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La Mala Praxis en la Educación y la Ciencia Argentina
Por Eduardo R. Saguier - Wednesday, Apr. 21, 2010 at 6:03 AM
saguiere@ssdnet.com.ar (Casilla de correo válida)

La Mala Praxis en la Educación y la Ciencia Argentina.
Contubernio, Malversación, Vaciamiento, Gatopardismo y Censura

por Eduardo R. Saguier

Índice

I.- Introducción
II.- Contubernio en la triangulación de reciprocidades entre autoridades de organismos públicos. Infunden miedo
II-a.- Los socios gerenciales, sectoriales y subalternos
II-b.- Los socios necesarios del silencio.
II-b-1.- La indiferencia de los políticos y el plato de lentejas
II-b-2.- La complicidad de la justicia y las calendas griegas
II-b-3.- La connivencia del periodismo y la fijación del canon académico
II-c.- Las víctimas del proceso defraudador
III.- Malversación de un empréstito externo multimillonario
IV.- Los vaciamientos legales y académicos
IV-a.- El dispositivo inconstitucional del Conicet y el Decreto 1661/96
IV-b.- La implosión académica y la mudanza de los científicos en tecnólogos
V.- El “gatopardismo académico” y la continuidad de la nomenklatura
VI.- La decadencia del aparato científico-universitario argentino.
VI-a.- La censura institucionalizada y la desinversión en la infraestructura científica
VI-b.- El atraso estructural, espacial, tecnológico y financiero
VI-c.- La extorsión presupuestaria en las universidades del conurbano bonaerense
VII.- Etiología de las conductas gatopardistas
VIII.- El “huevo de la serpiente” y la mordedura de cola
IX.- El éxodo de científicos o fuga de cereb ros
X.- Un mensaje de resistencia

I.- Introducción

El objeto de este trabajo persigue desentrañar el enigma de la mala praxis institucionalizada en el aparato científico-educativo argentino. Para ello nos hemos propuesto analizar los mecanismos de contubernio, malversación, vaciamiento, gatopardismo y censura que progresivamente se fueron adueñando de dicho aparato. Su supuesto distanciamiento no lo sería porque dicho aparato esté alejado de la sociedad (que lo está y con creces), sino porque habiendo sido manipulado desde el Menemato por los sucesivos gobiernos (Alianza, Duhalde, Kirchner), ha derivado en un creciente debilitamiento, enajenación y corrupción de los organismos de la ciencia, de los claustros docentes universitarios de todo el país y de los planteles de docentes-investigadores.

La responsabilidad que se había consumado con la mala praxis desplegada complicaría judicialmente en grado diferencial a diversas autoridades de distintos organismos públicos y de distintos gobiernos. La asignación de esa responsabilidad, a su vez, estaría en medio de una pugna histórico-política entre dos modelos antagónicos, el modelo francés (CNRS) vis a vis el modelo norteamericano (NSF y NEH).

Para el estudio de este complejo y extenso trauma nos hemos propuesto entonces desarrollar un análisis puntual, fragmentado en una decena de secciones y sub-secciones que se concatenan estrechamente. Luego de una breve introducción, la segunda sección se refiere a un contubernio en la triangulación de reciprocidades entre autoridades de organismos públicos, dirigida a defraudar la investigación científica, que incluye los socios gerenciales, sectoriales y subalternos, seguidos por los socios necesarios del silencio (políticos que se venden por un plato de lentejas, complicidad de la justicia por su morosidad, y connivencia del periodismo y fijación del canon académico), y por las víctimas de este proceso. La tercera sección alude a la malversación de un empréstito externo multimillonario. La cuarta sección se refiere a los vaciamientos legales y académicos, a sus variantes inconstitucionales en el dispositivo jurídico (Decreto 1661/96), y a la condición de científicos y su mudanza en tecnólogos.

El “gatopardismo académico” y la continuidad de la nomenklatura se discute en la sección quinta. La sexta sección se centra en la creciente decadencia del aparato científico-universitario, expresada en: a) el vaciamiento cultural producido por la desactualización y desinversión en bibliotecas, laboratorios y centros de cómputos; b) el atraso estructural, espacial, tecnológico y financiero; y c) las extorsiones político-presupuestarias practicadas con las universidades del conurbano bonaerense. La etiología de las conductas gatopardistas, censoras, limitacionistas y discriminatorias están comentadas en la séptima sección. La octava sección alude a la “huevo de la serpiente” y a la mordedura de cola en el origen y el destino de la decadencia argentina. El éxodo o fuga de cerebros está desarrollado en la novena sección. Y para finalizar, la última sección brinda un mensaje de resistencia.

II.- Contubernio en la triangulación de reciprocidades entre autoridades de organismos públicos. Infunden miedo

El aparato educativo y científico ha dado lugar a la existencia de un contubernio (maquinación conjunta y entrelazada) en la triangulación de reciprocidades entre autoridades de diversos organismos públicos que en la comunidad científica vienen produciendo un creciente sentimiento de miedo individual y colectivo. Este contubernio combina simultáneamente: a) los incentivos y sus categorizaciones, otorgados por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) dependiente del Ministerio de Educación, con la supervisión de la Agencia; b) las credenciales para operar universidades y programas de maestría y doctorado, otorgadas por la CONEAU; c) los ascensos en las carreras de Investigador y Becario del CONICET; d) las autorizaciones de asesorías o consultorías y de contratos a investigadores jubilados otorgados por el Directorio del CONICET; y e) los subsidios de investigación otorgados por la Agencia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT), procedentes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Vamos a entender porqué existe miedo en el sistema científico argentino, si entendemos como operan sus interlocutores. Para eso hemos bosquejado un esquema donde se señalan quienes son los principales actores en este complejo entramado en que se ha sumido la elite académica argentina, y que comprende a nueve actores y sus correspondientes víctimas. Los primeros, los más claves, son los socios gerenciales, luego le siguen los socios capitalistas, los sectoriales, los subalternos, y los socios necesarios del silencio (política y justicia, periodismo), y finalmente las victimas y el escenario sacrificial de este proceso, al que nos atrevemos a denominar gran corralón o “castillo de Kafka”, para no utilizar la metáfora del campo de concentración.

II-a.- Los socios gerenciales, sectoriales y subalternos

El socio gerencial o principal que es la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT) fue concebido en tiempos de Menem por el Banco Mundial, y fue montado durante el “menemato” a partir del “Pacto de Olivos” y la promulgación de la Ley de Educación Superior (LES), y está gobernado por un Directorio integrado por nueve miembros (Cherep de Guber, Cassanello, León, Blasco, etc.). La Agencia es un organismo “desconcentrado“ (sic) pretendidamente diseñado a imagen y semejanza del modelo norteamericano (NSF), pero que no depende del Congreso sino del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (de ahora en más Ministerio de CyT). Debe aclararse que la denominada Agencia no es una fundación nacional o extranjera a la cual se le solicita un subsidio, lo cual sería perfectamente legítimo, sino un organismo del propio Ministerio de CyT, carente de autonomía y directamente dependiente del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que nada tiene que ver con el modelo yanqui, el cual más bien está ligado al Congreso; y para mayor escándalo opera con préstamos otorgados por un organismo multilateral de crédito (BID), que lo debe pagar el pueblo argentino en su conjunto. Sugestivamente, la mayoría de los postulantes a subsidios de investigación pertenecen también a otro organismo del mismo Ministerio, el CONICET.

Amén del socio gerencial y el socio capitalista, que es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que puso mil millones de dólares en trece (13) años; también hay socios sectoriales, pues toda esa maniobra fraudulenta fue posible mediante un intercambio y triangulación entre las autoridades de varios organismos del aparato científico-educativo, que son: a) los Directorios de la Agencia (medio centenar de Coordinadores) y del CONICET (Rapela, Siñeriz, Girbal, y sesenta miembros de las Comisiones Asesoras), que dependen del Ministerio de CyT; b) el Directorio de la CONEAU (Villanueva, Krotsch), que depende del Ministerio de Educación y que detenta el monopolio de las acreditaciones en los programas de doctorado y maestría (habría que restringirle sus funciones limitándolas a las carreras donde sólo esté en juego la salud y la seguridad públicas); c) la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU), que depende del Ministerio de Educación, que otorga las categorizaciones para los incentivos, y es supervisada directamente por la Agencia (ANPCYT), e indirectamente por la CONEAU a través de las acreditaciones de los programas de Maestría y Doctorado; y d) los Secretarios de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales (Campi, Fidelio, Ermácora, Aquilano, Bottasso, Agamennoni, Turyn, Sordelli, Boveris) que supuestamente deben ejercer el control de los subsidiados. Tenemos por tanto una calesita (o intercambio) en la que las autoridades de diversos organismos públicos –de distinta entidad legal pues unos son más colegiados, autárquicos y autónomos que otros-- han triangulado ilícitamente con persistencia en el tiempo sus propias comparecencias y sus reciprocidades, para beneficiarse personalmente con ascensos y sobresueldos, disfrazados de subsidios de investigación, y producir así un fraude a la ciencia y la cultura argentinas.

En materia de funciones, el Secretario de Políticas Universitarias es el que asigna, supervisado por la Agencia y la CONEAU, la categorización para el cobro de los incentivos (algo que habría que eliminar compensándolo con un correspondiente aumento salarial) que se extiende a treinta mil docentes-investigadores, donde las más altas categorizaciones van a los profesores titulares regulares que cuentan con dedicación exclusiva. El Directorio del CONICET (ente supuestamente autárquico del Estado Nacional en jurisdicción del Ministerio de CyT, con gobierno propio y cuya estructura organizativa fue aprobada por Decreto del PEN) aprueba o rechaza los Informes Periódicos y promueve o confiere ascensos a seis mil investigadores, siete mil becarios, y dos mil quinientos técnicos de personal de apoyo. El Directorio de la Agencia o ANPCYT –que aunque colegiado no es autárquico ni autónomo y es designado enteramente por el PEN y no por el Congreso como es en USA-- es el que aprueba o rechaza proyectos de subsidios a un millar de investigadores, de los cuales dos cientos cincuenta son autoridades directivas. El Directorio de la CONEAU (organismo descentralizado pero ni autárquico ni autónomo que funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación) es el que acredita programas de maestría y doctorado donde enseñan los profesores que cuentan con los incentivos de la SPU y los subsidios de la Agencia. Y las Secretarías de CyT de las Universidades Nacionales (funciones unipersonales dependientes de las Universidades, organismos colegiados que cuentan con autonomía garantizada por la Constitución Nacional), son las que supuestamente deben auditar a los docentes-investigadores subsidiados por la Agencia.

En ese entramado sumamente heterogéneo y contradictorio, el Directorio de la Agencia cumple un rol motor y disciplinador, que consiste en aceitar reiteradamente con subsidios de investigación a los Investigadores que se presenten y estén calificados, y no a instituciones de la infraestructura científica, como podrían ser bibliotecas, laboratorios, editoriales, archivos y museos. Para tener un subsidio de la Agencia los aspirantes tienen que llenar complejos formularios electrónicos. Los subsidios de la Agencia son monumentales, de casi trescientos mil pesos, y hay algunos que obtuvieron subsidios de trescientos sesenta y cinco mil (365.000) pesos.

En los listados de beneficiarios de subsidios correspondientes a las sucesivas convocatorias de la Agencia, amén de numerosas autoridades de organismos pertenecientes al sistema científico-educativo (Villanueva, Rapela, Siñeriz, Girbal, Campi, Fidelio, Ermácora, Aquilano, Bottasso, Agamennoni, Turyn, Sordelli, Boveris, etc.) se identificaron a aquellos investigadores que más recursos recibieron. En ese sentido, en las ciencias sociales se detectó a Marcos Novaro, científico político, profesor de la Universidad de San Andrés donde tiene un elevado salario, quien cobró un subsidio de la Agencia de trescientos sesenta y cinco mil (365.000) pesos; y en el Instituto Gino Germani, al sociólogo Fortunato Mallimacci, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, quien recibió otros trescientos sesenta y cinco mil (365.000) pesos. Esas son las cifras más altas que se han visto.

También se identificaron a los beneficiarios de subsidios que se repiten. Son como una docena de subsidiados que se repiten cuatro veces [Altamirano, Arregui, Cukierman, Elizalde de Brecco, Fossati, Frasch, Podestá, Prat Gay, Poderoso], treinta y cinco (35) que se repiten tres veces [Aschero, Ballare, Berretta, Boccaccio, Bouzat, Castellani, Cerdán, Ceriani, Echave, Elizalde, García Vescovi, Geffner, Goya, Guiamet, Guido, Lagares, Lamattina, Lorandi, Malchiodi, Mattea, Medan, Palermo, Parodi, Podhajcer, Rubinstein, Salvia, Schinder, Soncini, Walsoe de Reca, Zerba], y doscientos ochenta y tres (283) que se repiten dos veces, entre los cuales figuran también los Coordinadores Eduardo Cánepa, Rodolfo Sánchez, Héctor Targovnik, Mario G. Murer, Osvaldo Uchitel, Carlos M. Previtali, Analía Artabe, María Isabel Colombo, Beatriz Coira y Amelia Rubiolo.

Más clandestinamente se advierte la concupiscencia del nepotismo, pues entre los beneficiarios hay cónyuges, cuñados, concuñados, suegros, yernos y nueras de suegros y también consuegros. En la Universidad Nacional de Rosario contamos con los subsidios otorgados al biólogo Ricardo Duffard y a su esposa la tecnóloga del medio ambiente Ana María Evangelista de Duffard, que suman más de medio millón de pesos. Y en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas, al físico y Consejero de la Facultad Juan Pablo Paz, le fue otorgado por la Agencia dos subsidios pero no por ser un físico célebre sino porque es Consejero de la Facultad. Su mujer, que se llama Ponce Dawson, también recibió dos subsidios de la Agencia. Entre ambos, marido y mujer, que están separados pero que tienen dos hijos en común, han cobrado más de un millón de pesos.

Por último, entre los socios subalternos de esta hipotética asociación ilícita, estarían numerosos investigadores subsidiados. Esto es muy sugestivo porque se sospecha que existe un pacto mafioso entre ciertos funcionarios, que son los responsables de hacer el control de gestión, y los investigadores subsidiados que no resistirían una investigación. Por ese motivo el juez federal que investiga esta denuncia debería ordenar una intervención judicial y cruzar toda la información de los subsidiados con el Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro de la Propiedad del Automotor, porque existe la grave sospecha de que muchos de estos dineros fueron a parar, no a la investigación sino al bienestar material de cada uno de los investigadores beneficiados con subsidios.

Finalmente, esta estructura --que también está apuntalada por numerosos decretos reglamentarios-- fue heredada primero por la Alianza y luego por Duhalde y el “kirchnerismo” y nunca fue reformada ni legislada. No obstante su brevedad, la gestión de la Alianza, bajo la conducción del Lic. Caputo, pretendió inútilmente liquidar el CONICET. Por el contrario, la gestión de Duhalde, por su extrema provisionalidad no puede ser comparada con la de Kirchner, la cual aceptó sin beneficio de inventario todo el arsenal burocrático que el “menemato” había creado a instancias del consenso de Washington y del Banco Mundial, y asumió toda la responsabilidad y la culpa que se pudiera haber acumulado y que eventualmente podría configurar una asociación ilícita.

II-b.- Los socios necesarios del silencio.

Amén de los cómplices del contubernio (socios gerenciales, capitalistas, sectoriales y subalternos), existen los socios necesarios del silencio, que serían los políticos, diputados y senadores incluidos; los fiscales y jueces de la nación; y los periodistas de la prensa escrita, radial y televisiva.

II-b-1.- La indiferencia de los políticos y el plato de lentejas

En muchos casos se cierne la sospecha que la indiferencia o parálisis indagadora de los políticos y legisladores opositores (herederos de la Alianza y del Duhaldismo) obedece a intereses personales o de facción o de complicidades o claudicaciones que se remontan a las épocas en que fueron gobierno, que viene induciendo a muchos a vender su silencio por un plato de lentejas.

Para empezar, se contactó mediante el correo electrónico al Senador Nacional Edgardo Morales, más bien a su secretaria, la que derivó el vínculo a un asesor jurídico llamado Leocadio Vilamajó. Este abogado Vilamajó dijo que estaba muy demandado por la actuación del Banco Central, que no podía tratar el tema nuestro, de manera tal que quedó postergado. También se habló con el asesor del Senador Cabanchik, el sociólogo Ignacio Llovet, con el que hubo un epistolario electrónico, pero nunca tuvo resultado alguno, ni el Senador Cabanchik hizo ningún Pedido de Informes. También fue contactado el diputado Christian Gribaudo del “Pro”. El diputado Gribaudo nos recibió en su despacho, y dijo que estaban en minoría en la Comisión pero que no podían hacer nada, y a partir de ahí nunca jamás se contactaron, nunca nos citaron para ninguna reunión. Francisco De Narváez contestó siempre electrónicamente todas las denuncias, pero tampoco hizo nunca ningún Pedido de Informe. A Margarita Stolbizer le entregamos en mano, en el hotel Castelar cuando hubo un seminario público del GEN, y ella lo miró y reconoció que lo había leído en internet, pero nunca tampoco nos llamaron ni hubo ningún interés en profundizar el tema.

En el caso de la Coalición Cívica (CC), por dar sólo una muestra, la existencia de sospechosos parentescos despierta una razonable suspicacia. En ese sentido, existe un instituto, que se denomina Instituto “Hannah Arendt”, que pertenece a la Coalición Cívica (CC), que lo preside la licenciada Diana Maffia y en segundo lugar por Fernanda Gil Lozano. La profesora Gil Lozano también es subsidiada por la Agencia, y la señora Diana Maffia tiene una parienta, hermana o prima, que se llama Marta Mercedes Maffia, que es funcionaria del INADI y que también recibió subsidios de la Agencia, y para mayor abuso, también integra las Comisiones Asesoras del CONICET. Además está el caso de un investigador de la Fundación Campomar, actual Fundación Leloir, cuyo nombre es Gonzalo Prat Gay, que es uno de los más beneficiados por la Agencia, alcanzó a cobrar cinco subsidios consecutivos, que suman más de un millón y medio de pesos, y que tengo entendido que es el primo hermano del diputado Alfonso Prat Gay.

De manera tal que se debe presumir que el Instituto “Hannah Arendt”, y la Coalición Cívica que lo encuadra políticamente, no investiga estos temas ni se preocupa por las denuncias porque tiene intereses creados en esta sociedad y en esta corrupción. Asimismo, en el Club Político Argentino (CPA), recientemente salido a la luz pública con el afán de participar en la lucha política, hay dos profesores, Luis Alberto Romero y Marcelo Cavarozzi, que han sido eternamente subsidiados por la Agencia y que nunca se han pronunciado sobre esta corrupción.

También se presume que hay en la clase política argentina una suerte de “gatopardismo” para que una vez que ocurran cambios de gobierno, los que ganen sencillamente ocupen los espacios vacíos dejados por el “kirchnerismo”, sin porfiar en hacer reforma o modificación alguna. En ese sentido, la oposición ha perdido el norte y está fragmentada. Se nota haciendo zapping que los políticos de la oposición, tanto Cavanchik como Stolbizer, Carrió, Sánz o Morales, [o Pinedo, Solanas, o Juez, etc.] opinan simultáneamente de los mismos temas. Cuando el tema del Banco Central, están todos disputándose a ver quien tiene la mejor oratoria, quien dice cosas más acertadas o picantes sobre el Banco Central, y nunca nadie hace un aparte y se dedica a un tema especifico.

En conclusión, la actual oposición política (heredera de la Alianza y del Duhaldismo) padece de una competitividad crónica para ver quien prevalece en la coyuntura, con derivaciones muy negativas para con los temas que no ocupan la agenda cotidiana del poder, verbigracia la ciencia y la técnica. No existe por tanto en la oposición una división de tareas y no se ha propuesto discutir y producir un programa político de cambio y transformación, y menos aún en el campo de la cultura, la ciencia y la educación; y ni que hablar de la educación superior, supremo tabú si lo hay de la clase política argentina.

II-b-2. La complicidad de la justicia y las calendas griegas

En los aparatos administrativo y judicial, los organismos fiscalizadores, que son auxiliares de la Justicia, tales como la Defensoría del Pueblo durante la gestión de Eduardo Mondino, la Fiscalía General de Investigaciones durante la gestión de Manuel Garrido, la Oficina Anti-Corrupción durante la gestión de Abel Fleitas Ortiz de Rosas, y la Auditoria General de la Nación durante la dirección de Leandro O. Despouy eludieron substanciar las denuncias formuladas en diciembre de 2005 y enero de 2006. En el caso de la Auditoría se ignora si estas denuncias se comunicaron a las Comisiones de CyT de ambas Cámaras del Congreso.

A raíz de la denuncia también intervinieron organismos administrativos como el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología (CECTE) existente en el Ministerio de CyT, el cual a pesar de su pregonada autonomía carece de competencia legal para substanciar la denuncia suscitada. Sin embargo, el Directorio de dicho CECTE (Kornblihtt, Parodi, Vainstok y González Cappa), cada uno de ellos beneficiado con subsidios por la Agencia, se arrogó en 2008 la facultad de exceptuar de responsabilidad alguna en el contubernio denunciado al entonces Presidente de la Agencia y hoy Ministro de CyT Dr. Lino Barañao. El propio Barañao había reconocido en el curso de una polémica pública que había sostenido con el denunciante el año anterior (2007) que “…el listado de proyectos financiados siempre se ha hecho público para cada convocatoria y por lo tanto nunca se ocultó el financiamiento a los coordinadores”. A confesión del delito por parte de Barañao, se sigue entonces el relevo de prueba (http://argentina.indymedia.org/news/2009/06/676168_comment.php

Y tres años después, en 2009, cuando las mismas denuncias han recaído en el Juzgado Federal del Juez Subrogante Marcelo Martínez de Georgi, la substanciación de una hipotética asociación ilícita se sigue demorando eludiendo el Juez llamar a indagatoria a los Ministros Filmus y Barañao; a los miembros del Directorio del CONICET (Girbal, Rapela y Siñeriz) y de la CONEAU (Villanueva); a los ex Secretarios de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales (Campi, Fidelio, Ermácora, Aquilano, Bottasso, Agamennoni, Turyn, Sordelli, Boveris); y a los integrantes del CECTE (Kornblihtt, Parodi, Vainstok y González Cappa).

Últimamente, el Juez Martínez de Georgi otorgó al denunciante la condición de querellante en lo que hace a las represalias sufridas pero le negó serlo en su propia denuncia, lo cual fue apelado, y está hoy en Cámara seguramente para las calendas griegas.

II-b-3.- La connivencia del periodismo y la fijación del canon académico

A diferencia de los países centrales, donde la sociedad civil (asociaciones profesionales) y el mundo académico cuentan sobremanera; en los países periféricos, la fijación del canon académico, que conlleva una ordenación y una clasificación de obras y autores, recae por lo general en un trípode conformado por el periodismo, el mercado y el estado. En esa tarea suelen ser premiados los científicos divulgadores y aquellos que son más marketineros. La crítica y la protesta pasaron a estar controladas y censuradas por ese mismo periodismo, sin llegar así a la sociedad civil y al mundo académico.

En nuestro caso, para la denuncia, se contactaron algunos periodistas, enviándoles numerosos mails, pero nunca se tuvo la posibilidad de una entrevista personal. Hace cuatro años, desde que se interpusieron las denuncias contra la Agencia o ANPCYT ante los organismos de fiscalización, permanentemente se vino mandando mensajes a los periodistas Morales Solá, Ruíz Guiñazú, Grondona, Leuco, Eliascheff, Nelson Castro, Sietecase, Tenembaum, Van der Kooy, Zlotogwiazda, y muchos otros. Pero nunca se tuvo ni un llamado ni una respuesta, predominando un desinterés absoluto por la investigación y el comportamiento de la comunidad científica. Con el prestigio mediático que dichos periodistas tienen como comunicadores públicos, podrían perfectamente ingresar al CONICET, entrar al Ministerio de CyT, formular interrogatorios, y hacer una investigación puntual de las denuncias que existen. Los únicos periodistas que entrevistaron al denunciante fueron Nicolás Fiorentino y Silvia Paglioni, y los únicos foros educativos que recepcionaron las denuncias fueron los administrados por Romina Chávez Díaz (Salta21), Antonio Mangione (Radio Universidad de San Luis) y Martín Maglio (FMMEducación). No hay más que poner en el “Google”: “ciencia corrupción argentina”, y ahí saltan todas las denuncias. http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/58125/denuncia-de-corrupcion-golpea-a-baranao-y-el-mundo-cientifico.html

Cuando en el 2009 recayó la denuncia penal en el Fuero Federal (Comodoro Py) ante el Juez Marcelo Martínez de Georgi se dijo que era imposible llegar a la gran prensa porque estaban todos los periodistas y los políticos ensimismados con el debate de las retenciones agrícolas, por la Resolución 125, y que era imposible cambiar de tema. Después apareció, cuando ese tema se pinchó, la Ley de Medios, y estaban todos los periodistas y los políticos concentrados con la Ley de Medios. Y después cuando se pinchó la Ley de Medios estaban todos los políticos y periodistas con las reservas del Banco Central, y nunca hubo tiempo ni oportunidad de introducir nada que fuera distinto a lo que prevalece en la agenda “kirchnerista”.

A propósito del periodismo adulador y obsecuente, que lo hay, existe una periodista científica en el diario La Nación que se llama Nora Bär que lo único que hace es apología de las acciones del gobierno, nunca hemos escuchado de la periodista científica Nora Bär, una crítica, un comentario crítico del estado de la ciencia Argentina, todas son apologías. El profesor Pepe Eliaschev, que es también periodista, integra el Club Político Argentino (CPA), y en ese club, se depositó en el buzón de su sitio web numerosas denuncias, que tampoco se contestaron.

II-c.- Las víctimas del proceso defraudador

Por otro lado, hay que hacer referencia al tema de las víctimas represaliadas por los verdugos del aparato estatal, con motivo de las denuncias de fraude y peculado, pues ellas son el resultado de la estructura mafiosa, y son el testimonio que en ellas los sicarios del establishment académico han infundido miedo, un miedo generalizado y justificado.

Miedo justificado porque a esta enorme masa de investigadores desplegada a lo largo y ancho del país, en su mayoría compuesta de personas casadas, con hijos, y los mayores incluso con nietos, no se les puede pedir actos de arrojo y de heroísmo. Es evidente que han abusado de toda esta masa de población investigadora y la han sumido en un miedo generalizado, pues nadie quiere hablar.

Y en cuanto a los mecanismos de represalia han proliferado listas negras, mandatos ocultos y jubilaciones de oficio, que recaen en quienes no son parte de las nomenklaturas oficiales, y a los cuales para mayor orfandad el CONICET les niega contratos post-jubilatorios.

III.- Malversación de un empréstito externo multimillonario

Como correlato de este contubernio en la triangulación del arsenal burocrático, se produjo una malversación de un empréstito multimillonario aportado por un socio capitalista: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consistente en mil millones de dólares, entre 1997 y el 2010. En realidad son mil doscientos cuarenta millones de dólares porque el BID puso mil millones en trece años, y el estado argentino se comprometió a poner doscientos cuarenta millones más. O sea que estamos hablando de mil doscientos cuarenta millones de dólares en el término de trece años, que para la Argentina es muchísimo dinero.

Para tener una idea de lo que significan en el campo académico mil millones de dólares, con ese dinero, a razón de cien dólares cada libro de una University Press, que son las editoriales más importantes del mundo anglosajón, se hubieran podido comprar diez millones de libros. Hubiéramos montado la biblioteca de Alejandría en la Argentina con esa fortuna. Sin embargo ¿qué es lo que hicieron con ese empréstito las autoridades del estado Argentino (Filmus, Barañao)? lo dedicaron exclusivamente a beneficiar ad hominem, es decir, a personas individuales, investigadores de las sucesivas nomenklaturas que hay en cada disciplina y en cada rama de la ciencia, así como a numerosas autoridades de cada organismo estatal vinculado con la ciencia, incluidos a los de la propia Agencia (ver http://www.mitosyfraudes.org/Polit/Conicet.html

De esas nomenklaturas resultaron beneficiados por los subsidios de la Agencia un millar de investigadores sobre un total de casi quince mil que tiene el país, repartidos entre: investigadores de carrera, becarios y personal de apoyo del CONICET, y docentes-investigadores de las Universidades Nacionales. De estos quince mil investigadores, una minoría de quinientos privilegiados fueron los reiteradamente beneficiados. De esos quinientos, la mitad o doscientos cincuenta (250) son autoridades directivas de la propia Agencia, del Directorio y Comisiones Asesoras del CONICET, del Directorio de la CONEAU, y de las Secretarías de CyT, Consejos Directivos y Juntas Departamentales de las Universidades Nacionales. Esa fortuna, que son los mil doscientos cuarenta millones de dólares, si hubiera sido invertida en bibliotecas, en laboratorios, en centros de cómputos, en editoriales, y en los archivos y museos de las universidades, hubiera transformado la cultura argentina.

El caso de EUDEBA, la famosa editorial de la Universidad de Buenos Aires, padeció la amnesia de las autoridades de la Agencia, pues ni un solo peso fue a parar a dicha editorial la cual está cayendo en la más absoluta decadencia. Y también el Archivo General de la Nación (AGN) sufrió la amnesia de la Agencia, pues aún permanece sin poder escanear sus catálogos. El AGN reviste el cuadro más alarmante de la cultura argentina pues después de un siglo y medio –debido a la Ley de Ministerios— sigue bajo la órbita del Ministerio del Interior. Y sus catálogos, que son numerosísimos, nadie se ha propuesto escanearlos, para que el mundo académico internacional pueda tener acceso online a los mismos. Y el Teatro Colón, máxima expresión del arte escénico argentino, sigue perteneciendo al distrito porteño, cuando debería haber pasado hace décadas a la órbita nacional. Mientras tanto, la Secretaría de Cultura de la Nación sigue orbitando en el organigrama estatal como Secretaría sin ninguna perspectiva que se la ascienda a la jerarquía ministerial, como sí por el contrario ocurrió con la de Ciencia y Técnica.

IV.- Los vaciamientos legales y académicos.

Luego de haber analizado los actores que participaron de este contubernio y la malversación que se produjo de un empréstito internacional, se debe estudiar la estructura jurídica y académica que subyace bajo el aparato científico-educativo objeto de este acoso.

IV-a.- El dispositivo inconstitucional del CONICET y el Decreto 1661/96

Toda la estructura del aparato administrativo y electoral del CONICET está regida por un decreto de Menem del año noventa y seis, que es el Decreto 1661/96, que nunca se quiso legislar, y nunca se debatió en el Congreso Nacional. Esta norma, firmada por el Poder Ejecutivo, es un decreto realmente inconstitucional, y tiene defectos fundamentales, pues no contempla la representación de las minorías, y hay un abuso de poder en las intermediaciones entre el Directorio y los investigadores. (http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Unicienciaytecno/colapsopoderconicet.htm

Los investigadores del CONICET están sujetos al despotismo del Directorio, y no existe ninguna intermediación entre este último y los Investigadores de Carrera. Los integrantes de las Comisiones Asesoras del CONICET son designados por el Directorio, y en esas designaciones los investigadores no tienen ningún derecho a elegir a los miembros de sus respectivas Comisiones Asesoras, es decir no hay jueces naturales en las evaluaciones, procesos y sumarios académicos. Dichas Comisiones Asesoras son un anacronismo, pues se renuevan por mitades cada año, en un efímero desfile de investigadores. Cuánto más breve el mandato de sus integrantes más alta es su rotación y mayor entonces el número de los que voluntaria o involuntariamente se comprometen con la corrupción pautada por algunos pocos, que se perpetúan como miembros merced al privilegio de pertenecer al centenar de unidades ejecutoras o Institutos propios del CONICET (cuya mayor parte fueron inaugurados durante las dictaduras militares). Suman en total medio millar de Asesores, pues son veinte Comisiones y en cada Comisión hay como veinticinco investigadores. Los traen del interior del país, de todas las universidades, a Buenos Aires, con el viático pagado, se reúnen solamente dos o tres veces por año en el CONICET, donde se les deposita arriba de una gran mesa una enorme cantidad de expedientes y ahí cada uno saca los expedientes de sus amigos y discípulos, los aprueban y queda un pequeño número de expedientes en el medio, que nadie se atreve a tocarlos, que todos los repudian, y finalmente el presidente de la Comisión elige a uno para fallar, y generalmente son esos indefensos los que pasan al infierno. El mecanismo de evaluación de los Informes Periódicos es realmente una vergüenza.

Por otro lado, el sistema electoral que impone el Decreto 1661/96 es lo más fraudulento que existe en la memoria de la legislación argentina, el padrón de los seis mil investigadores está fragmentado por regiones geográficas, además de estar fragmentados por disciplinas, no hay una comunidad científica. El padrón electoral del CONICET es realmente una vergüenza. No quiero abusar con detalles porque sería entrar en temas muy específicos, pero todo es un cuadro muy lamentable que ha generado esta situación de desolación y de miedo, que es lo más grave. Que se roben el dinero no es perdonable pero es usual; pero lo que no es usual, y creo que no se recuerda desde el año ochenta y tres que haya ocurrido algo como lo que está pasando actualmente, es que mediante una legislación y una práctica de conducción discriminatoria hayan impuesto un reino del miedo. En ningún régimen republicano, democrático, podemos tolerar que en las instituciones del país rija el miedo.

IV-b.- La implosión académica y la mudanza de los científicos en tecnólogos

Aparte del vaciamiento legal de los organismos científicos, se debe estudiar el fenómeno de la implosión académica. En Argentina se ha hecho un mito de los científicos. Por el hecho de ser científicos duros, de las ciencias duras, se convierten en grandes científicos, físicos, químicos, biólogos, geólogos, etc.

Pero lo que está ocurriendo con esta corrupción del sistema científico es que muchos de los presuntos científicos son nada más que tecnólogos, pues debido a sus conocimientos y prácticas han perdido la condición de científicos. Para ser científicos y buenos tecnólogos tienen que tener cultura universal, y muchos científicos de las ciencias duras son tan tecnólogos pues carecen de educación humanística. La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA ya no es la facultad de Rolando García, en la época de oro de la Universidad de Buenos Aires, que estaba en la Diagonal Sur. En esa época, a esa facultad iban filósofos, lógicos, lingüistas, había debates de todo tipo. Ahora la facultad de Ciencias Exactas es un reducto totalmente alienado y parcelado, habiéndose convertido en otro castillo de Kafka. Pruebas al canto, en su debate con Eduardo Grüner y Atilio Borón, el Ministro Barañao ha demostrado a propósito de su desdén por la teología su total ignorancia sobre el rol de las humanidades y las ciencias sociales en el universo y la historia del conocimiento científico. http://www.pagina12.com.ar/diario/ciencia/subnotas/97778-30894-2008-01-21.html

Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Exactas y también en otras, ya no existe una comunidad científica, pues están fragmentadas por departamentos crecientemente independientes entre sí. Dichos Departamentos se disputan el presupuesto, y entre ellos hay luchas eternas por quedarse con el poder, y no hay comunidad ni debate científico. Por un lado están los físicos, por el otro los matemáticos, los biólogos y los químicos, y lo único que se discute es el poder. Y hay una camarilla que detenta ese poder, compuesta por el encriptólogo Hugo Scolnik del Departamento de Computación, cuya ex mujer Irene Loiseau, con quien tiene un hijo, también tuvo dos subsidios de la Agencia. Scolnik sostiene que nunca tuvo subsidios pero se descubrió que su ex mujer sí los tuvo. Y después están entre otros Roberto Etchenique, Marcelo Frías y Juan Pablo Paz, que son de química, computación y física respectivamente, quienes se reparten el poder del Consejo Directivo, y son los permanentemente premiados con los subsidios de la Agencia.

En algunos ramos como la bioquímica [Facultad de Farmacia y Bioquímica], donde hay muchos intereses creados, están direccionados por los grandes laboratorios, y muchos también están hegemonizados por grandes investigaciones que se inician en el hemisferio norte y que aquí en Argentina solamente somos el último eslabón. Las investigaciones nuestras en el campo de las ciencias duras son en su gran mayoría simplemente subalternas o subordinadas a grandes investigaciones que se hacen en universidades de Estados Unidos y de Europa.

Y en la propia Agencia o ANPCYT, las áreas tecnológicas a distribuirse los subsidios se han multiplicado y autonomizado. Últimamente, en 2009, las ramas de la tecnología en la Agencia fueron siete (7), a saber: Tecnología Agraria y Forestal, de Alimentos, Energética, Minera, Mecánica y de Materiales, Informática, de las Comunicaciones, Pecuaria y Pesquera, y del Medio Ambiente.

Y en cuanto a las autoridades, los Ministros de Educación Daniel Filmus y de Ciencia y Técnica Lino Barañao fueron unos gestores cínicos y fraudulentos, pues han hecho de todo esto un negociado, acomodando a sus aliados, socios y discípulos. Algunos de los grandes beneficiados han sido los investigadores de la Fundación Leloir, en donde como Barañao es químico tiene intereses afines con ella. La Fundación Leloir aparentemente está muy feliz porque el investigador Osvaldo Podhajcer es uno de los grandes beneficiarios de los subsidios de la Agencia, pues obtuvo más de tres subsidios, y el biólogo Gonzalo Prat Gay recibió como cuatro o cinco subsidios. Gonzalo Prat Gay, es el primo hermano del ex presidente del Banco Central Alfonso Prat Gay. Después también están otros que están medrando, pues viven siempre tratando de obtener subsidios; pero no han promovido ningún debate, ninguna discusión, ni han formulado ningún cambio cultural. Para ello incluso le cambiaron el nombre a la institución, traicionando a su benefactor original (Campomar). Uno va a la biblioteca de la Fundación Leloir y da pena, están las colecciones periódicas suspendidas, y se ve que no invierten en su propia biblioteca. Con echar un breve vistazo en su biblioteca cualquiera se da cuenta que es un biblioteca desactualizada. Para hoy en día estar actualizado en biología y ciencias médicas hay que ir a la biblioteca de la Academia de Medicina en la calle Pacheco de Melo. Mientras la biblioteca de la Academia de Medicina es hoy en día la que tiene la mejor colección de revistas periódicas, la biblioteca de la Facultad de Medicina es un desastre. El estado de las bibliotecas de este país es terrible, es lamentable, salvo algunos islotes, como puede ser la Universidad Torcuato Di Tella o la Universidad de San Andrés, o el ISEDET de la calle Camacuá, que son excepciones, pues el resto es un páramo.

V.- El “gatopardismo académico” y la continuidad de la nomenklatura

Una vez instalado el contubernio en el sistema científico, devaluada la condición de los científicos, convertidos estos últimos en meros tecnólogos y profundamente deprimidos sus salarios, ha sido más fácil para los poderes de turno dividir y debilitar políticamente al mundo académico, para que todo siga igual, y para que los sucesivos gobiernos simplemente ocupen los espacios dejados vacantes por el kirchnerismo, sin que a nadie se le ocurra pretender cambiar algo.

Esta estrategia continuista se ve en forma clara y transparente, porque durante el “menemismo”, una vez producido el “Pacto de Olivos”, el manejo de la ciencia argentina fue a parar a un acuerdo político secreto derivado del Pacto de Olivos donde el Lic. Juan Carlos Del Bello, actual Rector de la Universidad Nacional de Río Negro (actual socio del senador Pichetto), se constituyó en el reformador oficial, artífice de una legislación supuestamente modernizadora. Dicho Lic. Del Bello estuvo en el ministerio con Domingo Cavallo y venía exiliado de Costa Rica con fuertes vínculos con el Banco Mundial y con los organismos multilaterales de crédito, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cuando cayó Cavallo del Ministerio de Economía lo designaron a Del Bello Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación, lugar a donde llevó el Fondo Tecnológico Argentino, que eran los créditos del Banco Mundial. Fue entonces que hizo traducir toda la legislación del inglés, resultando de ello cinco decretos, del 1660 al 1664; mas el decreto 173/96 que creó la CONEAU. Del Bello reglamentó entonces la CONEAU, la Secretaría de Políticas Universitarias y la Agencia, así como modificó la estructura de poder del CONICET, volviéndolo más colegiado, al establecer la elección directa de parte de su Directorio. Finalmente en el año 99, en todo ese paquete impuesto por el Banco Mundial, vino lo único positivo: la Ley de Ética Pública, que todavía no ha sido reglamentada y su Comisión Nacional de Ética tampoco ha sido constituida, por lo que se trata de una ley que está acéfala. Sin embargo, ufano con sus éxitos políticos, Del Bello cometió la ingenuidad de hacer designar como Presidente del CONICET a un científico argentino radicado en USA, Enrico Stefani, quien al tomarse en serio el cargo, denunció entre otras anomalías: la existencia de un “tráfico de influencias” entre los Directores de Institutos y la propia Junta de Calificaciones. Fue tal la reacción de los elementos regresivos enquistados en el CONICET, que Del Bello, viendo peligrar la gestación de la Agencia o ANPCYT, no tuvo más remedio que sacrificar al Dr. Stefani. http://www.fcen.uba.ar/publicac/revexact/exacta11/opinion.htm

Entre los argumentos por los cuales se fundó la Agencia se esgrimió que la concentración por parte del CONICET de la facultad de otorgar subsidios de investigación impedía que todos aquellos científicos que no pertenecían a dicho organismo pudieran acogerse a ese beneficio. Sin embargo, una vez creada la Agencia, el grueso de los beneficiarios resultaron pertenecer al CONICET, provocando así una situación contradictoria e incompatible, donde bajo un mismo Ministerio, dos organismos otorgaban sendos beneficios duplicando ingresos por un mismo proyecto, y violando la dedicación exclusiva a la que están obligados todos los Investigadores del CONICET. Se vino a operar así algo equivalente a lo producido con la Ley de Gresham, pues el trabajo de investigación para la Agencia, como está mucho mejor remunerado que el del CONICET o que el de la Universidad, pasa a tener para el investigador una consideración privilegiada. Por el contrario, al proyecto del CONICET o al de la Universidad se lo posterga en su calidad y prelación como si se tratase de un rezago. Al duplicarse para un solo proyecto los Informes y las remuneraciones, más allá de todas las justificaciones ocasionales o las trampas y escamoteos en las rendiciones de cuentas puntuales, lo que es grave y crucial es la pérdida de originalidad que conlleva presentar dos trabajos semejantes en dos organismos distintos, y la clara desigualdad ante la ley, que consagra el privilegio a favor de los beneficiarios de la Agencia. Con el tiempo, estos subsidios fueron siendo distribuidos cada vez mas en menos manos así como en montos cada vez más obscenos, debido entre otras razones a que su reglamentación exige que los beneficiados cuenten con relación de dependencia y dedicación exclusiva en alguna universidad.

Toda esta especulación y posicionamiento alrededor de los subsidios de la Agencia fue producto del “gatopardismo” de la época “menemista”. Los intelectuales Alfonsinistas-ex JP (Tandeter, Sabato, Míguez, Boivin, Reboratti), y los Alfonsinistas ex Pasado y Presente (Portantiero, De Ipola, etc.), que fueron desplazados del poder en la UBA por una insurrección estudiantil, se cobijaron bajo el paraguas del Secretario Del Bello y de las nuevas universidades del conurbano, gerenciadas por conspícuos justicialistas (Villar, Jozami, Malcolm) http://www2.uah.es/vivatacademia/anteriores/n82/opinion.htm#Prosapia incestuosa en Argentina

Una vez fundada la Agencia, son esos desplazados los beneficiarios iniciales de la primera etapa de tres tramos que tiene el multimillonario préstamo del BID. El primer tramo fue del 97 al 99, de ciento noventa (190) millones de dólares, y eso lo manejaron en las ciencias duras los coordinadores Carrillo, Barrachina, Parisi y Katz; y en las ciencias sociales De Riz, Korn y Roldán. Estos son los Coordinadores que manejaron el primer tramo [de los cuales resultaron reiteradamente beneficiados entre otros los funcionarios de la Universidad Nacional de Quilmes Mario Albornoz y Carlos Altamirano]. Luego vino el desastre del 2001.

Cuando con Duhalde y finalmente con Kirchner se resucitó la Agencia, apareció de nuevo el crédito del BID, el segundo tramo que ocupa del 2001 al 2005, que son doscientos ochenta (280) millones de dólares. Esto último lo manejaron en las ciencias duras los coordinadores Cabada, Cánepa, Ceccatto, Corach, Corti y Rovira; y en las ciencias sociales Jorrat, Guber y Beccaria. Y el tercer tramo que es del 2006 al 2010, que es el monto más grande, quinientos sesenta (560) millones de dólares, lo manejaron en las ciencias sociales los coordinadores Cavarozzi, Kornblit, Keifman, Jorrat y Guber; y en las ciencias duras los coordinadores Colombo, Epele, Chessa de Siber, Salvarezza y Rovira, coincidentemente esta última designada en 2008 Presidenta del CONICET. Muchos de estos Coordinadores de la Agencia fueron luego ascendidos a las máximas categorías del CONICET, las de Investigador Principal y Superior, y muchos otros también integraron las Comisiones Asesoras del CONICET, y los comités de expertos de la CONEAU y la Secretaría de Políticas Universitarias, conformándose de esta forma una verdadera Nomenklatura.

En medio de esas maniobras continuistas e incestuosas también se produce un nuevo fenómeno de “gatopardismo”. Todo el grupo que estuvo bajo el “menemismo”, la Alianza y el Duhaldismo se cobijó luego bajo el “kirchnerismo”, y siguió operando en la trastienda y la penumbra. Lamentablemente, tenemos entonces una elite intelectual que está permanentemente al acecho del poder y a la pesca de ascensos, incentivos y subsidios, que se pasa todo el tiempo rosqueando y llenando formularios, y que nunca va a investigar a los archivos, los laboratorios o los centros de cómputos. Han hecho de la historia y de las ciencias sociales una estructura de poder, y han copado los comités evaluadores de las editoriales privadas (e.g.: Ed. Prometeo) así como los medios de comunicación, citándose permanentemente entre ellos mismos. Son los únicos que aparecen en todos los programas de radio y televisión, invariablemente mencionados, infaltablemente citados. Ahí tenemos a los profesores Luis Alberto Romero, Beatriz Sarlo e Hilda Sabato, que como los soldados de la ópera Aída son los inexcusablemente convocados, los que nunca dicen ni denuncian nada, simplemente practican la estrategia desorientadora del tero, que pone su huevo en un nido bien parapetado, y grita bien lejos en otro nido vaciado de contenido.

Las autoridades nacionales han logrado así sembrar el escarmiento, y ejercer una suerte de temor en la comunidad científica. La población científica está escarmentada y lo único que desea es sobrevivir, esperando que llegue el nuevo gobierno. Nunca se sabe que va a pasar, pues se está totalmente expuesto a lo que ocurra en el plano político. El mundo científico queda así sumergido en la postración, en la corrupción, en la irrepresentación más absoluta, en el “sálvese quien pueda”. Y ahí viene lo de la lista de espera. Casi todos están tratando de ver si en el próximo turno político que se avecina se pueden llegar a colar.

VI.- La decadencia del aparato científico-universitario argentino.

El debilitamiento de la educación superior --que se reinició con la Ley de Educación Superior (LES) en 1994, se potenció con el contubernio instalado en el sistema científico, y se agravó con la malversación del empréstito, el vaciamiento legal y el gatopardismo académico-- se extendió a todo el país y también se proyectó en los ámbitos bibliotecológicos, urbano-espaciales, financieros y tecnológicos. Mientras cada ministro de educación que asume el cargo cambia la didáctica y la pedagogía de la escuela primaria y de la escuela secundaria, y viene el polimodal, el premodal y el post-modal, nadie se anima a atacar el tabú de la educación superior.

VI-a.- La censura institucionalizada y la desinversión en la infraestructura científica

En cuanto a los fenómenos de censura prevalecientes en los ámbitos académicos, la más grave que existe en el campo de la ciencia y la investigación es la ignorancia institucionalizada. Y en especial la ignorancia cultivada por el poder, con mecanismos de inversión irracionales y regresivos, como el que aquí se investiga. El no haber invertido en bibliotecas, en laboratorios, en centros de cómputos, en editoriales, le ha significado al país un vaciamiento sistemático de la cosa pública y una negación cultural irreparable.

A título de ejemplo, la Biblioteca Nacional, que debiera ser el alma máter de la cultura Argentina, se ha convertido en una Unidad Básica, pues es el centro del grupo político denominado Carta Abierta, el parnaso de la intelectualidad “kirchnerista”. Ahí, incluso han inscripto en la entrada de la Biblioteca Nacional, cuando uno sube la rampa, en las lápidas, que cuando uno va caminando van sonando, los textos de Juan Perón, y de John William Cook, textos labrados como en piedra… esa es la Biblioteca Nacional, es una Unidad Básica.

Todo la intelectualidad responsable sabe que en esa Biblioteca hace cincuenta años que no se compran ni reciben libros, que lo usufructúan para ofrecer conferencias y charlas; pero que su función especifica --que es la de tener informada a la clase intelectual argentina-- dejó de existir en su agenda. Nadie va a ella porque el mundo académico sabe que en la Biblioteca Nacional hay poco o nada de valor contemporáneo. Los que han tenido que ir a la Biblioteca para hacer alguna consulta de anticuario, y les ha tocado tener que subir al quinto piso o al sexto piso donde está el salón mayor, que mira al río, que tiene como trescientas butacas o más, y han ido en horas picos, nunca deben haber visto sentados en ese enorme salón a más de seis o siete lectores, de los cuales la mitad suele dormir una placentera siesta. Hay que imaginar la inversión que significa tener ese edificio con la luz prendida, con la calefacción en invierno o con el aire acondicionado en verano, más el gas, más el numeroso personal que hay ahí. Hay más personal que publico, y es impresionante la irracionalidad con que se maneja esa institución.

Con cien millones de dólares de esos mil millones repartidos, se podrían haber adquirido en editoriales españolas, que han salido en estos últimos quince o veinte años, fácilmente dos millones de libros. Sin contar obras en inglés, francés, alemán o ruso, si en el cómputo original de mil millones a cien dólares cada libro, se rebaja a cincuenta dólares cada uno, que es lo que cuesta un libro en una editorial española, se tienen fácilmente veinte millones de libros. El cambio cultural que habría producido poder tener actualizadas las bibliotecas del país, al menos en obras en español, habría transformado a la intelectualidad Argentina.

Esa transformación se habría producido porque la juventud estudiosa lo que necesita para investigar, son estímulos, y los estímulos los trae la lectura, no solamente la docencia, no solamente los buenos profesores, sino también las buenas y recientes lecturas [que no aparecen en Internet]. Pero cuando las bibliotecas están vaciadas, desactualizadas, esos estímulos se pervierten, se adormecen, se debilitan. El gran intercambio cultural es a través de la lectura, o a través de los modernos medios de comunicación, Internet, los correos electrónicos, y los motores de búsqueda de información. El “Google” ha sido un cambio cultural fascinante en la historia de la humanidad.

Gracias a esos progresos tecnológicos algunos colegas han podido conectarse. Actualmente estamos elaborando un trabajo con el profesor Joaquín Meabe de Corrientes. Nos hemos puesto en contacto con un historiador uruguayo, Guillermo Vázquez Franco, que es un hombre de ochenta y cinco años de edad [pero de una lucidez y una actividad envidiables] que ha publicado unos libros formidables sobre la historia uruguaya y sobre la historia rioplatense. También nos hemos contactado con historiadores paraguayos, bolivianos y chilenos, como Oscar Eduardo Lazcano Henry y Camilo Antonio Alarcón Bustos, todo gracias a internet y gracias al correo electrónico, y merced a ello estamos formulando un proyecto de investigación sobre el espacio rioplatense, el de las Provincias Unidas del Río de la Plata antes de su balcanización.

Todas estas actividades solo se pueden hacer cuando hay un espíritu de solidaridad y una convocatoria internacional, una convocatoria pública, y cuando hay intercambio, y cuando hay reciprocidad; pero cuando por el contrario uno se encuentra con un estado que lo que prohíja es la camarilla, la nomenklatura y la corrupción, lo que logra es producir un desaliento feroz.

VI-b.- El atraso estructural, espacial, tecnológico y financiero

El atraso estructural espacial, tecnológico y financiero fue la resultante de dicho debilitamiento. La UBA, que es la principal universidad argentina, carece de un campus o barrio universitario propio, estando sus unidades académicas dispersas por todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a distancias inalcanzables en horas pico, impidiendo lograr por culpa de ese déficit estudios y programas interdisciplinarios e inter-departamentales (sería muy simple y sencillo declarar el barrio de Almagro, desde la Plaza Houssay hasta la UTN como barrio universitario y disponer que dicha zona urbana sea proclamada de utilidad pública). (ver http://www.simon-bolivar.org/Principal/bolivar/un_barrio_para_ba.html

Más aún, las universidades y los organismos científicos argentinos como el CONICET yacen en la decadencia y obsolescencia tecnológica más absoluta. La publicación electrónica y los portales virtuales están totalmente subvaluados. El establishment académico local se resiste a: a) actuar al margen de las estructuras de poder tradicionales; b) prescindir de niveles intermedios como las editoriales; c) fomentar publicaciones electrónicas que no tengan que padecer los altos costos y la lentitud de la impresión y la distribución en papel; y d) ensanchar la clientela de su producción intelectual más allá de las fronteras del estado-nación.

En materia de recursos financieros a distribuir, todos los docentes-investigadores de las universidades nacionales se desesperan por cobrar los denominados incentivos [que ocupan la quinta parte del presupuesto docente universitario con la categorización más alta]. Existen alrededor de cien mil docentes universitarios en todo el país, quienes poseen dedicación simple, exclusiva o semi-exclusiva. De estos cien mil docentes, la legislación “menemista” dividió a la docencia universitaria inventando una categoría nueva que se denomina “docente-investigador”. Para acogerse a la misma los docentes universitarios tienen la obligación de producir un proyecto de investigación. De los cien mil docentes universitarios treinta mil son docentes-investigadores, y de esos treinta mil docentes-investigadores, veinte mil cobran dedicación exclusiva en las universidades. Es decir inventaron una categoría nueva y se olvidaron que un docente universitario por el solo hecho de ser docente está obligado a investigar (aunque cobre solo una dedicación simple).

El hecho de fragmentarlos e inventar una categoría de docente-investigador no los hace investigadores, porque muchos de estos treinta mil docentes, inventaron proyectos, dibujaron planes de investigación y se empezaron a disputar las categorías, pues esta carrera de docente investigador tiene cinco estamentos y el que los categoriza, “A”, ” B”, “C”, “D”, es la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, bajo la supervisión de la Agencia, que depende del Ministerio de CyT. Entonces los docentes-investigadores están ansiosos por ascender de categoría, llenando formularios, para cobrar este estipendio o sobresueldo que se denomina incentivo. Y entre los Investigadores incentivados y exclusivos que son veinte mil, se encuentran los que están en el CONICET, que son alrededor de trece mil, entre Investigadores y Becarios.

Es decir, veinte mil docentes investigadores de dedicación exclusiva así como incentivados, de los cuales más de la mitad son a su vez investigadores del CONICET, donde hacen carrera como Investigador, haciendo buena letra para que sus Informes Periódicos sean aprobados y puedan ascender en la carrera, y para que el Directorio del CONICET les pueda autorizar por fuera de la dedicación exclusiva, a la cual están obligados, ejercer además una Asesoría o Consultoría. Entonces, en la carrera de acumular privilegios además de ser profesores titulares y regulares, de ser incentivados por la SPU, de ser promovidos en el CONICET, y de ejercer Asesorías y Consultorías, aspiran a su vez tener un subsidio de la Agencia, la “quinta pata del privilegio”. Sería bueno saber entonces ¿cuando estos docentes-investigadores, luego de llenar formularios correspondientes a cinco (5) organismos distintos, han de contar con el tiempo suficiente para investigar?

VI-c.- La extorsión presupuestaria en las universidades del conurbano bonaerense

Este debilitamiento político también se extendió al sistema universitario existente en los conurbanos de las provincias. Las universidades del conurbano bonaerense, actores y testigos de este drama, se encuentran bajo la contracción monopólica de los subsidios de investigación y de los presupuestos universitarios.

En dichas universidades, tienen o tuvieron su sede académica y lugar de trabajo conocidos intelectuales (Universidad Nacional de General Sarmiento [Murmis, Rinesi], Quilmes [Altamirano, Myers, Gorelik, Terán, Palti], Tres de Febrero [Amaral, Plotkin, Gras, Feierstein, Picotti, Fernández Lamarra] y San Martín [Sabato, Romero, Burucúa, Aboy Carlés, Palacio, Vezzeti, Grimson, Guber, Wright]. Pero el enigma a desentrañar sería: ¿es cierto que todas las Universidades Nacionales están sujetas a una muda y clandestina extorsión político-presupuestaria controlada por la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación con el asesoramiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)? ¿están acaso las universidades más pequeñas vulnerables a estas prácticas extorsivas debido a la dimensión de sus presupuestos y a su escaso poder de movilización?

El resultado de dichas prácticas extorsivas habría sido el mutismo o silencio forzoso. Más aún ¿es posible que en dichas universidades sus autoridades les exijan a su cuerpo docente el silencio o “no sacar los pies del plato” bajo el pretexto de arriesgar la coparticipación en la torta presupuestaria? ¿podría llegar a tratarse de una extorsión que ha sido tácita y mansa y también consentida por quienes supuestamente deberían ser las víctimas, convertidas entonces en cómplices del silencio? Acusaciones difíciles de probar y constatar con pruebas palmarias, a menos que se presente un arrepentido o se entre en el disco rígido de algún funcionario o se practiquen escuchas telefónicas, pero insoslayable sospechar si nos pusiéramos a evaluar la conducta pública desplegada en materia de críticas a las políticas oficiales por dichas supuestas víctimas, que para colmo de la hipocresía se muestran como progresistas.

Con el correr del tiempo muchas de dichas universidades del conurbano porteño comenzaron a crecer cuantitativamente y sus autoridades entraron a competir entre ellas como si se tratare de un tráfico de cortesanos por ver quien se engancha mejor con el poder político de turno, al extremo de crear sedes centrales y observatorios de educación superior y de políticas universitarias en la Capital Federal, para poder exhibirse, dictar cursos de pos-grado arancelados, estar cerca del poder e influir sobre cada sucesivo gobierno. Para ese mezquino y desleal propósito, la universidad más exitosa a partir del Menemismo fue en el conurbano la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), con un presupuesto de catorce (14) millones de dólares y bajo la conducción del Rector Julio Villar. Ella fue la primera beneficiaria de la Agencia o ANPCYT en el conurbano en materia de subsidios de investigación, que incluyen los múltiples subsidios que recibieran entonces el Director del Comité de Maestría Carlos Altamirano, el luego Rector Mario Ermácora y el Director del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología Mario Albornoz (los listados de los beneficiarios de las Convocatorias 1997-99 desaparecieron del Portal de la Agencia). Pero luego de la crisis del 2001, en febrero de 2002, por públicas desavenencias de su Rector Villar con el Director Mario Albornoz y, más luego, en septiembre de 2003, con el Vice-Rector Mariano Narodowski, la UNQ se vio desplazada de la hegemonía universitaria del conurbano por la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM). Las otras Universidades, como la de Gral. Sarmiento, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Matanza o Lanús quedaron relegadas en materia de subsidios y pasaron a integrar la llamada Lista de Espera de la corrupción.

Para consolidar este desplazamiento la UNSaM tuvo el privilegio que su entonces Rector Daniel Malcolm fuera designado en 2005-2006 Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, reemplazando a Juan Carlos Pugliese, quien era un funcionario de origen Radical. Posteriormente, la UNSaM creó el Observatorio de Educación Superior y Políticas Universitarias entre cuyos miembros del equipo profesional se encuentran los operadores Daniel Malcolm, Carlos Marquís y Juan Carlos Del Bello, lo cual constituye toda una definición partidaria de política universitaria y científica. Más luego, la UNSaM designó como Director de Área Curricular y como Consejero de Escuela, representante del Claustro Docente, al Lic. Jorge Luis Steinman. Durante la segunda etapa del Kirchnerismo, la UNSaM se conformó con que el Lic. Steinman ocupara un escalón inmediatamente inferior al que detentó Malcolm en la jerarquía ministerial: la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, que opera bajo la conducción de la mencionada Secretaría de Políticas Universitarias, actualmente a cargo del médico veterinario Alberto Ricardo Dibbern, aparentemente un Radical-K. Fue en ese período de la gestión del Lic. Steinman en la Dirección Nacional que la UNSaM pasó a liderar, en el conurbano, la cantidad de subsidios recibidos desde la Agencia. En efecto, en dicho período la UNSaM totalizó casi una treintena de subsidios por un monto total estimado en más de cinco millones de pesos (ver Cuadro I).

Es muy posible entonces que una vez superado el Kirchnerismo, y gatopardismo mediante, alguna otra universidad del conurbano logre copar la parada y adueñarse del presupuesto y los subsidios. Pero lo que sí es indubitable es qu

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