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Comunidades aborígenes…“una de las partes del fallo deviene en abstracto”
Por Diario Jujuy -
Wednesday, Jun. 14, 2006 at 7:13 AM
El Estado Provincial dejó abierta la posibilidad de interponer un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia para impugnar el denominado “fallo histórico” a favor de las comunidades aborígenes. Sin embargo, no se dieron a conocer aún los motivos de esta eventual presentación. Para la Secretaria de Derechos Humanos, Elizabeth Eisemberg, “una de las partes del fallo deviene en abstracto” y “no puede obligar a la provincia a algo que ya está cumplido”. Por su parte, el titular del INAI, Jorge Rodríguez, dijo desconocer la estrategia oficial pero opinó que sólo se deberían “pedir aclaraciones y nada más”.
En sede del Tribunal Contencioso Administrativo, el Poder Ejecutivo a travs de Fiscala de Estado- efectu el pasado 31 de mayo la manifestacin previa de interponer un recurso para impugnar la resolucin judicial recado en los autos caratulados Aguado de Quispe, Rosaria y otros contra el Estado Provincial, quienes hace 2 aos y medio atrs interpusieron una accin de amparo para que se cumpla con las pautas fijadas en el Programa de Regularizacin de Tierras para las comunidades aborgenes.
Como la pretensin sera que la sentencia no quede firme, el recurso a presentar -sea de inconstitucionalidad o de casacin- debera interponerse ante el Superior Tribunal de Justicia antes de cumplirse la primera quincena de este mes.
Se desconocen hasta el momento las razones que se expondran en esta presentacin. Sin embargo, el primer paso para conseguir la impugnacin estara dado.
Cabe recalcar que el fallo cont con el voto positivo de los Dres. Benjamn Villafae y Luis Oscar Morales y la disidencia del Dr. Celestino Gonzlez, y fue considerado como un hecho histrico para los pueblos aborgenes por ser el primer pronunciamiento que emite disposiciones para concretar la entrega de las tierras a las comunidades.
Una de las partes del fallo deviene en abstracto
Al ser consultada por este tema das atrs, la Secretaria de Derechos Humanos Elizabeth Eismeberg interpret que una de las partes del fallo deviene en abstracto, ya que no puede obligar a la provincia a algo que ya est cumplido, en referencia a dos puntos especficos: la mensura de tierras y la notificacin a las comunidades al momento de otorgar permisos de explotacin minera.
Al ser consultada por las acciones judiciales previstas desde la conduccin gubernamental, la funcionaria no dio precisiones pero asever que ms all del planteo o de la apelacin que se haga respecto a este fallo, el compromiso de la Secretara con los hermanos aborgenes es seguir trabajando conjuntamente como lo venimos haciendo, en paz y tranquilidad y tratando de obtener resultados.
Para Rodrguez se deberan pedir aclaraciones y nada ms
Por su parte el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indgenas INAI- Jorge Rodrguez, coincidi en afirmar que la sentencia solamente obliga a hacer lo que se ha venido haciendo, y hay que terminarlo. Sin embargo, dijo desconocer la estrategia de Fiscala pero opin que se deberan pedir aclaraciones y nada ms.
Record que aunque la justicia tard 2 aos y medio para pronunciarse sobre el amparo presentado para el cumplimiento del Programa de Regularizacin de Tierras, el gobierno provincial, las comunidades indgenas y el INAI no se quedaron esperando. Por lo contrario, se implement una mesa de concertacin donde se generaron polticas para dar respuestas institucionales a las demandas aborgenes.
Se avanz en un 80 por ciento en la mensura de tierras. Se entregaron ttulos pero casi hay una docena de decretos en etapa procesal para llegar a la escritura, adems de otras tantas carpetas que ataen a distintas colectividades, adujo el funcionario.
Adems, recalc el circuito administrativo conformado para que los grupos indgenas puedan participar de toda reunin vinculada con los permisos a entidades privadas para la explotacin minera, a los efectos de analizar el impacto ambiental y otros aspectos.
PARA RECORDAR
El fallo condena al Estado Provincial a abstenerse de entregar en propiedad a particulares las tierras afectadas para la entrega a las comunidades aborgenes de los Departamentos de Cochinoca, Yavi, Tumbaya, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Humahuaca, Tilcara, Santa Brbara y Valle Grande; establece un plazo de 15 meses para que el Estado culmine trabajos y cuestiones previas a la transferencia definitiva de las tierras a las comunidades de estas regiones.
Asimismo, se obliga al Estado Provincial a dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indgenass y Tribales, dando participacin a las colectividades en todo trmite sobre territorios que pudiera afectar sus derechos.
Por ltimo, la justicia impone una multa pecuniaria al Estado si se registran incumplimientos de estas disposiciones.
La accin judicial fue impulsada por la lentitud y los obstculos en el proceso de entrega de tierras por parte del Estado Provincial de cara a la implementacin de un Programa con financiamiento nacional.
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