http://argentina.indymedia.org/news/2013/03/833086.php Enviar comentarios por correo electrónico.
El caso de Alto Paraná S.A. en Misiones
Por Fuente: Superficie -
Sunday, Mar. 10, 2013 at 4:22 AM
"En Argentina, los programas sociales que desarrolla Alto Paraná buscan promover el desarrollo sustentable de la sociedad a través de la preservación de los recursos ambientales y culturales para las generaciones actuales y futuras, el respeto de la diversidad; la promoción de la disminución de las desigualdades sociales y la generación de valor económico, social y ambiental". Memoria Anual 2011 Arauco.
Por Sebastián Korol (*)
En dirección completamente opuesta a ciertos enunciados, la realidad de la
provincia de Misiones simboliza en la empresa Alto Paraná S.A. el cáncer de
su letal modelo productivo foresto industrial. Modelo que, complicidad estatal
mediante, se profundiza año tras año, y deja como consecuencias pobreza, desempleo,
expulsión de comunidades campesinas e indígenas Mbya Guaraní, bloqueo de posibilidades
para la agricultura familiar, destrucción de biodiversidad, concentración y
extranjerización de tierras, contaminación, enfermedades, y muerte. Alto Paraná S.A. (APSA) es la empresa forestal más importante de la Argentina
y una de las más grandes de América Latina. Fue creada en 1975 y estuvo en manos
de capitales privados argentinos hasta 1996, cuando, en medio de la fiebre privatizadora
neoliberal, fue vendida al grupo chileno Arauco. En Misiones, la transnacional
maneja actualmente una fábrica de pasta celulósica asentada en la localidad
de Puerto Esperanza, dos aserraderos, dos viveros, y una planta de remanufactura
y una fábrica de tableros de mediana densidad (MDF), el mayor aserradero de
la Argentina, con sede en Puerto Piray. APSA pertenece al grupo chileno Arauco, en poder de Celulosa Arauco y Constitución
S.A, poseedora del 99,9766 por ciento de las acciones. Arauco opera en cinco
áreas de negocios y entrega su producción a 71 países alrededor del mundo. Es
controlada por Empresas Copec S.A., la que posee el 99,9780% de las acciones
de la Sociedad. Los controladores finales de la Sociedad son doña María Noseda
Zambra de Angelini, don Roberto Angelini Rossi y doña Patricia Angelini Rossi
a través de Inversiones Angelini y Cía. Ltda., sociedad que a su vez posee el
63,4015% de las acciones de AntarChile S.A., esta última empresa controladora
de la matriz Empresas Copec S.A., según consta en la Memoria Anual 2011 de Arauco. Arauco es la segunda mayor productora de celulosa en el mundo. Produce, -en
sus cinco plantas en Chile y en la de Misiones, Argentina– celulosa blanqueada
y sin blanquear de fibra larga y celulosa blanqueada de fibra corta de eucalipto
para la fabricación de distintas variedades de papeles, tissue, material para
embalaje, filtros, productos de fibro cemento y papeles dieléctricos, entre
otros. La celulosa fluff producida por la planta Alto Paraná S.A en Misiones
es utilizada en la elaboración de pañales y productos de higiene femeninos. La empresa Alto Paraná S.A. tiene como fecha de constitución en la Argentina
8 de septiembre de 1975. Su objeto social es: "Fabricar pasta celulósica de
fibra larga y demás tipos; fabricar o producir insumos, subproductos o productos
del sector celulósico-papelero; forestar y explotar bosques directa o indirectamente;
comprar, vender, importar, exportar y distribuir materias primas, insumos, subproductos
y productos comprendidos en su objeto, transportar los mismos y/o otras materias
primas, insumos, subproductos y productos; prestar servicios de asesoramiento
y administración de empresas que tuvieren los objetos antes mencionados o requirieren
de aplicación de servicios técnicos o experiencia adquiridos en el desarrollo
de sus actividades; invertir o realizar aportes de capital para negocios realizados
o a realizarse, estuvieran o no vinculados a los objetos antes mencionados".
1 APSA está instalada en el Norte de la provincia, donde se localizan las tierras
más fértiles. Sin embargo, menos del 30 por ciento de la población de Misiones
reside en esa zona, según el último censo, realizado en 2010. La concentración
poblacional en el Sur es consecuencia de la marcada migración forzada registrada
en las últimas décadas, por el avance del monocultivo del pino. Las investigadoras Andrea Mastrángelo, Verónica Scalerandi y Marianela Figueroa
analizan que "entre 1979 y 2004 a la par de la reforestación se dio un intenso
y sostenido proceso de concentración de la propiedad. Las plantaciones del monocultivo
desplazaron población asentada en chacras porque la escala de producción no
permite asentamiento humano ni animal dentro de las plantaciones". 2 El politólogo Federico Padolsky observa que comparando los censos nacionales
agropecuarios de 1988 y 2002, aparece como dato relevante la pérdida de cerca
del 30% de chacras propiedad de campesinos pobres y medios en los departamentos
de Iguazú, Eldorado y Montecarlo: Eldorado pasó de 1137 a 816 chacras (-28%),
Iguazú de 568 a 390 (-31%), y Montecarlo de 762 a 585 (-23%). 3 En tanto el Censo Nacional Agropecuario 2008 evidenció que Misiones registró
una disminución del 5 por ciento en su cantidad de chacras, con respecto a 2002:
pasando en ese período de 27.954 explotaciones agropecuarias (con y sin límites)
a 26.567. 4 Misiones cuenta con dos millones de hectáreas de explotaciones agropecuarias,
según el último Censo Nacional Agropecuario y Censo Nacional Económico (2008).
Las grandes sociedades anónimas instaladas en la provincia son propietarias
de unas 800 mil has. En esas tierras predomina el cultivo de especies exóticas
de pinos (eliotti y taeda): materia prima para fábricas de pasta de celulosa
y aserraderos. Padolsky refiere que, en forma clara, según los datos del último Censo Nacional
Agropecuario (2008), "la gran mayoría de las explotaciones son las de hasta
100 hectáreas, un 92.2% del total que solo dispone del 35% de la superficie.
En el otro extremo 161 explotaciones que sólo representan el 0.6% del total
concentran el 44.34% de la tierra censada". En Misiones, la compañía que concentra la mayor cantidad de tierras es Alto
Paraná S.A: 232.000 hectáreas, según datos de la propia empresa. Sin embargo,
organizaciones campesinas afirman que si se suman los territorios explotados
por testaferros, arrendamientos de tierra y otros tipos de manejo indirecto
de la tierra, la firma trasandina supera las 280 mil hectáreas, equivalentes
al 10 por ciento de la superficie total de la provincia de Misiones. Según los últimos datos oficiales, la provincia cuenta con una superficie forestada
de 365.142 hectáreas. De ese total, corresponden a especies coníferas (pino)
302.383 hectáreas, equivalentes al 83 por ciento. Por lejos, la mayor parte
está concentrada en la zona Norte, en los departamentos en los que opera con
mayor fuerza la corporación APSA: Iguazú (77.411 ha), Eldorado (49.694 ha),
y Montecarlo (41.355 ha). 5 El patrimonio forestal de APSA en Misiones totaliza una superficie de 232.460
ha. distribuidas en ocho departamentos: Iguazú (99.900 ha), Montecarlo (29.650
ha), General Manuel Belgrano (26.930 ha), Eldorado (24.820 ha), San Pedro (24.620
ha), Libertador General San Martín (17.930 ha); San Ignacio (7.250 ha); y Candelaria
(1.350 ha).6 Dentro de los departamentos mencionados, la empresa es poseedora de tierras
en un total de 25 municipios; equivalentes a la tercera parte del total de municipios
existentes en Misiones.7 La concentración de
tierras en manos de la multinacional chilena se sufre con mayor fuerza en el
Norte provincial. Un caso paradigmático se registra en la pequeña localidad
de Puerto Libertad: de las 80 mil hectáreas que componen el municipio, 65 mil
están en manos de Alto Paraná, es decir el 80 por ciento. Mientras que en el
municipio de Puerto Piray, la empresa tiene en su poder el 63 por ciento de
la tierra. Otros municipios asfixiados por APSA son Wanda, Esperanza, Colonia
Delicia, Victoria, Montecarlo y Eldorado. De esta superficie, afirma Alto Paraná, unas 120.000 ha. son destinadas a fines
productivos con plantaciones forestales "para abastecer de madera, a las industrias
propias, de forma sustentable". En la actualidad el Pino Resinoso (Pinus taeda)
es la principal especie utilizada en el programa de plantaciones de la firma,
seguida por los Eucaliptos (Eucalyptus grandis y Eucalyptus dunnii). Además,
posee unas 110.000 ha de bosques nativos (Selva Paranaense), compuestas por
áreas de reserva, bosques protectores y fajas ecológicas, entre otros, "que
forman parte del compromiso ambiental y social asumido por la Compañía"; y la
superficie restante, la constituyen áreas destinadas a infraestructura, caminos,
cortafuegos y edificios.8 El recordado ambientalista Ricardo Carrere 9
señaló hacia 2006 en un artículo dedicado a Misiones 10:
"Al igual que en muchos otros países, ese proceso de latifundización vinculado
a la forestación se origina en el bajo costo de la tierra, el rápido crecimiento
de los árboles, la inexistencia de restricciones para la adquisición de grandes
extensiones de tierra y la promoción estatal a través de subsidios". El investigador Rubén Ortíz, testimoniante en la audiencia Alto Paraná S.A.
del Juicio Ético a las Transnacionales de la Triple Frontera, trazó un recorrido
histórico sobre el origen y consolidación del modelo foresto-industrial en Misiones.11 Hacia 1940, la empresa Celulosa Argentina se instala en el municipio de Puerto
Piray, al norte de Misiones, comprando las primeras 80 mil hectáreas. "Quince
años después, un célebre dictador genocida, Aramburu, inaugura la primera pastera
en Piray. Corría el año 1955", expuso Ortíz. En 1958 fue sancionada la Ley Nacional de Promoción Industrial Nro. 14.781,
la cual fue reglamentada mediante el Decreto 8141/61, instrumento que dio inicio
a una política de sustitución de importaciones de pasta celulósica, y que condujo
a una enorme concentración de la actividad en unas pocas empresas, entre ellas
Celulosa Argentina, apunta Ortíz en Historia de Puerto Piray. Por entonces, la población local ya padecía serios problemas de acceso a la
tierra. "La extranjerización es la etapa final: aquí hubo una política de monopolio
de la tierra. Siempre tuvimos problemas de no acceso a la tierra, porque la
provincia se vendió en treinta chacras después de la federalización. Cada municipio
de esta zona era de una empresa. Y ese es un proceso que hay que ver, porque
hoy está ocurriendo lo mismo. Los contratistas de Alto Paraná son intendentes
en democracia". El año 1974 es clave. En noviembre se presentaron dos proyectos para construir
establecimientos en la provincia. Ambos estarían ubicados en el Alto Paraná:
uno en Puerto Piray y otro en Puerto Esperanza, y serían controlados principalmente
por la firma líder del sector: Celulosa Argentina. Apunta Ortíz que en diciembre de 1974, Celulosa Argentina presentó el proyecto
Celulosa Puerto Piray (CPP), para instalar una nueva planta productora de pasta
celulósica química en el municipio de Puerto Piray, donde ya funcionaba una
planta industrial de la empresa. Con la nueva fábrica se buscaba producir pasta
química kraft, de fibra larga. El proyecto fue aprobado en plena dictadura cívico-militar,
en diciembre de 1976. Ortíz observó que el modelo pastero se consolidó durante la última dictadura
cívico-militar argentina, de la mano del apoyo estatal. "Yo diría que sin la
dictadura no hubiese sido posible. Entre 1976 y 1983, sobre todo Celulosa, vivió
de manera vergonzosa los recursos. El 75 por ciento de los costos de la planta
de CPP los puso el Estado. O sea, podíamos reclamar para nosotros el 75 por
ciento de esa empresa hoy. Una cosa vergonzosa. En esta etapa se concreta la
mayor concentración y extranjerización de capitales." La transferencia de recursos
del Estado a las empresas se dio también a través de incentivos fiscales, uno
de ellos destinado a la forestación. Las forestaciones se realizaron por empresas
que en algunos casos pertenecían al mismo grupo empresarial. La puesta en marcha de Alto Paraná estaba prevista para 1982, pero nunca ocurrió.
A mediados de 1986 el emprendimiento fue paralizado y recién entre finales de
1997 y principios de 1998 fue reactivado, en una turbia operación político-empresarial
que concluyó con la transferencia de CPP al grupo chileno Arauco. Para fines de septiembre de 1997, el gerente general de Alto Paraná, Jorge
Garhan -quien en 1996 había pagado 450 millones de dólares por APSA- informaba
que "no tenemos el propósito de reactivar el proyecto celulósico paralizado".
En esa planta actualmente funciona el aserradero y la planta de tableros de
densidad media (MDF) de la corporación chilena. Rubén Ortíz analiza: "Lo que
le interesaba a APSA eran las 40 mil hectáreas que tenía CPP, que como ocurrió
luego, una vez adquirido instalar el aserradero para explotar los pinares que
con más de veinte años se extienden hasta casi llegar a San Pedro". Recién hacia fines de 1982 entró en vigencia Alto Paraná, la planta de Puerto
Esperanza, con treinta años de exención impositiva. Ya en la década del 90 se
produjo en Misiones, como en el resto del país, "la otra extranjerización",
definió Ortíz. El Estado misionero tenía una empresa papelera, Papel Misionero,
que fue la primera en extranjerizarse, y luego se vendió la planta de Puerto
Esperanza a Industrias Forestales Sociedad Anónima, del grupo Arauco. El año 1996 resultó clave "para la instalación definitiva de lo que luego se
conocerá como el monopolio del grupo Arauco de Chile en el norte de Misiones",
apuntó Ortíz. En diciembre, el Citybank (CEI), que manejaba el gran paquete
accionario de Alto Paraná, junto a otros 32 bancos extranjeros y nacionales,
vendieron la totalidad de las acciones de la fábrica ubicada en Puerto Esperanza,
la cual pasó a manos de Industrias Forestales S.A., empresa constituida bajo
las leyes de la República Argentina y controlado por Celulosa Arauco y Constitución
(CELARAUCO) de Chile. Al momento de venderse -detalla Ortíz en "Historia de Puerto Piray"- Alto Paraná
brindaba trabajo a 700 personas en forma directa y a otros 3.000 en el sector
forestal. En apenas un año, y a pesar de gozar de un contexto favorable en precios
internacionales de venta de pasta celulosa, la empresa redujo el número de operarios
en casi 50 por ciento. "Todas estas barbaridades fueron posibles en un marco
de flexibilidad laboral que contó con el aval de los máximos líderes sindicales",
analiza el historiador. "Fíjense lo que ocurre. Estábamos hambreados prácticamente en el Norte. Todas
las organizaciones participaron de una multisectorial para la reactivación de
CPP, en nombre del empleo. Que eso iba a generar trabajo, que iban a venir inversiones,
era la teoría del derrame. Pero no se derramó un cuerno. Esta multinacional,
hay que decirlo, es mentira que genera empleo. Es una barbaridad. Si nosotros
queremos trabajo, por esta vía de las 'inversiones' no lo vamos a tener". Finalmente, el historiador reflexionó que la industria pastera fue una herramienta
de saqueo desde el inicio, que se profundizó con la extranjerización en la década
del '90. "Acá hay una vergonzosa entrega de la biodiversidad, pero sobre todo
hay una fenomenal entrega de la riqueza que producen nuestros ciudadanos". Durante su presentación, Ortíz enfatizó la necesidad de "desentrañar la red
de complicidades que hizo que esto fuera posible", y expresó que la matriz pastera
"no apareció de un día para otro, de la nada. Hace sesenta años se empezó a
instalar". De acuerdo con los propios pobladores, en la zona Norte se registran elevados
índices de malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer y otras enfermedades
derivadas del uso de agrotóxicos en los pinares de APSA. Desde Salud Pública
ignoran el problema y miran para otro lado. Ni siquiera existen estadísticas
serías. Se constata un fuerte sub-registro debido a que no se reportan los casos
de enfermedades o muertes vinculadas con los agrotóxicos. Tampoco hay estudios
ambientales que analicen con seriedad las consecuencias de la instalación de
la planta de celulosa y las miles de hectáreas plantadas con pino. En octubre de 2012, el ingeniero forestal Julio Bernio, docente e investigador
de la Facultad de Ciencias Forestales, y exprestador de servicios de Alto Paraná
SA, denunció públicamente a través de la prensa12
que solo entre 1996 y el 2006, la empresa "aplicó en Misiones un millón ocho
mil kilos de glifosato en sus plantaciones de pinos, a los que hay que sumarle
los otros agrotóxicos que utilizan en un poderoso cóctel". "Además hay que tener en cuenta la contaminación directa con agrotóxicos, ya
que estos se disuelven en 200 litros de agua por hectárea, y el líquido lo toman
de arroyos y nacientes. Se hacen como mínimo, dos aplicaciones por año, en las
15 mil hectáreas que tienen con plantaciones de uno a tres años", estimó. El investigador contó que la contaminación "en Misiones se complica por las
lluvias torrenciales y suelo quebrado. Llueve, lava todo el suelo, y eso va
a parar a los arroyos. El 80 por ciento de las ciudades de la provincia toman
el agua de los arroyos para potabilizarla y todos los componentes químicos van
a parar ahí". Bernio dijo que en el 2006, "en una audiencia pública realizada
en Eldorado donde APSA buscaba certificar sus prácticas, denunciamos que Alto
Paraná ocultaba información. Les dije que utilizaban un kilo y medio de Randap
por hectárea, pero la respuesta fue patética: nos contestaron que antes utilizaban
dos kilos y medio". Al respecto, la abogada santafesina Graciela Cristina Gómez, especialista en
temas vinculados a los agro-venenos, analizó: Alto Paraná me recuerda al modus
operandi de la antigua Forestal en Chaco y Santa Fe, con leyes propias, monedas
propias y trenes propios. Transportémonos a la actualidad: impunidad, zona liberada,
deshumanización total del obrero, médicos, ministerios, justicia y contralor
de gobierno nulo, toda la zona y hasta los medios son "funcionales" a la empresa,
connivencia absoluta. Empresa que, lejos de inmutarse, llena sus arcas con la
sangre de los muertos y enfermos y agranda cada vez más las fronteras taladas.
No hay Derechos Humanos allí o los gobernantes desconocen lo que significa la
dignidad humana. Niños y adultos son tratados como insectos, desalojados de
sus hábitat, y el bosque nativo arrasado para plantar pino o eucalipto. Los
riesgos son numerosas vidas perdidas y el futuro de los habitantes hipotecado,
el desastre sanitario es inconmensurable, contaminación del agua, napas la biodiversidad
toda. Piensen que la gente consume esa agua y los peces, la cadena alimentaria
comprometida desde una hormiga a la vaca y del humano a los alimentos, es infinita".13 De las 36 mil hectáreas que conforman el municipio de Puerto Piray, 22.500
has están en poder de la transnacional APSA. Se estima que cada hectárea forestada
insume tres litros de agrotóxicos por año. Eso significa que, sólo en este pueblo,
se rocían cerca de 70 mil litros de agrotóxicos cada año. En 2006, doscientas familias de la zona conformaron la organización Productores
Independientes de Piray (PIP), con el objetivo de luchar por la expropiación
de tierras a Alto Paraná, para la producción de alimentos. Desde el inicio,
además, vienen advirtiendo preocupación por los efectos sobre la salud de las
fumigaciones en gran escala que la transnacional realiza a pocos metros de sus
viviendas. Aunque acercaron reclamos formales al gobierno provincial en numerosas oportunidades,
la falta de "pruebas" para las denuncias era la excusa para la indiferencia
e inacción. Cansados de evasivas, desde PIP resolvieron realizar en la zona
una encuesta, centrada en cuatro grandes ejes: salud, tierra, producción y trabajo.
En los primeros días de diciembre de 2011 concluyó el relevamiento, que alcanzó
a 200 familias, de un total aproximado de 240. Sobre los efectos a la salud del modelo forestal y los agrotóxicos, la encuesta
fue contundente. En 70 familias hubo personas fallecidas por cáncer; 136 familias
tienen chicos con infección en los riñones y en las vías urinarias; 152 personas
padecen serios problemas estomacales; 113 mujeres tuvieron graves problemas
de embarazo, de las cuales veinte sufrieron abortos espontáneos; y en 12 familias
hay jóvenes y niños con capacidades diferentes. Además, en el 90 por ciento de las casas hay personas con enfermedades respiratorias
crónicas; y en el 60 por ciento se registran casos de alergias gripales y dérmicas. Miriam Samudio, delegada de PIP, contó que "todas las familias relacionan estas
enfermedades con los agrotóxicos. La mayoría de los problemas comenzaron hace
unos diez años, cuando Alto Paraná taló árboles viejos y plantó pino muy cerca
de las viviendas, a solo 70 metros. Se usó mucho agrotóxicos, y desde entonces
tenemos enfermedades. La misma gente va relacionando y haciendo memoria de por
qué ocurrió todo esto. Lo mismo con los animales, siempre cuando se fumiga se
encuentran palomas, tortugas, los animales se intoxican y mueren. Mucha gente
de acá se opera de la vesícula: ¿será que tiene que ver con el pólem de los
pinos? Nos damos cuenta de lo que nos pasa, de acuerdo con nuestra realidad
cotidiana". Enfatizó que "todo esto tiene que ver con los agrotóxicos. Necesitamos con
urgencia un médico que nos acompañe, pero no conseguimos que alguien nos ayude".14 Los productores de PIP denuncian que Salud Pública oculta las enfermedades
relacionadas con la producción del pino y la utilización indiscriminada de agrotóxicos,
en evidente complicidad con Alto Paraná S.A. Hace diez años, asistía al Caps del paraje una médica contratada por la empresa.
Los vecinos notaron que en lugar de atender la salud de la población, sólo buscaba
proteger la imagen de Alto Paraná. Por eso, la denunciaron públicamente, y dejó
de venir. En su reemplazo, arribó un médico clínico del Samic de Eldorado, quien
permanece hasta la fecha. A pesar de ello, la situación no ha cambiado demasiado,
según observaron los productores. La diferencia entre los profesionales enviados
por APSA y Salud Pública es mínima. "Nos llama la atención la forma en que nos atiende. Siempre comentamos entre
las mamás, porque él te saluda muy amable, vos entrás con tu criatura, con la
persona enferma, le llevás, y cuando le empezás a contar te quiere despachar
nomás, no te escucha, 'dale esto', 'dale aquello, y andá nomas', te dice. Y
nos llama la atención eso, porque un doctor te tiene que escuchar, tiene que
esperar que el paciente le cuente todos los síntomas, para que después te medique",
comentó Miriam. Añadió que cuando la empresa reanuda las fumigaciones "la salita se llena,
todo el mundo va, y él nos dice que es una alergia nomás. No se interesa ni
pregunta por la situación, no hay ningún compromiso de parte de los profesionales
de Salud Pública". La asistencia en el Samic Eldorado no es diferente. Nunca se mencionan los
agrotóxicos. El mismo silencio, la misma complicidad. Por ello, con los resultados
de la encuesta en mano, los pobladores mantuvieron una reunión con el director
de dicho nosocomio y los médicos, en la que reclamaron un compromiso mayor ante
la ya inocultable problemática sanitaria. El médico Juan Yadhjian, miembro del Movimiento Social Misiones, del Espacio
Ecuménico y del Foro de Pensamiento y Construcción Social, advierte que "el
veneno mata y los más expuestos son los que lo manipulan y también las poblaciones
vecinas y lejanas. Pero el veneno sigue siendo veneno siempre, y se potencializa
cuando se combina con otros venenos (sinergia). Todos ellos terminan en los
seres vivos (bioacumulación) y en nosotros en particular porque tenemos pocos
mecanismos para metabolizarlos y expulsarlos, muchas veces rebalsados por la
cantidad que absorbemos".15 Alerta que "son muchas las enfermedades que nos deja el modelo productivo vigente
y en su mayoría, difícil de diagnosticar. Los agrotóxicos no circulan en sangre,
se depositan en los tejidos, principalmente donde predomina la grasa, como es
el caso del cerebro. Su presencia es causa de disminución de calidad de vida
y una gran cantidad de síntomas y enfermedades, que no siempre tiene relación
con el contacto con el veneno". El especialista indica que además de los muchos trastornos de los que manipulan
o se encuentran cercanos, "se describen cambios de conducta, disminución de
defensas, de la capacidad intelectual, cuadros depresivos, dolores inexplicables
de cabeza, mareos y otras alteraciones nerviosas y hasta enfermedades malignas.
Son conocidos también los cambios hormonales o disturbios producidos por los
agrotóxicos, probados en animales y en el hombre". Por ello, considera que la única salida posible es "prohibir la producción
y el uso de agrotóxicos y otros venenos. No basta con 'parar de fumigar', hay
que parar de producir y de importar, por el peligro cierto de que terminen en
nosotros (consumidor final)". "Tenemos una Universidad que enseña a usar agrotóxicos", afirmó el Ingeniero
Forestal Juan Domingo Perié, coordinador de la carrera de Guardaparques en la
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (Unam).16 "La carrera de Ingeniería Forestal, en una de sus materias, enseña el uso,
aplicación y cuidado que hay que tener con el uso del glifosato en las plantaciones
de pino, que también es gran parte de lo que enseña esta Facultad, a plantar
pinos", contó. El académico indicó que en Misiones anualmente se reforestan unas 30 mil hectáreas
de pino y estimó que cada año se aplican más de 100 mil litros de glifosato
en estas plantaciones. "Eso es responsabilidad, en gran medida, de los Ingenieros
Forestales egresados de esta Facultad, porque son ellos los que coordinan, dirigen
y planifican esas plantaciones", advirtió. Perié lamentó que "apenas un pequeñísimo sector de los Ingenieros Forestales
egresados salen preocupados por la salud de su comunidad y la conservación del
medio ambiente". Sobre cómo se llegó al punto de institucionalizar la enseñanza del uso de agrotóxicos
en Misiones, evidenció que "hay distintos intereses, acá cuando aparecen las
primeras plantaciones de pino en el año 1952, se plantaba y se carpía, no existía
el glifosato. Apareció el glifosato como la 'solución' a las carpidas y la contratación
de gente. Entonces hoy, en vez de contratar gente para ir a carpir, se pone
en un tractor el glifosato, y ese tractor hace en una jornada de ocho a diez
hectáreas, cuando a un machetero o carpidor una hectárea le lleva cinco días.
Entonces, cuando se hacen los números cuánta guita se pone para agroquímicos
y cuánta para contratar a una persona, se opta por el agroquímico, porque resulta
mucho más rentable. Pero de lo que no se habla es de los efectos a la salud
y la contaminación. Sólo se habla de costos. Te dicen: 'Yo contrato tanto, pongo
dinero, pago menos'. Es una cuestión muy sencilla. Económicamente es superior,
más rentable el glifosato que contratar gente para que vaya a carpir en las
plantaciones de pino". La Universidad forma profesionales que serán funcionales con un modelo productivo
depredador, advirtió, "y aquel profesional, aquel docente que enseña el uso
obviamente lo sabe. Todos sabemos, porque leemos y porque vemos el problema
que genera el glifosato en la contaminación del medio ambiente y a la salud.
Nadie puede decir, ningún docente puede decir que no sabe que esos productos
son tóxicos". ¿De qué manera está relacionada la Universidad de Misiones con empresas como
Alto Paraná y Monsanto? "Directamente", respondió el Ingeniero forestal. Y explicó
que quienes manejan las plantaciones, no solamente de Alto Paraná, sino de toda
la provincia, son los ingenieros forestales; "y un veinte por ciento de ingenieros
agrónomos que tienen propiedades. Pero nosotros (los ingenieros forestales)
somos los responsables de las grandes plantaciones de pinos, no otros". Para Perié, una salida para comenzar a revertir esta situación es plantear
la necesidad de volver a contratar gente para carpir. "El pino va a crecer igual
si se pone gente, porque el glifosato mata todo, menos el pino. La orientación
sería esa: dejar de usar productos químicos, y poner la gente a trabajar, porque
así generás trabajo, cuidás al ambiente y generás riqueza". Por su parte, el investigador Rubén Ortíz sostuvo que el modelo forestal pastero
se instaló sobre la base de sucesivos genocidios y matanzas. Vergonzosos episodios
que ocurrieron "en complicidad con la academia, que no quiso instalar este tema
en el sistema educativo. Este tema sigue siendo vergonzosamente tratado". Por eso, remarcó que la pelea de los educadores es ver cómo incluir estos problemas
en la escuela pública: "Ése es el debate madre. ¿Cómo vamos a construir el currículum?
Ahí está el centro para enfrentar a las transnacionales. Si no está metido en
el sistema educativo toda nuestra pelea va a ser más lenta". En Misiones, la llamada "forestación" -eufemismo con que la empresa y el gobierno
provincial aluden a los pinares que engrosan el monocultivo- implica deforestación
previa de monte nativo. En ese sentido, organizaciones ambientalistas advierten
que en Misiones se talan más de 30 hectáreas de monte por día; lo que representa
la desaparición de 12 mil hectáreas cada año. Mayoritariamente, en esas tierras
luego se plantan pinos. Ricardo Carrere analizó: En todo el mundo –y Misiones no es la excepción- el
sector forestal insiste en llamar "bosques cultivados" o "bosques plantados"
a los monocultivos de árboles. Con ello intentan convencer al público desinformado
de que están llevando a cabo una actividad ambientalmente positiva: la "reforestación".
Sin embargo, estas plantaciones no tienen nada en común con un bosque y menos
aún con la enormemente diversa selva misionera. de acuerdo con Juan Yahdjian,
'los que vivimos en Misiones sabemos que debajo de un bosque [sic] implantado
de pinos no crece ni una lechuguita. Tampoco es el lugar que eligen los pájaros
para anidar, ni ningún animal que ande por los montes normales. Como conclusión,
no sólo expulsa al ser humano, sino también al resto de la naturaleza'. (...)
Pero el pino además avanza, no sólo porque se lo sigue plantando, sino porque
sus semillas son diseminadas por el viento (para ello cuentan con un ala membranosa
que facilita su dispersión) y germinan por todos lados. Es decir, que en Misiones
se trata de una especie invasora, que por ende constituye un grave peligro para
las áreas de selva aún en pie. Las especies invasoras son hoy consideradas internacionalmente
como el mayor peligro para la biodiversidad del planeta. A pesar de ello en
Misiones se las sigue plantando".18 En la práctica, la regulación del "aprovechamiento de los bosques" en Argentina
se ha efectuado mediante tres leyes-convenio dictadas por Nación, pero que se
aplican en las provincias adheridas, como Misiones. Éstas son la ley de Defensa
de Riqueza Forestal Nº 13.273, t.o.710/95; la ley de Estabilidad Fiscal para
Bosques Nativos Nº 24.857; y la ley de Inversiones en Bosques Cultivados Nº
25.080. La ley 25080, sancionada en diciembre de 1998 y publicada el 19 de enero de
1999, otorga incentivos a los nuevos emprendimientos forestales y a la ampliación
de los bosques existentes, como también a los proyectos foresto-industriales
que incluyen la generación de nuevos bosques. Crea un régimen de promoción para
las inversiones forestales y foresto-industriales, que comprende desde la obtención
de la semilla, la implantación del bosque, su manejo y las actividades de investigación,
hasta la industrialización de la madera producida. Además, la Ley garantiza
que durante 50 años no podrán ser incrementados ningún tipo de impuestos, tanto
a nivel nacional como provincial y municipal, permite recuperar el impuesto
al valor agregado dentro del año de haber realizado la inversión forestal, otorga
la exención de una serie de impuestos (activos, inmobiliario, sellos, ingresos
brutos, etc.) Misiones adhirió a esta norma mediante la Ley Nº 3585, reglamentada por Decreto
Nº 426/00, la cual designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Ecología
y Recursos Naturales Renovables. Mastrángelo, Scalerandi y Figueroa señalan que desde 1992 el gobierno nacional
aplicó el Régimen de Promoción Forestal, con el objetivo de lograr nuevos emprendimientos
y que se ampliaran los ya existentes. "Mediante esta Ley (por la 25080), entre
1992 y 2003 se lograron 580 mil plantaciones nuevas. Esta 'promoción forestal'
aumentó la destrucción de bosque nativo y y su sustitución por plantación forestal
de pino resinoso".19 Padolsky sostiene que "los resultados concretos de la ley es que ha beneficiado
enormemente el latifundio, y a los monopolios imperialistas en particular a
Alto Paraná, que fabrica pasta celulósica, garantizándole bajos costos y una
oferta sostenida de materia prima. Estos son los que verdaderamente se benefician
con las ventajas comparativas y legales que ofrecen estas tierras. Hasta los
municipios le garantizan el congelamiento de las tasas que les cobran a estos
grandes propietarios. Esta ley es clave para comprender la valorización de las
tierras en Misiones y el por qué de la agudización de la disputa por la tierra
y la necesidad de 'limpiarlas de intrusos'. Como no se podía esperar otra tendencia,
de nuevo los terratenientes aliados con el imperialismo en esta nueva situación,
donde se agotó el frente extractivo clásico, tuvieron que recurrir a otro esquema
en el cual era necesaria cierta inversión y capitalización; para hacerlo recurrieron
al financiamiento de 'la sociedad' a través de la ley 25080. En resumen pasamos
a ser todos aportistas para el desarrollo de la actividad forestal . Pero para
beneficiar a los terratenientes es necesario que otros pierdan, es decir, que
el sector más promisorio de la economía misionera, lo es, en detrimento de cientos
de campesinos pobres sin títulos de su tierra, semiproletarios, campesinos medios
e incluso algunos ricos, que vía impuestos subsidian su propia desaparición,
para el beneficio de un puñado de grandes empresas. Esta ley legaliza el despojo
subsidiando las inversiones y garantizando una estabilidad fiscal que ni siquiera
le obliga pagar estampillados".20 En conclusión, como advertía Carrere, "vinculado con el tema de los subsidios
se identifica otra falsedad: que la forestación es rentable. Lo cierto es que
se la ayuda a ser rentable a través del apoyo estatal (...) son los subsidios
los que vuelven rentable a esta actividad".21 En este complejo escenario, que atraviesa toda la provincia de Misiones pero
que golpea con mayor fuerza a los sectores campesinos-indígenas de la zona Norte,
irrumpieron los movimientos de resistencias populares, en lucha por el derecho
a la tierra y la vida. El Movimiento Sin Tierra de Puerto Libertad (MST Libertad) fue la primera organización
en Misiones que se atrevió a enfrentar abiertamente a la transnacional APSA. Darío Araujo, uno de los fundadores de la organización, relató: "Comenzamos
hace 14 años con una serie de charlas-debate con los motosierristas, obrajeros,
que trabajaban en el monte nativo, quienes planteaban las dificultades que comenzaban
a padecer producto de su edad, ya que promediaban los 40-50 años. La situación
de muchos era ya muy complicada, porque el 50 por ciento ya estaba fuera del
sistema laboral, y el otro 50 por ciento tenía como mucho un año de trabajo,
y esa situación generaba una especie de nerviosismo constante. Empezaban a tomar,
algunos que no tomaban empezaban a tomar, estaban cada vez más inquietos por
la situación. El tema era qué hacer. Se planteaba la dificultad que tenía el
pueblo para crecer, como alternativa a la foresto-industria. En el caso de Puerto
Libertad es un corral de pino. Tras varias reuniones y debates, con los compañeros
llegamos a la conclusión de que había que hacer algo, y ese algo era la toma
de tierra".22 En un primer momento, las tomas fueron sobre tierras abandonadas desde hacía
veinte y hasta treinta años. Las familias veían esas tierras como una posibilidad
para cultivar alimentos y llevar la comida a la casa. "En un comienzo planteábamos
que se trataba de solucionar un problema que era prácticamente de animal: comer.
Comida y un lugar donde vivir", manifestó Araujo. La primera toma del MST Libertad tuvo una salida favorable a la agricultura
del pequeño productor: 1400 hectáreas para los productores en la zona en el
paraje Nueva Argentina. Las siguientes acciones no tuvieron la misma suerte.
Araujo contó en ese sentido que "hemos tenido varios desalojos, principalmente
aquellas tierra relacionadas directamente con Alto Paraná. En San Martín tuvimos
un conflicto con Jorge Rendo [Director de Relaciones Externas del Grupo Clarín],
más Alto Paraná. La gente resistió un año y vino un desalojo irregular, mediante
el cual la gente no pudo quedar en el lugar. Lo mismo ocurrió en Bella Vista,
un viejo sueño de todos los que vivimos en Libertad, porque era un lugar muy
lindo, donde muchos de nosotros nacimos. La idea era recuperar esos barrios
de Libertad, para Libertad. Pero esos intentos todavía no dieron resultado positivo,
por el avance de la multinacional Alto Paraná, que compra las tierras y no quiere
gente sobre esas tierras, solo quiere un desierto verde. Entonces acá la gente
tiene dos opciones: una es quedarse a tomar tierras y cultivar para la subsistencia;
otra es irse a Corrientes a trabajar de motosierrista, dejar su familia, y comenzar
a sufrir otros problemas, quizás más graves". Después de Bella Vista vino el desalojo del sector San Martín, "el más jodido
en el sentido de que por primera vez intervino la Policía, Prefectura, golpeando
a nuestras mujeres, a nuestras familias. La excusa era que el dueño de esas
tierras tenía muchísima plata y muchísimo poder, y las familias intentaban resistir.
Resistieron un año. Los gendarmes echaban las casas con hachas y masas y la
gente volvía a levantar. Fue un ida y vuelta hasta que vino un desalojo donde
la gente de San Martín quedó definitivamente afuera", recordó Araujo. Las familias del MST Libertad son en su mayoría ex-motosierristas y peones
rurales desocupados. Viven en asentamientos que consiguieron levantar en las
zonas conocidas como San Martín y Tirica, antiguas villas de Libertad, que fueron
ocupadas en principio por 20 familias. Darío Araujo apuntó que las empresas forestadoras habían acaparado toda la
tierra, generando desempleo y exclusión social. "Somos gente que resiste para
no quedarse engrosando las villas miserias urbanas o directamente en la calle.
Nuestra lucha es por el derecho animal: a comer. No hemos tocado los derechos
básicos del ser humano: salud, educación, trabajo". Puerto Libertad es un pueblo cercado por los pinos de Alto Paraná. De las 85
mil hectáreas que componen el municipio, 65 mil están en manos de la empresa.
Diez mil ocupa la presa de Urugua-í y las diez mil restantes están distribuidas
entre pequeños productores de escasa actividad por un lado, y testaferros de
Alto Paraná por otro. Desde el MPL Libertad advierten que la empresa ocupa más
del 85 por ciento de la superficie total de Puerto Libertad, ya que numerosos
terrenos figuran a nombre de terceros que cultivan pinos para APSA. "Sufrimos persecuciones constantes, ya que Alto Paraná quiere apoderarse de
más tierra para seguir plantando su pino. Ellos manejan a la Gendarmería y la
Policía, para desalojarnos con violencia. Se dieron muchos casos en que las
fuerzas vinieron a atacarnos a pesar de estar con nuestras mujeres y nuestros
niños".23 Una profunda discusión interna que del MPL Libertad fue qué pensar de Alto
Paraná. Araujo contó: "Por mucho tiempo poníamos a Alto Paraná como un demonio.
Pero después llegamos a la conclusión de que Alto Paraná en todo caso era el
plano secundario del problema, porque la empresa solamente se propone como objetivo
generar plata. El gran responsable de todo es el Estado, que debe tener en cuenta
tanto a la sociedad como el desarrollo productivo de una empresa, el que debe
controlar y regular el funcionamiento de una multinacional en la zona. Es el
que no está cumpliendo con su rol. Nosotros vimos que no hubo de parte del Estado,
en ningún momento, controles con respecto a la contaminación, a la distribución
de la tierra, con respecto al maltrato a los motosierristas, con un montón de
problemas de la zona. Jamás hubo de parte del Estado provincial, local o nacional,
ni siquiera una inspección. Por eso nosotros creemos que el principal responsable
de la situación que hoy atraviesa nuestro pueblo con esta multinacional es el
Estado. A partir de ahí, al tener la bandera verde del Estado la multinacional
hace lo que que quiere. Pero con la complicidad absoluta del Estado. Y en ese
sentido, si bien casi siempre los frentes de lucha son contra Alto Paraná, siempre
sabemos que hay un ingeniero y hay doscientos policías defendiendo los intereses
de las multinacionales, y los policías como aparato del Estado. Entonces vemos
que hay una gran responsabilidad del Estado. El Estado creemos que debe hacerse
cargo de esto, acá hay un problema que solucionar y hay un tema que hay que
regular, que es la extranjerización de la tierra y la distribución de la riqueza:
un problema que hay que discutir con toda la sociedad. Nosotros creemos que
esto se puede solucionar con una reforma agraria integral en la zona, una expropiación
a la empresa, y la posibilidad de que el Estado intervenga inyectando capital
en el sector de la agricultura familiar. En ese sentido, nosotros planteamos
la reforma agraria, pero integral. Que se tenga en cuenta no solamente la cuestión
de la tierra sino también lo que se viene después en cuanto a lo productivo,
lo comercial y todo lo que sea educación política para el sector. Por supuesto
que por ahí es duro decir, y responsabilizar al Estado de todo, pero es lo que
nosotros venimos viendo, registrando, con todos los problemas que tuvimos con
esta multinacional, siempre estaban los policías persiguiendo a nuestra gente,
o golpeando a los motosierristas que reclamaban sus derechos, que les paguen
sus sueldos, siempre veíamos a la policías interviniendo en lugares que no eran
de ellos. Es decir, siempre vimos al Estado detrás de todo, incluso protegiendo
a esta multinacional".24 En tanto en Puerto Piray, decididas a luchar por la expropiación de tierras
a la transnacional chilena Alto Paraná para el cultivo de alimentos, cerca de
doscientas familias de pequeños productores asentados en la zona de Puerto Piray
"Kilómetros" conformaron en 2006 la organización Productores Independientes
de Piray (PIP). Miriam Samudio, delegada de PIP, contó que "nos fuimos dando cuenta de a poco,
no es que que de repente despertamos y nos vimos rodeados de pinos, sino que
empezamos a preguntarnos con las familias qué estaba pasando que había tanta
pobreza, tanta gente sin trabajo, porque era justamente el momento en que la
empresa empezó a reemplazar a las familias, a los papás, con máquinas. Entonces
fue ahí cuando empezamos a juntarnos y fuimos armando grupos con las familias
y comprendiendo lo que estaba pasando".25 "Lamentablemente, para nosotros forestar pinos es matar. Estamos viviendo esa
realidad y nadie hace nada. Desde nuestra organización venimos presionando a
Alto Paraná por medio de notas, petitorios, mesas de diálogos, marchas, y a
lo último ya empezamos a hacer otras acciones porque veíamos que no nos escuchaban,
no nos escuchan, se hacen los oídos sordos, pero intentamos hacer medidas de
lucha haciendo cortes de ruta, haciendo bloqueos en la entrada y salida de sus
camiones que sacaban los pinos. Cuando nosotros empezamos esta medida de lucha
haciendo bloqueo empezaron a procesarnos, a insultarnos, empezaron los policías
a seguirnos a todas partes, no podíamos ni juntarnos a tomar mate, porque estábamos
todo el tiempo perseguidos. Y después se llenan la boca nuestros funcionarios
diciendo que estamos en democracia, de que somos libres, que ellos quieren crecer
en paz, vivir en paz... sus discursos son muy lindos de boca para afuera, pero
en realidad lo que ellos accionan, lo que ellos están haciendo, es pisotear
nuestros derechos. Nos están dejando cada vez más mal de lo que estábamos. Pero
tenemos la esperanza de que peleando, haciendo puente con otras organizaciones,
comprometiéndole a algunas instituciones podemos lograr que nuestros reclamos
impacten más fuertemente", expresó. Su lucha se hizo pública en marzo de 2011, cuando la empresa chilena cosechó
los pinos de la zona Piray Kilómetros, que tenían gran altura, e hizo tala rasa.
Entonces los colonos, que venían reclamando esas tierras desde hacía cinco años,
dijeron ‘no vamos a esperar otra vez quince años, el momento es ahora’. Y como
medida de acción directa bloquearon la entrada y salida de los camiones de Alto
Paraná. La policía no tardó en llegar. Hubo intimidaciones, amenazas de desalojo
violento. Todo fue filmado por los vecinos. Luego se abrió una mesa de diálogo entre el gobierno provincial, el gobierno
municipal, y los productores. Miriam Samudio recordó que "cuando nosotros nos
sentábamos en la mesa de negociación, y fue una experiencia que me tocó a mí
como delegada, participar de esa mesa, era muy doloroso, y lo digo con el corazón,
con un dolor muy grande, era muy doloroso ver a nuestros funcionarios pelear
por el bienestar de Alto Paraná, peleando por los intereses de esa empresa,
y dejándonos a nosotros solos. En ese momento, en esa mesa de negociación, nosotros
contábamos nuestra realidad, les decíamos: están fumigando a setenta metros
nuestro, se están muriendo nuestros animales, nuestros arroyos se están secando,
nuestras familias están desapareciendo, nuestras comunidades de los Kilómetros
se fueron o murieron, y nosotros no queremos pasar por eso. Nosotros soñamos
y vamos a seguir sosteniendo que desde Piray kilómetros no nos vamos a mover
hasta que sea de nuevo una colonia, el pueblo que queremos que sea. Nosotros
vamos a seguir peleando para poder acceder a esa tierra y para que los agrotóxicos
dejen de envenenarnos, no solamente a nosotros. Tienen el 10 por ciento de nuestra
provincia, está en riesgo nuestra provincia, y de apoco nuestra Nación, entonces
empecemos a defenderla juntos. Es eso lo que nos mantiene de pie, a pesar de
que muchas veces no se comprometen, se lavan las manos. Hoy el intendente reelecto
de Piray es uno de los contratistas de Alto Paraná. ¿Entonces qué vamos a esperar?
Cuando estamos en mesa de negociación, él es un arquero más atajando la pelota
de lo que nosotros le estamos tirando a la empresa. Cuando el Subsecretario
de Tierras se sienta en la mesa de negociación, y nosotros le preguntamos directamente
a la empresa porqué no se retiran los pinos de alrededor de nuestra casa, le
suplicamos, el que responde es el Subsecretario de Tierras Jaime Ledesma, diciendo
que 'la propiedad privada hay que respetar'. Entonces es una lucha no solamente
con la empresa, con el monstruo de la empresa, sino que es además una lucha
con la complicidad de nuestros funcionarios". Finalmente, en aquella mesa de negociación el gobierno provincial propuso la
liberación de la salida de camiones y maquinarias de la empresa, a condición
de que ésta no eche veneno ni plante pino. Ambas partes aceptaron, pero finalmente
cuando la gente salió, la empresa echó veneno y plantó pino. La mesa de diálogo
quedó en la nada. Alto Paraná se negó abiertamente a ceder tierras, y el gobierno
provincial se quedó de brazos cruzados. Como muestras de la judicialización de la protesta social en Misiones, tras
la medida de fuerza la justicia abrió causas contra dos campesinos y un técnico
de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, por supuesta "usurpación" de tierras
privadas. El reclamo de los pobladores es que los pinos sean retirados mil metros al
fondo, para que todas esas tierras se habiliten para el cultivo de alimentos.
El viernes 7 de septiembre de 2012, una delegación de PIP llegó hasta Posadas
para presentar ante los distintos bloques de la Cámara de Diputados de la provincia
de Misiones, un proyecto de expropiación de unas 3.000 hectáreas, ocupadas por
Alto Paraná S.A. en los Parajes "Piray km18", "Santa Teresa", "Unión" y "Cruce"
de la ex Ruta 12, desde el arroyo Piray Guazú en el norte hasta el denominado
barrio "Mbora´" por el sur. El proyecto busca que esas tierras sean destinadas
a la producción de alimentos de unas 200 familias de la zona. Además, estima
que con esta iniciativa se asegurarán unos 400 puestos de trabajo estable y
confía que podrá frenar el continuo éxodo de jóvenes en busca de trabajo. Tres meses después, como reacción a la indiferencia total mostrada por los
legisladores misioneros, el jueves 29 de noviembre de 2012 se concretó en la
Capital provincial una nutrida marcha encabezada por los Productores Independientes
de Piray (PIP) con el fin de pedir ante el gobierno y la legislatura provincial
el tratamiento urgente del proyecto de Ley de expropiación. En la oportunidad,
las familias de PIP estuvieron acompañados por referentes del Movimiento de
Campesinos Misioneros (MOCAMI) de San Pedro, la asociación de Tareferos de Oberá,
la asociación Unidos de ruta 20, la Unión de Productores por el Cambio de Puerto
Libertad, la asociación Unidos de Colonia Delicia, la asociación Santa Rosa
de Lima de Eldorado, el USALI, la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista
(CEPA), la asociación Santa Elena de Eldorado, la Cooperativa de las Comunidades
Campesinas por el Trabajo Agrario (CCTA) de Pozo Azul, el Polo Obrero, la ATE-CTA
y las Carayas de Eldorado. El jueves 29 de noviembre de 2012, se concretó en la Capital provincial una
nutrida marcha encabezada por los Productores Independientes de Piray (PIP)
con el fin de pedir ante el gobierno y la legislatura provincial el tratamiento
urgente del proyecto de Ley de expropiación. En la oportunidad, los referentes
de PIP estuvieron acompañados por sus respectivas familias, referentes del Movimiento
de Campesinos Misioneros (MOCAMI) de San Pedro, la asociación de Tareferos de
Oberá, la asociación Unidos de ruta 20, la Unión de Productores por el Cambio
de Puerto Libertad, la asociación Unidos de Colonia Delicia, la asociación Santa
Rosa de Lima de Eldorado, el USALI, la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista
(CEPA), la asociación Santa Elena de Eldorado, la Cooperativa de las Comunidades
Campesinas por el Trabajo Agrario (CCTA) de Pozo Azul, el Polo Obrero, la ATE-CTA
y las Carayas de Eldorado. La movilización concluyó en la Cámara de Diputados, donde los productores fueron
recibidos por el vicepresidente de la legislatura provincial, Alberto Nabor
Álvarez (Frente Renovador), quien tras comprometerse a viajar a Piray para recorrer
y ver qué es lo que está pasando", comunicó la decisión de "unificar los cinco
proyectos presentados por los distintos bloques de la Cámara para empezar a
trabajar en una solución final".26 Hacia 2006, unos 500 hombres de entre 20 y 30 años trabajaban como motosierristas
para 20 empresas contratistas de APSA, distribuidas en tres departamentos del
Norte de Misiones: Montecarlo, Eldorado y Puerto Iguazú.27
En muchos casos, estos jóvenes peones eran hijos de hacheros, los que no mucho
tiempo atrás habían sido desplazados por las motosierras. "No hay estadística oficial, pero el boca a boca asegura que ocho de cada diez
hombres sin formación profesional termina como jornalero directo, o indirecto,
de Alto Paraná", observaba el periodista Darío Aranda, en una crónica periodística.28 Los motosierristas desarrollaban su trabajo de cortado de pino en el monte
en condiciones de semi-esclavitud, sin ningún tipo de cobertura social. El servicio
estaba tercerizado, en manos de contratistas amigos de APSA. En los pinares
regía la más violenta flexibilización laboral: "jornadas que comienzan los lunes
cuando el sol ni asoma y finalizan los sábados por la tarde. Traslados hacinados,
cientos de kilómetros, en camiones destruidos. Días de hasta catorce horas de
trabajo. Paga mínima. Maltratos constantes. Y 'listas negras' para quien levante
la voz: despidos y proscripción laboral en la zona", resumía Aranda. Allí no entraban el Ministerio de Trabajo ni el gremio que supuestamente defendía
a los jornaleros del sector: la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
(UATRE). A fines de julio de 2006, un grupo de 300 trabajadores motosierristas de distintas
empresas tercerizadas de APSA resolvieron iniciar un paro en demanda de mejores
condiciones laborales y salariales, y en defensa del derecho a la libertad y
democracia sindical. Los peones reclamaban poder formar parte del Sindicato
de Obreros y Empleados del Cartón, Papel y la Celulosa del Alto Paraná (SOEP),
lo cual les era negado porque el "encuadre sindical" de dicho sindicato -enrolado
en la CTA- no contemplaba las tareas que los operarios realizan en el monte.
Por esa razón, como primer paso, solicitaban al Ministerio de Trabajo de la
Nación que se otorgue el encuadre gremial al SOEP. Expresaba por aquellos días Lorenzo Barrientos, secretario general del Sindicato
de Papeleros del Alto Paraná, integrante de la CTA: "las leyes laborales no
tienen vigencia y la explotación de los trabajadores, quienes realizan sus tareas
en condiciones infrahumanas, es un hecho cotidiano". Acerca de las empresas
contratistas de Alto Paraná, revelaba: "nosotros sabemos que pertenecen a testaferros
de la propia Alto Paraná. Incluso los inspectores, que son los que controlan
la tala de los árboles, son de la empresa. En realidad Alto Paraná es su verdadero
patrón".29 Con el inicio del paro, los motosierristas comenzaron a afiliarse al Sindicato
de Papeleros, en señal de rechazo a UOCRA. Las represalias llegaron de inmediato,
primero como amenazas y luego directamente con despidos. El momento de mayor tensión se vivió el jueves 27 de julio, en horas de la
madrugada. Unos 200 peones se encontraban frente a la planta de Puerto Esperanza,
cuando llegaron fuerzas policiales en número de 250, con orden del juez de Eldorado,
José María De la Cruz. En el marco de la audiencia de Alto Paraná S.A. del Juicio ético a las transnacionales,
Héctor Careaga, del Sindicato de Papeleros recordó: "Gracias a los periodistas
que estaban en ese momento se evitó una masacre cuando se produjo el desalojo,
en plena madrugada, trajeron gente de civil, armada. O sea, ellos estaban preparados
para generar un conflicto grande, estaba todo preparado para que corra sangre".30 Aquella histórica primera protesta de los motosierristas duró en total 42 días.
El conflicto se destrabó luego de promesas de mejoras y cierta flexibilidad
sindical.31 Pero el 25 de febrero de 2007 unos 300 motosierristas reanudaron una huelga
por tiempo indeterminado, bloqueando el acceso a la planta de Puerto Esperanza.
Denunciaban ser obligados a afiliarse a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales
y Estibadores (Uatre), desconociendo la representación del Sindicato de Obreros
y Empleado de la industria de Celulosa, Papel y Cartón de Misiones (Soemp-Cta)32.
Además, aseguraban que poco y nada de las promesas se habían cumplido, que algunos
sueldos habían aumentado, pero que les seguían descontando la ropa y los elementos
de trabajo.33 Como respuesta, desde las empresas contratistas de APSA comenzaron a enviar
telegramas de despido. En total 83 trabajadores motosierristas quedaron sin
su fuente laboral. Dos semanas después intervino la Subsecretaría de Trabajo de Misiones, dictando
la Conciliación Obligatoria. Finalmente el 20 de marzo se desarrolló una audiencia
en la Capital Federal para tratar la situación de los trabajadores motosierristas,
en la que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación resolvió
la reincorporación de todos los obreros que habían sido despedidos. La reacción definitiva de APSA a la organización sindical y movilización de
los motosierristas fue la mecanización de la producción forestal. Darío Araujo relató que "después de ese conocido conflicto con los motosierristas,
lo que hizo Alto Paraná fue sencillo: descartar a los motosierristas. Incorporaron
una máquina de última tecnología para la cosecha del pino, que los reemplazó
completamente". Por su parte, el Ingeniero Agrónomo Raúl Gorriti, delegado de la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE), detalló que esa máquina es conocida como "procesadora".
Y alertó que cada una de éstas reemplazó el trabajo de ochenta motosierristas,
más los ayudantes que acarreaban la producción.34 La última vez que los motosierristas salieron a la ruta fue a principios de
abril de 2009. Ya nucleados en el SOEP-CTA, bloquearon el acceso a la planta
en reclamo de sus fuentes de trabajo. Denunciaron que que las empresas contratistas
venían despidiendo masivamente a los trabajadores, y al tiempo iban mecanizando
el trabajo con maquinaria sueca adquirida, en muchas oportunidades, con la ayuda
crediticia de Alto Paraná S.A. "Nosotros no estamos en contra de la tecnología, pero siempre y cuando se garanticen
las fuentes de trabajo. Se trata de una empresa multinacional que está explotando
la riqueza de nuestro suelo, se lleva nuestros recursos naturales y está dejando
sin trabajo a las familias de la comunidad. No estamos en contra de la tecnificación
siempre y cuando se generen alternativas. De lo contrario, se incrementan los
altos índices de desocupación que hay en la zona. Hay familias que tienen hasta
9 hijos. No se los puede dejar en la calle", expresó en aquella ocasión Lorenzo
Barrientos, titular del SOEP. 35 "La desocupación se disparó fuerte aquella vez. Hoy Puerto Libertad tiene una
desocupación que alcanza el 40 por ciento. Los pocos que quedaron están cobrando
lo que mas o menos mejoraron, pero la gran mayoría están desocupados. Y hoy
forman parte del grupo y hacen huertas para vivir. Las máquinas van reemplazando
la mano de obra. Primero se carpía, después se reemplazó la carpida por la mochila
a mano. Luego llegó la mochila a batería y ahora los tractores, toda esa mano
de obra va quedando desocupada sin que nadie se preocupe por ellos. La foresto
industria se rige por la mayor ganancia - menor costo, genera desocupación.
Antes se defendía a Alto Paraná desde el punto de vista de la fuente laboral;
hoy ya no se sostiene ese argumento porque la desocupación es enorme y creciente
a medida que ellos se llena de dinero a costa de esa situación de pobreza y
exclusión", contrastó Darío Araujo, del MST Libertad. Gorriti analizó que el modelo forestal expulsa definitivamente de la zona a
cada vez más familias, por la imposibilidad de producir en las chacras y de
conseguir trabajo en el pueblo. "Efectivamente, ésta es una empresa privada
‘eficiente’ en la producción de pasta de papel y madera para aserrío, y es lo
que dicen constantemente los técnicos, y que generan puestos de trabajo. Pero
lo que me parece que sería bueno poner en discusión es cuáles son las concepciones
de desarrollo de las cuales estamos hablando. Según la empresa, y el sistema
que los apoya, la concepción de desarrollo es la generación de riquezas. Sin
preguntar: riquezas para quién ni riqueza costa de qué. Los vecinos denuncian
constantemente que esa generación de riqueza queda en pocas manos, de empresas
transnacionales, y a costa del desastre ambiental. Alto Paraná dice ‘damos trabajo’,
pero en definitiva lo que estamos observando es que emplea cada vez menos mano
de obra. Lo estamos viendo en Puerto Bosetti con el cierre del aserradero, el
despido de los motosierristas justamente, que antes trabajaban y que ahora están
siendo reemplazados por estas maquinarias, que desde el punto de vista capitalista
son muy ‘eficientes’", graficó. A octubre de 2012, solamente treinta trabajadores motosierristas prestan su
mano de obra a empresas contratistas de APSA, de los más de 500 que operaban
en los pinares del Norte provincial hacia 2006. Su tarea hoy ya no consiste
en el derribe de pinos, sino en el desmalezamiento de los predios forestados
en poder de la corporación chilena.36 Actualmente, más de 100 empresas y profesionales prestan sus servicios como
contratistas a la Gerencia de Operaciones Forestales. En sus informes oficiales,
la empresa asegura que por esa vía ofrece "empleo permanente a unas 1000 personas,
radicadas en su gran mayoría en la provincia de Misiones"37.
Lo que omite es en qué condiciones laborales se encuentran los operarios y peones
tercerizados. Según relatan los propios trabajadores, el trabajo esclavo, sin
ningún tipo de cobertura social, es la situación generalizada entre los pocos
que todavía se salvaron de la mecanización. El historiador Rubén Ortíz estudia desde hace varios años las consecuencias
del "modelo pastero" sobre la producción de la yerba mate. "Sólo en el municipio
de Montecarlo, que producía en 1999 un total de 30 millones de kilos de hoja
verde, hoy produce, con suerte, 15 millones", ejemplificó. "El cuadro de destrucción de fuentes de trabajo, de flexibilidad y precarización
que tiene la industria pastera es alarmante. Para producir esos treinta millones
de kilos de hoja verde, Montecarlo, municipio por excelencia productor de yerba-,
contaba con 2160 tareferos (peones de la yerba) blanqueados, declarados. Tienen
que entender que una de las actividades con mayor precariedad, históricamente,
es la yerba mate. En 2008, cuando estalla el escándalo de la yerba, había 10
tareferos declarados. Por eso, cuando Alto Paraná dice "generamos 1.300 puestos
de trabajo, la respuesta concreta es decirles: '¿Y la cantidad de tareferos
que desapareció desde que llegaron ustedes?' En un municipio desapareció esa
cantidad. Entonces, esto es una gran mentira", enfatizó. (*)
Periodista, co-coordinador de Revista Superficie (www.revistasuperficie.com.ar),
editada en la provincia de Misiones. Fiscal Popular en la audiencia del caso
Alto Paraná S.A del "Juicio Ético y Popular a la Transnacionales de la Triple
Frontera", realizado los días 31 de septiembre y 1 de octubre de 2011 en la
sede del Sindicato de Obreros y Empleados de la industria de Celulosa, Papel
y Cartón de Misiones (Soemp-Cta) localidad de Wanda, provincia de Misiones,
Argentina. El caso Alto Paraná S.A. en la provincia de Misiones es el informe
final de aquella audiencia. Diseño de imagen ilustrativa: Florencia Aguirre.
El primero de aquellos proyectos presentados fue el de Alto Paraná S.A., cuyo
principal accionista fue Celulosa Argentina S.A., participando otras firmas
vinculadas a dicha empresa: Papelera del Plata S.A. y Witcel S.A. El resto del
paquete accionario quedó distribuido entre diversas empresas del papel (Zucamor
S.A., Denti S.A., Massuh S.A., Adanor S.A., Teitelbaum S.A.) las que, de esa
forma, accederían al abastecimiento de pasta de fibra larga.
Las zonas censadas fueron Piray 18 (el cruce), barrio Unión, y Santa Teresa
(hasta el puente Piray Guazú), abarcando toda el área rural que bordea la ex
ruta 12.
Mastrángelo, Scalerandi y Figueroa indican que el pasaje al monocultivo de pino
en Misiones se origina abruptamente en la siembra de de 1960, cuando se quintuplica
la superficie implantada con la especie. Una primera ola de intensificación
con pinos resinosos de rápido crecimiento se dio en 1979, mientras que una segunda
ola se produjo a principios de la década de 1990.17
"Hoy vemos como un nuevo desafío, y digo así porque a veces no es fácil, no
es tan fácil sostener una lucha de tanto tiempo, siempre golpeando la cabeza
con el paredón, pero un nuevo desafío es convencerlos a ustedes y convencerle
a los demás, convencerle al pueblo, a la comunidad, sobre cuál es la verdadera
historia. Y ahí sí vamos a hacer una justicia, pero más una justicia de corazón
y de conciencia", concluyó Miriam Samudio en su exposición.
Además, alertó que en Montecarlo cada año se pierden mil hectáreas de yerba
como consecuencia del avance de la forestación, de pino y eucaliptos. "Y eso
tiene que ver también con los malos precios de la hoja verde, que hace que la
yerba no sea rentable".
revistasuperficie.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=702:el-...