“Vemos mucho más lejano el proyecto de la televisión comunitaria y, por ende, el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión”. Por  Nicolás Amadio

Nosotros somos una productora comunitaria de Misiones, provincia que está en la zona de la Triple Frontera. Entendemos que en ese contexto hay varios conflictos, no solamente en el sentido de la radiodifusión, sino también con el tema de la tierra, principalmente.

Tenemos cuarenta mil productores campesinos que viven de la tierra, pero la tierra está en manos de pocas empresas una de ellas es la Pastera Alto Paraná que maneja el 10 % de Misiones. Esto genera el desalojo de campesinos y de pueblos originarios que vuelven a las ciudades para buscar trabajo y esto genera otros conflictos.

En este contexto, también tenemos la Entidad Binacional Yacyretá, una represa que se creó en época de la Dictadura y que después de las construcciones comenzaron los desalojos, porque al subir el agua, las zonas costeras fueron siendo desalojadas. Nosotros crecimos cuando empezamos a registrar el conflicto de los afectados de la entidad y empezamos a trabajar con los afectados directos que habían sido desalojados compulsivamente. A raíz de eso, empezamos a producir materiales para difundir lo que estaba pasando.

Una vez que fueron desalojados, se fueron trasladando a otros sectores de la provincia. Veíamos que los medios no difundían lo que estaba pasando con esta gente.

Este recorrido nos hizo conocer otra problemática de los pueblos originarios que viven en condiciones terribles, el monocultivo de pino, la producción de pino con agrotóxicos que contamina el suelo, el aire; las ciudades que están ligadas directamente a la producción rural y que también viven con ese conflicto.

Los medios de comunicación viven gracias a la publicidad, en muchos casos, de estas empresas, por ende, la información que transmiten está ligada a los intereses de estas empresas. En el caso de los desalojos que viven los campesinos y otros sectores de la comunidad no son visibilizadas en los medios.

Nos sumamos a la Red Nacional de Medios Alternativos con la intención de que se pueda difundir por ese espacio lo que se venía registrando. Creamos un transmisor para televisión con la idea de construir un canal comunitario en la provincia, porque entendíamos que la ley de medios iba a fortalecer este proceso. Pedimos la licencia, como no existía un formulario, hicimos una nota de solicitud. Sumamos más de treinta firmas de organizaciones de las comunidades guaraníes, campesinas, organizaciones de desocupados de la provincia avalando este proyecto, porque veíamos la necesidad de que exista un espacio para poder comentar lo que está pasando, ya que los medios que más fuerza tienen a nivel tecnológico son los que generan la opinión de la población.

En las comunidades rurales entra un solo canal, del Gobierno. Por ende, otra información no llega y no hay otra forma de opinión con respecto, por ejemplo, al caso de la gente que es desalojada y, por lo general se trata de disminuir el conflicto para que la gente se ponga en contra y no apoye el reclamo.

Hoy en día vemos que el contexto es más complicado porque el Gobierno y el ENACOM buscan que la información sea un negocio de las empresas (telefónicas, de internet), y vemos mucho más lejano el proyecto de la televisión comunitaria y, por ende, el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión.

“La interferencia que hoy le toca vivir a La Caterva, pero que ningún medio de nuestro sector está exento, es producto de la no aplicación de la LSCA”. Por Antonella Álvarez

En primer lugar celebramos este tipo de espacios de intercambio y tenemos la esperanza de que se puedan recoger los aportes y se transformen en acciones concretas. 

Somos FM La Caterva, una radio comunitaria de Barracas, parte del Movimiento Popular La Dignidad e integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos siendo interferidos por segunda vez por una radio comercial que un buen día decidió prender sus equipos en la misma frecuencia en la que emitimos desde 2012, la 97.3, con más potencia que la que nosotros y nosotras tenemos actualmente,  lo que tiene como consecuencia que nuestro radio de alcance se achique considerablemente.

Esta situación de interferencia fue denunciada ante la Defensoría por una oyente de la radio del Barrio de La Boca, ENACOM verificó la interferencia pero declaró en el acta que dejó firmada que, como las dos radios, interferida (o sea nosotrxs) e interferente (FM Urbe) somos “ilegales” el Ente no puede intervenir. Es notable la coincidencia de la respuesta de ENACOM ante este conflicto, que trata de disfrazar de conflicto entre privados e ilegales, con la que tuvo en relación al conflicto de los trabajadores de Radio América y el diario Tiempo Argentino.

La respuesta del Ente Nacional de Comunicaciones no es la reacción ante casos aislados, más bien parece ser una política de Estado. No intervenir y reducir los conflictos a cuestiones entre privados y a la ley del que tenga más poder económico para poner una potencia más grande y tapar a cualquier medio comunitario, alternativo y popular que este en la misma frecuencia con menos potencia.

No podemos dejar de mencionar, tal como lo vinimos haciendo desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el cambio de signo político del gobierno nacional nos encuentra a la mayoría del sector de la comunicación comunitaria, alternativa y popular en una situación de preacariedad y vulnerabilidad producto de la no aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Desde el 2009, año de sanción de la ley, hasta la actualidad nuestros medios no han podido avanzar en lo que refiere a la legalidad. La política macrista, que es un retroceso, que abona a la concentración y competencia en el terreno de la comunicación (como en tantos otros) tal como quedó expresado en el decreto N° 267 y en los 17 puntos que regirán la nueva Ley de Comunicaciones, nos encuentra en una situación de “ilegalidad” que nosotros y nosotras redefiniríamos como de “alegalidad”, ya que nosotros-as queremos ser legales pero es el Estado el que sistemáticamente incumple la ley y no garantiza nuestro derecho a ejercer una comunicación plural y democrática, y no desde el 2016, sino desde la misma sanción.

La interferencia que hoy le toca vivir a La Caterva, pero que ningún medio de nuestro sector está exento, es producto de la no aplicación de la LSCA que sigue vigente en todo lo que a nuestro sector refiere (ya que el decreto 267 no modificó ningún artículo en lo que a nuestro sector refiere) por lo que denunciamos la falta de aplicación explícita por parte del Estado y del gobierno nacional y exigimos que se aplique. 

Nos parece también importante señalar que los medios comunitarios, alternativos y populares no exisitimos solamente ni exclusivamente en pequeñas localidades, como medios “locales” y “pequeños”. Nosotros-as somos ejemplo de eso, como tantos otros medios que definen disputar el sentido de lo que construyen los medios masivos de comunicación en las grandes urbes, como es la  Ciudad de Buenos Aires. No nos definimos por tamaño (más o menos grande) sino por una propuesta alternativa de comunicación, que salga de la lógica del mercado y que se define anticapitalista, antipatriarcala, anticolonial y antimperialista. Exigimos que el Gobierno Nacional aplique la LSCA que continúa vigente e intervenga en el conflicto nuestro en particular y de nuestro sector en general.

En relación a los conflictos de nuestro sector cabe mencionar la criminalización de Antena Negra TV, que  irá a juicio oral  próximamente por “interferencia a las comunicaciones”, el mismo fallo que criminaliza y envía a juicio al medio comunitario insta al ENACOM a "arbitrar los medios para que se lleve adelante la migración dispuesta en el Decreto 2456/14", como mover a PROSEGUR  a otra frecuencia. Y agrega que deben adoptar  "todos los recaudos necesarios a fin de evitar que la prolongación en el tiempo genere situaciones como la aquí examinada”. Hay que destacar que PROSEGUR ocupa ilegalmente una frecuencia destinada a telecomunicaciones, y el juicio es contra el canal comunitario.  Hasta ahora nada ha hecho el Ente para que este conflicto, que nunca debió haber salido de la vía administrativa, se resuelva en favor de garantizar el derecho a la comunicación de una televisora comunitaria. La libertad de empresa prima en este caso, como en tantos otros, sobre nuestro derecho, y esto es claramente una política de este Ente.

Otro punto que no queremos dejar de señalar se refiere al no pago del Fondo de Fomento Concursabble (FOMECA) . Este fondo está  previsto en la LSCA, el ente regulador debe destinar el 10% de lo que recauda a al sector Sin fines de lucro. Cuando la actual gestión asumió quedaban en algunos casos segundas cuotas por pagar de FOMECAS ya asignados  y en otros el monto total sin abonar, al día de la fecha el Ente no ha liberado los fondos que, por Ley, nos corresponden. Hemos tenido reuniones, hemos hecho movilizaciones al Ente. Los medios presentamos proyectos, rendimos lo que nos corresponde y el Estado no desembolsa lo que nos corresponde. Por otro lado,  estando a mediados de septiembre,  tampoco han lanzado las líneas de Fomento del 2016, resultando esto una muestra más del incumplimiento sistemático que hacen de la ley.

En este sentido, exigimos al Estado:

*Su intervención para garantizar el derecho a la comunicación que nos avala en conflictos de interferencias

*La reserva del 33% para los medios sin fines de lucro

*El llamado urgente a concursos para obtener licencias

*La entrega de licencias a todos los medios que se presentaron a concurso y resultaron adjudicatarios.

*El pago inmediato de los FOMECAS del año 2015 y el lanzamiento de las líneas 2016.

“Se ha comenzado a transitar un cambio de paradigma de lo que es la Comunicación como un Derecho Humano hacia el negocio de las telecomunicaciones”  Por Fabiana Arencibia

Para los que no la conocen, la Red Nacional de Medios Alternativos es un espacio de articulación nacional de proyectos comunicacionales en distintos soportes, donde comunicar no es solo ser una herramienta de, sino es un proceso de construcción colectivo, político, social y cultural, y donde la comunicación no es una mercancía sino que es un derecho popular.

Venimos a esta audiencia a traer una preocupación porque desde la RNMA estamos observando cómo se ha comenzado a transitar un cambio de paradigma de lo que es la Comunicación como un Derecho Humano hacia el negocio de las telecomunicaciones, sintetizado en lo que el gobierno define como Comunicaciones Convergentes.

Este cambio, creemos nosotros, implicará despojar a la comunicación de sus dimensiones sociales, políticas y culturales para encuadrarla en la competencia del mercado, afirmando - desde voces de propios funcionarios - que es el mercado la garantía de la diversidad y de la democratización.

Nosotros queremos decir que este nuevo enfoque para una nueva ley que llaman de Comunicaciones Convergentes limita y hasta violenta el derecho a la comunicación y el rol que debería jugar el Estado, de una vez por todas, para garantizar ese derecho.

Tenemos que decir que los límites al derecho a la comunicación son un problema que venimos arrastrando aún luego de que se aprobara la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual durante el kirchnerismo, porque estos límites se expresan en lo que nosotros pensamos que son tres áreas. Primero, no cumpliendo la ley o no aplicándola. Segundo, por situaciones de criminalización y judicialización de los comunicadores populares. Y tercero, dejando a nuestros medios fuera de lo que es la distribución de la pauta oficial.

En cuanto a la falta de cumplimiento de la ley, pensamos que en la gestión anterior, la de la AFSCA, cerrado prácticamente en una disputa con el Grupo Clarín, no dio la posibilidad de otorgar la legalidad a la mayor parte de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares. No se elaboró el plan técnico, no se reservó el 33% del espectro para las sin fines de lucro, casi no se abrieron concursos ni se entregaron licencias, solo se avanzó en la implementación de FOMECA con tres años de atraso, y se abrió el empadronamiento para los medios sin fines de lucro pero solo en las zonas llamadas de conflicto que sirvió a algunos medios para presentarnos a concursar directamente al FOMECA, pero por el cual muchas de nuestras radios, por no estar justamente ubicadas en zonas de conflicto, quedaron y siguen afuera.

Es una pena todos los años que hemos perdido. Y ahora entramos a un nuevo escenario político que es mucho más complejo, en un estado de nuestros medios de alta vulnerabilidad y desprotección desde lo legal.

Ya han explicado compañeros que pasaron algunos hechos preocupantes de judicialización e interferencias. El actual gobierno obviamente que no tiene en mente avanzar en la aplicación de esta ley que está vigente en la mayoría de sus artículos. Quizás se pueda traducir en que tiene el objetivo de ir poniendo frenos a la subsistencia de nuestros medios a través del no pago de los FOMECA. El ENACOM entregó a la SIGEN, para aquellos que no lo saben, la auditoría de todos los FOMECA del año 2015 y algunos de 2014. SIGEN y ENACOM son el Estado, sin embargo ENACOM dice que no puede hacer nada para que la SIGEN apure la entrega de esos informes y nosotros estamos sin cobrar los FOMECA. Aclaramos que nuestros medios que tienen 20, 25 años de existencia siempre han sido autogestivos, o sea el financiamiento mejora la calidad y hace avanzar a nuestros medios pero no son un obstáculo para que nuestros medios puedan hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular, sí lo es el peligro de seguir en la ilegalidad.

La causa penal abierta a Antena Negra es uno de los elementos de criminalización en este marco complicado. Lo único que voy a agregar (ya que otros compañeros hablaron ya sobre este tema), es que para nosotros es terrible pensar que la comunicación comunitaria, alternativa y popular va a ir a juicio penal donde pueden ser declarados culpables compañeros por el delito de comunicar, Y no solo por Antena sino porque esto sienta un precedente terrible para quienes hacemos comunicación comunitaria, alternativa y popular.

Otro hecho que tiene que ver con un marco de criminalización es la causa por los baleados de la Red Nacional de Medios Alternativos. En el año 2013 cuando se desalojó la Sala Alberdi, dos compañeros de la RNMA que estaban haciendo su tarea allí entre la gente que lucha, como hacemos nosotros, fueron baleados con balas de plomo por la Policía Metropolitana y por la inacción y la zona liberada de la Policía Federal. Fueron heridos, por suerte no de muerte, y después de mucho tiempo de lidiar en ámbitos judiciales y comunicar todo esto que ha pasado y hacer movilizaciones hemos logrado que el 5 de noviembre la Policía Metropolitana sea llevada a juicio por la causa de los baleados, los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Otra forma de limitar el derecho a la comunicación es a través de la pauta oficial, de eso va a hablar el compañero Luis.

Al principio hablaba de la idea del cambio de paradigma, esto puede verse con claridad en el avance que han tenido las corporaciones en sus derechos, avance que se ha empezado a implementar ya. La compañera Mariela de FARCO hizo referencia a todos los cambios que por decreto tuvo la ley, cambios que favorecen la concentración. Pero también hay que decir que entramos a esta actual gestión con los mismos actores concentrados con que dejamos la gestión anterior y que en eso no se había avanzado tampoco.

Por otro lado queremos llamar la atención sobre este término de “comunicaciones convergentes” con el que están pensando la nueva ley. Este término está definido con una amplitud tal que dificulta diferenciar a quienes son los productores de los contenidos de los servicios, de las redes de transporte y de la infraestructura tecnológica, metiendo todo en una misma bolsa y sin dar cuenta de diferencias regulatorias que deberían existir para diferenciar todos estos sectores.

El ministro Oscar Aguad en el Tercer Encuentro de la ENACOM por la libertad de expresión y la comunicación convergente, que se hizo hace poco en la Universidad Nacional de Córdoba,  dijo: “A nivel mundial y latinoamericano, la preocupación por el sector comunicación es la misma, hay mucha demanda y poca oferta, esto vuelve al mercado poco competente y poco eficiente y ahí está el foco de solución exclusivo, volver competente y competitivo al mercado”. Creo que con esta definición más el tratamiento que nos dan a nuestro sector dentro de los 17 puntos, esto de ser “herramientas facilitadoras” para darle la voz a otro, esto de medio chiquito, en un pueblo chiquito, allí perdido, esta conceptualización de nuestro sector que para la RNMA es limitada y estigmatizante, deja entrever un rol secundario y marginal que le pretende dar el actual gobierno a nuestro sector en el sistema de medios.

Por todo esto, pedimos que la Defensoría acompañe las exigencias que tenemos de que se cumpla la ley actual en todos los artículos que están vigentes y exigimos lo que venimos pidiendo desde la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: que se diferencia a nuestro sector dentro de lo que son las sin fines de lucro, que se elabore el plan técnico, que se reserve el 33% del espectro y dentro de ese 33% la mitad sea asignado al sector de los medios comunitarios, alternativos y populares, que se abran ya concursos teniendo en cuenta las especificidades de nuestro sector, que se entreguen inmediatamente licencias que se han concursado y ganado y aun no han sido entregadas, que se paguen los FOMECA y un rol activo de la ENACOM para resolver las interferencias y sacar la causa de Antena Negra del fuero penal ya.

“Necesitamos que en la pauta oficial esté bien explicitado que también entramos los medios alternativos, comunitarios y populares”.  Por Luis Angió

Dentro de la convocatoria, estaba el punto de las reglas equitativas, claras y transparentes para la distribución oficial de la publicidad oficial.

Uno de los primeros oradores hizo mención a una fecha: el 16 de septiembre de 1955. No solamente es recordarlo por lo que significó —una nueva dictadura cívico-militar—, sino que como toda dictadura cívico-militar, recorta fundamentalmente la libertad de expresión, recorta la posibilidad de que todos los sectores puedan hablar, puedan expresarse, y solamente hablan sus amigos o sus socios.

En este caso, nosotros tenemos una pauta que durante el Gobierno fue discrecionalmente dada esa pauta con cientos de millones de pesos a grupos que luego de que este Gobierno se las cortara lo único que han hecho fue dejar a cientos y cientos de trabajadores de prensa en la calle.

Eso es lo que ha pasado hasta ahora. Y este Gobierno está tratando de reubicar cómo hacer la pauta y cómo distribuirla, pero no va a haber ninguna posibilidad de que esa pauta sea equitativa, que esa pauta también nos involucre a los medios alternativos, comunitarios y populares si nosotros mismos no nos involucramos.

Estamos en un proceso donde varios diputados, senadores, legisladores están tratando proyectos de ley tanto para articular y reglamentar Télam como para implementar algunos sistemas, por ejemplo, en Capital, lo que es el Fomeca (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) a nivel nacional. Estamos trabajando y articulando con otras redes compañeras, pero como nosotros, como Red Nacional de Medios Alternativos,  no tenemos ningún compromiso político con nadie, necesitamos que un proyecto sea único, que se unifiquen, que se pongan de acuerdo y que salga el mejor proyecto. Para eso entendemos también que la Defensoría del Público nos puede dar una mano, puede ser la que coordine con estos sectores (tenemos el proyecto de Carlotto, el del diputado Raffo).

Nos parece que para que los medios alternativos, comunitarios y populares no nos quedemos afuera, como nos han dejado tantos años, y no nos den las pautas, como se las han dado a Garfunkel, a Niembro, al novio de la Michetti, que sale plata por todos lados para pautas con productores que se crean fantasmas para sus intereses, nosotros necesitamos que en la pauta oficial esté bien explicitado que también entramos los medios alternativos, comunitarios y populares.

Eso es con lo que quiero cerrar, para que como Defensoría del Público lo tomemos y en algún momento, a la brevedad, nos podamos sentar       entre todos a elaborar un proyecto único que sea en beneficio de nuestros medios, que son los que menos tienen.