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La UFIMA investig贸 casos de contaminaci贸n en Jujuy
Por Jujuy Noticias - Wednesday, Sep. 10, 2008 at 8:35 AM

La Unidad Fiscal de Investigaci贸n de Delitos Ambientales emiti贸 un estudio alarmante.

Las actuaciones fueron giradas a las Fiscal韆s de los Juzgados Federales 1 y 2, entre octubre de 2007 y febrero de 2008. Los casos estudiados por el Fiscal Antonio Gustavo G髆ez 杚uien disertar este s醔ado a las 9:30 en el Hotel Panorama - re鷑en pruebas que hacen presumir que en Jujuy se estar韆n cometiendo delitos ambientales por contaminaci髇 con efectos sanitarios en poblaciones de la Puna. En un caso se se馻la que los ni駉s de la Escuela Casa Grande estar韆n consumiendo agua con alt韘imos niveles de plomo, en un nivel 50 veces mayor del permitido.
La Unidad Fiscal de Investigaci髇 de Delitos Ambientales (UFIMA), tramit diversas actuaciones referidas a problem醫icas de contaminaci髇, las que fueron giradas a los Fiscales de los Juzgados Federal Nro 1 y 2 para que contin鷈n las investigaciones. Entre las actuaciones se destacan las referidas a Orosmayo Pirquitas, Minera El Aguilar, Mina La Pulpera, Minera Santa Rosa y la de ex planta fundidora Metal Huasi. En todos los casos el Fiscal de la UFIMA, despu閟 de valorar las pruebas recogidas gir a las Fiscal韆s Federales los oficios donde se馻la a los responsables y precisa el tipo de delitos ambientales que se estar韆n cometiendo.
De la lectura de las actuaciones -que se encuentran disponibles en el sitio web http://www.fiscaliagraltucuman.gov.ar- se infiere que han fallado los controles de los organismos provinciales, e incluso el Fiscal G髆ez en algunos casos realiza apreciaciones cr韙icas sobre el accionar de los organismos estatales que 朼鷑 ante situaciones de violaci髇 flagrante a la legislaci髇 ambiental- han tenido una conducta permisiva o negligente.

EL CASO MINERA EL AGUILAR
En noviembre de 2007, el Fiscal G髆ez envi la 'Actuaci髇 Preliminar N 116/07 'Minera Aguilar S/ Presunta Contaminaci髇', al Fiscal Federal N 2 de Jujuy, Dr. Mario Francisco Snopek.
En las conclusiones de dicha actuaci髇, se馻la el Fiscal: 'Como vemos, pudieron constatarse elevados niveles de contaminaci髇 -con metales como plomo, ars閚ico, cianuro, cinc, aluminio, cromo y cobre 杚ue exceden en varias veces los l韒ites establecidos en el Dcto. 831/93 de la Ley 24.051- en la zona donde est emplazado el mineralducto Mina Aguilar 杣bicado al noreste de la provincia, en la ladera oriental de la Sierra Aguilar a 60 Km. de la ciudad de Humahuaca, Dpto. Humahuaca/ Jujuy-, con la consiguiente afectaci髇 de la salud de la poblaci髇, como as tambi閚 de la fauna y de la flora del lugar'.
Destaca el Fiscal G髆ez que 'especialmente grave y preocupante, es la situaci髇 de los ni駉s que asisten a la Escuela Casa Grande, que beben agua contaminada con alt韘imos niveles de plomo -50 veces m醩 que los tolerados por la ley nacional de residuos peligrosos-. Y est comprobado cient韋icamente, que la poblaci髇 infantil es la m醩 vulnerable y la que presenta peores secuelas por este tipo de intoxicaci髇'.
Concluye el Dr. G髆ez se馻lando que 'podemos expresar que como dice el art韈ulo de Sonia Osay publicado en LA LEY en fecha 23 de diciembre de 2.002: 'la actividad minera es una de las actividades econ髆icas m醩 contaminantes que existen en nuestro planeta, sin embargo y a pesar de ello, es posible una miner韆 sustentable, es decir conseguir un desarrollo minero adecuado y estable con el medio ambiente, que minimice los efectos nocivos sobre el medio. En primer lugar es necesario que la empresa minera internalice el costo ambiental dentro de los costos operativos de la empresa, desde el comienzo del proyecto y en segundo lugar, que se exija a las empresas, garant韆s adecuadas para asegurar el cumplimiento de este recaudo'. A ello debe sumarse 杫 esto va por m- la participaci髇 de las Comunidades que ser醤 o ya son afectadas'.
El Fiscal al t閞mino de la actuaci髇 indica que la empresa minera habr韆 cometido violaciones previstas en la Ley 24.051 y por ellos podr韆n estar cometiendo conductas previstas y sancionadas en su art. 55, que establece:'Ser reprimido con las mismas penas establecidas en el art. 200 del C骴igo Penal (3 a 10 a駉s), el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atm髎fera o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena ser de diez (10) a veinticinco (25) a駉s de reclusi髇 o prisi髇'.
'Como vemos, se trata de una figura dolosa y no hay duda alguna que la conducta desplegada por los responsables del emprendimiento 'Mina Aguilar' no merece otro calificativo que criminal por parte de los responsables del emprendimiento minero Aguilar, habida cuenta de la exposici髇 -especialmente de la poblaci髇 infantil que concurre a la Escuela Casa Grande-, a elevad韘imos riesgos de afectaci髇 de su salud, por intoxicaci髇 pl鷐bica. Como dijimos, justamente los ni駉s son los m醩 vulnerables y los que peores secuelas presentan por este tipo de intoxicaci髇, sobre todo en el 醨ea neurol骻ica y de crecimiento', dice el Fiscal G髆ez en la actuaci髇 referida.
Cabe indicar que en la actuaci髇, el Juez observa la actitud de los organismos provinciales de control y de la autoridad de aplicaci髇. En efecto, dice: 'Debo hacer la salvedad que, si bien hay pedidos de informes por parte de las autoridades provinciales, se observa que los informes presentados por la empresa siempre son aprobados, pese a que en muchos de ellos se hallan pr醕ticamente declaraciones juradas de afectaci髇 de los recursos naturales y de contaminaci髇 del medio ambiente. En dichos estudios, se reconocen: la falta de cobertura vegetal, la ausencia de tratamientos de los residuos patog閚icos, la incertidumbre respecto de los PCB's (o ascareles), los elevados valores de metales pesados detectados en las aguas de los r韔s (especialmente de plomo, cinc, etc.), el uso de cianuro de sodio en el proceso de explotaci髇 del mineralducto y el entierro de sus tambores, entre otros. No obstante ello, son aprobados sin hesitaci髇 alguna por la autoridad de aplicaci髇'.

EL CASO OROSMAYO PIRQUITAS
En febrero de 2008, el Fiscal G髆ez remiti la 'Actuaci髇 Preliminar N 121/07 'Orosmayo-Pirquitas P.S.A Infr. Ley 24.051' al Fiscal Federal N 1 de Jujuy, Dr. Domingo Batule. Dichas actuaciones fueron iniciadas a ra韟 de unadenuncia realizada en junio de 2007 por representantes de comunidades abor韌enes de la provincia de Jujuy.
En la misma se dio cuenta de la presunta contaminaci髇 ambiental ocasionada por desechos mineros provenientes de la Mina Pirquitas en el Dpto. Rinconada y de la Mina Orosmayo en la localidad de Liviara del mismo departamento. La tarea de investigaci髇 desarrollada por el Fiscal incluy el libramiento de oficios a diversos organismos, entre otros, la Direcci髇 Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Jujuy; la Direcci髇 Provincial de Desarrollo Industrial, Minero y Comercial de Jujuy; la Direcci髇 Provincial de Recursos H韉ricos de Jujuy; el Defensor del Pueblo de la Pcia. de Jujuy; la Jueza Administrativa de Minas de la Pcia. de Jujuy; el Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy; la Unidad de Gesti髇 Ambiental Minera Provincial (UGAMP); y la Direcci髇 Provincial de Recursos H韉ricos de Jujuy.
Miembros de la comunidad ind韌ena hab韆n informado que la explotaci髇 aur韋era de la mina que opera en la zona desde mediados de 2.002 implic impactos ambientales que se observan en 'la modificaci髇 de la morfolog韆 fluvial aguas abajo (erosi髇, sedimentaci髇, trazado del cauce, etc.). La remoci髇 de materiales del cauce de los r韔s no ha sido realizado de manera de evitar los cambios en la calidad del agua aguas abajo, con un importante aumento del material en suspensi髇, causando turbidez y torn醤dola virtualmente in鷗il para el abrevado de ganado, recurso natural central para la vida de los pobladores de las comunidades. En este sentido, no se ha cumplido con las condiciones de trabajo que la propia operadora ha puesto de manifiesto en su Informe de Impacto Ambiental. El r韔 Orosmayo y las pasturas que albergan, han quedado tan degradados que las comunidades han sido privadas de su 鷑ico sustento de vida. Existe p閞dida de animales por falta de agua y por contaminaci髇, en los casos en que estos beben el agua. Las empresas han dejado pozos llenos de arcilla o lagunas, que constituyen un peligro para los pobladores'.
En las actuaciones del Fiscal G髆ez se observa un informe del entonces Director Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Jujuy, Lic. Juan Pablo Villafa馿 al entonces Secretario de Producci髇 Ing. Miguel S. Moughty, sobre los an醠isis realizados por dicho organismo de muestras de agua recogidas en Orosmayo y Liviara.
All se se馻la: 'El An醠isis N 0889 (Agua de vertiente de Viscachani) presenta contaminaci髇, no siendo apta para el consumo humano. Como fuente para el consumo humano necesita tratamiento desinfectante. El An醠isis N 0891 (Agua del R韔 Orosmayo) presenta contaminaci髇 por bacterias aer骲icas, coliformes y clostridium. El An醠isis N 0892 (Agua de grifo p鷅lico del pueblo de Orosmayo) presenta contaminaci髇 por bacterias aer骲icas y coniformes, no siendo apta para el consumo humano. El An醠isis N 0893 (Agua de grifo p鷅lico del pueblo de Liviara) presenta contaminaci髇 por bacterias aer骲icas y coniformes, no siendo apta para el consumo humano.'
Por otra parte, figura en la actuaci髇 un informe del Jefe del Area de Ingenier韆 de la Direcci髇 de Recursos H韉ricos de Jujuy, Ing. Daniel Crespe donde destaca que: 'la explotaci髇 aur韋era se realiza en el interior del cauce del R韔 Orosmayo, sin la debida autorizaci髇 y contralor de la Direcci髇 de Recursos H韉ricos, habiendo quedado diversos sectores del r韔 totalmente destruido, convertido en una sucesi髇 de peque馻s represas o 'piletones' comunicados entre s y el flujo de agua obstaculizado, con la consiguiente disminuci髇 del caudal del mismo, afectando a los usuarios aguas abajo. Es decir que se modific sin autorizaci髇 la morfolog韆 del cauce'.
Seg鷑 se desprende de la lectura de la actuaci髇, se habr韆 intimado a la empresa concesionaria a restaurar las condiciones naturales en los sectores ya explotados dejando el curso de agua en las mismas condiciones que ten韆 antes de las intervenciones de dichas empresas mineras. Por incumplimiento, posteriormente habr韆 sido apercibida.
En la conclusi髇, el Fiscal Antonio Gustavo G髆ez indica que hubo 'retaceo de informaci髇' por parte de algunas instituciones requeridas en el marco de esta investigaci髇, sin embargo por la prueba colectada se馻la que 'estamos en condiciones de afirmar que existir韆 contaminaci髇 en las aguas de las localidades de Liviara y Orosmayo en el Dpto. Rinconada de la provincia de Jujuy, presuntamente por la explotaci髇 de minerales, con la consiguiente afectaci髇 de la fauna y la flora del lugar y el peligro para la salud de la poblaci髇 que se aprovisiona de dichas aguas'.
Por ello, el Fiscal indica que se estar韆 frente a la presencia de la comisi髇 de delitos sancionados en la Ley 24.051, en su art. 55.

CASO MINA LA PULPERA
En octubre de 2007, el Fiscal G髆ez remiti al Fiscal Federal N 1 de Jujuy, Dr. Domingo Batule la 'Actuaci髇 Preliminar N 119/07 Mina La Pulpera P.S.A Infr. Ley 24.051' que fuera tramitada tras la denuncia realizada en junio de 2007 por miembros de comunidades abor韌enes de la provincia de Jujuy. La misma se refiere a la presunta contaminaci髇 ocasionada por desechos mineros provenientes de la Mina La Pulpera, que se encontrar韆n diseminados a cielo abierto en las localidades de La Pulpera y El Tolar, Distrito Pumahuasi, Dpto. Yavi, Jujuy, correspondientes a una explotaci髇 anterior de las Minas La Pulpera y B閘gica.
Despu閟 de analizar la prueba producida concluye el Fiscal: 'Como vemos, existir韆 contaminaci髇 en las aguas de las localidades de La Pulpera, El Tolar, Mina B閘gica y Pumahuasi en el Dpto. Yavi de la provincia de Jujuy, presuntamente por la remoci髇 de minerales que se est realizando desde hace dos a駉s aproximadamente en todas las colas, los que a causa de las lluvias son arrastrados al cauce del R韔 B閘gica y a los campos de la zona, con la consiguiente afectaci髇 de la fauna y la flora del lugar y el peligro para la salud de la poblaci髇 que se aprovisiona de dichas aguas'. Por lo cual el Fiscal G髆ez indica que se estar韆 frente a un caso sancionad por el art. 55 de la Ley 24.051.
El Fiscal G髆ez remiti estas actuaciones 杚ue constan de 243 fojas-, a la Fiscal韆 del Dr. Batule, para 'que se practiquen todas aquellas diligencias que pudiesen resultar necesarias para determinar si, a partir de los sucesos en cuesti髇, se verificaron hechos susceptibles de ser considerados delitos y en su caso se requiera instrucci髇, o en su defecto se disponga el archivo de las mismas'.


CASO MINERA SANTA ROSA
La 'Actuaci髇 Preliminar N 120/07 'Mina Santa Rosa p.s.i. a la Ley 24.051' fue enviada por el Fiscal G髆ez al Fiscal Federal N 1 de Jujuy, Dr. Domingo Batule, en el mes de febrero del presente a駉.
Estas actuaciones se tramitaron tras la denuncia efectuada por miembros de las Comunidades Pueblos Ind韌enas de la Provincia de Jujuy quienes solicitaron la intervenci髇 del Fiscal 'por graves da駉s ambientales producidos por la contaminaci髇 que produce la actividad minera violando la legislaci髇 vigentes en nuestros territorios, cuyos casos m醩 graves detallamos a continuaci髇 '.
En ella dan cuenta de la presunta contaminaci髇 ocasionada por desechos mineros proveniente de las Minas 'San Marcial y Santa Rosa' (ubicadas en las comunidades abor韌enes de La Pulpera y Cangrejillos, Dpto. Yavi) abandonadas con residuos a cielo abierto, pozos descubiertos, sin medidas de seguridad ni de mitigaci髇'.
Los denunciantes, del Pueblo Kolla, refieren verse directamente afectados por el da駉 ambiental y/o contaminaci髇 de dichas explotaciones mineras , luego abandonadas.
Las minas mencionadas forman parte de un grupo de propiedades denominadas Proyecto Pumahuasi, de Argentina Mineral Development S.A.
La tarea de investigaci髇 iniciadas por el fiscal incluy el libramiento de oficios a organismos p鷅licos que le permitieran al Fiscal obtener un panorama completo del impacto ambiental ocasionado por las Minas 'Santa Rosa' y 'San Marcial'.
En las conclusiones de esta actuaci髇, el Fiscal G髆ez dice que 'existir韆 la posibilidad de contaminaci髇 en las aguas de la localidad de Minas 'Santa Rosa' y 'San Marcial', Dpto. Yavi, de la Provincia de Jujuy, presuntamente por desechos de minerales por encontrarse esas minas abandonadas a cielo abierto, con pozos descubiertos, sin medidas de seguridad y sin mitigaci髇, y tambi閚 existir韆 la posibilidad de contaminaci髇 de los campos de la zona, con la consiguiente afectaci髇 de la fauna y la flora del lugar y el peligro para la salud de la poblaci髇 que se aprovisiona de las aguas de dos r韔s de la zona , precisamente aquellos en los que se instalaron esos emprendimientos mineros'.
De los elementos de prueba recolectados por el Fiscal, este destaca el remitido por la UGAMP de Jujuy en respuesta a las solicitudes de informes cursadas por esta Fiscal韆 General. All se indica que en junio de 1997 el Director de Miner韆 aprueba los informes de Impacto Ambiental presentados por los responsables de las 醨eas Pumahuasi'
El Fiscal G髆ez indica que surge de ese informe que 'el Jefe del Dpto. Polic韆 y Control Minero aprueba el accionar de la minera en acta de inspecci髇 ocular. No refiere extracci髇 de muestras, ni de agua, ni de aire, ni hay referencias a las aves y mam韋eros de la zona, ni entrevistas con los pobladores. No se adjuntan fotograf韆s de los trabajos de la minera. En suma, pese a que el informe aprobado indicaba que el seguimiento inclu韆 observaci髇 visual y muestreo de rocas y sedimentos de los arroyos, muestreo geof韘ico con ensayos electromagn閠icos y aeromagnetometr韆 (fs. 36 ) no se han hecho y sin embargo se aprueba todo.
Agrava esto que el propio informe indique que los impactos ambientales, de producirse, influir韆n eventualmente sobre clima y calidad del aire (no analizados, pero aprobados) geolog韆 a trav閟 de la modificaci髇 de la topograf韆 (a trav閟 de pozos hechos para colocar sensores y que luego no se cerraran convenientemente otro aspecto sin estudio) , y enfatiza la importancia de tratar debidamente los residuos mineros, que, expresa, deber醤 ser incinerados, enterrados o llevados para su disposici髇 final. Tampoco en materia de residuos hubo control de parte del ente encargado del seguimiento del proyecto, y sin embargo, se aprob'.
'Un cap韙ulo de especial atenci髇' le otorga el Fiscal a 'los cuerpos de agua en el 醨ea de explotaci髇, por encontrarse enclavada la misma entre las cuencas de dos r韔s (Sococha y Abra Pampa) abastecedores de agua al poblado de 11.576 habitantes ( fs. 32 y 33). Por un lado, la escasez de agua potencia la contaminaci髇 por concentraci髇 e ilustra sobre la indefensi髇 de animales y personas obligadas a surtirse de ese material tan preciado para la vida, y sin embargo contaminado tan desaprensivamente'.

Nota: todos estos casos pueden consultarse en la p醙ina de la UFIMA: http://www.fiscaliagraltucuman.gov.ar en el link: Medio Ambiente.

09/09/2008

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