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Presentación judicial en defensa de tierras públicas y sagradas
Por Indymedia Pueblos Originarios - Wednesday, Sep. 21, 2011 at 9:11 PM
originarios-arg@indymedia.org

Integrantes de pueblos indígenas y vecinos del paraje Punta Canal, junto al cura católico Luis Farinello y a la abogada Andrea Burucua, se entrevistaron con la funcionaria judicial a cargo de la Secretaría 22 del Juzgado Civil y Comercial 11 de Capital Federal. En dicho Tribunal deben analizar si corresponde al Estado Nacional concluir la privatización de terrenos que contienen un sitio arqueológico indígena milenario y un camino de uso comunitario, en el norte de Tigre y sur de Escobar. La secretaria del Juzgado aseguró que tomarán en cuenta el "Amicus Curiae" presentado por el Servicio de Paz y Justicia, del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y la Fundación EcoSur.

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Foto de Valentín Palma Callamullo / MDP

La lucha en defensa de estas tierras, ubicadas 50 kilómetros al norte de la Capital Federal, continúa recorriendo todas las oficinas y organismos involucrados en el conflicto. Recientemente, se tuvo un gran logro: el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, el organismo indigenista del Gobierno bonaerense, reconoció la importancia cultural y arqueológica del lugar. No conformes con eso, casi medio centenar de personas se convocaron el pasado lunes en Tribunales de la Capital Federal para acompañar una presentación judicial en defensa del espacio sagrado y público de Punta Querandí y del camino de la vía muerta, vendidos por el Estado Nacional en el 2007.

Se trata de un complejo conflicto que involucra el patrimonio arqueológico indígena, ubicado en tierras ferroviarias que fueron transferidas por el Estado Nacional para el desarrollo de barrios privados. Una situación que viola diversos derechos sociales y ambientales, ya que las tierras en cuestión eran utilizadas por toda la comunidad como un recreo popular -uno de los últimos espacios libres con acceso a la costa-, y también como único acceso vehícular para los habitantes del paraje Punta Canal.

Una confluencia de sectores damnificados se unieron para lograr que los intereses colectivos prevalezcan por sobre el poder económico, en este caso interpretado nada más y nada menos que por la poderosa desarrolladora de barrios privados EIDICO, de Jorge O'Reilly, supernumerario del Opus Dei y ex asesor de la Jefatura de Gabinete de la Nación entre 2008 y 2009.

La concentración fue convocada por el Movimiento en Defensa de la Pacha y se prolongó desde las 11 hasta las 13 horas. Además de vecinos del paraje Punta Canal, estuvieron presentes de agrupaciones de la región, como la Asamblea Delta y Río de la Plata de Tigre, organizaciones culturales de Escobar como la Biblioteca Popular de Matheu y el grupo Ideas Nuevas; miembros de bandas de música sikuri y del Movimiento 15-M iniciado con las revueltas europeas. La jornada contó con la cobertura de documentalistas indígenas y latinoamericanos, así como periodistas de los medios Renacer, El Coyuyo e Indymedia, aunque la presentación en la Justicia también fue difundida en Perfil.com.

EL DIÁLOGO CON LA SECRETARIA

Pasadas las 12 del mediodía subieron al séptimo piso del Juzgado Civil y Comercial 11, en Libertad 731, la abogada Andrea Burucua (EcoSur), el cura católico Luis Farinello, Pedro Moreira del pueblo kolla y Carlos Arrambide, vecino de Punta Canal que ya en el 2008 inició acciones legales contra la empresa debido a que la apropiación del terraplén ferroviario le impidió el acceso vehicular a su domicilio.

Allí fueron recibidos en su despacho por la funcionaria judicial Laura Gabriela Sendón, a cargo de la Secretaría 22 del Juzgado, donde se tramita la demanda. La secretaria escuchó los fundamentos del escrito, comentó que el juicio recién está iniciándose y dijo que ahora estaría para "abrirse a prueba".

La secretaria Sendón aseguró que el escrito presentado por el SERPAJ y EcoSur va a ser tenido en cuenta, si bien es la primera vez que reciben un "Amicus Curiae" en el Juzgado. Dicho escrito detalla irregularidades administrativas de la venta y pone en cuestión diversos derechos indígenas, ambientales y sociales que se verían violados en caso de que los terrenos sean privatizados definitivamente.

"En el momento de dictar la sentencia correspondiente se tomará en cuenta todo lo que surge del expediente. Este es un Juzgado que se toma un tiempo para leer todos los expedientes, no desoyendo a ninguna de las presentaciones que se hayan hecho, se pueden quedar tranquilos", dijo la funcionaria.

"Más allá de la actitud que han tenido de acercarse al Tribunal para hacer valer sus derechos, pueden quedarse tranquilos de que el Juzgado intenta dar satisfacción a la peticiones de las partes de acuerdo a lo que establece la ley. Así que por supuesto será debidamente atendida la presentación", remarcó Sendón.

Durante la breve reunión, la letrada de EcoSur enfatizó que la posesión del terreno conocido como Punta Querandí -una pequeña fracción del total de las tierras transferidas- es de las personas que están defendiéndolo y realizando allí diversas prácticas culturales.

Por su parte, el cura Luis Farinello le expresó a la funcionaria judicial: "Hasta nos han ofrecido que todas las cosas que podamos encontrar en el lugar puedan ser expuestos en una vitrina y nos parece una barbaridad. No las queremos tener en una vitrina sino que se respete el lugar donde hubo querandíes. Respetar un poco a los indígenas, a nuestra historia, a los pobres".

"Son empresas muy poderosas con muchísimo dinero, por eso mucha gente como Perez Esquivel, como yo, tratamos de apoyar esto. Nos parece un acto de injusticia", concluyó el cura católico, que acompañó la concentración junto a dos jóvenes de su Iglesia, ubicada en el partido bonaerense de Quilmes.

BALANCE POSITIVO

Luego de la reunión, la abogada Andrea Burucua contó al grupo de personas que se movilizaron: "Nos atendió la secretaria del Juzgado, pudimos todos conversar con ella y nos recibieron el escrito. El expediente va lento porque el juez prefiere tomarse su tiempo, así que vamos a tener un tiempo más para, 'por fuera' (del juicio), ir logrando otros dictámenes de organismos oficiales y demás".

Por último, cura Farinello expresó: "La parte humana siempre en estas cosas es muy importante. Tengo la suerte de que me conoce mucha gente, apenas entramos al Juzgado me saludaron 'Hola padre, hola padre'. Tan lindo estuvo todo que la secretaria hasta me mostró con orgullo la foto de su hijita que tiene 11 años y me pidió que le bendiga el lugar. Así que por lo menos hubo afectividad y buena recepción. Creo que fue importante, hemos dado un empujoncito mas".

EL MOTIVO DEL JUICIO

Ante los reclamos vecinales y de organizaciones indígenas, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el organismo nacional responsable de concluir el proceso de privatización de los tres kilómetros del ex Ramal 56 del Ferrocarril Mitre, optó por frenar la escrituración en favor de los barrios privados San Benito y San Marco desarrollados por la firma EIDICO. Si bien desde ADIF dicen que la venta efectuada por el Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE) es legal y no se puede volver atrás a menos que lo pida la Justicia o el Ministerio de Planificación Federal, los funcionarios prefieren esperar a que haya una "solución amistosa" entre EIDICO y los sectores damnificados. Sin embargo, a fines del 2010 la desarrollara inmobiliaria, a través de San Benito S.A., decidió iniciarle un juicio a la ADIF para asegurarse la escrituración. Según trascendió, San Marco S.A. también le inició juicio al Estado Nacional por idénticos motivos.

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