|
VECINOS
FRENARON LAS TOPADORAS Y AHORA RECHAZAN A LOS ARQUEÓLOGOS
Oposición a que excaven un yacimiento para liberar el predio a
un ex asesor de Nación
|
|||||
|
|||||
Tiene restos milenarios de las culturas indígenas, fue una parada
intermedia del ferrocarril y es un importante espacio público en
el límite de Tigre y Escobar, en la provincia de Buenos Aires.
Jorge
O'Reilly, de la desarrolladora de barrios naúticos EIDICO y asesor
de Sergio Massa cuando estuvo en la Jefatura de Gabinete, se lo
quiere adueñar pero no cuenta con el título de propiedad.
Los
especialistas Daniel Loponte y Alejandro Acosta (INAPL-CONICET)
dicen cumplir con la ley 25.743 pero reconocen que "si el predio
fuera del Estado Nacional diríamos: ¡presérvenlo! No hay motivos
para destruirlo". |
|||||
|
En febrero, los miembros del Movimiento en Defensa de la Pacha
se pusieron delante de las topadoras para evitar que EIDICO
construya en tierras del Estado Nacional, en la costa del arroyo Garín
y el Canal Villanueva, en la localidad tigrense de Dique Luján. Ahora
los vecinos, que desde hace tres meses montaron un campamento en el
lugar, rechazan la excavación de un sector del sitio Punta Canal
que pretenden hacer los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología
y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría
de Cultura de la Nación, en acuerdo con el Instituto Cultural
de la Provincia de Buenos Aires. La oposición se debe a que el nuevo trabajo completaría una campaña de rescate realizada durante 10 días en diciembre de 2008 con la finalidad de sacar todos los objetos y "liberar" el predio al "propietario". Justamente quien financia este estudio es EIDICO, la firma de Jorge O'Reilly, a pesar de que los especialistas y el Instituto Cultural Bonaerense no le pidieron papeles que certifiquen su titularidad porque "no lo requiere la ley". El conflicto se suscita en un paraje de uso tradicional para los pobladores y de gran importancia para los integrantes de pueblos originarios porque allí se encuentran restos de las civilizaciones que habitaban Buenos Aires hace mil años. El Movimiento en Defensa de la Pacha pide que el lugar, también conocido como Punta Querandí, sea preservado como espacio público, no sólo el sector del sitio Punta Canal sino también las dos hectáreas en las que aparecen piezas arqueológicas, incluyendo restos humanos. Sí, restos humanos, porque es una zona de enterratorios de las culturas preexistentes, como el yacimiento Garín que es un cementerio y quedó debajo del country Santa Catalina, a sólo 50 metros del acampe. Las tierras están ubicadas entre el arroyo Garín, el Canal Villanueva y la calle Brasil, en Dique Luján. Aunque el conflicto involucra también otras 18 has aledañas que corresponden al "camino de las vías muertas" en la jurisdicción de Ingeniero Maschwitz, un patrimonio histórico y cultural de la sociedad regional que -denuncian- fue ilícitamente apropiado por EIDICO en una misma operación con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), de la órbita del Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido. En diciembre de 2008, los arqueólogos Daniel Loponte y Alejandro Acosta (INAPL-CONICET) hicieron una campaña de rescate en el marco de un estudio de impacto financiado por Jorge O'Reilly, directivo de EIDICO y en ese entonces asesor de la Jefatura de Gabinete de la Nación que conducía el actual intendente de Tigre, Sergio Massa. En tan solo 10 días de rescate extrajeron 120.000 piezas en una superficie de 18 metros cuadrados pero concluyeron que la "potencialidad arqueológica" del sitio estaba "agotada", a pesar de reconocer la aparición masiva de piezas en una superficie superior porque según ellos no formaban un sitio. Lejos de terminar la historia de este yacimiento, el conflicto no hizo más que extenderse. Los vecinos e integrantes de pueblos originarios siguieron congregándose alrededor de Punta Querandí, ubicado en una antigua parada intermedia del tren que unía Ingeniero Maschwitz con Dique Luján, rodeados de obras de barrios privados, y se organizaron para defender el patrimonio público, natural y cultural. Lograron el respaldo de organizaciones de la región, de la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia de Buenos Aires, de legisladores nacionales de distintos bloques y de organismos oficiales como el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y lo que no es menor, la atención de numerosos medios de comunicación. A mediados de abril de este año los integrantes del acampe encontraron un fragmento de bóveda craneana que certificaron con el Museo Etnográfico y lograron que los arqueólogos del INAPL-CONICET recorran nuevamente el lugar. Allí, los especialistas identificaron otro resto humano y un nuevo sector del yacimiento arqueológico, a 10 metros del acampe. "Es un lente con material que hay que abrir para ver si es parte de Punta Canal que está repositado; o si es remanente del sitio original o de otro sitio", explicó Loponte a Indymedia. "Vamos a hablar con la gente de EIDICO para pedir permiso correspondiente de ingreso y de trabajo, y comentarlo con el Instituto Cultural Bonaerense", agregó. El Movimiento en Defensa de la Pacha, por su parte, ya alertó que rechaza una nueva excavación de "salvataje" y reclamó que no se "liberen" más predios al negocio inmobiliario y se preserven los humedales por su valor ecológico. Además pidió que las piezas que se excavaron en Punta Canal vuelvan al predio en el marco de un proyecto cultural que tenga en cuenta las propuestas de los vecinos y de los pueblos originarios. Recordemos que desde diciembre de 2008 los arqueólogos venían planteando que ya no había un yacimiento. Es más, en enero de este año, Loponte declaró a la revista 24con que el reclamo no tenía sentido: "se están peleando por nada", dijo contradiciendo a los vecinos que denunciaban la aparición de nuevos restos. Además, expresó que la protesta afectaba "negativamente" al proceso de "concientización empresarial". En verdad, los arqueólogos tendrían que haber ido al terreno en febrero cuando la empresa ingresó las topadoras para empezar a construir, pero según informaron les alcanzó con un aviso telefónico de O'Reilly. En efecto, según el informe de Loponte y Acosta que recomienda liberar el predio, el "propietario" fue advertido de que cuando efectuara tareas de nivelación y remoción debía ponerse en contacto con los responsables del salvataje "a fin de contrastar las ideas vertidas sobre la extinción del sitio en base a nuevas observaciones de campo basadas en la remoción masiva de tierra". Sin embargo los únicos presentes para frenar las topadoras fueron los vecinos y no los arqueólogos, quienes encima plantearon a través de los medios de comunicación que no estaban de acuerdo con la "metodología". "La empresa cumplió, nos comunicaron que iban a trabajar con sedimentos removidos para rellenar, no iban a sacar material de ningún albardón que potencialmente pudiera tener sitios", se defendió Loponte en una reciente conferencia de prensa convocada en el INAPL, un día antes de la identificación de un nuevo sector de yacimiento. La jornada fue llamada el 23 de abril por Alejandro Acosta y Daniel Loponte, quienes junto al abogado del organismo, Antonio Calabrese, aclararon las "dudas" sobre los 10 días que duró la campaña de rescate en diciembre de 2008, y sus conclusiones posteriores. Acudieron los miembros del Movimiento en Defensa de la Pacha y funcionarios del Gobierno de Tigre. De la prensa estuvo Indymedia y una documentalista que editó el corto Cementerios Country. -¿Les avisaron por teléfono pero no fueron hasta el lugar? -No, vimos el plano de la excavación y de donde iban a sacar la tierra, era material repositado. -¿Pero fueron a corroborarlo? -Es lo que dijo que iba a hacer y después efectivamente hizo. -¿La intención no era verificar si al hacer movimientos masivos de tierra aparecían nuevos restos? Porque efectivamente aparecieron. -Esos movimientos tienen que ser con sedimentos no removidos, ahí sí tendríamos que ir físicamente y comprobar la remoción. Presente en la conferencia, Graciela Satalic, una de las acampantes y quien inició las denuncias públicas por los cementerios indígenas, insistió que después que las topadoras "desmontaron alevosamente" cerca de la desembocadura del arroyo Garín quedó al descubierto mucha tierra negra típica de los albardones "con mucho material arqueológico". "Yo estuve trabajando en el sitio como ustedes, no me podría confundir con 2 o 3 pedacitos de cosas", dijo, y se lamentó que el material se fue perdiendo porque "ellos arruinaron la costa y ahora la marea va volando todo el terreno". Para Graciela lo que encontró podría haber sido "otro sitio que no se detectó anteriormente por estar rellenado con el terraplén". Y expresó que esta situación fue una de las irregularidades que la motivaron a emprender el acampe. -¿Es posible que existieran otros sitios sin detectar debajo del terraplén? -Imposible. Es un horizonte C de arroyo o laguna, donde no hay albardón- respondió Loponte.
"CUMPLIMOS AL PIE DE LA LETRA LA LEY 25.743" Los especialistas del INAPL-CONICET dijeron que su accionar cumplió con la legislación y "la tendencia mundial en arqueología académica". Destacaron que no fue un "acuerdo entre dos personas y la empresa" sino que el Instituto Cultural Bonaerense hizo un "control de calidad" y dispuso la "liberación del predio al propietario". También fundamentaron que los restos que siguen apareciendo son "materiales desestructurados" que no forman un sitio arqueológico y que durante su excavación -de 18 metros cuadrados- no aparecieron restos humanos. "No tenía mucho sentido seguir excavando, seguramente habríamos seguido encontrando piezas pero ya no sería parte del sitio arqueológico", expresó Acosta, luego de una extensa presentación acompañada por imágenes. Por su parte Loponte dijo que los lugares donde se preservan los sitios completos suelen ser deshabitados, ya que en los lugares de concentración urbana "ya entra el jugar la conciliación entre el interés público y privado". Los integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha preguntaron qué papeles presentó Jorge O'Reilly (EDICIO) como titular del terreno en el que se encuentra el sitio. "Ninguno", reconocieron los arqueólogos, "la ley no lo requiere", se excusó Loponte, quien aclaró que si el lugar fuera del Estado Nacional, "yo diría: ¡presérvenlo! Si no hay ningún motivo para destruirlo. Pero si hay una discusión por el título es un tema que a nosotros nos excede". ¿No entra en consideración lo que opina la gente sobre el lugar a la hora de ver si hay que preservarlo o no? Para el doctor Calabrese, si se extrema ese razonamiento "toda la Argentina es un sitio arqueológico, no se podría construir absolutamente nada. Por eso se preservan los lugares que tienen determinada relevancia, no todos. De los demás se saca la información pero no todo es materia de conservación". -Loponte: Si no fuera propiedad privada la discusión sería otra. -¿Y si se comprueba que no es propiedad privada? -Loponte: Seguramente va a ser preservado con toda esta movida. Más allá de la potencialidad del sitio para la investigación científica, el predio es foco de un movimiento social de pobladores, vecinos e integrantes de pueblos originarios que está generando conciencia en la sociedad, como lo reconoció el propio Loponte: "el movimiento está bueno porque está generando conciencia en un montón de vecinos y eso es fantástico", dijo. En otro momento coinciliador, Loponte expresó que "si no nos peleamos entre nosotros vamos a tener muchos mejores resultados, yo no estoy en contra de ustedes". Y se refirió a los cuestionamientos públicos a su labor: "Nos da mucha pena, somos los primeros defensores del patrimonio arqueológico porque sino nos quedamos sin nuestro objeto de estudio". -¿Quién decide qué es patrimonio cultural? - Doctor Calabrese (abogado del INAPL): ¿Quién decide una operación del corazón? - Loponte: Es una discusión interesante quién le da el significado a los recursos arqueológicos, y existe un consenso general -siempre hay un arqueólogo que opina diferente- en que la significación de los hallazgos la da la comunidad arqueológica. A su vez hay autoridades de aplicación que evalúan la calidad de ese significado. "PUEDEN PEDIR UNA REVISION AL INSTITUTO CULTURAL BONAERENSE" Daniel Loponte precisó que fue el organismo provincial quien decidió que "el núcleo de ese sitio ha sido extinguido". ¿Pero no resuelve a partir de lo que le informan los arqueólogos?, preguntó Indymedia. "Pero nos hacen un montón de preguntas, pueden ir al lugar y designar veedores", respondió. Sin embargo, lo concreto es que los funcionarios de esa dependencia responden leyendo el informe firmado por Loponte y Acosta. "Si alguien cree que se ha procedido técnicamente mal, o que hay un vicio de nulidad en el trabajo de rescate, tiene que ir al Instituto Cultural Bonaerense y decir: señores yo quiero una revisión del estudio de impacto arqueológico", dijo Loponte. El abogado del INAPL, Calabrese, agregó: "Tienen que buscar a otros peritos que sean arqueólogos e idóneos. Inclusive se pueden hacer tres pericias para que no haya problemas". Respecto al financiamiento de la campaña de rescate, Loponte aclaró que vino de EIDICO "porque es lo que marca la ley y la tendencia mundial". Este es un punto que ha sido muy cuestionado por distintos sectores, incluso hay un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo Loponte lo defendió: "existe un consenso importante de que los costos de rescate tienen que ser solventados por la empresa que haga la obra, por eso es importante trabajar de forma mancomunada con las empresas y los municipios". ¿OTRO SITIO DESTRUIDO DONDE ESTA EL CONVENTO? Alberto Aguirre, integrante del pueblo toba-qom y miembro del acampe, le preguntó a Loponte por otro sitio arqueológico que habría sido destruido por EIDICO adentro del barrio San Benito, donde hoy se levanta el Convento del Instituto Mater Dei. "Se le avisó que había un sitio para que tome intervención antes de que lo destruyan y usted fue después que las topadoras hicieron el desastre", lanzó. Loponte respondió que fue al lugar a los dos o tres días que recibió el llamado de Graciela alertándole que unas máquinas habían ingresado a trabajar y aparecieron muchos elementos arqueológicos. Pero que ya no encontró nada y que para saber si era un sitio la empresa tendría que haber contratado un estudio de impacto arqueológico. Según Graciela, apareció una cantidad importante de restos pero cargaron todo en camiones y lo usaron de relleno en otro lado. "Por eso uno toma la determinación de ponerse por delante de las topadoras, si yo hubiese estado antes se salvaba", aseguró la vecina. |
|||||
|
LA
CAMPAÑA DE RESCATE EN 2008
"No
tenía sentido seguir excavando"
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
En marzo Indymedia ofreció a los arqueólogos difundir completo
el informe oficial sobre el rescate para evitar cualquier tergiversación.
Los especialistas respondieron que preferían dar explicaciones en
una charla y que además para publicarlo en Internet debían pedir permiso
al Instituto Cultural Bonaerense y a EIDICO. La jornada
finalmente fue este 23 de abril en el INAPL, donde Daniel
Loponte y Alejandro Acosta (INAPL-CONICET) se explayaron
largamente. Loponte primero explicó que todas las empresas deben pedir un estudio de impacto antes de remover tierras y que si el resultado es positivo, hay tres grandes opciones: un muestreo de una porción del sitio; la preservación completa o parcial del yacimiento; o la recuperación completa de los objetos. También dijo que según una de las "tendencias", los sitios rescatados "deben tener significado dentro de un proyecto regional de investigación". Apoyado en la proyección de imágenes, Loponte dividió el terreno de Punta Canal en un área definida como sitio y lo demás como "no-sitio". Luego narró las distintas etapas que atravesó el yacimiento según sus teorías. Destacó que la construcción del terraplén ferroviario a principios del siglo XX fue efectuado con tierra del sitio, lo que produjo una "lluvia de materiales arqueológicos desagregados". Y más recientemente, en el 2000, la extensión del Canal Villanueva para el ingreso al barrio privado Santa Catalina "terminó de destruir el núcleo del sitio" y se produjo una distribución de material en toda la base del curso de agua. Loponte planteó que un sector del sitio original quedó debajo del terraplén, que ayudó a preservarlo, pero que tenía pocas perspectivas de conservación en el largo plazo. Las aguas del canal, las raíces de los árboles y la acción humana hubiesen ocasionado su "destrucción total en algunas décadas". Alejandro Acosta precisó que el 80% o más del sitio estaba "devastado". Acosta narró que primero se desmalezó la barranca para poder detectar el perfil del sitio lo que sucedió un metro debajo de los sedimentos de relleno, "con el color negro típico del albardón". Los albardones son elevaciones naturales formados por el desborde de los cursos de agua, y en su núcleo se encuentra la mayor concentración de materiales arqueológicos. Con una pala mecánica de EIDICO se abrieron 18 metros cuadrados, de los cuales se trabajaron 12 metros. En uno de los lados la capa negra "prácticamente se iba extinguiendo, lo que mostraba que era una de las extremidades del albardón, seguramente habría habido materiales pero ya sería no sitio", aseguró Acosta. Hacia otra dirección la capa del albardón se mostraba invertida: "evidentemente todo ese sector fue destruido cuando se hizo el terraplén, casi no había material arqueológico. Tampoco tenía mucho sentido ampliar la excavación hacia ese sector". Por último, se abrieron otros 6 metros cuadrados más. "Fue una decisión que tomamos en la medida que fuimos viendo cómo era la potencia y qué sector podía rescatarse", dijo. Las 120.000 piezas rescatadas fueron embaladas en bolsas y llevadas al INAPL para su estudio. El 80% corresponden a "microfragmentos" de restos óseos de peces. Unos 30.000 fragmentos son de restos cerámicos, de los cuales una minoría está decorada porque corresponde a los bordes. Mucho más reducidos son los artefactos elaborados en hueso (como puntas de flecha y un arpón), al igual que los producidos en distintas rocas. "Un hallazgo único en Punta Canal -pero que se repite en otros sitios, aclaró Acosta- es una cuenta de collar hecho de una malaquita que es una roca exótica probablemente obtenida a través de intercambios con grupos de otras regiones". Entre los restos óseos de fauna los más abundantes son peces, también hay cuis, coipo, venado de las pampas y ciervo de los pantanos. Algunos de éstos no sólo fueron importantes como alimentación sino también como "materia prima para la elaboración de artefactos". "QUERANDÍES ES UNA DEFINICIÓN FANTASMA" Loponte dijo que no saben a qué "grupo" pertenecen los restos. "La zona era una zona de articulación de distintos grupos étnicos, los Chaná, los Mbeguá, los Guaraníes, los Chaná-Timbú, grupos intermedios que no están definidos y los Querandíes que eran del interior. Incluso se postula que los Querandíes no existían como etnia, Querandí es una palabra guaraní y Garay cuando en 1582 reparte a todos los grupos étnicos de la zona, no están mencionados los Querandíes como Nación. En realidad Querandí existe un consenso entre casi todos los arqueólogos que es un nombre genérico que le daban los guaraníes a diferentes tipos de grupos. Por eso no los menciona Garay en su repartimento y no los mencionan un montón de otros cronistas que no tenían traductores guaraníes para vincularse con las sociedades locales. Querandíes es una definición fantasma". |
