Ong’s regionales critican sentencia a Lonkos : Argentina Indymedia (( i ))

Es de p�blico conocimiento que el proceso penal efectuado sobre el caso de don Aniceto Nor�n y de don Pascual Pich�n han significado una doble persecuci�n penal. La resoluci�n de la Corte Suprema de fecha 2 de julio de 2003, que acogi� el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio P�blico y querellantes, decretando la anulaci�n del juicio en que fueron absueltos los 'Lonkos' ordenando la realizaci�n de un nuevo juicio, viola derechamente las garant�as fundamentales de un debido proceso, como la presunci�n de inocencia.

Particularmente, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile imponen la prohibici�n de una doble persecuci�n penal, en cuanto que nadie puede ser sometido a un doble juicio, cuando en el primero ha resultado absuelto por sentencia firme. La exigencia de mayor fundamento a la decisi�n de absoluci�n vulnera numerosas disposiciones contenidas en tratados internacionales suscritos por Chile, en la propia Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica y leyes procesales penales.

Ambos Lonko, fueron condenados el pasado 27 de septiembre por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Angol, a cinco a�os y un d�a de presidio por el delito de amenazas terroristas hacia los due�os y/o administradores de los Fundos Nancahue y San Gregorio de la comuna de Traigu�n. La Defensor�a Penal P�blica, interpuso un recurso de nulidad, pues estima que no existieron antecedentes suficientes para tener por acreditados los delitos de amenazas por los cuales se conden� a Pascual Pich�n y Aniceto Nor�n.

En este sentido, a�n en el caso de aceptar que se acreditaron tales hechos, no compartimos la calificaci�n jur�dica hecha por el Tribunal que los estim� como 'amenazas terrorista', dada la impertinencia de los antecedentes considerados y la falta de tipicidad [los hechos, aunque se estimen probados, no son constitutivos de esos delitos], sumado el bajo est�ndar probatorio requerido por el Tribunal.

Las instituciones miembros de la Red Agenda Regional de La Araucan�a creemos que la sentencia es injusta y discriminatoria, puesto que al desconocer el fallo de inocencia vulnera las garant�as esenciales en el juzgamiento de la conducta que se le reprocha a cualquier ciudadano; y el segundo juicio impone una pena de 5 a�os y un d�a, de cumplimiento efectivo, m�s un conjunto de otras penas accesorias, contra los inculpados, cuando de haberse cometido efectivamente tales delitos, no merecer�an una pena superior a 61 d�as, regularmente excarcelables. Ambas situaciones revisten una grave discriminaci�n toda vez que el car�cter terrorista de las amenazas ha sido sostenida expl�citamente a partir de la condici�n de mapuche de los inculpados y su rol de autoridades tradicionales.

Queremos justicia para todos y sin discriminaci�n de ning�n tipo, por tanto repudiamos con fuerza los hechos de violencia que afectaron a los Fundos Nancahue y San Gregorio y alentamos todos los esfuerzos de la Fiscal�a Regional por encontrar a los responsables. Sin embargo no podemos dejar de decir que la sentencia contra Pich�n y Nor�n no hace justicia, mas bien la violenta, al colaborar en la criminalizaci�n de dirigentes mapuche que han presentado sus demandas en forma p�blica y de acuerdo a los procedimientos legales.

Consideramos que esta situaci�n refleja una vez m�s el uso desproporcionado del poder en contra de personas mapuche, esta vez por parte de los Tribunales de justicia, situaci�n que evidencia la discriminaci�n existente hacia los mapuche por parte de quienes tienen como misi�n resguardar el orden p�blico y el bien com�n.

Constatamos con preocupaci�n que muchas de las situaciones de violencia y abuso de poder que afectan a personas mapuche, no han llegado a sancionar a los responsables, quedando en la absoluta impunidad, actitud que indirectamente valida y promueve la existencia de estos hechos.

Solicitamos a la justicia chilena el esclarecimiento pleno de la verdad en este hecho y la sanci�n a los responsables. Igualmente solicitamos esfuerzos de las empresas forestales para hacer posible un di�logo constructivo con los habitantes originarios del territorio que hoy ocupan, y posibilitar as� relaciones de equidad entre todos los que vivimos en este pa�s.

Ang�lica Hern�ndez, RED DE ONGS AGRA

Marcelo Segura, ONG Gedes

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