que Zapata afirmaba, en el Plan de Ayala, que “Todas las tierras, todos los montes, todas las aguas que han sido robadas por los hacendados, científicos y caciques, ejerciendo una tiranía horrible y una justicia envenenada, deben ser reintegrados inmediatamente, como propiedad a los pueblos y sus habitantes, que tienen derechos a esta propiedad de la que han sido expulsados por sus opresores”. En la historia de la lucha de clases de nuestro país, el ansia de tierra ha sido una demanda motora de la movilización revolucionaria de las masas del campo. Como los yaquis contra el régimen de Porfirio Díaz, como la guerra de castas en Yucatán y como la revolución de 1910/17. Durante el siglo XX, numerosos movimientos campesinos han surgido, hasta llegar al movimiento liderado por el EZLN, que puso a la orden del día, objetivamente, la resolución del problema (cuestión) de la tierra como necesaria para resolver la situación de las masas del sureste (aunque la dirección del EZLN haya abandonado sus demandas iniciales con las que surgió públicamente en1994). En estos movimientos, y en particular en la revolución de 1910/17, el campesinado pobre cuestionó en forma abierta y mediante las armas la propiedad burguesa – terrateniente, desarrollando en su lucha una dinámica anticapitalista. Sin embargo, frente a los mismos surgieron diferentes respuestas de la burguesía, que buscaron institucionalizar las demandas campesinas, y que durante los años 20 y 30 desarrollaron una “ficción de reforma agraria” que entregó solo un 3.5% de tierras a los campesinos. El carácter revolucionario de la dirección de Zapata fue que puso en el centro de la movilización de los campesinos del sur la demanda de ¡la tierra para quien la trabaja!, lo que le permitió organizar la más alta experiencia de autonomía campesina del siglo XX, en México y Latinoamérica, la Comuna de Morelos, el pueblo en armas.
Por el contrario, escindir las demandas de autonomía respecto a la lucha por la tierra, abona el terreno para un nuevo “paternalismo” burgués como el que propugnan Cárdenas Batel y el PRD nacional, donde el estado fiscaliza e incorpora la autonomía, con el fin de quitarle toda peligrosidad e impedir que se desarrolle hacia una lucha revolucionaria, y con el fin también de cooptar sus organizaciones. Esta vía no sólo impide resolver las penurias y la pobreza del campo, sino que sólo ofrece una autonomía constantemente retaceada y limitada por el régimen burgués, que se reservará su derecho último a gobernar sobre las comunidades.

LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y EL ESTADO MEXICANO

La lucha por una real autonomía para las comunidades, conduce al enfrentamiento con el estado que difícilmente tolerará que se cuestione la gran propiedad terrateniente. Y es que el represor y antidemocrático estado mexicano, más allá de reformas formales que pueda tolerar, es un instrumento al servicio de los capitalistas y el imperialismo; tan es así, que ni siquiera aceptó hacer ley los acuerdos de San Andrés.
Por lo que, el enfrentamiento físico con las fuerzas armadas del estado y los paramilitares financiados por los terratenientes, que defenderán su propiedad mediante la violencia y la coerción, es una perspectiva que ha sido y se avizora sin duda real. Las comunidades de Chiapas y las organizaciones campesinas del resto del país saben muy bien de esto, como lo testimonian las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Charco y los cientos de muertos y de presos políticos.
En ese marco debe considerarse la transcendente decisión tomada por el EZLN, de retirar los retenes y puestos de control en las comunidades. Esto plantea el problema de cómo podrán éstas defenderse de los ataques paramilitares, considerando que las fuerzas del EZLN sólo aparecerán en caso de “alerta roja”. Si las comunidades deben defenderse del Estado y los paramilitares, éste debería poner sus armas a disposición de las comunidades autónomas para que puedan implementarse milicias de autodefensa autoorganizadas democráticamente. Si esto es así en Chiapas, donde se trata de defender posiciones conquistadas, cobra un rol más crucial en otros estados, donde la lucha por una verdadera autonomía partiría de no contar con territorios controlados, lo que llevará a poner en primer lugar el problema de la autodefensa.

Otra de las cuestiones que ha salido a la luz, son los problemas en la relación EZLN - comunidades autónomas. Marcos mismo afirmó que "la estructura militar del EZLN 'contaminaba' de alguna forma una tradición de democracia y de autogobierno. El EZLN era, por así decirlo, uno de los elementos 'antidemocráticos' en una relación de democracia directa comunitaria". Ante ello se anuncia que las Juntas estarán integradas por representantes de las comunidades, quienes tendrán en sus manos el autogobierno. Es necesario profundizar la discusión sobre esta cuestión. Y es que la raíz de este problema estriba en la estructura militar y verticalista de la guerrilla, su predominio político y su rol como monopolizadora del armamento, que se contraponen a una practica de libre autodeterminación. Y es sin duda clave, para garantizar una lucha seria, desarrollar la autoorganización democrática de los campesinos e indígenas pobres; ya que sólo puede haber real autonomía si existe una real democracia de los oprimidos.

AUTODETERMINACIÓN FORMAL Y AUTODETERMINACIÓN REAL

En un artículo reciente, Marcos Rascón, integrante del ala “izquierda” del PRD, afirma que “Contra lo señalado por distintos voceros gubernamentales, la construcción de instituciones autonómicas de facto y el autogobierno de miles de indígenas no abre las puertas al diálogo con el gobierno y la clase política.”, para terminar afirmando que: “Las Juntas de Buen Gobierno anuncian la emergencia de un nuevo poder constituyente”. Por su parte, las corrientes autogestionarias y autonomistas, e intelectuales como John Holloway probablemente, encontrarán en la emergencia de las juntas de gobierno una expresión de sus postulados de “cambiar al mundo sin cambiar el poder”.
Rascón no se equivoca en considerar, a lo largo de su artículo, que las acciones que sugieren el derecho inalienable de los pueblos indígenas a autodeterminarse y a definir su propio gobierno, suscitan el odio de las instituciones del México burgués, que intentan evitar su desarrollo. Sin embargo, cabe preguntarse si es acertado suponer, como muchos entienden, que el desarrollo de las Juntas suponen, por si mismas, “un nuevo poder constituyente”, esto es un poder alternativo al poder burgués.

I
Un analista político plantea que “el problema es que el territorio rebelde no puede depender sólo de "proyectos y apoyos" de los voluntarios, ya que no puede aislarse del mercado del café, del de las artesanías, de la mano de obra, de la madera y otros recursos, sobre todo porque el maíz de la milpa y los productos de autoconsumo no alcanzan sino para comer un cuarto del año y todo lo demás -alimentos, medicinas, servicios, ropa, etcétera- hay que comprarlo en el mercado, con dinero en efectivo.” (Guillermo Almeyra, 10/8/2003 La Jornada).
En ese sentido aunque las “Juntas de Buen gobierno” puedan mediatizar, al interior de las zonas autónomas, determinados aspectos de las relaciones capitalistas (como intentar compensar la desigualdad existente), es imposible que se sustraigan a la influencia del mercado capitalista. En primer lugar, por la cuestión ya citada del intercambio de mercancías con el “exterior”, que implica la acción constante de la ley del valor. Y, en segundo término, por la necesidad de garantizar una mayor productividad del trabajo y el acceso a los adelantos tecnológicos para el campo, que exigen de la relación con la ciudad y la gran industria.
Es por ello que el autoconsumo y el trueque no permiten abandonar la situación de pobreza ni acceder a las ventajas que el desarrollo de las fuerzas productivas pueden implicar para la producción agropecuaria. En este sentido, el proyecto zapatista no es suficiente para contrarrestar la desigualdad existente, y marcada por Marcos, que se ha intensificado a partir del intento de unas comunidades por sacar provecho de determinadas ventajas comparativas, como un mejor acceso a las vías de comunicación, al turismo, etcétera. Debemos considerar entonces que las comunidades autónomas, si bien implican efectivamente un cierto y relativo “poder” territorial, no pueden ser consideradas como entes autárquicos por fuera de la relación y el vinculo con la moderna sociedad capitalista.

II
Justamente por ello, y mas allá de que la instauración de las juntas abra o no “las puertas al diálogo con el gobierno y la clase política”, no se puede pensar la construcción de un “poder constituyente” (antipoder o contrapoder) por fuera de una lucha estratégica por concentrar el control de los medios de producción y circulación en manos de los oprimidos y explotados de México. Solo así podrá transformarse la autonomía actual en una autodeterminación real para las masas del campo y de la ciudad.
Esto significa, concretamente, que sólo mediante la expropiación sin pago de las propiedades de las multinacionales, los capitalistas y los terratenientes en el campo y la ciudad, puede garantizarse el acceso no solo a la tierra, sino también a créditos baratos, maquinaria, abonos y transporte. Esto permitirá la unidad y organización de los productores del campo y la ciudad y el establecimiento de un plan nacional concertado entre las organizaciones obreras y campesinas, que posibilite un desarrollo armónico de la agricultura y la industria en función de las necesidades de las grandes mayorías. Esto la imprescindible participación y concurso de la clase obrera mexicana, una fuerza social de millones concentrada en las fábricas, las empresas de comunicación, servicios y las finanzas, que no solo tiene el potencial de paralizar, con su acción y sus métodos de lucha, la producción y circulación de mercancías, sino que puede tomar en sus manos y poner la producción al servicio de la nación oprimida y de las masas del campo, así como respetar y garantizar el derecho de los pueblos originarios a su propio gobierno.
De igual forma, no hay un verdadero “poder” sobre las condiciones de producción y de vida de los oprimidos sin quebrar la dominación imperialista sobre la nación. El TLC implica hoy la miseria y la ruina para millones de campesinos e indígenas pobres, obligando a decenas de miles a emigrar a los EE.UU. como mano de obra barata. Para profundizar su lucha, los campesinos e indígenas zapatistas (y todos los pueblos indígenas oprimidos), tienen planteado movilizarse por el desconocimiento del TLC y la deuda externa, así como por la ruptura de todos los lazos que nos atan al imperialismo. En esta tarea es fundamental el rol de la clase trabajadora, que puede llevar adelante este programa, así como impulsar la nacionalización de la banca y el control del comercio exterior que someten la economía y las finanzas a los países imperialistas y arruinan a los pequeños productores.
En síntesis, para alcanzar la emancipación económica y política es fundamental conectar estas experiencias de autonomía con una perspectiva superior que, mediante una alianza de los trabajadores y los campesinos e indígenas pobres, ataque los centros de la dominación capitalista en México y permita que los explotados y oprimidos tengan el control efectivo de todos los resortes de la economía. Quienes consideran a las Juntas de Buen Gobierno como un nuevo poder constituyente (o antipoder) por fuera de la imprescindible vinculación con los trabajadores urbanos y de una lucha centralizada contra el dominio del capital, no están ayudando a impulsar una perspectiva superior para estas luchas. Ya que pone en riesgo su subsistencia a largo plazo, y las desarma políticamente para enfrentar los intentos del poder capitalista de absorberlas y neutralizarlas, no sólo por la vía de la represión política-militar, sino también la vía del chantaje económico y de la misma imposición de las leyes “automáticas” del mercado.

LA LUCHA CONTRA EL GOBIERNO Y POR UN GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES Y CAMPESINOS POBRES DE MÉXICO

Lo que planteamos antes nos lleva directamente a la discusión sobre la lucha por el poder y a su expresión política concreta: la pelea contra el régimen de la alternancia y el gobierno de Fox. Y es que mediante una estrategia de tolerancia y coexistencia con el poder político de los explotadores es imposible concretar el acceso a la tierra por parte de los campesinos e indígenas pobres y a los mejores medios para trabajarla, así como resolver las cuestiones acuciantes que el mismo Marcos planteo en sus comunicados: “salud, educación, alimentación”.

I
En los últimos meses, la dirección del EZLN ha lanzado numerosas criticas contra “todos los partidos con registro” (incluyendo al PRD) y la “clase política”. Y ha radicalizado su discurso político, incorporando demandas de mayor alcance y amplitud, incluyendo la unidad campesina. Esto es, en verdad, positivo e importante. Pero también es cierto que no era necesario esperar 7 años para concluir que el PRD y el Congreso de la Unión no estaban a favor de las masas campesinas; durante todos esos años, como planteamos entonces los marxistas revolucionarios, la acción de esas instituciones mostró con suficiencia su rol de soporte de la ofensiva imperialista contra el país y su carácter de enemigos de la causa de los desposeídos del sureste mexicano.
Sin embargo, desde 1994 la dirección del EZLN desarrolló una política de presión sobre las instituciones del régimen. Evidentemente no es incorrecto presionar a la burguesía para obtener objetivos que permitan mejorar, aunque sea coyunturalmente, la situación de los oprimidos, ni lo es tampoco negociar con el gobierno, lo que puede ser necesario y hasta imprescindible en determinadas situaciones. Pero eso no es lo mismo que sostener que la negociación con el régimen y las reformas constitucionales pueden resolver realmente las demandas de las masas indígenas del sureste mexicano. O sustentar que el fortalecimiento del Congreso de la Unión y de la oposición burguesa permitiría una efectiva “democratización” del reaccionario priato. En el contexto de la militarización y represión estatal, esta política hizo al EZLN incapaz de enfrentar la trampa de la “transición pactada”, y desarmó políticamente a sus propias bases, creando ilusiones en sectores de la izquierda en que por esa vía de resolverían las demandas indígenas y campesinas.
Cuando la gran caravana por la defensa de los derechos y la dignidad indígena recorrió el país a inicios de 2001, la estrategia del EZLN (presionar al Congreso de la Unión para que vote la ley indígena), fue burlada por Fox y el Congreso mediante la sanción, en la reaccionaria cámara de Senadores y con el voto de los 3 partidos, de la “ley indígena” del régimen. Lamentablemente, el resultado de ello fue la desmoralización de amplios sectores de campesinos e indígenas pobres que venían resistiendo heroicamente la represión y las persecuciones.

II
La última década enseñó claramente para las grandes mayorías del campo que nada bueno vendrá de la confianza en los representantes políticos de la burguesía (como el PRD), enseñanza que la historia del último siglo (se) mostró sobradamente. Hace más de 60 años un revolucionario mexicano escribía “La situación económica y política de México en la que las posiciones yanquis se refuerzan día a día, a pesar del carácter progresista que se le pueda acordar a las medidas de tipo de la expropiación petrolera, demuestra de manera irrefutable que en México y en América Latina, las burguesías indígenas que llegaron al poder a continuación de la revolución del tipo mexicano son, y no pueden no serlo, a pesar de sus apetitos nacionalistas, simples apéndices del imperialismo” (Octavio Fernández, Que ha sido y adonde va la revolución mexicana, Clave nro.3 - 4), con aun más razón hoy, cuando se ha acrecentado su subordinación al imperialismo y los fuertes intereses creados en la explotación de las masas del campo, la burguesía y sus partidos demostraron ser enemigos de resolver las demandas más acuciantes de éstas. Como lo muestra que ante el colonizador TLC, los opositores burgueses del PRD se limitan a exigir una “renegociación” del mismo, esto es una renegociación de la opresión y el saqueo imperialista. Estas definiciones estratégicas –de las que lamentablemente carece la dirección del EZLN- son fundamentales para no ceder a nuevas corrientes burguesas “nacionalistas” como la que insinúan sectores del PRD representados por el citado Rascón o Álvarez Garin.

III
Como planteamos en el apartado previo, la clase trabajadora es el aliado indispensable del movimiento de indígenas y campesinos pobres en la consecución de sus demandas ancestrales. A partir de superar las trabas que imponen las direcciones sindicales burocráticas, quienes preservan la confianza de los trabajadores en los partidos patronales, la alianza de la clase obrera con las masas rurales tiene por delante una lucha contra el gobierno y el régimen de la alternancia. Pero el objetivo estratégico de la misma no puede ser más que la lucha revolucionaria por el poder político, y conquistar un gobierno basado en los organismos de democracia directa de los trabajadores y los campesinos pobres. Y es que sólo mediante la expropiación de los expropiadores podrá generalizarse y llevarse adelante una verdadera autodeterminación de las masas mexicanas, a través del control de los principales resortes de la economía y la participación democrática en todos las decisiones de la sociedad, demostrando la capacidad de los productores y la prescindibilidad de los capitalistas y terratenientes. De esa forma podrán resolverse positivamente las demandas de las masas rurales y los pueblos indígenas.
Sin embargo, el subcomandante Marcos ha afirmado repetidas veces, como dijo en el Zócalo en marzo del 2001, que “No somos quienes aspiran a hacerse del poder y desde él imponer el paso y la palabra. No seremos quienes ponen precio a la dignidad propia o a la ajena y convierten la lucha en mercado donde la política es quehacer de merchantes, que disputan no proyectos sino clientes.”. Si esto puede generar simpatías en sectores de la vanguardia en tanto denuncia del poder de los capitalistas, representa en realidad una renuncia al poder de los explotados y oprimidos.
Bajo esta lógica política, aunque se proclame un programa más radical y se denuncie a los partidos patronales, se termina aceptando el poder de los explotadores y el mantenimiento del sistema capitalista, que, como ya planteamos, no puede ser derrotado sólo mediante la acumulación de experiencias de autonomía (como proponen distintos intelectuales), disociadas de la lucha por el control de los medios de producción y del ataque al centro de la dominación capitalista y su estado. La renuncia al poder para los explotados termina llevando a una estrategia de reforma del capitalismo, la cual ya se expresó en los años pasados y puede, en el futuro, conducir a confiar en nuevas alas “opositoras” y “democratizadoras” que surgieran del seno de los partidos de la burguesía.
Desde nuestro punto de vista, se trata de impulsar una perspectiva que, a partir de desarrollar una alianza revolucionaria de la clase trabajadora y los campesinos y retomar la resistencia y las luchas de sectores del movimiento de masas del campo y la ciudad, persiga la realización de una segunda revolución, obrera y socialista, que logre expropiar a los expropiadores y resolver las demandas de las masas de la ciudad y del campo. En esa lucha, los trotskistas de la LTS-CC luchamos por construir un gran partido revolucionario que sea capaz de llevar adelante esa estrategia.

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