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Orán: El Ingenio Tabacal militariza y cerca territorio indÃgena
Por Pablo Indio ((i)) -
Wednesday, Sep. 08, 2004 at 3:45 PM
pabloindio@riseup.net
Integrantes de la Comunidad IndÃgena Guaranà El Tabacal denunciaron que la empresa azucarera, propiedad de la multinacional estadounidense Seabord Corporation, destruyó todos los accesos al paraje La Loma. Mientras tanto en la Comunidad Tupà Guaranà El Algarrobal, ubicada en la banda sur del paraje RÃo Blanco, continúa operando la seguridad privada contratada por el Ingenio: el grupo Search, también de origen estadounidense. El mismo que el 5 de agosto apaleó a numerosos integrantes de la comunidad y obligó la hospitalización de uno de ellos durante una semana. Los últimos hechos en La Loma sucedieron horas después que una delegación de la Comisión de Población de la Cámara de Diputados de La Nación visitara la región y comprobara las constantes denuncias de violaciones a los derechos indÃgenas. Por su parte, el Secretario de Gobierno de la Provincia de Salta, Raúl Romeo Medina, habÃa manifestado la semana anterior en el Congreso Nacional que â€no hay antecedentes de una provincia que haya trabajado tanto por las tierras de nuestros hermanos indÃgenasâ€.
La Comunidad El Tabacal de la localidad de Hipólito Irigoyen difundió ayer mediante un comunicado de prensa que empleados del Ingenio Tabacal derribaron los precarios puentes que dan acceso a las 5000 hectáreas que reclaman, conocidas como La Loma, y realizaron murallas de tierra con topadoras. También denunciaron un incremento en las amenazas y persecusiones hacia integrantes de la comunidad, que comenzaron en septiembre del 2003, cuando intentaron recuperar las tierras de las que fueron desplazados décadas atrás. El abogado de la comunidad, Hernán Mascietti, había denunciado el 31 de agosto que los efectivos de la seguridad privada de la empresa “ahora van por La Loma” y que “están trayendo perros para olfatear a los indios y perseguirlos por el monte”.
“Volvemos al año 20” afirmó el asesor legal de las comunidades de Orán, al tiempo que se hacían públicas las primeras imágenes de los guardias del Ingenio armados con palos, machetes y garrotes con púas. Las fotografías fueron registradas el 5 de agosto en la banda sur del paraje Río Blanco, a 4 kilómetros de la ciudad de Orán, cuando el grupo Search atacó a integrantes de la Comunidad El Algarrobal, quienes mantienen una disputa con la empresa azucarera por las 200 hectáreas que ocupan desde hace 30 años.
La Comisión de Población de la Cámara de Diputados de La Nación citó el 24 de agosto a funcionarios del gobierno provincial para que dieran explicaciones ante las denuncias provinientes de las comunidades El Tabacal, Río Blanco Banda Sur y Río Blanco Banda Norte, también conocida como Comunidad Kolla Guaraní. Esta última, con una superficie de 300 hectáreas, mantiene un conflicto con otra empresa llamada Río Zenta SRL, aunque según rumores registrados en Orán durante el mes de marzo, sería una subsidiaria del Ingenio Tabacal.
El Secretario de Gobierno de Salta, Raúl Romeo Medina, respondió ante los diputados que las informaciones llegadas desde Orán tienen un “cierto margen de tergiversación” y que “en la provincia no tenemos ninguna situación de gravedad en cuanto a la integridad física o en cuanto a la posibilidad de violencia”. ”En el país no hay antecedentes de una provincia que haya trabajado tanto por las tierras de nuestros hermanos indígenas” aseguró.
Por su parte, el interventor del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), Luis Gómez Almaraz, destacó que el gobierno de Juan Carlos Romero está brindando asistencia jurídica y financiera a las comunidades. Pero consultado por un corresponsal de Indymedia, el abogado Hernán Mascietti aclaró de qué se trató la asistencia: “Cuando sucedió el desalojo a Río Blanco Banda Norte (Kolla Guaraní) y los dejaron en la ruta, ellos pidieron apoyo al IPPIS. Entonces vino Gomez Almaraz y pagó 35 estampillas de 18 pesos cada una para las nulidades que presenté. Ahora el secretario de la Comunidad Río Blanco Banda Sur (El Algarrobal) recibió 100 pesos para el estampillado del interdicto posesorio que presentamos hace tres semanas”.
Medina justificó la falta de respuestas a la Comunidad El Tabacal con un argumento recientemente descartado por el gobierno nacional: que la comunidad se encuentra dividida. “En este momento tiene dos dirigencias. Es decir, dos presidente y dos secretarios porque hay un fraccionamiento dentro de la comunidad, cosa que es tal vez habitual”, explicó el funcionario. El Secretario de Gobierno se refirió así a la comisión directiva encabezada por Mariel Chávez, una puntera política de excelentes relaciones con el Ingenio Tabacal. Esta ‘dirigencia’ se consagró en una reunión que se realizó el 26 de febrero en Hipólito Irigoyen con la participación de los interventores del IPPIS Raúl Gómez Almaraz y Oscar Valdivieso, según consta en una filmación.
Luego de reiteradas denuncias por parte de la Comunidad El Tabacal, el 29 de junio el director del INAI, Jorge Rodríguez, dictó una resolución donde rechaza la legitimidad de la comisión de la que habla el funcionario provincial: “Comunico que este Instituto desconoce la reunión realizada en fecha 26 de febrero de 2004 ya que la misma fue realizada desatendiendo al estatuto aprobado por la Comunidad Indígena Estación Tabacal y por haber tenido como resultado la designación de personas que no forman parte de la comunidad”. Durante el lapso que la comisión de Mariel Chávez fue reconocida por el INAI, sus integrantes sacaron una personería jurídica provincial y realizaron, en nombre de la comunidad, varios acuerdos con los directivos del Ingenio y las autoridades del gobierno de Romero.
Las constantes denuncias contra el Ingenio Tabacal y el gobierno de Salta por violaciones a los derechos indígenas lograron llamar la atención de los grandes medios de comunicación, y ganaron el repudio de distintos organismos nacionales e internacionales. En una carta dirigida el 10 de agosto al Secretario de Derechos Humanos de La Nación, Luis Duhalde, la organización no gubernamental Foodfirst Information & Action Network (FIAN), con sede en Alemania y status consultivo ante las Naciones Unidas, declaró:
“La falta de reconocimiento del derecho a las tierras de la comunidad indígena Guaraní de Río Blanco Banda Sur contradice abiertamente los compromisos adquiridos por Argentina con el Derecho Internacional y regional. FIAN Internacional considera que la inseguridad de posesión integral de tierras de las comunidades indígenas limita la plena realización del Derecho Humanos a la Alimentación, reconocido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y viola el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo que establece que los Estados miembros, entre ellos Argentina, se comprometen a garantizar la protección efectiva de los derechos de propriedad y posesión de tierras de las comunidades indígenas”.
También se manifestaron el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) que conduce el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de Comunidades Aborigenes de Santa Fe (OCASTAFE), entre otras. Por su parte el Diputado Nacional José Roselli, del Bloque Convergencia, presentó el 11 de agosto un proyecto de repudio en el Congreso Nacional.
Foto: Guardias privados del grupo Search apostados en la Comunidad El Algarrobal (Juana López)
Un saludo y una aclaración
Por Equipo Parlamentario del Diputado Roselli -
Thursday, Sep. 09, 2004 at 4:55 AM
Queridos compañeros, nos parece muy buena la crónica de los hechos de Orán que ustedes relatan. Y simplemente, con el ánimo de ser justos, y de completar aún más la noticia, nos vemos en la obligación de aclarar que tanto nosotros, el Diputado Nacional José Alberto Roselli y la propia misión FIAN que ustedes bien señalan, fueron coordinadas por los compañeros del MOCASE, quienes estuvieron en el lugar varias veces, junto con el Diputado Roselli. Sin ellos, muchas de nuestras intervenciones en conflictos de tierras hubieran sido muy difíciles.
Un gran saludo fraternal, y adjuntamos comuniucado de prensa de aquéllos días.
Equipo Parlamentario Diputado Nacional José Alberto Roselli
Despacho de prensa 11/08/04
Diputado Nacional José A. Roselli – Bloque Convergencia
Desalojo de comunidades en Salta: Proyectos de Diputados y presión de Organismos internacionales
Mediante dos proyectos de Declaración y Resolución, el Diputado Nacional por el Bloque Convergencia, José Alberto Roselli, expresó ayer, junto a la Diputada Lucrecia Monteagudo –y la firma de los Diputados Miguel Bonasso y Patricia Walsh- su enérgico repudio a la represión e intento de desalojo, sin orden judicial, realizada en El Tabacal, Departamento de Orán, en la Provincia de Salta, contra los pobladores originarios que intentaban defender sus tierras. Además, le solicitó al Poder Ejecutivo que informe si ha tomado conocimiento de la situación.
El Diputado Roselli, quien estuvo en Salta junto a campesinos del Mocase resistiendo solidariamente con las comunidades frente al avance de las topadoras, señaló que “hay que terminar de una vez con el modelo neoliberal y privilegiar los Derechos Humanos fundamentales, como los derechos a la vida, a la tierra y la alimentación. Exigimos la urgente libertad de los siete hermanos detenidos, que se haga responsable de estos actos al Ingenio San Martín del Tabacal y la restitución de las tierras a los hermanos de Río Blanco”.
La organización no-gubernamental de Derechos Humanos FIAN Internacional, que cuenta con status consultivo ante las Naciones Unidas, envió una carta al Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, en la que expresa que “la falta de reconocimiento del derecho a las tierras de la comunidad indígena Guaraní de Río Blanco Banda Sur contradice abiertamente los compromisos adquiridos por Argentina con el Derecho Internacional y regional.”
Paradójicamente, en el último informe de la Jefatura de Gabinete, a la siguiente pregunta realizada por el Diputado Roselli: “¿Qué verificación se realiza, por parte del Gobierno, acerca del cumplimiento de las leyes provinciales, nacionales, y Pactos Internacionales con rango constitucional que protegen a dichas comunidades por parte de los gobiernos provinciales”? La respuesta del Ministerio de Desarrollo Social fue la siguiente: “Existen contactos fluidos y permanentes con los organismos provinciales encargados de implementar políticas con las comunidades indígenas, y articulación de diversos programas de regularización dominial de tierras, proyectos de desarrollo sustentable y educación intercultural.” (Informe del Jefe de Gabinete de Ministros al H. Congreso de la Nación, Nº 62, Tomo I, pag. 25, julio de 2004).
José Alberto Roselli
Obrero Metalúrgico – Diputado Nacional Bloque Convergencia
Prensa: Martín Echenbaum 15-5617-2181 / 6310-7430
re:
Por P. Indio -
Thursday, Sep. 09, 2004 at 8:10 AM
La omisión no fue adrede, ahora veo como agregar la información
(ventajas del periodismo on-line)
Gracias!
COMENTARIO: "EL INGENIO EL TABACAL MILITARIZA Y CERCA TERRITORIO INDIGENA"
Por Asunción Ontiveros Yulquila -
Thursday, Sep. 09, 2004 at 11:10 AM
kyulquila49@yahoo.com.ar 03887 -425 - 3433 Av. Remedios Escalada Nº 425; Barrio 25 de Mayo; Palpala; JUJUY
La guerra contra los pueblos indios por parte de la República Federal Argentina viola sistemàticamente los fundamentales DERECHOS HUMANOS, consagrados en la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU, como también los derechos de la Libre Determinación de los pueblos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, INAI no tiene competencia para desconocer a las autoridades de las organizaciones de los pueblos indios que existen en la Argentina. El accionar ilegal del Ingenio Tabacal contra los habitantes aborígenes de La Loma es segregacionista, racista y viola la Carta Constitucional reformada en 1994.
Que la empresa Seabord Corporation utilice perros para olfatear indios y perseguirlos por el monte, es un retorna a la viejas pràcticas de los invasores y genocidas españoles. Los perros comían indios de la resistencia y a los que defendían sus soberanías territoriales.
El Estado de Derecho no existe en la Argentina anti india. Existe el Estado policial y rapiña contra los pueblos indios. Las coporaciones transnacionales son organizaciones mercenarias que operan en forma similar a las companías de los "conquistadores" del siglo XVI. Lo que ocurre con las víctimas de la AMIA, contra las mujeres violadas en Jujuy son muestras suficientes para sostener que la Justicia protege la IMPUNIDAD.
La Justicia, sea de Jujuy, Salta y la Federal desconoce la existencia de los pueblos indios. El INAI el aparato para defestrar a los dirigentes indios se asemeja a la "Comisión Honoraria de Reducción de Indios" de la década de 1940, que era funcional a los intereses expoliadores de los ingenios azucareros del NOA.
Los ingenios azucareros de las provincias de Salta y Jujuy se construyeron y se capitalizaron con sangre de millares de indios kollas, guaranés, tobas. wichis. Escibo INDIIOS porque antes y actualmente sobrevivenen insertos en un sistema colonial de DESPOJO PERMANENTE. Con copia a la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Asunción Ontiveros Yulquila.