A 1 aĂ±o de la Masacre de Magdalena : Argentina Indymedia (( i ))

A pocos días de que se cumpla un ańo de la Masacre de Magdalena, donde agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense dejaron morir por asfixia o quemaduras a 33 presos, el Juez de Garantías de La Plata Guillermo Atencio ordenó la detención de 15 integrantes de la “seguridad” carcelaria.
Entre ellos figuran el secretario de la Unidad Raimundo Fernández, el encargado de turno Jorge Marti y la segunda jefa de guardia María del Rosario Roma. Los imputados están acusados de “abandono de persona seguido de muerte”, delito no excarcelable que prevé una pena de 5 a 15 ańos de prisión.
Familiares de los agentes detenidos marcharon el martes pasado a la gobernación provincial a exigirle a Solá el desprocesamiento de los 15 detenidos. Dicen que los imputados también son víctimas del incendio (sic) y que se debe dirigir la investigación hacia los funcionarios responsables de lo ocurrido. Voceros judiciales aclararon que "la investigación no se circunscribe a los agentes detenidos. A partir de las pericias realizadas han surgido evidencias que van a llevar a la fiscalía al total esclarecimiento del hecho, que podría abarcar a las máximos funcionarios del SPB, que tienen la tarea de control y dirección".
Siguiendo la línea de jerarquías, la investigación no sólo debería llegar a los máximos funcionarios del SPB, sino también al mismísimo Felipe Solá y a su ministro de justicia, Eduardo Di Rocco como responsables de las 33 muertes de Magdalena. Dos días después de la masacre, fue el mismo Di Rocco quién salió a desmentir las declaraciones de los familiares de los muertos, afirmando que no hubo abandono de persona por parte del SPB; y que la “tragedia” se originó a partir de una pelea muy grande entre internos. Di Rocco dice garantizar la independencia de la investigación para determinar responsabilidades al sostener que la misma estará a cargo del Ministerio de Justicia y no del SPB. Nos quiere hacer creer que su cartera, la que condena y mata a miles de jóvenes por el delito de ser pobres, es independiente e imparcial y que va a llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación.
La mal llamada Tragedia de Magdalena, comenzó la noche del 15 de octubre de 2005, cuando para detener una pelea entre presos, los agentes del SPB ingresaron al pabellón 16 a reprimir con balas de goma. En ese momento, se inicia un incendio, tras lo cual, los guardias cierran con candado la puerta de salida e impiden n la entrada de los bomberos. Los únicos que acudieron al rescate de los presos fueron sus compańeros del pabellón contiguo, que a fuerza de golpes de matafuegos que sólo sirvieron para romper la pared, lograron rescatar a los pocos sobrevivientes del pabellón incendiado. Los hechos de la Unidad 28 no pueden ser considerados como una tragedia cuando se ha comprobado la responsabilidad de la “seguridad carcelaria” a la hora de actuar cerrando la salida. La Masacre de Magdalena dejó un saldo de 33 muertos de entre 20 y 30 ańos. De esos 33, sólo 3 tenían condena firme. Los 30 restantes estaban en condición de procesados con prisión preventiva, situación en la que se encuentra más del 70% de los detenidos actualmente. Gracias a las leyes de mano dura aprobadas durante el gobierno de Ruckauf, la población carcelaria recibió a 10.000 nuevos presos en el último ańo. Esta situación es la que desencadenó, a mediados de septiembre, una huelga generalizada en distintos penales bonaerenses donde los detenidos esperan durante ańos la fecha para las audiencias. No sucede lo mismo con los policías y penitenciarios condenados por asesinos y torturadores que, generalmente, son beneficiados con prisiones domiciliarias o penas leves.
El gobierno de turno, en complicidad con el poder judicial y las fuerzas de seguridad, es muy eficiente para eliminar pobres. Si no los mata de hambre con la implementación de planes económicos, lo hace en las calles con el gatillo fácil o en las cárceles y comisarías con la tortura y la muerte. Néstor Kirchner se llena la boca de “derechos humanos” ni bien aparece un micrófono. Nada dice de su policía, que es la que más jóvenes pobres ha matado en las calles, ni de sus cárceles en las que murieron más de 250 personas en lo que va de su gestión que agita como ninguna la bandera de los derechos humanos.

Porque ahora que las papas queman, los fusibles son (como de costumbre) una manga de forros que no tienen ningún poder de decisión en las condiciones de habitabilidad de los establecimientos.

Si la investigación fuera seria, tienen que empezar por encanar a los funcionarios que aprueban el final de obra en construcciones que no reúnen las condiciones de seguridad y que (cometeados segurísimamente), meten el gancho en expedientes con la santísima convicción de que nunca van a pagar las cagadas que se mandan pues la mirada judicial siempre está enfocada para abajo.

Después, un juez con pelotas en lugar de empezar a detener arrancando a partir de vigilantes cagados de hambre y por el mero hecho de haber estado de turno, debería partir desde los jefes que tienen obligación de inspeccionar todos los aspectos de prevención y salubridad y destinar recursos para optimizarlos o, efectuar las correspondientes denuncias penales si las autoridades pertinentes hacen oídos sordos para la provisión de los medios sin los cuales se incurre en abandono de persona.

De todas maneras, y aunque los vigilantes detenidos no van a pasar por las mismas carencias que los presos comunes ni van a ser alojados en los mismos lugares, les va a venir bien para aprender que cualquier boludo puede caer en cana gracias a la ideología de "cárcel fácil para los infelices" sostenidas por los ruckauf o blumbergs y que tan alegremente saben apoyar las FFSS.

Y por áhi, si alguno dentro de un par de ańos permanece guardado (cosa improbable ya que cuando se olvide un poco el tema, van a empezar a despegar), quizás empiecen a valorar un poco a los derechos humanos al verificar cómo el Estado se caga en los detenidos.-

Lo solicitó la Comisión por la Memoria, que indicó que la investigación debe profundizarse. Dicen que hubo responsabilidades más allá de la cárcel
La Comisión Provincial por la Memoria reclamó ayer que la investigación sobre la tragedia de la Unidad 28 de Magdalena se profundice hacia “funcionarios de mayor jerarquía cuyas acciones y omisiones provocaron el riesgo necesario para que estos hechos ocurrieran”, aunque expresó su agrado por la detención de 14 agentes que, según entienden, indica que “la Justicia nos da la razón”.
A pocas horas de cumplirse un ańo del incendio en el que murieron
asfixiados 33 presos del pabellón 16, los miembros de la Comisión pidieron que se agraven las imputaciones penales hasta, al menos, “tentativa
de homicidio”.
“Dentro del pabellón se disparó a mansalva contra los presos. Hay elementos para pensar que pudo haber tentativa de homicidio”, dijo el copresidente de la Comisión, el fiscal Hugo Cańón, en conferencia de prensa.
Junto a Alejandro Mosquera, integrante del Comité contra la Tortura, Cańón explicó: “Las calificaciones (legales) son insuficientes y entendemos que no abarcan a todos los responsables. Se ha cortado la cadena de responsabilidad en la jefatura de la cárcel”.
Ańadió, en este sentido, que “no se siguió hacia los eslabones superiores,
de responsabilidades penal y administrativa. El propio Jefe del Servicio
Penitenciario y quienes están por
encima de él en el Ministerio de Justicia han tenido una responsabilidad en
la planificación y el manejo de las unidades carcelarias que, al menos, permite hablar de omisiones”.
El fiscal federal de Bahía Blanca detalló que entre esas responsabilidades estaban la de haber habilitado el pabellón 16 cuando no estaba el certificado de “final de obra” ni la correspondiente habilitación de bomberos para la prevención de incendios.
“Fuimos cuatro días después de la
masacre y el agua no circulaba por las cańerías. Tampoco las mangueras eran lo suficientemente largas como para ser utilizadas”, aseguró.
Mosquera, por su parte, consideró que las responsabilidades “en primera instancia llegan a la Dirección de Administración del SPB, que realizó un ajuste del 50% (del presupuesto) y no tuvo en cuenta el requerimiento de que había para cambiar los matafuegos, no sólo en Magdalena sino en las otras unidades”.
Asimismo, los integrantes de la Comisión adelantaron que prevén reunirse con los fiscales María Laura D’Gregorio y Sergio De Lucis, a cargo de la investigación, y calificaron a las órdenes de detención como “algo positivo”. “Este aniversario tiene una respuesta judicial pero no se debe agotar acá”, enfatizó Cańón.

Una tragedia sin detenidos
La Cámara otorgó la excarcelación de los guardiacárceles que estaban presos por los 33 reclusos muertos en el incendio de Magdalena, aunque seguirán imputados hasta el juicio oral.

Aunque siguen procesados por “abandono de persona seguido de muerte”, quedaron en libertad hasta la realización del juicio oral los 15 guardiacárceles imputados por su presunta responsabilidad en la causa en la que se investiga la muerte de 33 internos en el incendio ocurrido en el penal de Magdalena, en octubre del ańo pasado. La Sala II de la Cámara de Apelaciones de La Plata hizo lugar al pedido de excarcelación de 14 guardias –uno ya estaba en libertad– y fuentes judiciales argumentaron que se tuvo en cuenta que “no puede atribuirse a (todos) los agentes penitenciarios todas las responsabilidades sobre lo ocurrido”. Esto hace suponer que algunos de los acusados pueden ser acusados por el monto máximo de la pena, que llega a los 15 ańos de prisión, mientras que otros podrían ser imputados por delitos de menor gravedad. En la causa actúan como querellantes los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que además de acumular pruebas contra los 15 procesados, intentan establecer la responsabilidad que les cupo a las autoridades del penal en los hechos que se investigan.

Rodrigo Borda, del CELS, le confirmó a Página/12 que están analizando el expediente para establecer “la actuación de los funcionarios que estaban al frente del penal y que tenían conocimiento de las condiciones en las que se encontraba el penal” de Magdalena, previo al incendio. “Ellos sabían que no contaba con un sistema antiincendios, que había 58 internos alojados en un pabellón colectivo. Cada uno de los presos contaba con un espacio de cuatro metros cuadrados, una cifra que está por debajo de la media internacional.” Borda sostuvo que las autoridades del penal “en ningún momento tuvieron en cuenta esas condiciones y por eso entendemos que pueden tener alguna responsabilidad penal”.

En su momento, el Ministerio de Justicia bonaerense hizo saber que en el sumario interno que se realiza, en forma paralela a la causa judicial, están imputados 41 guardiacárceles. En ese sumario, sobre el que está trabajando el CELS, se determinó en principio la existencia de “una serie de graves incumplimientos de funciones que, de manera concatenada, concluyeron en la tragedia”. Entre los investigados, según la información oficial, había 16 oficiales superiores y dos oficiales jefes. Los cargos iban desde “conductas negligentes, como la falta de mantenimiento de la red hídrica, hasta impericias o actitudes imprudentes, como dejar la puerta delantera cerrada en tanto intentaban sacar internos por la parte superior del pabellón”. Se estimaba, en marzo de este ańo, que unos 30 funcionarios acumulaban las conductas más graves.

El abogado Rodrigo Borda insistió en que “eran muy precarias las condiciones en que se encontraba el pabellón colectivo, previo al incendio. Esos lugares son llamados ‘pabellones de bajo costo’, por el propio Ministerio de Justicia. En el caso que nos ocupa, contaba con materiales prohibidos como el poliuretano. Uno de los peritos que estuvo trabajando en la causa nos dijo que, de mantenerse las actuales condiciones, lo que ocurrió en octubre del ańo pasado se puede repetir en cualquier momento”.

Borda coincidió en que, entre los 15 procesados, hay algunos que tuvieron “una mayor responsabilidad, como ser los que cerraron el pabellón con llave y se fueron sin que al parecer les importara lo que podía suceder”. Además de los 15 procesados y de los jefes que podrían ser imputados por los abogados querellantes, la fiscal María Laura D’Gregorio acusó a otros tres penitenciarios por el delito de “homicidio culposo”. La libertad de 14 de los 15 imputados por la Justicia se logró porque la Cámara de Apelaciones platense hizo lugar al hábeas corpus presentado por los defensores de los procesados.

Las fuentes judiciales consultadas ayer dijeron que los miembros de la Sala II de la Cámara interpretaron que “la decisión de hacer lugar a la excarcelación no pone en riesgo el normal desarrollo de la causa judicial”. La libertad fue dispuesta justo el día del vencimiento del plazo que tenía la Justicia para resolver si levantaba o no la prisión preventiva que pesaba sobre los penitenciarios. Las detenciones habían sido decididas el 5 de octubre pasado por el juez de Garantías Guillermo Atencio, que hizo lugar al pedido de los fiscales D’Gregorio y Sergio Delucis. Los guardiacárceles están acusados de no haber ayudado a salir a los 33 internos que murieron por asfixia, durante el incendio provocado por una protesta de los detenidos con quema de colchones.

los derechos humanos son solamente para los privados de su libertad o tambien existen para los agentes penitenciarios que trabajan en condiciones unfraumana y mucha veces resultan heridos?

© 2001-2018 Argentina Centro de Medios Independientes (( i )). Copyleft: Se permite la copia, distribución y uso de los contenidos de Indymedia Argentina, siempre y cuando NO se utilice con fines comerciales, a no ser que se obtenga permiso expreso del autor y en todos los casos se reconozca la autoría (poniendo como fuente https://argentina.indymedia.org ). Las opiniones o artículos vertidos por lxs visitantes o colaboradorxs en el sitio pueden no reflejar las ideas de Indymedia Argentina. Usamos software libre. sf-active v0.9.4 Descargo | Privacidad