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Megacausa: asà funcionó el plan sistemático de exterminio en Tucumán
Por ContraPunto – Prensa Alternativa -
Wednesday, Nov. 28, 2012 at 3:01 AM
Viernes, 23 de noviembre de 2012
DERECHOS HUMANOS | MEGACAUSA ARSENALES II – JEFATURA II
Culminó este viernes la séptima jornada de la primera megacausa por delitos
de lesa humanidad en Tucumán. Con 41 represores sentados en el banquillo (3
fueron separados por distintos motivos) imputados por un total de por 235 víctimas,
fue el turno de las declaraciones indagatorias de 14 de los imputados. Si bien
se abstuvieron de ejercer ese derecho, varios afirmaron “desconocer” los motivos
por los que se los juzga. En las primeras jornadas la fiscalía presentó un completo
informe preliminar sobre el esquema de funcionamiento coordinado de Centros
Clandestinos de Detenciones en la provincia que ayuda a entender la magnitud
de la megacausa. Por ContraPunto – RNMA.
Tucumán fue a partir del operativo independencia que se inició en 1975 -por
decreto durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón-, el banco
de pruebas de la represión ilegal que ya se había iniciado con la triple A y
los grupos de tarea en varias provincias.
La megacausa que inició el pasado 12 de noviembre tiene una importancia
central para la provincia, ya que es la oportunidad de ofrecer un panorama completo
del funcionamiento del aparato represivo. “La megacausa es un punto de inflexión
en nuestra provincia. La envergadura que tiene no ha cumplimentado lo
que tuvimos hasta ahora. Nosotros pasamos por varios juicios ya, -este va a
ser el sexto en la provincia por delitos de lesa humanidad-, pero en esta causa
estamos hablando de 235 víctimas, estamos hablando de los dos centros clandestinos
de detención (CCD) más importantes de la provincia”, manifestó Natalia Ariñez
de HIJOS Tucumán.
En el año 2010, durante el juicio contra 5 represores, el testigo Juan Carlos
Clemente, sobreviviente del CCD que funcionó en Jefatura de Policía, aportó
un listado sustraído de la Oficina de Archivos del Servicio de Información Confidencial
de ese lugar. Allí estaban los nombres de 293 personas que pasaron por Jefatura,
las cuales además de numeradas tenían anotadas a un costado las palabras “libertad”
o “PEN” o “DF”.
En la jerga de los genocidas, “DF” era cuando se definía que a esa persona se
la asesinaba o desaparecía. “PEN” era para quienes eran “puestos a disposición
del Poder Ejecutivo Nacional”. Una muestra pequeña de la magnitud e impunidad
con la que ejecutaron el genocidio.
El juicio de Jefatura en el 2010 permitió visualizar el plan y la sistematicidad
del exterminio en la provincia, que además figura en los propios documentos
militares de la época, pero la actual megacausa complejizará y ampliará lo que
se conocía hasta el momento.
El circuito
Los fiscales ad-hoc Pablo Camuña y Patricio Rovira presentaron en la audiencia
un informe que incluyó un esquema del funcionamiento coordinado de los distintos
CCD. El croquis –que es considerado provisorio-, fue realizado según la prueba
recolectada en la etapa de instrucción y que puede enriquecerse o cambiar conforme
se vaya desarrollando las audiencias y declaraciones.
El Arsenal Miguel de Azcuénaga (1976 – 1978) funcionó como Centro Clandestino
de Detención (CCD) de cientos de víctimas del terrorismo de estado. El mismo
es considerado el más grande del NOA ya que cumplía una función de campo de
exterminio: allí se ejecutaba y se enterraba clandestinamente a los detenidos
desaparecidos provenientes de otros CCD (como EUDEF, Reformatorio, El Motel)
e incluso de otras provincias. Quienes intervenían en el Arsenal eran personal
del Ejército, principalmente del Destacamento de Inteligencia 142, encargados
de extraer informacion mediante la tortura de los cautivos.
El CCD Arsenal funcionaba coordinadamente con Jefatura de Policía y ambos a
su vez articulados con el llamado "Puesto de Comando Táctico" del ex ingenio
Nueva Baviera (Famaillá) desde donde se remitían personas secuestradas en el
sur de la provincia, por la policía o por las "Fuerzas de Tarea" que operaban
en Caspinchango y Santa Lucía.
El Fiscal Camuña explicó que esta es una descripción "desapasionada y aséptica
de un aparato criminal total montado sobre la estructura del estado con un altísimo
nivel de eficacia y profesionalismo, cruzando las intervenciones de fuerzas
armadas y de seguridad en un órgano (la Comunidad Informativa) encargado de
decidir la vida o la muerte de miles de opositores políticos."
Bajo el mando de la Vta. Brigada, precisamente en la llamada "Comunidad Informativa"
se definía el destino de los detenidos-desaparecidos: “Libertad”, “DF” o “PEN”.
Podían ser liberados, llevados a la cárcel de Villa Urquiza ("blanqueados" por
la intervención de la Justicia Federal) o asesinados y desaparecidos, muchos
de ellos en el propio Arsenal. El Equipo Argentino de Antropología Forense rescató
casi intacta una de las cinco fosas comunes descubiertas en el Arsenal, y ya
se identificaron 12 de los cuerpos inhumados clandestinamente con signos de
haber sido ejecutados.
Ariñez sostiene que con la megacausa se va a “demostrar el circuito represivo,
donde se utilizó a los centros clandestinos de detención como herramientas para
el exterminio. También se demuestra que fue un genocidio, porque en la causa
los imputados están procesados en el marco de un genocidio, no solamente se
cometieron delitos de lesa humanidad”.
Las 235 víctimas de esta megacausa son algunas de las sufrieron este circuito
represivo, desde el cual los que hoy se encuentran sentados en el banquillo
de los acusados llevaron adelante su plan sistemático de exterminio para desarticular
las organizaciones obreras y aniquilar las organizaciones revolucionarias y
populares. A pesar de alegar desconocimiento, hay verdades que ya no se podrán
ocultar.
ContraPunto – Prensa Alternativa
Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos
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