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Marcha por Julio López: “8 años de impunidad y encubrimiento”
Por Indymedia Derechos Humanos -
Friday, Sep. 19, 2014 at 12:39 AM
Este 18 de septiembre se cumplieron 8 años -2922 días- de la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo y querellante en el juicio que condenó por genocidio al represor Miguel Etchecolatz. En distintos puntos del país se realizaron actividades denunciando la persistencia de la impunidad y el encubrimiento. En Ciudad de Buenos Aires, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia movilizó desde el Congreso de la Nación a Plaza de Mayo, en una marcha encabezada por las Madres de Plaza de Mayo Cristina Cabib, Elia Espen y Mirta Baravalle, junto a numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales. En el documento, que compartimos a continuación, se señaló una vez más“la inacción de la causa judicial que debiera investigar la desaparición de Julio López y la inacción de los gobiernos Nacional y Provincial que decidieron no investigar el entorno del genocida Etchecolatz ni a las mafias de la Policía Bonaerense para asegurarse su gobernabilidad”. Fotos: Indymedia Derechos Humanos.
Estamos en esta Plaza,enfrentando el silencio y la negacin oficial, para denunciar que Julio Lpez, sobreviviente de los campos de concentracin de la dictadura, fue secuestrado y desaparecido por segunda vez hace 8 aos, cuando culminaba el Juicio a Etchecolatz .
Estamos hoy aqu, en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, exigiendo al Estado Nacional su aparicin con vida.
El 18 de septiembre de 2006 Julio Lpez, que despus de muchos aos de silencio puso en palabras el horror vivido en los campos de concentracin de la dictadura, para cumplir su compromiso con quienes fueron sus compaeros de lucha, no lleg a la sala de audiencias, en la que se dara la sentencia de prisin perpetua al genocida Etchecolatz.
La respuesta de nuestro pueblo a la desaparicin de Julio no se hizo esperar y miles salimos a las calles reclamando su aparicin con vida YA!
La respuesta del poder tambin fue inmediata: el gobernador Sol, y sus funcionarios Arslanin y Binstock, declararon frente a los organismos de derechos humanos que reclamamos por Julio que su preocupacin era la gobernabilidad de la polica bonaerense. Hoy, despus de 8 aos, es indiscutible que esa ha sido la principal preocupacin de todos los poderes del Estado. Por eso en la causa Lpez no hay sospechosos, ni imputados, ni detenidos.
Por eso denunciamos que, desde el primer momento, los funcionarios nacionales y provinciales renunciaron a encontrar a nuestro compaero Jorge Julio Lpez y por lo tanto renunciaron tambin a detener, juzgar y condenar a los responsables de su secuestro.
La Polica de la Provincia de Buenos aires, al momento de la segunda desaparicin de Lpez, tena en sus filas ms de 9.000 efectivos que haban actuado durante la dictadura. Ningn gobierno constitucional los separ ni investig.
El gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires desplegaron desde el primer momento un discurso plagado de cinismo. Durante el primer ao decan que buscaban a Julio como si hablaran de un nio perdido camino a su casa y en los ltimos aos nos dicen que tenemos que aceptar que Julio est muerto pero no dicen quin lo secuestr, quin lo mat, quin dio la orden y quien la ejecut. Nunca quisieron investigar y ahora, despus de 8 aos de inaccin y de impunidad, usan el nombre de Julio para bautizar una plaza o lo declaran ciudadano ilustre pretendiendo naturalizar su desaparicin y disimular la impunidad de los autores polticos y materiales de su secuestro.
En todos estos aos, aunque el rostro de Julio estuvo y est presente permanentemente en la denuncia y el reclamo de justicia de nuestro pueblo, hemos recibido por nica respuesta el silencio de la impunidad, el silencio de la complicidad.
Julio Lpez no fue el primer desaparecido posterior a la dictadura: Miguel Bru, Andrs Nuez, entre otros, son prueba de ello. Su desaparicin reinstal la desaparicin como prctica genocida, poniendo en jaque al llamado Nunca Ms.. Fue una confirmacin ms de lo que siempre dijimos: la impunidad slo genera ms impunidad.
La persistencia de la impunidad es la que permite que Lpez est desaparecido. La responsabilidad criminal es, sin duda, de los autores materiales y polticos del secuestro.. Pero la responsabilidad poltica de que Julio aparezca con vida, como sealamos desde un primer momento, es de los gobiernos nacional y provincial.
El Estado, con total intencionalidad, no realiz una investigacin, y cada fuerza simul una bsqueda por su cuenta, ocultando sus pasos las unas a las otras.
Por eso decimos que el gobierno tiene que responder por el encubrimiento y complicidad por parte de los organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial: la SIDE, el Servicio Penitenciario Federal, la Polica Bonaerense y la Federal.
Nunca se investigaron las pistas que involucraban a Etchecolatz y a la bonaerense, y al da de hoy no han esclarecido ninguna de las innumerables amenazas y agresiones que sufrieron durante el juicio y siguen sufriendo testigos, querellantes, familiares de desaparecidos, jueces, fiscales. Tampoco se han resuelto los secuestros posteriores a testigos como Gerz, Puthod, Martnez, ni el asesinato de Silvia Suppo. Ha sido precisamente la persistente impunidad del secuestro y desaparicin de Julio la que foment que las amenazas a los testigos, los abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas continuaran y se agravaran, transformndose en agresiones y secuestros.
Por eso decimos que el gobierno nacional es responsable por la aparicin con vida de Julio y que debi haber dado los pasos precisos y contundentes que siempre le exigimos: exonerar y denunciar ante la justicia a todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que se desempearon durante la dictadura, promover la remocin de jueces y fiscales cmplices, impulsar juicios por campo de concentracin o por circuito represivo donde se juzgue por el delito de genocidio a todos los represores y a sus cmplices civiles.
Desde hace dos aos, la nica novedad en la investigacin judicial fue una denuncia contra las querellas y los funcionarios judiciales que intervinieron en el juicio contra Etchecolatz, en la que de forma aberrante se intentaba distorsionar las responsabilidades de lo sucedido acusando a los compaeros de Julio de no haberlo cuidado. Este ao, el nuevo fiscal que tom la causa dice que va a empezar de cero y su primera medida es investigara los hijos de Lpez.
Ante la inaccin de la Justicia, y el silencio del poder poltico, en los ltimos aos fuimos las organizaciones que reclamamos por la aparicin con vida de Julio las que aportamos novedades a la causa.
El ao pasado el encuentro Memoria Verdad y Justicia convoc a una campaa nacional de presentacin masiva de Habeas Corpus por Lopez. Todos fueron rechazados automticamente, poniendo en evidencia que no es preocupacin de esta justicia terminar con la impunidad. En Puerto Piramides el juez Ricardo Sastre contest al habeas corpus , diciendo que el seor Jorge Julio Lpez NUNCA estuvo detenido en ninguna reparticin de las fuerzas de seguridad, negando de este modo hasta el primer secuestro de Jorge Julio Lpez. Este ao llevamos el caso ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pidiendo se pronuncien sobre el tema, se anoticien respecto de los 8 aos de encubrimiento, se investiguen las responsabilidades de esta situacin de impunidad y se llame la atencin al Estado por el encubrimiento de este crimen.
Hoy, a 8 aos de la dolorosa desaparicin de Julio, estamos en esta Plaza para ratificar la lucha popular contra la impunidad, para denunciar el encubrimiento, para oponer voz al silencio de los de arriba, para reclamar justicia. Para exigir crcel comn y efectiva a sus secuestradores, a todos los represores y asesinos, a todos los genocidas.
BASTA DE SILENCIO, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD
Por eso exigimos al gobierno :
Aparicin con vida YA de Julio Lpez
Juicio y castigo a los responsables
Compaeros y compaeras:
La impunidad y el encubrimiento que rodean la segunda desaparicin de Julio Lpez se conectan directamente con la vigencia del aparato represivo de la dictadura y con la represin actual a las luchas obreras y populares.
La negativa de los gobiernos nacional y provincial a impulsar que se investigue entre las filas de la Polica Bonaerense y de los servicios de inteligencia del Estado refleja el pacto de encubrimiento sobre los crmenes y negocios ilegales del aparato represivo, que los sucesivos gobiernos han mantenido hasta el da de hoy a cambio de contar con sus servicios a la hora de reprimir a los trabajadores y el pueblo.
La poltica represiva se agudiza ahora que el colapso de la poltica econmica conduce al gobierno a redoblar la entrega para pagar la deuda externa. Las designaciones de Csar Milani al frente del Ejrcito y de Sergio Berni en la Secretara de Seguridad apuntan a quebrar mediante palos y provocaciones la resistencia obrera y popular a los despidos, suspensiones, retrocesos salariales, ajustes, tarifazos y recortes en la asistencia social que el gobierno impone para congraciarse con el capital financiero internacional.
Eso se expres en la brutal represin que sufrieron los obreros que salieron a defender sus puestos de trabajo, como ocurri en Lear , Gestamp, Emfer, Calsa, Kromberg. Los dispositivos represivos de las fuerzas de seguridad tambin estuvieron presentes ante los piquetes realizados durante el paro general del 28 de agosto.
El pas entero pudo ver en detalle, gracias a las filmaciones de periodistas y militantes, las provocaciones de la Gendarmera contra los trabajadores de Lear. La expulsin del Ministerio de Seguridad Nacional del ex carapintada Galeano, infiltrado en las manifestaciones, fue una manera de ocultar que actuaba bajo las rdenes de Berni, y por lo tanto, del gobierno nacional.
El espionaje y la infiltracin son mtodos represivos que los K cultivan desde que gobernaban la provincia de Santa Cruz, cuando Berni en persona se infiltraba entre los trabajadores de la mina de Rio Turbio y el gobernador Nstor Kirchner mandaba a las patotas del PJ provincial a apalear a las asambleas populares de Rio Gallegos. Luego siguieron el Proyecto X y la infiltracin del Polica Federal Amrico Balbuena en la Agencia Rodolfo Walsh.
En los ltimos aos el presupuesto destinado a inteligencia militar bajo la tutela de Milani- prcticamente se triplic. Este genocida, premiado por el oficialismo con el cargo de Jefe del Ejrcito, que debiera estar preso por su actuacin durante la dictadura, es el elegido por el gobierno nacional para encabezar un operativo dirigido a rehabilitar la injerencia del Ejrcito en la seguridad interior. Por eso hoy las leyes antiterroristas promovidas por el gobierno, se constituyen en una amenaza cada vez ms peligrosa a todos aquellos que luchan por sus derechos.
El desalojo con mtodos nazis del barrio Papa Francisco, mostr, como ocurri con el Indoamericano, la complementariedad de las polticas represivas del gobierno nacional y las de Macri en la Ciudad. Arrasaron las viviendas y desalojaron a los ms humildes mientras dejaron instaladas a las bandas del narco.
Las declaraciones fascistas y xenfobas de Berni tienen como objetivo dividir al pueblo y conseguir piedra libre para sacar de las calles a los que enfrentan la poltica del ajuste.
Mientras Macri mantiene su propio aparato de espionaje, la justicia de la ciudad lleva a juicio a los dirigentes barriales Diosnel Prez y Luciano Tano Nardelli, por el nico delito de ser solidarios. .
La Metropolitana reprime con balas de plomo como lo hemos comprobado en el Indoamericano y en el desalojo de la Sala Alberdi- del mismo modo que ocurre en Formosa, Jujuy y Chaco con gobernadores alineados con Cristina Fernndez, donde se ha reprimido salvajemente a docentes, estatales, jubilados, desocupados y pueblos originarios. En Crdoba fueron reprimidas vigilias y marchas contra el monopolio envenenador Monsanto.
En estos 11 aos de gobierno kirchnerista , suman 22 los compaeros asesinados a raz de la protesta social.
La poltica de mano dura , en cuya aplicacin coinciden el gobierno nacional, Scioli, Massa y otros sectores del oficialismo y la oposicin tiene como objetivo profundizar la criminalizacin de la pobreza y no slo no resolver los problemas de inseguridad sino que reforzar la represin a las luchas, el gatillo fcil y la corrupcin policial. La militarizacin de los barrios y la creacin de policas comunales no ha hecho ms que agravar la situacin de los miles de habitantes de los barrios ms humildes.
Actualmente son ms de 5000 los procesados por luchar. El bloque de diputados oficialista promueve la sancin de una ley contra las manifestaciones, que fue reclamada por Cristina Fernndez en el Congreso y aplaudida a rabiar por el bloque macrista.
El proyecto de ley contra la criminalizacin de la protesta, promovido por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y presentado a la Cmara de Diputados con la firma de ms de 20 legisladores, permanece ignorado por el oficialismo y por la mayora de la supuesta oposicin. Rechazamos la pretensin de la diputada Diana Conti de canjear el apoyo a la ley que persigue las manifestaciones por una amnista fraudulenta.
Reclamamos el cierre de las causas, la anulacin de las condenas y la libertad de los presos polticos de Corral de Bustos, de los compaeros Fernando Esteche y Ral Boli Lescano, de los cinco hermanos wich de la provincia de Formosa y de los cinco compaeros de Ate Rio Gallegos arbitrariamente detenidos desde octubre del ao pasado.
Desde este acto, exigimos una vez ms la absolucin de los compaeros de Las Heras, condenados a prisin perpetua al trmino de un juicio infame.
Las denuncias del fiscal contra los compaeros de la comisin interna de Lear y de dirigentes polticos solidarios con su lucha, el procesamiento de los delegados de Emfer-Tatsa, los pedidos de desalojo contra la ocupacin de Donnelley y la gestin cooperativa del Bauen son expresiones de la judicializacin de la protesta social.
La militarizacin de los conflictos obreros tiene otro punto de apoyo en el accionar de las patotas de la burocracia sindical. Las provocaciones de Pignanelli contra los trabajadores de Lear son las mismas que utilizaron Pedraza y sus matones contra los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y que finalmente derivaron en el crimen de Mariano Ferreyra. El gobierno nacional utiliza ante cada conflicto a estos verdugos de los trabajadores para tratar de frenar el surgimiento de cientos de jvenes dirigentes que se organizan democrticamente para reclamar por sus derechos enfrentando a sus patrones aliados con la burocracia sindical.
Como castigo por su participacin en el paro nacional del 28 de agosto, Randazzo, en sociedad con los jerarcas de la Unin Ferroviaria, impulsa el desafuero de los delegados de la lnea Sarmiento y sanciones a los activistas del Mitre.
La presencia de la patota del Smata en la tribuna del Congreso para insultar a los diputados de la izquierda con la complicidad del presidente de la Cmara, Julin Domnguez- confirma que estas bandas estn hoy al servicio del gobierno nacional. Las amenazas de sanciones y expulsiones en las legislaturas provinciales contra los diputados de la izquierda se inscriben como otra variante de represin poltica.
Por eso decimos: basta de ajuste, despidos y suspensiones. Reincorporacin ya de todos los despedidos.
Basta de represin, muertes y patotas. Cierre de las causas y anulacin de las condenas contra los luchadores. Libertad a los presos polticos. Fuera Berni.
Hoy, el gobierno nacional pretende apropiarse del prestigio y los recursos del Banco Nacional de Datos Genticos para ponerlo al servicio de un negociado con los laboratorios privados de la medicina genmica. Este Banco fue clave en la identificacin de la mayora de los 115 nietos recuperados.
Por otra parte, al limitar la competencia del Banco a los casos de lesa humanidad anteriores al 10 de diciembre de 1983, quedan desprotegidas miles de personas que buscan su identidad y los ms de 200 casos de desapariciones posteriores al 83, como Miguel Bru, Luciano Arruga, Daniel Solano en ro Negro y, por supuesto, Julio Lpez.
Por eso decimos: No a la privatizacin del Banco Nacional de Datos Genticos, acceso universal al derecho a la identidad!!!!
En defensa de la memoria, nos oponemos a transformar los Centros Clandestinos de Detencin en lugares de recreacin, porque las generaciones que nos siguen deben saber que all se tortur a hombres, mujeres y hasta nios, para lograr imponer en nuestro pas un orden poltico y econmico en contra de las mayoras populares.
El gobierno nacional se adue de los sitios de memoria de la ciudad de Buenos Aires, despus de haber logrado, en alianza con el macrismo , la disolucin del Instituto Espacio para la Memoria. Y ahora el Secretario de Derechos Humanos, Miguel ngel Fresneda,ha decidido que el Servicio Penitenciario Federal sea el encargado de la custodia de los Ex Centros Clandestinos de Detencin de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante aos participamos y acompaamos las luchas populares por la sealizacin de estossitios, por la expulsin de las fuerzas represivas de los mismos, por la construccin de proyectos dememoriaque recuperen las historias de vida de nuestros compaeros desaparecidos y que denuncien las violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy.
Estos hechos no hacen ms que seguir desvirtuando lamemoriade lo ocurrido durante la dictadura militar y apuntalan los proyectos de reconciliacin con las fuerzas represivas que se pretende llevar adelante desde el gobierno nacional, de la mano del genocida Milani.
Compaeros y compaeros
El testimonio de Julio no solo sirvi para que Etchecolatz fuera condenado por genocida, sino que es parte de la construccin de una memoria y una historia que, adems de poner al desnudo la crueldad y brutalidad del poder, rescata las luchas, las banderas y los objetivos por los que lucharon los 30000 compaeros detenidos desaparecidos: un pas sin opresin, sin explotacin, sin injusticia, sin represin.
En este 18 de septiembre reafirmamos:
No olvidamos a Julio y por eso con su presencia y su ausencia , estamos en esta plaza exigiendo justicia por su desaparicin.
No olvidamos el compromiso de Julio con sus compaeros de ayer y tampoco olvidamos nuestro compromiso con los que luchan hoy.
No olvidamos que el proyecto genocida vino a terminar con una generacin de luchadores que quera construir un pas sin opresin y sin explotacin.
No perdonamos a los genocidas y sus cmplices que siguen gozando de libertad y de impunidad y que estn hoy al servicio de la represin contra el pueblo.
No nos reconciliamos con nuestros verdugos de ayer, ni tampoco con nuestros verdugos de hoy.
