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Denuncia contra el área de Políticas de Género de la provincia de Buenos Aires
Por Rocío Tagliabue - Tuesday, Jun. 10, 2014 at 10:10 PM

La Unión por los Derechos Humanos La Plata y la Casa de la Mujer Azucena Villaflor realizaron una denuncia pública contra Carlos Rogelio Nosenzo, quien se desempeña actualmente en la en la Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Nosenzo integra el estudio del abogado de genocidas Héctor Granillo Fernández y asumió junto a él la defensa del juez marplatense Pedro Hooft en el jury que se le realizó este año por su rol durante la última dictadura. Durante el juicio, la defensa de Hooft apuntó en reiteradas oportunidades a intentar humillar a las mujeres que daban testimonio sobre su cautiverio y a desacreditar los testimonios sobre abusos sexuales en los centros clandestinos de detención.

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La Plata, junio de 2014

Desde la Unión por los Derechos Humanos La Plata Ex-detenid@s desaparecid@s, Familiares y Compañer@s y la Casa de la mujer Azucena Villaflor hacemos pública una denuncia presentada por ambos organismos ante el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, y relatamos los posteriores acontecimientos:

En los meses de marzo y abril se desarrolló en la ciudad de La Plata el Jury al juez Pedro Hooft, con el fin de desaforarlo y poder enjuiciarlo por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.

El abogado defensor fue Héctor Granillo Fernández, un personaje tristemente conocido, ya que en el año 2009, cuando se desarrolló el juicio en La Plata por los delitos cometidos en la Unidad 9, fue el defensor del médico Corsi, implicado en las torturas y asesinatos cometidos en ese penal. Este médico fue condenado por esos delitos a la pena de trece (13) años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer la medicina.

H. Granillo Fernández ejerció la defensa de Hooft utilizando maniobras muy difíciles de calificar y de bajeza increíble, logrando desprestigiar su profesión.

Damos algunos ejemplos concretos de lo arriba señalado. En una de las audiencias, el abogado Granillo Fernández dijo a una testigo víctima, que “en una oportunidad, cuando denunció a su marido golpeador, éste la acusó de haber provocado a los que abusaron sexualmente de ella en su cautiverio". A otra testigo le nombró “su breve estadía detenida”, cuando en realidad la mujer estuvo seis meses secuestrada y torturada al extremo, al punto de quedar con gran dificultad para caminar (su marido fue asesinado en lo que se llamó “La noche de las corbatas”). Claramente estas intervenciones no pueden tener sino el objeto de desacreditarlas, desorganizarlas, quebrarlas y humillarlas.

El co-defensor, integrante del estudio del citado abogado, fue Carlos Rogelio Nosenzo. Este abogado es el mismo que, en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, se desempeña en la Dirección de Políticas de Género, asesoraba mujeres víctimas de violencia por intermedio del servicio 0800 y se ocupa de capacitar a funcionarios/as y profesionales de equipos de Violencia familiar de los municipios de la provincia de Buenos Aires.

Ante esta consternadora evidencia se decidió que el deber como organismos de DDHH era poner en sobreaviso a las autoridades de dicho Ministerio para que conozcan la enorme contradicción producto de ser el abogado Nosenzo, por un lado integrante de un equipo jurídico que desacredita y humilla a mujeres en el marco de juicios que deberían ser reparatorios para las víctimas, y por otro lado miembro de un área ministerial que en sus lineamientos programáticos (publicados en la página web) se dirige a promover la toma de conciencia de la población acerca de las características y magnitud de la violencia como problema; menciona la asistencia, contención y asesoramiento a mujeres victimas de violencia y alega contar con herramientas propias para la prevención y contención de víctimas de violencia.

El 25 de abril se presentó una nota al ministro Eduardo Aparicio poniéndolo en conocimiento de esta situación. La presentación siguió su curso administrativo, y el día 22 de mayo se nos convocó a una entrevista a la que concurrimos con representantes de ambos organismos denunciantes.

Fuimos recibid@s por funcionari@s de la Dirección de Políticas de Género, quienes, a pesar de nuestra invitación a presentarse, no lo hicieron; por lo tanto la entrevista se desarrolló desconociendo en el momento de la reunión, con quiénes se estaba tratando. No obstante ellos sí tomaron notas minuciosas de nuestros nombres y pertenencias institucionales.

Posteriormente nos informamos que quienes están a cargo de dicha Dirección son la Directora de Políticas de Género, Cecilia Gómez Mirada, y el Director Provincial de Promoción de Derechos Sociales, Marcial Fonrouge.

Luego de ampliada nuestra denuncia, con relato pormenorizado de episodios del jury con las intervenciones del abogado defensor, el anónimo funcionario, nos sugirió hacer la “correspondiente” denuncia, o que nos dirijamos al Colegio de Abogados. Muy asombrad@s ante su sugerencia, se le respondió que es claro que las circunstancias denunciadas no implican un delito, de lo contrario hubiéramos recurrido a un juzgado penal y no al organismo donde se presentó la denuncia. Se le recalcó que esto es una cuestión ética, a lo que Fonrouge respondió "pero a Hooft lo absolvieron" en defensa de lo actuado por los abogados. Fue necesario manifestar por qué lo absolvieron y explicar, entre otras cosas, la existencia de la corporación judicial.

También expresó el funcionario: “A mí me cumple. Lo que hace fuera del Ministerio no es problema nuestro”.

Lo que queda desdibujado en las respuestas de Fonrouge es el vacío ético que supone la doble función del abogado Nosenzo y, lo que es de su incumbencia como funcionario responsable de políticas sociales, la incidencia de este vacío en las tareas que realiza el defensor de Hooft como empleado del área de violencia familiar asesorando equipos o conteniendo mujeres. Porque las políticas sociales cobran las dimensiones no sólo de quiénes las diseñan y dirigen, sino también, y en muy gran medida, de quienes las implementan.

Ante las respuestas obtenidas quedó claro que se estaba en el lugar equivocado y entrevistando a personas no indicadas. Optamos por retirarnos, con el sabor muy amargo de lo que se acababa de escuchar.

Por lo antes expuesto denunciamos públicamente esta situación que atenta contra la protección de los derechos de las mujeres de toda la provincia de Buenos Aires, e instamos al ministro de Desarrollo Social de la provincia de Bs. As., Eduardo Aparicio, a tomar las medidas necesarias.

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Denuncia contra el área de Políticas de Género de la provincia de Buenos Aires
Por imágenes - Tuesday, Jun. 10, 2014 at 10:14 PM

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Cecilia Gómez Mirada, Directora de Políticas de Género y Marcial Fonrouge, Director Provincial de Promoción de Derechos Sociales, personas responsables del área en que se desempeña Carlos Rogelio Nosenzo dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires

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