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ONU: Duro informe por situaci贸n de ind铆genas en Argentina
Por ODHPI - Thursday, Dec. 29, 2011 at 3:47 PM

El Comit茅 de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales denunci贸 el incumplimiento de la legislaci贸n ind铆gena, cuestion贸 las fumigaciones con agrot贸xicos, los desmontes e inst贸 al Estado frenar la violencia contra pueblos originarios.

El Comit de Derechos Econ髆icos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) cuestion al Estado argentino por los desalojos y la violencia contra comunidades ind韌enas, denunci la violaci髇 de la Constituci髇 Nacional respecto de derechos territoriales y la Ley 26160 (suspensi髇 de desalojos), llam la atenci髇 respecto al avance minero sobre pueblos originarios y se mostr 損reocupado por el avance de los desmontes, la soja transg閚ica y los agrot髕icos sobre territorios ind韌enas.

揈l Comit est preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos ind韌enas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias, denuncia el Comit de la ONU en su 鷏timo informe, presentado en la primera semana de diciembre. Tambi閚 destaca que 搇amenta los defectos en procesos de consulta para con comunidades ind韌enas que, en 揳lgunos casos, llev a la explotaci髇 de recursos naturales en los territorios ind韌enas.

El Comit DESC denunci que, en lo que respecta a territorios ind韌enas, en Argentina se registra la 搗iolaci髇 de la Constituci髇 (art韈ulo 75) y del Convenio 169 de la OIT. Reconoci 損reocupaci髇 porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral de territorios comunitarios) no se aplica 損lenamente y asegura que existen 揹emoras en la entrega de t韙ulos a las comunidades. 揈l Comit insta al Estado que garantice la aplicaci髇 plena y coordinada de la Ley, tanto a nivel federal y provincial, destaca.

揈l Comit est particularmente preocupado por las consecuencias negativas de la explotaci髇 de litio en Salinas Grandes (provincias de Salta y Jujuy) sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades ind韌enas, puntualiz en el punto IX del informe. Se refiere al reclamo de 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalaci髇 de empresas en el ancestral lugar de trabajo y vida de los pueblos ind韌ena.

Adem醩 de la miner韆, el duro informe aborda otra industria extractiva. 揈l Comit est preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas qu韒icos y siembra de soja transg閚ica en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades ind韌enas han afectado negativamente a estas comunidades, afirma y reconoce su 損reocupaci髇 porque esas pr醕ticas agr韈olas dificultan a las comunidades ind韌enas mantener la agricultura tradicional, 搚 como consecuencia resulta un importante obst醕ulo para el acceso a una alimentaci髇 segura, adecuada y accesible. Tambi閚 cuestiona 揺l aumento de los desmontes que ha forzado pueblos ind韌enas a dejar territorios. El Comit recomend al Estado que 揳segure la completa puesta en pr醕tica de la Ley que Bosques.

Argentina es un alumno aplicado respecto al modelo de agronegocios. El monocultivo de soja abarca 19 millones de hect醨eas, el 56 por ciento de la superficie cultiva del pa韘. El 鷏timo a駉 se aplicaron 190 millones de litros del cuestionado agrot髕ico glifosato. En la actualidad, en Argentina se producen 100 millones de toneladas de granos. El Plan Estrat間ico Agroalimentario (PEA, del gobierno nacional), pretende aumentar un 60 por ciento (llegar a las 160 millones de toneladas) para 2020. Lo que implica, siempre seg鷑 el oficial PEA, avanzar sobre nueve millones de hect醨eas (pasar de las actuales 33 millones a 42 millones). Avanzar醤 sobre territorios campesinos e ind韌enas.

El 16 de noviembre pasado, en Santiago del Estero, asesinaron al campesino Cristian Ferreyra, de 23 a駉s, por resistir el avance empresario sobre territorio ancestral. Fue el corolario de represiones denunciadas por Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-V韆 Campesina), donde militaba Ferreyra. En Argentina hubo cuatro asesinatos de campesinos e ind韌enas en s髄o dos a駉s (el diaguita Javier Chocobar en Tucum醤, Sandra Ely Ju醨ez en Santiago y el qom Roberto L髉ez en Formosa).

El 2 de diciembre fueron presentadas en Ginebra (Suiza) las recomendaciones ante la ONU. 揈l Comit est preocupado sobre casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes p鷅licos o privados, han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en actividades de defensa de los derechos econ髆icos, sociales y culturales, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra, sentencia.

El Comit de Derechos Econ髆icos, Sociales y Culturales (DESC) es el 髍gano de expertos independientes que supervisa la aplicaci髇 del Pacto Internacional de Derechos Econ髆icos, Sociales y Culturales. El Comit comenz a funcionar en 1985 y depende del Consejo Econ髆ico y Social de Naciones Unidas. Los estados deben presentar al Comit informes peri骴icos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. El Comit examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones a los estados. Adem醩 de la realidad rural, aborda las pol韙icas p鷅licas respecto a h醔itat, condiciones de trabajo, mortandad materna y embarazo adolescente, e igualdad de g閚ero, entre otros aspectos.

El informe rescat como hechos positivos la sanci髇 de la leyes nacionales de Migraci髇 (25871, en 2004), de Educaci髇 Nacional (26075, en 2006, que asigna el seis por ciento del PBI a educaci髇), de Salud Mental (26657, en 2010), de Matrimonio Igualitario (26618, en 2010), de Glaciares (26639, tambi閚 en 2010).

El anterior informe del Comit hab韆 sido en 1999. El pr髕imo ser en 2016.

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