La ley, tu ley. Red de Trata y una visiÃ³n anarquista. : Argentina Indymedia (( i ))

“Sería importante que la jurispdrucencia no quedara confiada a los jueces. Los escritores deberían leer no tanto el código civil sino, sobre todo, los tratados de jurisprudencia.”
Deleuze

Es muy fácil decir que, como anarquistas, estamos en contra de toda forma de explotación, lo cual es elemental. Esta afirmación no nos quita responsabilidad cuando reproducimos, por ignorancia generalmente, los argumentos de un feminismo conservador, inútil y moralista, más cerca de un pensamiento de derecha, como el que reclama “mano dura”, que de una verdadera emancipación de las libertades sexuales, por la cual abogaba Bakunin o Goldman. Más aun, quienes nos reivindicamos anarquistas no podemos repetir lo que otras personas dicen que dicen las leyes. Tenemos la responsabilidad, nos guste la palabra o no, de saber por nosotrxs mismxs la letra de la ley para combatirla en pleno conocimiento a nuestro enemigo.

Este es el paradigmático caso de lo que está ocurriendo con la llamada así “Ley de trata de personas” en nuestro país. La trata es un delito que, independientemente de lo que se arroje en los medios masivos que solo hacen hincapié en el ejercicio de la prostitución, incluye la captación de personas, ya sea para la explotación sexual, las prácticas de esclavitud, los trabajos forzados y la extracción ilegal de órganos y tejidos. Claro que de todos estos puntos, siempre el que más irrita tiene que ver con la posibilidad de aceptar que alguna mujer quiera efectivamente ser trabajadora sexual .
En nuestro código penal, no está tipificado el ejercicio por cuenta propia del trabajo sexual, es decir no constituye delito . Hasta el 2008, se penaba “al que promociona o facilita la prostitución”, o al que “explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona”, y en ambos casos, cuando se trata de mayores de 18 años, se pena siempre y cuando el delito se realice mediando “engaño, fraude, abuso coactivo o intimidatorio, violencia, etc.” (“Promoción o facilitación de la prostitución de menores y mayores mediante la entrada o salida del país” -art. 127 bis, 127 ter., incorporado por ley 25.087 -). Y éstos formaban parte del título “Delitos contra la Integridad Sexual”. En abril de 2008, se incorporan al título de “Delitos contra la Libertad” los arts. 145 bis y 145 ter., que penalizan la trata de personas mayores y menores, respectivamente. Estos artículos reproducen el texto de los anteriormente mencionados, pero sin hablar de prostitución, sino de explotación en general, a pesar de que vulgarmente se los conozca como “los artículos de trata de personas”, porque efectivamente se circunscriben a ese delito.

Acá empieza el problema de las facciones por la lucha del poder. Las feministas anti- prostitución no están satisfechas con la ley y sus reformas, que a la sazón, no es algo menor o fácil de obtener. Entre ellas, tomamos el testimonio de Monique Altschul, Directora Ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad, integrante de la Red No a la Trata, que dijo a Perfil.com : "Nos oponemos porque esta ley distingue entre víctimas mayores y menores de 18 años. Y para los mayores de 18, establece que es necesario probar que el delincuente actuó con violencia, abuso, engaño o amenazas para que exista delito. ¿Cómo puede una víctima de trata, en el estado de vulnerabilidad en el que quedan, probar eso? Eso sería presumir que se puede consentir la propia explotación y eso favorecería la impunidad de proxenetas y tratantes" .

Del mismo modo que un olmo nunca dará peras, no se le puede pedir al estado que deje de ser estado (o que sea un poco menos estado para ciertas cuestiones); es decir, que la ley se maneje como si no fuera le ley, o que el propio sistema jurídico se auto-socave a si mismo sus propios cimientos. La ley moderna liberal de nuestros estados tal como los conocemos y los padecemos hoy supone la ficción de la autonomía del sujeto. Asimismo, supone que hay una edad – otra ficción, en este caso madurativa, que cambia histórica y arbitrariamente de acuerdo a las necesidades de dicho estado- para que ciertas prácticas sean consideradas delitos, con o sin consentimiento.
La paradoja a la que se enfrentan las feministas que, con toda su buena intención, quieren liberar a las mujeres víctimas de las redes de prostitución es doble: por un lado, pedirle al estado y a sus poderes (en este caso, el judicial y legislativo) que cree una ley que no sea una ley (es decir, un set de normas de comportamiento que no presuponga las ficciones antes mencionadas: consentimiento y edades); y al mismo tiempo, dar por tierra con la garantía constitucional de que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario, confundiéndola con la inversión de la carga de la prueba. Nos guste o no, así se maneja la ley creada por los estados modernos. Por eso, entre otras muchas cosas, casualmente, no nos gustan los estados modernos ni sus leyes .

Por otra parte, para el sistema jurídico en el cual nos toca movernos, la ficción de la autonomía de lxs sujetos no es, como hemos tenido la desgracia de leer en algún pasquín anarquista, “un absurdo”; sino que dicha autonomía, entendida en términos liberales, que son aquellos que dieron surgimiento a la ley, es una cuestión central del sistema democrático para evitar avasallamientos a la vida individual de lxs ciudadanxs que el anarquismo hoy, por vago, no puede soslayar. Evitar así que, en pos de los derechos humanos, las libertades individuales, la vida privada de los sujetos, y su autonomía sean intervenidas y controladas todavía más de lo que ya lo son, por el estado, corriendo el riesgo de cederle el poder para convertirse en un estado fascista. O ¿cuándo se ha visto que la mayor intervención del estado redunde en mayores libertades de lxs sujetos? Abolir estas cuestiones nos retrotrae a una judicialidad premoderna, donde no importan ni las condiciones materiales de las personas, ni sus deseos ni sus voluntades, sino que todo lo que vaya en contra de una abstracción previa e impuesta estatalmente es delito, como era durante el feudalismo.

Si, por otra parte, el problema es, como dicen las máximas figuras de este feminismo anti- prostitución, la dificultad probatoria de estos hechos, sin duda aberrantes, y lo que en la jerga jurídica se denomina re-victimización al tener la víctima que revivir los hechos en su declaratoria, entonces la cuestión no sería ni pedirle al estado penas más altas y leyes más duras, que en cierto modo se acercan peligrosamente a discursos abiertamente fascistas como el reclamo de disminución de la edad de imputabilidad, ni quitar la cuestión básica de que a los delitos hay que probarlos, lo cual se cae de maduro. Por el contrario, habría que ver qué ocurre en nuestra sociedad para que las condiciones materiales probatorias de un delito no puedan llevarse adelante y luchar contra eso. Como queda claro en el caso Ojeda y Gamarra, el problema no es la ley (-si hubo o no consentimiento, si tenemos que probarlo o no, etc.-), sino que el aparato judicial y el administrador legítimo de la violencia es la misma cosa que las redes de trata, la corporación médica y las industrias capitalistas . Más aun, el consentimiento y las edades, como queda claro en algunos delitos contra la integridad sexual (es decir, los abusos sexuales contra menores de 13 años de edad donde no hay que probar que haya mediado violencia, por ejemplo), no hicieron que desciendan la incidencia de estos casos ni que presentarlos a la justicia y obtener una respuesta sea más fácil. ¿Cómo se puede creer entonces que una “ley de trata” que no diferencie por edades y consentimiento sí lo logrará?
Para colmo de males, parecen haber olvidado un año fundamental para el feminismo local – 1926- cuando se derogó la minoridad civil de la mujer, es decir, que la ley trate y considere a la mujer en términos legales como a un menor de edad. ¿Cómo es que ahora se desea volver a perder nuestra mayoría de edad como sujetos políticos y de derecho habilitando la posibilidad de intervención del estado en otros ámbitos, hasta ahora libres, que no podemos siquiera concebir en nuestras mentes? .
La ley que hasta ahora tenemos es correcta para lo que el sistema jurídico puede entregar, pero las feministas conservadoras, en su celo porque salga la ley de trata como a ellas les parece que debería salir, se olvidan de que el problema no es tanto el texto de la ley sino qué cosa el juez resuelve en cada caso, aun con la “mejor” ley posible. La justicia (estatal) seguirá resolviendo con su indeleble marca de géneros, clases, etnias, y siendo hipócrita, porque ante la ley, no importa que se nos diga, no somos todxs iguales. Es más, puedan o no procesarlo estas feministas en sus mentes, la explotación de una persona (en especial aquellas biopoliticamente asignadas “mujer”), que, demás esta decir, no abarca a la trata entera, puede ser consentida, así como consentimos día a día, que se nos informalice el trabajo, se nos explote y se oprima hasta la ignominia .
Así como a ningún anarquista se le ocurre, hasta donde tenemos conocimiento, pedir mejoras a la legislación laboral vigente, seguir estas elucubraciones del feminismo moralista nos desbarranca: no solo terminaremos peticionando ante el estado por una supuesta “mejora”, que esperamos haber probado no es tal, sino que además lo haremos con argumentos reaccionarios y de derecha. Las opciones son: retrocedemos 2500 años a la ley ateniense y su democracia, o cambiamos de sistema. Hay una tercera opción cuyo coletazo de dinosaurio parece no ser visto ni tenido en cuenta: la de los estados totalitarios donde siempre que el estado así lo considere sin necesidad de aportar pruebas se presuma la culpabilidad. Uds. sabrán elegir cuál quieren. Como en el cuento popular inglés, La Pata de Mono de W. W. Jacobs, hay que tener claridad en el deseo antes de efectuar el pedido.

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