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Barrios cerrados en áreas inundables de Tigre: ¿espacio urbano de alta calidad ambiental?
Por Fuente: Diego RÃos y Pedro PÃrez -
Saturday, Oct. 02, 2010 at 9:36 AM
Diego Ríos* y Pedro Pírez**
Urbanizaciones cerradas en áreas inundables del municipio de
Tigre: ¿producción de espacio urbano de alta calidad ambiental?***
Resumen
Desde la última década del siglo XX, los actores económicos privados comenzaron
a producir urbanizaciones cerradas sobre áreas inundables de la periferia del
Aglomerado Gran Buenos Aires, a partir de la incorporación de trabajo, grandes
capitales y tecnologías especializadas. Este proceso de producción privada de
espacio urbano, en el que convergen intereses tanto públicos como privados, ha
sido legitimado a través de discursos referidos a las nociones de “desarrollo
sustentable” y “recuperación ambiental”, viabilizando el avance de grandes “negocios
urbanos” que, contradictoriamente a lo que se sostiene, tienden a una alteración
de las funciones ambientales sin precedentes. En este trabajo se abordan las contradicciones
que surgen de los procesos asociados a la producción de espacio urbano de “alta
calidad ambiental” en términos de la confrontación entre los discursos y las prácticas
de los actores sociales intervinientes, a partir del caso paradigmático de las
urbanizaciones cerradas del municipio de Tigre.
Palabras clave: producción de espacio urbano, urbanizaciones cerradas, áreas inundables,
actores públicos y privados, cuestión ecológica, municipio de Tigre.
Revista eure (Vol. XXXIV, Nº 101), pp. 99-119. Santiago de Chile, abril de 2008
* Becario doctoral CONICET- Universidad de Buenos Aires. E-mail: diegomrios@fibertel.com.ar
** Investigador CONICET- Universidad Nacional de San Martín- Universidad
de Buenos Aires. E-mail: pedro.pirez@unsam.edu.ar.
*** Este trabajo se basa en avances de una investigación
que desarrolla Diego Ríos, con una beca doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas -CONICET-, en el marco de los siguientes proyectos de in-
vestigación de la Universidad de Buenos Aires: "Riesgo, vulnerabilidad social
y catástrofes. Estudios de caso", dirigido por la Dra. Claudia Natenzon; "La configuración
urbana de la Región Metropolitana de Buenos Aires en los años '90", dirigido por
el Dr. Pedro Pírez.
Introducción
Al igual que otras ciudades del mundo (Blakely y Snyder, 1997; Caldeira, 2000;
Davis, 1990; Glasze, 2005), parte importante del crecimiento espacial del Aglomerado
Gran Buenos Aires (AGBA) (1) se está realizando por medio de la construcción de
urbanizaciones cerradas (UC) (2) en sus áreas periféricas, que constituyen negocios
urbanos muy rentables.
Las UC son un fenómeno con una larga historia en la periferia de dicha aglomeración.
Sus primeros antecedentes fueron los countries Tortugas y Highland Park, fundados
en las décadas de 1930 y 1940, respectivamente. Estos countries estuvieron dirigidos
a los sectores más selectos de la sociedad porteña vinculados a prácticas deportivas,
tales como el polo o la hípica realizadas, por aquellos años, en ámbitos rurales.
En la década de 1960 aparece el primer country náutico sobre el bajo ribereño
del Río de la Plata: el Boating Club San Isidro. Dicho emprendimiento, ubicado
en la localidad homónima, ofrece el concepto de la amarra privada junto a la segunda
residencia, convirtiéndose en un referente de este tipo de UC. En la década de
1970 se produce la primera expansión de countries, la cual estuvo asociada al
aumento de la inseguridad, al tipo de urbanización que posibilitó la reglamentación
del decreto-ley provincial 8912/77 de “Ordenamiento territorial y uso del suelo”
(3), a la ampliación del mercado inmobiliario al incorporarse los sectores medio
altos al consumo de este tipo de productos, entre otros aspectos.
Pero es recién a mediados de la década de 1990 cuando se evidencia la más significativa
expansión de UC en la periferia del AGBA, siendo esta vez los barrios cerrados
de vivienda permanente dirigidos a sectores medios y medio-altos, los que participaron
de manera más destacada en ese crecimiento.
Según Torres (2001), para el año 1990 se contabilizaban 91 UC y para el año 2001
ya existía un total de 461 UC, localizándose el 70 por ciento de ellas en las
cercanías de la autopista Acceso Norte, al noroeste de la indicada aglomeración.
A comienzos de este nuevo siglo el fenómeno todavía no es muy significativo en
términos de la población involucrada (cerca de 100.000 habitantes permanentes
y un potencial de 500.000, para una ciudad que supera los 12 millones de habitantes),
pero sí lo es en términos de superficie ocupada: 300 km²; es decir, una vez y
media la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Así, el crecimiento de las UC
consolida y tensa las desigualdades sociales existentes, al yuxtaponer este tipo
de emprendimientos y los asentamientos precarios (incluso en algunos casos villas
miseria) en la periferia de dicha aglomeración (Pírez, 2004).
Esta última expansión de UC se enmarca en la modificación de la articulación público-privado
ocurrida en los años noventa en Argentina, vinculada a la disminución de las inversiones
públicas, al apoyo estatal a la actividad privada y al papel protagónico de las
inversiones privadas en la producción del espacio urbano. Asimismo, se relaciona
con un cambio de la intervención estatal, menos orientada por los “intereses generales”
que por intereses económicos particulares.
Estaríamos ante un caso particular de lo que en términos generales ha sido considerado
el pasaje del “administrativismo” al “emprendedorismo”, cuya tendencia es la conformación
de coaliciones entre actores públicos y actores económicos privados para atraer
mayores inversiones (Harvey, 2005). También debe destacarse la aparición de nuevos
actores y la transformación de algunos existentes, en gran medida por la participación
de capitales internacionales, con un peso cada vez mayor en la producción de la
ciudad (Pírez, 2002).
En ese contexto, se amplían y mejoran los accesos viales (autopistas) al centro
del AGBA, por medio de su concesión a empresas privadas, aumenta el parque automotriz
y su participación en la distribución de los viajes, a la vez que se incorporan
capitales (en algunos casos internacionales) al mercado de tierras. Como consecuencia,
ciertas áreas de la periferia de dicha aglomeración se volvieron atractivas para
la inversión inmobiliaria, no solo por la reducción de tiempo para su acceso,
sino también por la puesta en valor de las especificidades de sus condiciones
de sitio y posición.
Las tierras altas de la periferia del AGBA, muchas de ellas de gran potencialidad
agrícola, fueron las más valorizadas por los actores económicos privados para
la producción de UC. Sin embargo, una considerable cantidad de tierras correspondientes
a áreas de máxima inundación, también empezaron a tornarse atractivas para el
desarrollo de estos emprendimientos a partir de los años noventa (4). No obstante,
debe recordarse que la ocupación de esas áreas inundables de la periferia del
AGBA tiene una larga historia. En ese proceso los sectores de menores recursos
fueron los que tuvieron mayor participación, tanto a través del submercado legal
de “loteos populares” como por medio de la ocupación ilegal. En estos casos la
edificación de las viviendas sobre palafitos fue el sistema constructivo de mitigación
más difundido a pesar de que muchos de ellos no adoptaron ninguno. Por su parte,
los sectores medios y medio-altos también ocuparon algunas zonas de esas áreas
inundables (por lo general las más valorizadas por sus condiciones de localización),
adoptando preferentemente la edificación de sus viviendas sobre terraplenes de
tierra como sistema constructivo atenuante.
No solo las condiciones de sitio y la relativa lejanía del centro de la aglomeración
participaron como factores limitantes de la ocupación de las áreas de máxima inundación,
sino que también fueron relevantes -en cierta medida- las restricciones legales
(provinciales) para su urbanización. El primer instrumento fue el decreto Nº 21.891/49,
que prohibió fraccionar lotes urbanos sobre zonas anegadizas, y fue derogado en
1953. La ley Nº 6053/54 permitió la construcción de casas sobre pilotes en zonas
inundables, puesto que no existía obligación de rellenar los terrenos inundables
hasta ese momento. Mediante la ley 6254/60 se prohibió realizar fraccionamientos
por debajo de cota mínima de piso de 3,75 m (Instituto Geográfico Militar-IGM)
(Herzer y Clichevsky, 2001). En la actualidad los proyectos de UC que quieren
desarrollarse en la periferia inundable del AGBA deben cumplir con esta última
ley al presentar el estudio de aptitud hídrica y el proyecto de obra hidráulica
ante la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.
Ahora bien, ¿cómo fueron superadas en el caso de las UC las limitaciones físico-naturales
y jurídicas que impedían transformar las tierras inundables en tierras urbanizables,
dando lugar a un formidable negocio urbano? Con la incorporación de trabajo, grandes
capitales y tecnologías especializadas (movimiento de suelos y refulado hidráulico)5
se edificaron enormes rellenos, que implicaron el traslado de millones de metros
cúbicos de suelos, permitiendo alcanzar la “cota de seguridad” requerida por las
normas. De esta manera, dichos rellenos fueron el sistema constructivo utilizado
para incorporar esas condiciones físico-naturales adversas al proceso de producción
del espacio urbano y, al mismo tiempo, cumplir con la reglamentación vigente.
La elaboración de un andamiaje discursivo asociado a las nociones de “desarrollo
urbano sustentable”, “recuperación ambiental” y “valorización del paisaje” acompañó
ese proceso, y en un contexto de creciente “sensibilidad ecológica”, se orientó
a legitimar y viabilizar el avance de esos negocios urbanos.
Ese discurso fue introducido por los empresarios inmobiliarios, justificando la
producción de UC sobre rellenos como alternativa sustentable para urbanizar el
suelo inundable del municipio de Tigre con productos de alta calidad (6). En esos
casos, calidad y relleno van juntos. Dada la envergadura de la operación para
su producción y los costos a ella asociados, la rentabilidad queda condicionada
a su orientación hacia el consumo de los sectores de mayores ingresos. El discurso
ambiental, y el producto urbano que justifica, resulta coincidente con la estrategia
del gobierno local de garantizar cierta homogeneidad social evitando el crecimiento
de los asentamientos de población de bajos recursos, para asemejarse más a los
otros tres municipios que conforman la Región Metropolitana Norte (7) . El gobierno
municipal adopta el discurso que justifica la producción de suelo con base en
el relleno y su orientación hacia el mercado de altos ingresos. Al mismo tiempo,
la producción de ese suelo urbano en el municipio de Tigre fue posible gracias
a la contribución de su gobierno local, que aportó con cambios legales y producción
de obras físicas. Resultaría de esta manera una coalición, o una convergencia
de intereses, entre el gobierno municipal de Tigre y los grupos inmobiliarios
en la promoción de la producción de suelo urbano en zonas inundables con base
en el relleno. Es por ello que consideramos, e intentaremos mostrar, que discurso
ambiental y cooperación público-privada son dos elementos que conforman el proceso
que estudiamos.
Esa producción de UC sobre rellenos realizadas con base en una planificación privada
del espacio, sin precedentes en la historia del AGBA, contradictoriamente a lo
que se argumenta, generó importantes cambios en materia ambiental, alterando las
funciones que brinda el ecosistema del humedal y potenciando/produciendo, al mismo
tiempo, situaciones de riesgo de desastres por inundaciones.
En este trabajo se aborda la expansión de UC construidas sobre rellenos en áreas
inundables del municipio de Tigre ubicado al noroeste del AGBA (ver Figura 1).
Esa expansión ha sido sumamente significativa en términos de cantidad y magnitud
de emprendimientos: entre los años 1991 y 2001, la superficie ocupada por las
UC sobre rellenos en las áreas inundables del sector continental de Tigre creció
cerca de 20 veces, superando las 3.300 hectáreas. Por lo demás, esas operaciones
presentan enormes potencialidades para Tigre si se considera la gran disponibilidad
de tierras económicas localizadas en su sector de islas del Delta del Paraná (Ríos,
2002).
Figura 1. Mapa del Aglomerado Gran Buenos Aires (2001)
Fuente. Elaboración propia en base a INDEC (2003).
Más específicamente, se indagan las contradicciones que surgen en los procesos
de producción privada del espacio urbano con la expansión de UC de “alta calidad
ambiental” para el caso de las áreas inundables del municipio de Tigre, por medio
del análisis de los discursos y de las prácticas vinculadas a dichos procesos.
Se utiliza, para ello, información secundaria (documentos oficiales, bibliografía
específica, revistas y periódicos, propaganda inmobiliaria, planes directores
y de manejo ambiental, etc.) e información primaria recogida en trabajo de campo
mediante entrevistas abiertas.
En el siguiente apartado se presenta el marco teórico-conceptual desde donde se
aborda el análisis, tanto de la producción del espacio urbano como de la difusión
de la “cuestión ecológica”.
A continuación, se caracteriza y analiza la articulación entre actores públicos
y privados que posibilitó la expansión de las UC construidas sobre rellenos en
áreas inundables del municipio de Tigre y sus consecuencias ambientales. Se toma
como caso paradigmático la planificada mega-UC Nordelta. En el último apartado
se exponen algunas consideraciones finales.
Producción de espacio y cuestión ecológica. El caso de las urbanizaciones cerradas
de la periferia del AGBA
La producción de espacio se ha convertido en una de las actividades más rentables,
atrayendo capitales que se mueven de un sector a otro de la economía. Se asiste
a una tendencia que va del espacio de consumo (particularmente productivo) al
consumo del espacio. Es decir, cada vez más se compran y venden pedazos de espacio
para la reproducción de la vida. Esto implica que el espacio se torna mercadería,
entra en el circuito de cambio, y, por lo tanto, en la esfera de la comercialización,
lo que limita su uso a las formas de apropiación privada, señalando el triunfo
del valor de cambio sobre el valor de uso (Lefebvre, 1976, Lefebvre, 1995; Carlos,
2004).
La producción de espacio, en tanto relación sociedad-espacio mediada por el trabajo
humano, implica fundamentalmente un proceso de valorización del mismo. Así, la
apropiación de recursos del espacio, la construcción de formas humanizadas sobre
él, la conservación de esos constructos, las modificaciones, sean del sustrato
natural o de las obras realizadas por la sociedad, representan una creación de
valor. En el proceso de valorización del espacio la renta, en tanto expresión
de la propiedad privada, adquiere un papel primordial. Más aún cuando se convierte
en renta monopólica, es decir, cuando se produce una valorización de cualidades
singulares, únicas o raras (sean naturales o construidas) del espacio. Dichas
cualidades por sí solas no le otorgan un valor especial a determinado espacio,
es decir, no son inherentes al mismo, sino que están asociadas a la valorización
que de ellas hace la sociedad (Moraes y Da Costa, 1987).
Las cualidades del espacio no son algo estático, sino componentes dinámicos modificables
por la sociedad sujetos a patrones de valorización social, influidos por los niveles
tecnológicos alcanzados y por los aspectos ideológico-culturales, variables en
cada momento histórico (Lindón, 1989).
Principalmente, la valorización del espacio pasa por las formas de pensamiento
que los hombres construyen en su relación con su espacio. De allí que en ese proceso
de producción, las ideas, representaciones e imágenes que introducen los grupos
hegemónicos tienden a cumplir un papel privilegiado en la producción del discurso
sobre el espacio, que puede incluir como en este caso cuestiones ecológicas con
carga ideológica (Carlos, 1994), intentando legitimar así los procesos de valorización
y transformación de determinados espacios en beneficio propio (Lefebvre, 1995).
Entre los argumentos más potentes utilizados para legitimar la expansión urbana
de las últimas décadas del siglo XX, liderada por el fenómeno de las UC, sobresale
la noción de “desarrollo urbano sustentable”. La utilización de esta noción está
significada por la relevancia que ha adquirido la “cuestión ecológica”, particularmente
desde los años setenta, en el mundo y en la Argentina. Precisamente, esta cuestión
surge cuando la crisis del capitalismo acentúa la presión sobre la naturaleza
y el trabajo humano como fuentes de riqueza. Para los ecologistas el primero de
ellos es el centro de sus preocupaciones bajo la noción de ambiente (Thomas, 1994).
Todo proceso de producción realizado por la acción humana tiende a prescindir
de algunos aspectos de la naturaleza considerados inútiles para el fin buscado.
Un objetivo utilitarista produce una parcialización de la naturaleza, reemplazando
su multidimensionalidad por una unidimensionalidad artificial. El propio modo
de producción capitalista (8) lleva a sus máximas consecuencias ese proceso al
consolidar la propiedad privada (Martínez- Echeverría y Ortega, 1997). La naturaleza,
cada vez más fragmentada por la propiedad, y frente a un mayor grado de explotación
detrás de rendimientos superiores, evidencia una proliferación de impactos negativos
de gravedad. Por consiguiente, el rápido avance de la industrialización y de la
urbanización desencadenó en la “crisis ecológica” actual, la cual se expresa en
los procesos de contaminación, reducción de recursos naturales, deforestación,
desertificación, etc., sin precedentes en la historia de la humanidad.
Ante este contexto, los bienes naturales (agua, flora, fauna, etc.), que en otros
momentos históricos eran considerados “bienes libres”, pasan a ser regidos por
las leyes de la propiedad privada. Los bienes naturales convertidos en “nuevas
rarezas” son objetos de uso corriente y la condición de ser raros les atribuye
valor de cambio, pudiendo convertirse en mercaderías. En tanto nuevas rarezas
representan una condición para la (re)producción del capital, luego de ingresar
en el proceso de circulación de las mercaderías. Al ponerles precio a los bienes
naturales se refuerza la separación entre el hombre y la naturaleza, pese a la
apropiación que hace de ella con su uso. Los bienes naturales tienden así a funcionar
como soportes de la producción de nuevos valores de cambio, como naturaleza mercantilizada
para ser consumida (Santana, 1999).
La creciente sensibilidad ecológica, compuesta por corrientes sin fronteras precisas,
se encarna en públicos, programas y prácticas extremadamente diversificadas que
permiten nuevas salidas al capital con el desarrollo tecnológico y el surgimiento
de nuevos mercados. La ética ecológica amplía la esfera de la mercadería, introduciendo
nuevos vectores de crecimiento: las “tecnologías limpias”, la “ecoingeniería”,
los anticontaminates, la infinidad de “productos ecológicos”, etc. De allí que
algunos autores hablen de una “ecología del absurdo” cuando, por ejemplo, las
exigencias que deben cumplir las empresas contaminantes se reducen a la incorporación
de tecnologías limpias, fijando un precio a la descontaminación, transformándola
en rentable (Alphandéry, Bitoun y Dupont, 1992; Lipovetsky, 1996). Para alcanzar
un ambiente más limpio se proponen cambios en el uso de los distintos mecanismos
de producción, recurriendo a la tecnología como la salvación de los problemas
ecológicos. Se cambia el eje de una posible resolución desde lo político a lo
técnico. En ese contexto, los actores estatales deberían promover una demanda
que fomente el perfeccionamiento de tecnologías limpias, alejándose del control
de las empresas
(Fernández y Gutiérrez Brito, 1997).
La conciencia ecológica comienza a invadir la vida cotidiana desde las últimas
décadas del siglo XX y, con mayor fuerza desde los años noventa, produciendo nuevas
necesidades en la sociedad de consumo. Esa conciencia induce gustos y preferencias
de consumo con determinados parámetros de calidad. En la articulación entre oferta
y demanda, se engendra el “consumidor ecológico”, que reconoce la repercusión
de sus acciones cotidianas en el ambiente, con la creencia de que sus acciones
pueden contribuir a frenar el deterioro ecológico.
Estos comportamientos de los consumidores permiten ampliar los mercados introduciendo
cambios, a veces insignificantes, en los procesos de producción, asumiendo que
determinados clientes están dispuestos a pagar más por los productos ecológicos
(Fernández y Gutiérrez Brito, 1997; Santana, 1999).
Los actores económicos privados que producen espacio urbano en la periferia del
AGBA ofrecen un nuevo producto de “alta calidad ambiental” para los sectores medios
y medio-altos: las UC.
Esta oferta se realiza a través de una mediación publicitaria (9) y de estudios
de marketing que, con un reiterativo discurso ecológico, promueven la necesidad
de “vivir en contacto con la naturaleza”, como práctica para una “mejor calidad
de vida” (10).
En esa publicidad, al tiempo que se exaltan los servicios de alta calidad, como
los sistemas de seguridad, se omiten ciertos elementos no atractivos para los
sectores a los que se dirige el producto, como puede ser el paisaje deteriorado
y la inseguridad asociada con los vecinos asentamientos precarios y “villas miseria”11
. De allí la idea de vivir en el “campo”, en contacto con la “naturaleza” y las
prácticas positivas asociadas, en tanto “ocultamiento” de los aspectos negativos
propios a los lugares donde se implantan12.
Se instala, cada vez con mayor potencia, como sostenía Gaviria (1971) en los años
setenta, la necesidad de consumo de “espacios verdes”. Se despliega una carrera
por una tierra promovida especulativamente, desde una suerte de “ideología de
la clorofila”, gestada por actores económicos privados vinculados a los negocios
urbanos, entre los que adquieren un papel fundamental las empresas de publicidad
y de marketing.
Figura 2. Imagen satelital del área de estudio, año 2005
Fuente. Elaboración propia en base a Daniele, Ríos, De Paula y Frassetto
(2006).
El caso del municipio de Tigre y la expansión de urbanizaciones cerradas de
alta calidad ambiental.
Tigre es un municipio con una historia de más de un siglo asociada a la radicación
de residencias de fin de semana, preferentemente ubicadas en su sector de islas
del Delta del Paraná. Por su parte, en su sector continental, el mercado residencial
dirigido a los sectores medios y medio-altos no ofrecía grandes posibilidades
de expansión hasta la última década del siglo XX, pese a que cerca de un tercio
de esa superficie eran tierras económicas pertenecientes a los valles de inundación
de los ríos Luján y Reconquista (Núñez, Jankilevich, Brunstein y Pelfini, 1998).
Las características físico-naturales (alta salinidad de los suelos, anegabilidad,
inundaciones periódicas, etc.) y la incompleta accesibilidad de esas tierras restringieron
el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios para estos sectores (13). Por el
contrario, esas mismas características que influyeron en la formación del exiguo
valor en el mercado y uso productivo fueron revalorizadas por los actores económicos
privados (y también públicos) a la luz del nuevo contexto socioeconómico, tecnológico
y de mayores inversiones, convirtiéndose en la base fundamental para el crecimiento
de las UC sobre rellenos. Esta ocupación de tierras inundables implicó cambios
socio espaciales inéditos en la producción del espacio urbano residencial (ver
Figura 2).
La expansión de UC en el municipio de Tigre no solo fue incentivada por las mejoras
en la accesibilidad vial de la autopista Acceso Norte y por la dinamización del
mercado inmobiliario, en el contexto general de mediados de los años noventa.
Fue además muy importante la convergencia de intereses (económicos, políticos,
ideológicos, etc.), públicos y privados, para transformar una gran cantidad de
tierras consideradas “improductivas” o “baldías” en un formidable negocio urbano.
Tal convergencia se hizo evidente en los discursos como en las prácticas desarrolladas
por los actores públicos y privados participantes (14), que tendieron hacia una
puesta en valor de esas áreas inundables del territorio de Tigre.
En el plano de los discursos, los actores públicos y los actores económicos privados
promovieron la realización de UC sobre rellenos y de obras conexas que, en tanto
“desarrollos sustentables”, permitirían una “recuperación ambiental” de esas áreas
inundables. Instalaron la necesidad de realizar inversiones (públicas y, sobre
todo, privadas) como promoción del “bien común”, de la oferta de trabajo, del
beneficio para el “conjunto” de la población local, etc. Esos discursos, en una
aparente coherencia racional y objetiva, justificada por la generación de un “efecto
derrame” de las UC, tendieron a legitimar los planes directores (o master plans)
de esos emprendimientos y las evaluaciones de impacto ambiental (con sus correspondientes
declaraciones otorgadas por el Estado), oscureciendo las contradicciones y los
conflictos sociales que se derivan del complejo proceso de producción de ese espacio.
Entre las prácticas llevadas a cabo por los actores públicos y privados que permitieron
la puesta en valor de algunas de las condiciones de sitio y posición, se destacan
la realización de obras de infraestructura (transporte, saneamiento y control
de inundaciones, turístico-recreativa) y los cambios en las normativas sobre el
código de zonificación del uso del suelo. Aquí el Estado adquirió un papel dinámico
en la intervención de la producción de ese espacio, evidente, por ejemplo, en
expresiones realizadas por el propio intendente de Tigre: “habíamos hecho mucha
inversión pública para atraer la gente a Tigre, mucho dinero en mejorar la imagen
para que los emprendedores pudieran tener una mejor comercialización de los barrios
[UC]. Es más fácil atraer a la gente así” (Lanusse, 2005, p. 1).
Además de las obras de ampliación y modernización de infraestructura vial de la
autopista Acceso Norte, que incluye el ramal Tigre, efectuadas a mediados de los
noventa, se continúan construyendo desde los primeros años del presente siglo
accesos viales directos a las áreas donde se localizan las UC sobre rellenos.
Entre estas se destacan:
• El corredor vial Bancalari-Benavídez, que conecta esas localidades con el Acceso
Norte, obra que fue financiada por un consorcio formado por la municipalidad de
Tigre y empresas constructoras-desarrolladoras de una serie de UC beneficiadas
por la obra (15), y
• El camino Interisleño que comunica el ramal Tigre del Acceso Norte con la ruta
provincial N° 27, paralelo al canal aliviador del río Reconquista, realizado por
un convenio entre la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación (ente financiador)
y la Dirección Nacional de Vialidad (ente supervisor). Hasta el momento esta obra
constituye el tramo I del mencionado camino, que a través de un puente sobre el
río Luján llegaría hasta el río Paraná de las Palmas en las islas del Delta (16).
En los primeros folletos que promocionan las UC de Tigre ya figuraba el camino
Interisleño como una obra a realizarse, mostrando a partir de ésta el interés
de las empresas desarrolladoras en expandir el negocio urbano sobre las islas
del Delta. Desde el gobierno municipal se afirma que esta obra va a favorecer
a los productores de la zona, a pesar de que son escasas las actividades productivas
que han quedado en ese sector del Delta. De avanzar en la concreción del camino
Interisleño es probable que se origine un crecimiento significativo de las UC
sobre rellenos en las islas, donde ya están funcionando tres emprendimientos.
Además, ya ha sido aprobado por dicha municipalidad el controversial proyecto
Delta del Plata, una UC de alrededor de 600 ha. que requiere realizar un puente
desde el vecino sector continental de San Fernando (Videla, 2002). La posibilidad
de avance de los accesos viales y de las UC a las islas del Delta genera resistencias
de los vecinos isleños que no quieren ver alteradas sus prácticas cotidianas asociadas
a una vida en contacto con una naturaleza menos intervenida por la sociedad.
La consolidación de las UC en un área de escasa infraestructura vial haría lógico
y necesario ampliar y mejorar los accesos viales, en particular porque cada nueva
familia que se radica en las UC de la zona agrega, por lo menos, dos vehículos
particulares al parque automotor del municipio de Tigre.
Estos nuevos accesos viales no solo mejoran las condiciones del tránsito, sino
que también (como si los nuevos caminos fuesen un by-pass) evitan a los residentes
de las UC transitar por zonas consideradas “peligrosas”, al estar pobladas en
sus alrededores por sectores medio-bajos y bajos. En este sentido, el propio Intendente
expresa las ventajas que ofrece el municipio de Tigre en relación a otros donde
también se han expandido las UC, pero sin que se hayan realizado obras viales
que los conectan directamente con el Acceso Norte: “… los barrios nuestros [entiéndase
UC] tienen un acceso limpio, franco e iluminado” (Lanusse, 2005, p. 2). Expresiones
como esta, que denotan una ausencia de contacto, de encuentro, de conflicto entre
poblaciones socioeconómicamente distantes, tienden a posicionar a Tigre en una
situación diferencial, cada vez más importante para los compradores de UC en su
búsqueda de una “seguridad idealizada”, que depende también de las características
de sus accesos viales.
Las licitaciones de esas obras viales han sido ganadas y llevadas a cabo (algunas
actualmente en construcción) por empresas que forman parte de los dos mayores
constructores-desarrolladores de UC edificadas sobre rellenos del municipio de
Tigre: Supercemento SAIC.-DYOPSA, para el caso de Nordelta SA., y Pentamar SA.,
para el grupo Pentamar-EIDICO, ambas con experiencia en construcción en general
y en obras hidráulicas y de dragado en particular. Esas obras, financiadas total
o parcialmente por organismos internacionales de crédito, también implican un
mayor endeudamiento del Estado para facilitar la maximización de beneficios privados
(Ríos, 2002).
Entre las obras de infraestructura de saneamiento y de control de inundaciones
se destacan las realizadas sobre el río Reconquista, que finaliza su curso en
el territorio del municipio de Tigre, abriéndose en dos brazos: el Reconquista
Chico y el Tigre, que da nombre al municipio. El río Reconquista es el segundo
en importancia que atraviesa el AGBA y es uno de los más contaminados del país.
Aporta un tercio de la contaminación del Río de la Plata, luego de colectar, a
lo largo de sus 50 Km, los efluentes industriales y cloacales vertidos por más
de 12.000 industrias y 3 millones de habitantes. Las obras están siendo encaminadas
por la Unidad de Coordinación del Proyecto río Reconquista (UNIREC), ente autártico
de la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos de la provincia de Buenos Aires. Se financian con un crédito que tomó
la provincia de Buenos Aires del Banco Interamericano de Desarrollo- BID y del
Japan Bank for International Cooperation de 355 millones de dólares. Desde la
devaluación del año 2001 las obras están paradas porque se licuaron los fondos
con que se contaba, sumadas a acusaciones de corrupción. De allí que todavía no
se han podido finalizar etapas de obra anteriores, como la instalación de plantas
de tratamiento cloacales, fundamentales para los fines de descontaminación (Ríos,
2002).
La presente situación del río Reconquista está aún lejos del objetivo de saneamiento
del proyecto del UNIREC. Entre los principales impactos ambientales negativos
generados durante y después de la gestión de las obras pueden señalarse:
• El desvío del caudal del río Reconquista por el canal aliviador. Dicho canal
fue construido a comienzos de 1970 para aliviar los aumentos del volumen causados
por precipitaciones en la cuenca. En esta oportunidad se efectuó un corte transitorio
del río Tigre (que hasta el momento parece ser permanente), con lo que se desvió
por el citado canal no solo la totalidad del caudal sino también la contaminación
que éste transporta, afectando a otros sectores de las islas del Delta en donde
residen pobladores que todavía utilizan el agua del río para aseo, consumo diario,
etc. (17);
• El traslado de lodos contaminados con plomo, cadmio, cromo, etc. provenientes
del dragado del lecho del río Reconquista Chico, depositados en un sector de islas
del Delta del municipio de Campana; y
• La disposición de lodos contaminados en los predios de la mega-UC Nordelta.
La empresa licitataria del dragado y refulado del canal aliviador, constructora
de la aludida UC, utilizó esos lodos contaminados como material de para la construcción
de los rellenos de ese emprendimiento (18).
Tal como afirman las ONG ambientalistas y los vecinos de las islas, la operación
de desviar el mal olor y la contaminación que ahuyentaba a los turistas e inversores
vinculados a los negocios turístico-recreativos e inmobiliarios, terminó perjudicando
a otros pobladores (como los isleños) y valorizando las tierras cercanas a las
márgenes del río Tigre.
El municipio de Tigre está consolidándose como uno de los principales destinos
turísticos de la periferia del AGBA, sumando atractivos en el continente además
de los atractivos “naturales” propios de las islas de Delta. Para fines de los
años noventa se remodelaron la estación fluvial y la estación ferroviaria, y el
capital privado construyó el Parque de la Costa (centro de diversiones cuyo proyecto
incluyó al Tren de la Costa) y un casino. Simultáneamente, en la margen derecha
del citado río, comenzaron a desarrollarse grandes edificios torre cercanos al
sector turístico del centro de Tigre, alguno de los cuales ya están habitados.
Los cambios en las normativas que reglamentan la producción del espacio urbano,
por su parte, fueron otra de las condiciones decisivas para promover mayores inversiones
privadas en Tigre.
Así, ante el contexto de los años noventa de crecimiento y presentación de proyectos
de inversión en UC, el Consejo Deliberante del municipio de Tigre sancionó la
ordenanza N° 1894/96 (dentro del marco regulatorio del decreto-ley 8912/77), con
la que se modificó el antiguo código de zonificación de uso del suelo. Para el
secretario de gobierno municipal esto garantiza: “a la gente que quería llevar
adelante desarrollos urbanísticos la seguridad jurídica necesaria para que, cumpliendo
con el código de zonificación, pueda encarar este tipo de emprendimientos. Esto
nos permitió tener hoy un [municipio] con un crecimiento ordenado” (Sánchez, 2000,
p. 2). Con la sanción de esa ordenanza, que establece una reclasificación de los
usos del suelo, se regularizaron algunas de las UC que ya estaban en construcción
y que se encontraban en usos no permitidos (19). El propio intendente señala a
esos cambios en la normativa como uno de los factores claves del éxito de la expansión
de UC en Tigre: “... el gran resultado ha sido causado por dos factores: la seriedad
de los inversores y la seriedad de nuestras normas, nunca las cambiamos en el
medio del juego, y si lo hacemos, lo hacemos para todos igual, porque nunca aceptamos
nada por vías de excepción” (Lanusse, 2005, p. 4).
El intendente de Tigre destaca entre los mayores logros de su gestión haber allanado
el camino para la radicación de inversiones privadas en UC, sin esconder sus intereses
más profundos, que terminan siendo convergentes con los de los actores económicos
privados (Lanusse, 2005): “hemos abierto la inversión para cambiar el sistema
que existía. Porque si no hubiéramos tomado la determinación de facilitar la inversión
de los barrios [léase UC] y los emprendimientos particulares; y con tantas superficies
desocupadas, Tigre podría haber sido una desgracia, una gran villa de emergencia
como Moreno” (p. 1) (20).
Estas declaraciones muestran algunas cuestiones claves. Por un lado, el propósito
de favorecer a los actores económicos privados no se limita solamente al objetivo
de acrecentar los ingresos municipales a través del pago de la tasa del servicio
municipal de Alumbrado, Barrido y Limpieza-ABL y, principalmente, del permiso
de construcción de viviendas, sino que también se busca un cambio en el perfil
socio-económico de la población, acercándose así a las características de los
municipios vecinos de la zona norte del AGBA, donde predominan los sectores medios
y altos. Correlativamente, se pretende evitar el crecimiento de asentamientos
y “villas miseria”, que en vez de generar aportes a las arcas municipales demandarían
mayor gasto social solventado por el Estado. Por otro lado, en línea con los objetivos
de la propuesta de conformación de una Región Metropolitana Norte, más cercanos
al “emprendedorismo” urbano para atraer inversiones privadas que a la ejecución
de políticas sociales, Tigre se colocaría, a partir de las millonarias inversiones
en UC y otros negocios urbanos, como un nuevo nodo de atracción de inversiones
privadas21.
Por su parte, el mayor protagonismo de los actores económicos privados en la transformación
del área inundable estuvo asociado con la construcción de las UC sobre rellenos
de refulado hidráulico, que implicó el movimiento de millones de m³ de suelos
para alcanzar la cota de seguridad requerida. Ahora bien, cabría preguntarse ¿de
dónde y cómo se obtuvieron los suelos para construir los rellenos de las UC? Para
ello se elaboraron distintas estrategias:
• La forma predominante fue (y continúa siendo) la realización de profundas excavaciones
en el predio donde se desarrolla la UC. Así, se obtuvieron suelos suficientes
para elevar las áreas destinadas a viviendas y servicios y se generaron enormes
“lagos”, que en algunos casos alcanzaron cientos de hectáreas. Dado que los lotes
linderos a los lagos son los más requeridos, se optó por aumentar el perímetro
de sus costas para alcanzar la mayor cantidad de lotes frentistas, con lo que
esos lagos comenzaron a adquirir formas más complejas;
• A partir de excavaciones en predios cercanos, lo que produjo un paisaje de cavas
abandonadas en los alrededores de las UC22. Esta estrategia fue realizada por
las primeras UC que se construyeron en la zona. Asimismo, en algunos casos se
compraron terrenos con cavas que, una vez readaptadas, terminaron convirtiéndose
en los lagos ofrecidos por las UC; y
• A partir de la extracción de suelos de las cercanas islas del Delta. Estos suelos
fueron dragados y llevados a través de una manga, por debajo del río Luján, hacia
el predio de una UC en el continente, donde fueron depositados (a partir de la
técnica del refulado) en diques perimetrales de contención que, una vez decantados,
formaron los rellenos2323.
La magnitud de los impactos en el sector inundable del municipio de Tigre sirvió
como disparador para que los actores económicos privados elaborasen discursos
orientados a justificar ambientalmente (a partir de las ideas de “saneamiento
ambiental”, de “valorización del paisaje”, etc.) las significativas transformaciones
que iban a resultarse de la construcción de las UC edificadas sobre rellenos.
Para estos actores los humedales de Tigre eran considerados como “pantanos improductivos”,
que debían convertirse, a través de la incorporación de capitales y tecnologías
especializadas, en espacios urbanos de “alta calidad ambiental” que distinguirían
al “nuevo Tigre”.
Estos argumentos han quedado expresados en sus propias declaraciones (Fernández,
2002): “Acá había grandes espacios de tierra libre, donde no se podía vivir. Eran
tierras bajas, y a través de un trabajo de ingeniería se pudo reciclar [...].
Se convierte un pantano, a través de relleno y refulado, en un lugar con lagos”.
A lo que agrega: “El proyecto ofrece una ciudad con mejores condiciones sociales
y urbanísticas, comenzando por la recuperación de un área baja y ecológicamente
deteriorada, por medio de obras de saneamiento hidráulico y valorización del paisaje,
sin las cuales el terreno seguirá siendo un enorme baldío inaprovechable y peligroso”.
(p. 57).
Del total de la superficie transformada por las UC edificadas sobre rellenos en
tierras inundables del sector continental de Tigre (alrededor de 3.300 ha. para
el año 2001), más del 70 por ciento corresponde a dos mega-UC (24): Nordelta y
Villa Nueva. Ambos emprendimientos se presentan como proyectos urbanísticos planificados
y en el caso de Nordelta como nueva “ciudad ambiental” (25). Es por ello que a
continuación se aborda brevemente la historia de este emprendimiento y los discursos
que lo legitiman como ciudad ambiental.
La planificación urbana privada: el caso de Nordelta. ¿Ciudad ambiental?
Nordelta es la mayor de las “ciudades privadas” en Argentina. Con una superficie
total de 1.600 ha. está integrada por 20 barrios cerrados, con capacidad proyectada
de 140.000 habitantes en 20 años, servicios de ciudades intermedias como centros
de compra (shopping center y supermercado), sanatorios privados, centros de educación
que incluyen desde el jardín de infantes hasta nivel universitario, accesibilidad
brindada por nuevas o modernizadas autopistas y rutas, canales de navegación con
acceso al río Luján, dos futuras estaciones ferroviarias, entre otros. Sus constructores-
desarrolladores están llevando a cabo una inversión directa de alrededor de 250
millones de dólares que, con inversiones en comercios, servicios educativos, medicinales
y construcciones particulares, alcanzará un total cercano a los 750 millones de
dólares. Se supera cualquier inversión en proyectos urbanísticos privados de este
tipo conocidos hasta el momento (Janoschka, 2002).
Nordelta comenzó como proyecto en 1972, cuando las empresas Supercemento SAIC.-
DYOPSA adquirieron a muy bajo costo parte importante de las tierras pertenecientes
al valle de inundación del río Luján, entre las localidades de General Pacheco
y Benavides en el municipio de Tigre. Esas empresas pidieron estudios para desarrollar
una nueva ciudad que descentralizara al AGBA bajo un proyecto privado, independiente
de las políticas estatales. Se anticiparon a lo que sucedería dos décadas después
luego de la reforma del Estado y el nuevo papel estatal en la producción urbana.
Tal como sostiene el presidente de las empresas antes aludidas, el proyecto Nordelta
resignificó la producción del espacio urbano, puesto que hasta ese momento el
único que podía producir grandes fragmentos urbanos era el Estado y, en el caso
del sector privado, la producción –en ausencia de políticas urbanísticas- se realizaba
de manera sumamente especulativa, proporcionando como resultado los desprovistos
“loteos populares” que predominan en el paisaje de la periferia de la aglomeración
(Astolfoni y Constantini, 1999).
Esas empresas se contactan a fines de los años ochenta con el Centro de Estudios
y Proyectos del Ambiente (CEPA) de la ciudad de La Plata, que ya tenía una importante
trayectoria en la intervención de proyectos urbanos, para que elaborase la propuesta
del plan director de Nordelta entre los años 1989 y 1999 26.
En 1996, luego de haber alcanzado la seguridad jurídica unos años antes27, las
empresas Supercemento SAIC.-DYOPSA comenzaron la construcción. Sin embargo, por
aquellos años esas empresas entran en una etapa de fragilidad financiera, por
lo que debieron buscar otros capitales para continuar el proyecto. A partir de
1998, Consultatio Inversora SA se incorpora al proyecto Nordelta con la compra
del 50 por ciento del paquete accionario e inversiones que provienen de capitales
suizos (Astolfoni y Constantini, 1999).
La propuesta inicial del plan director de Nordelta, realizada por el CEPA a fines
de los años ochenta, consistía en una ciudad abierta, incluida a la trama urbana
adyacente, con una amplia heterogeneidad social (desde sectores altos hasta medio-bajos),
con topes de densidades y criterios de manejo del suelo y el ambiente, y con elasticidad
para su desarrollo en etapas de acuerdo con los cambios requeridos por la demanda
a través del tiempo. En esa propuesta inicial las formas predominantes que adoptaba
el espacio urbano se acercaban a las de la ciudad tradicional: trazado en damero,
calles rectas, existencia de veredas, zonas de centralidad y urbanidad. Además
se destacaba la presencia de un enorme lago central que se conectaba con el canal
mayor (y su acceso al río Luján) y el canal aliviador del río Reconquista, posibilitando
la circulación y renovación del agua. Alrededor de ese lago se desarrollaba una
gran área verde de acceso público y por detrás de esta una avenida de circunvalación
(ver Figura 3).
Figura 3. Mapa de Nordelta. Plan director de fines de los años ochenta
Fuente. Pesci (2003).
A fines de la década de 1990 se reorienta el proyecto inicial. El nuevo plan director
de Nordelta encarna a una “ciudad de barrios cerrados” con acceso público a la
oferta de servicios localizados en los bordes del emprendimiento (centro de compras,
de salud, educativos, etc.). Entre los cambios que adopta el espacio urbano del
nuevo Proyecto se advierte una supresión de las formas rectas y ortogonales que
rememoran el espacio -sobre todo público- de la ciudad tradicional (De Terán,
1999), por un predominio de formas redondeadas, evidentes en el trazado de las
calles, en la transformación del gran lago central (aumento del número de penínsulas,
bahías e islas) y en la multiplicación de lagos menores. Dichos cambios implicaron
una disminución de los espacios públicos del plan director inicial, tales como
las veredas y las importantes áreas verdes contiguas al gran lago central, con
el objeto de maximizar la comercialización de las superficies del emprendimiento
(ver Figura 4). Estas transformaciones del espacio pueden entenderse ante el contexto
de un nuevo mercado residencial (oferta de barrios cerrados y demanda de las nuevas
clases media-altas) dentro del “imaginario verde” y el valor de la seguridad de
los años noventa y, también, del perfil que adquiere el grupo empresarial con
la incorporación de Consultatio SA.
Asimismo, el desarrollo de esta mega-UC acrecienta el número de calles, que, según
lo contemplado en el decreto-ley 8912/77 sobre los nuevos núcleos urbanos, deberían
ser de acceso público y de dominio municipal. A pesar de ello, la municipalidad
de Tigre, a través del decreto N° 714 del 2001, le cedió su uso a Nordelta hasta
finalizar las obras. Esa cesión podría ser a muy largo plazo, si se considera
que la duración del proyecto es de 20 años. Pero sobre todo por el papel que está
llevando a cabo el gobierno municipal en la relación público-privada en las últimas
décadas.
Figura 4. Mapa de Nordelta. Plan director de fines de los años noventa
Fuente. Folletería comercial de Nordelta (s/f).
La propuesta del plan director de Nordelta se efectuó bajo la impronta de las
nociones de “sustentabilidad ambiental” divulgadas desde las últimas décadas del
siglo XX, y que el propio CEPA está difundiendo28. Por esa razón no solo se planificaron
los aspectos meramente urbanísticos, sino que se formularon a través del plan
director y, también, del plan de manejo ambiental integrado (efectuado este último
por la consultora Estudio E3), un conjunto de recomendaciones y medidas organizacionales
y funcionales en torno a la temática ambiental, que comprende desde aspectos como
la forestación con árboles autóctonos, la incorporación de prácticas eficientes
de ingeniería ambiental hasta el manejo de desastres de inundaciones (Ríos, 2005).
Estas características, entre otras, son las que permiten a Nordelta diferenciarse
de otras UC como ciudad ambiental. Según la revista Ambiente, editada por el CEPA,
Nordelta es un proyecto sustentable de características únicas:
• En “lo ecológico”, porque posee 1600 ha. saneadas, según criterios hidrológicos
y paisajísticos adecuados, 300 ha. están destinadas a parques y lagos de gran
cuidado ecológico;
• En “lo socioeconómico”, porque la población esperada de 140.000 habitantes brindaría
amplias posibilidades de empleo y una oferta excepcional para inversiones privadas
en residencias, centros comerciales, centros turísticos, oficinas, empresas, etc.;
y
• En “lo socio-cultural”, porque ofrecerá una nueva centralidad urbana, que fortalecerá
y equiparará la posibilidad de vivir y trabajar en un mejor paisaje. Contará con
todos los servicios y la infraestructura básica completa que puede brindar una
ciudad. Reforzará la identidad del Tigre y la valoración del Delta, etc. (Pérez,
1999).
Como se puede advertir, la sustentabilidad ambiental es uno de los fundamentos
de ese discurso. Los planes directores juegan un papel protagónico en la legitimación
de las UC como productos de “alta calidad ambiental”, en donde parece que hasta
el más mínimo detalle ha sido planificado por los actores económicos privados,
de acuerdo a lo manifestado por el actual presidente de Nordelta en los medios
gráficos (Sánchez, 2000): “La ciudad ha sido diseñada con el objetivo de buscar
un balance entre los espacios verdes, el agua y las áreas urbanas [...] el medio
ambiente provisto está caracterizado por su armonía urbana y estética y la diferente
densidad de poblaciones, así como la distribución adecuada del tráfico” (p. 2).
Los desarrolladores e inversores sostienen que con el cumplimiento del plan director
diseñado para la mega-UC se evitarán los problemas tradicionales de los centros
urbanos: inseguridad, contaminación ambiental, paisajes deteriorados, etc. Expresiones
como estas marcan la importancia que está alcanzando la planificación urbana privada
a partir del desarrollo de las mega-UC en Argentina durante los años noventa,
“superadora” supuestamente de los errores cometidos por parte de la planificación
estatal en décadas anteriores.
No deja de resultar paradójico que, sobre la base del debilitamiento de la planificación
estatal, se haya fortalecido una rígida planificación privada, no ya con sentido
público, sino para el aprovechamiento privado. Planificación estricta del emprendimiento
privado, dentro de una ciudad con mínimas regulaciones y controles.
Algunas consideraciones finales:
Actualmente, cerca del 25 por ciento de la superficie del AGBA pertenece a áreas
inundables, siendo las cuencas de los ríos Matanza-Riachuelo, Reconquista, Luján
y los bajos ribereños del Río de la Plata (como también el Delta del Paraná) áreas
de expansión urbana, en las que participan no solo los históricos loteos populares
(muchos de ellos ilegales) sino también, desde los años noventa, las UC construidas
sobre rellenos (Clichevsky, 2002).
Como puede observarse, la planificación urbana está siendo apropiada por los actores
económicos privados productores de UC (sobre todo para el caso de las mega-UC),
no ya como un intento de orientación pública y búsqueda de objetivos generales,
sino como manera de producir territorios que satisfagan necesidades privadas.
Así, pedazos del AGBA se están produciendo como resultado de una fuerte planificación
“interna” de todos los componentes, cuya finalidad es aumentar la calidad del
producto inmobiliario y la rentabilidad (Pírez, 2004).
Las planificadas mega-UC se colocan como “nuevos productos verdes” dentro del
mercado de consumo residencial, siendo los planes directores y los planes de manejo
ambiental “nuevas etiquetas verdes” que certificarían la calidad de esos productos,
medidos a través de indicadores ambientales, tales como: proporción de espacios
verdes “públicos” sobre los destinados a viviendas y servicios, tipo de árboles,
de céspedes en las canchas de golf, de peces implantados en los lagos (si son
autóctonos, mejor aún).
En oposición a lo que sostiene el discurso de la “sustentabilidad ambiental”,
la expansión de las UC sobre rellenos en áreas inundables involucra impactos negativos
de importantes magnitudes. Concretamente, esa “naturaleza” vendida en fragmentos,
en pedazos, por estos emprendimientos inmobiliarios, ha sido transformada, alterando
tanto su forma como sus funciones. Al simular los rellenos espacios no inundables,
se niegan las cualidades físico-naturales propias que estos ecosistemas tienen.
En este caso, los humedales pertenecientes al sector continental de Tigre se han
transformado en “islotes de UC”, participando en la desaparición de importantes
“servicios” que brinda este ecosistema: regulación hidrológica, refugio de especies
autóctonas, depuración de aguas, recarga y descarga de acuíferos, etc. (Canevari,
Blanco y Bucher, 1999; Fernández, 2002; Daniele et al., 2006).
La alteración de esos servicios repercutirá en una probable (aunque todavía no
estudiada en profundidad) potenciación de la peligrosidad (por lo menos a un nivel
de micro-escala): las inundaciones recurrentes. Simultáneamente, el desarrollo
de este negocio urbano conlleva a una creciente construcción de la vulnerabilidad
social frente a los desastres. A pesar de que se hayan tomado medidas de mitigación
como sistemas constructivos o estrategias de manejo de desastres de manera privada,
los sectores que se incorporan a esas áreas no tienen la práctica de haber experimentado
las inundaciones; es decir, no adquirieron el conocimiento, que sí conserva un
porcentaje importante de las poblaciones históricas de los alrededores, de cómo
manejarse, a quiénes recurrir, hacia dónde dirigirse, etc. en el momento de la
emergencia que genera un desastre. En consecuencia, se considera que la construcción
de UC sobre rellenos comprende nuevas formas de producción de riesgos de desastres
en áreas inundables de la periferia del AGBA (Ríos, 2005).
A partir del escenario analizado se observa un pasaje de responsabilidades -de
lo privado a lo público- en la atención de las “externalidades” (es decir, los
desastres, los impactos por contaminación, etc.) derivadas de los cambios producidos
por las UC y obras conexas. Así, mientras se sobrecarga el gasto público (atención
de la emergencia, reconstrucción, rehabilitación, etc.) sobre todo en el nivel
local (máximo responsable de la Defensa Civil municipal), la iniciativa privada
solamente asume los beneficios de este proceso, por lo menos mientras no ocurra
un desastre de grandes magnitudes que supere la cota de “seguridad” de los rellenos.
Los impactos negativos generados son evidencia de cómo los costos y los beneficios
ambientales son desigualmente distribuidos en términos sociales. El análisis presentado
pone de relieve cómo la lógica de la producción del espacio continúa efectuándose
a expensas del deterioro socio-ambiental de los sectores con menor poder: los
habitantes más antiguos pertenecientes a los sectores medios y bajos de esas áreas
de Tigre.
Según los actores económicos privados, la construcción de UC sobre rellenos permite
recuperar esas áreas bajas y ecológicamente deterioradas, sin las cuales los terrenos
seguirían siendo baldíos y “peligrosos”. Ese peligro no parece estar asociado
a las características físico-naturales predominantes de esas áreas (las inundaciones
recurrentes), sino a la posibilidad de que las mismas sean apropiadas por sectores
populares, poniéndole un límite a la transformación de ese espacio inundable en
el negocio urbano del “nuevo Tigre”. En estos procesos se puede visualizar una
disputa por la apropiación del espacio de la periferia inundable del AGBA entre
los sectores que llevan a cabo y consumen las UC construidas sobre rellenos y
los sectores populares que históricamente no tienen más opción que ocupar tierras
desvalorizadas como son esos espacios inundables.
La necesidad de divulgar a las UC como “espacios verdes”, de “vida saludable”,
lejos del contaminado centro metropolitano, enmascara la obtención de grandes
lucros. En realidad, se comercializan tierras destinadas a la producción agrícola
(de baja calidad) que luego son vendidas como tierras urbanas. Asimismo, la valorización
de las cualidades “naturales” únicas de esos espacios (como las características
del paisaje del Delta o de la costa de Río de la Plata), en un contexto de creciente
sensibilidad ecológica, permite la obtención de lucros que se obtienen de una
renta monopólica. Se suman de esta forma esos dos procesos para hacer a esas operaciones
inmobiliarias altamente rentables.
Ahora bien, ¿qué otras cuestiones están por detrás de esa sustentabilidad ambiental
en el caso del proyecto Nordelta y de las otras UC del estilo?
El discurso de “lo sustentable”, difundido desde una retórica crecientemente hegemónica,
que articula una coalición de intereses entre los actores económicos privados
y los gobiernos locales, se instala como una suerte de “pensamiento único”, a-político,
por ende consensual. En realidad ha sido colocado por aquellos que tienen mayor
capacidad (o poder) para legitimarse en el espacio social, para justificar sus
acciones (Acselrad, 1999).
En este caso, el discurso se apoya en proposiciones desarrolladas por el conocimiento
científico-técnico (el “saber experto”). Es muy grande la cantidad de revistas,
cursos de postgrado, congresos, etc., que desde distintas disciplinas del conocimiento
(desde el urbanismo hasta la ecología) nutren y legitiman tal discurso.
Presentar a Nordelta como un proyecto “sustentable” en términos ecológicos, socioeconómicos
o socioculturales implica esconder, ocultar el conflicto social intrínseco que
se halla en el propio proceso de producción de ese espacio, naturalizando desde
el enfoque discursivo esos procesos (Lefebvre, 1995; Carlos, 1994). Se opera una
despolitización de las consecuencias que traen aparejadas esos enormes negocios
urbanos, rechazando la existencia de conflictos sociales que tienen como base
al ambiente, la economía y la producción del espacio. En suma, el discurso de
“lo sustentable” disimula los problemas del espacio cada vez más desigual y de
su producción.
Detrás de esa despolitización parece encontrarse una política urbana local particular.
Es el gobierno municipal quien genera las condiciones para que esas grandes inversiones
urbanas puedan realizarse: cambios en la regulación, gestiones o articulación
de diferentes actores públicos y privados y oferta de financiamiento. Se observa,
en consecuencia, una asociación entre las autoridades locales y los desarrolladores
de las UC que se basa, por una parte, en la realización de los negocios urbanos
y, por la otra, en la búsqueda de un modelo de municipio de clases medias. El
gobierno municipal contribuye a legitimar la producción de UC garantizando condiciones
de calidad asociadas con la exclusividad del producto. Esa asociación, que parece
acercarse a lo que se ha llamado la “máquina del desarrollo urbano” (Molotch,
1976), tiene como resultado más inmediato la orientación de la producción inmobiliaria
hacia los sectores medios y medios altos, sin atender las necesidades de vivienda
e infraestructura de la población de ingresos medio-bajos y bajos del municipio.
En definitiva, parece que se busca una redefinición socioeconómica del municipio,
más homogéneamente basada en los sectores medios, más allá de los costos ambientales
y sociales que acarrea. Todo ello en un proceso que aparece caracterizado por
la articulación entre el discurso ambiental y la cooperación público-privada.