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Comunidades originarias exigen al Estado que reanuden los trabajos en los lotes 55 y 14
Por El Tribuno / Salta -
Tuesday, Jul. 10, 2018 at 2:35 PM
10 DE JULIO 2018 - Desde el Gobierno provincial negaron esta situación y afirmaron que siguen trabajando en el lugar. Debido a las inundaciones, que sucedieron entre enero y marzo, el Ejecutivo priorizó atender a los afectados por el temporal.
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Por Martín Rodríguez
La asamblea de caciques que se realizó en Santa María, el 25 de abril de este año. Gentileza CELS
Las comunidades indígenas (agrupadas en Lhaka Honat), que luchan desde hace más de 30 años por un título único para 400 mil hectáreas de los exlotes fiscales 55 y 14, firmaron un acta dirigida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En el documento, fechado el 25 de abril pero que trascendió recién, denuncian que el Estado detuvo los trabajos en terreno después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevara el caso al órgano judicial internacional. Gabriela Kletzel, directora del Equipo de Trabajo Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), manifestó su preocupación e instó al Gobierno a retomar de "forma urgente" los trabajos en los exlotes fiscales.
"En la última asamblea de caciques hubo una denuncia muy fuerte por el parate absoluto para delimitar el territorio indígena y criollo. Esto está afectando, no solamente lo que significa el reclamo histórico, sino también a muchas familias criollas que están de acuerdo con que deben generarse las obras de infraestructura necesaria para que puedan trasladarse al nuevo lugar que se les asigne", explicó la representante del CELS, quien añadió que está acreditado que han abandonado todo trabajo en terreno después de que el caso pasó a la Corte.
Desde el Gobierno provincial negaron que se hayan retirado de los exlotes fiscales y afirmaron que siguen presentes en el lugar, donde se están terminado las cloacas en Santa Victoria Este.
Ricardo Echenique, secretario de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, afirmó que continúa la mensura de las familias criollas y que hay una "batería" de obras de saneamiento para culminar con los convenios firmados con Nación. El funcionario explicó que no tenían conocimiento de la asamblea de caciques que se hizo el 25 de abril.
"Después de que pasó la inundación, se abordó conjuntamente con la Nación, principalmente los parajes de Monte Carmelo, donde se hizo un abordaje integral de las cosas que perdieron. Se está trabajando en la comunidad de La Curvita, que decidieron retirarse del lugar donde vivían y trasladarse por temor a futuros desbordes del río. Se trabajó también en Santa María y en todas las comunidades que sufrieron las inundaciones, que no pudieron volver a sus casas", destacó el secretario.
Además, anunció que ya están reforzando los anillos del río, que van a ir desde La Puntana hasta Misión La Paz. En ese lugar, se va a fortalecer todo el sector de la escuela que colinda con el río, que se estaba comiendo una parte del terreno. "Se está trabajando desde ahora, antes de que comiencen las lluvias", añadió Echenique.
El secretario explicó que, por las inundaciones ocurridas entre los meses de enero y marzo, hay parajes, sobre todo los ubicados en el lote 14, no se pueden entrar, y contradijo al CELS al afirmar que se siguen trabajando. "Participamos en tres mesas de gestión, incluso fue gente de Nación y hay obras del Ministerio de Agroindustria. Esta semana vino gente de Nación con los equipos técnicos que entran a zona, el gobernador de la provincia firmó unos nuevos convenios para la zona con Marina Klemensiewicz (secretaria de Infraestructura de la Nación) donde va a haber obras para los municipios que son vulnerables", destacó el funcionario.
Echenique argumentó que actualmente se sigue trabajando en zona, donde la prioridad número uno es la gente que tuvo problemas en las inundaciones.
El funcionario provincial afirmó que el gobernador, JUAN MANUEL URTUBEY, anunciará la entrega de las 70 escrituras que están en poder de la Provincia, a las familias criollas; es más, Echenique aseguró que en octubre de 2019 se va a entregar la totalidad de las tierras para así "cerrar la etapa de los famosos lotes 55 y 14".
"Esperamos entregar la totalidad de las escrituras y el título único a nombre de todas las comunidades indígenas. El gobernador ya dio instrucciones de avanzar con el tema tierras, más allá de los papeles. No podemos dejar atada a la gente a un tema de una presentación judicial, que creemos que es lo que estamos haciendo lo correcto y entregamos lo que durante tantos años vienen peleando las comunidades y los criollos que viven en el lugar", añadió el secretario.
Cuáles fueron los pedidos en la asamblea de caciques
El acta firmada por la mayoría de las comunidades originarias, manifestaron seis puntos primordiales. El primero hace referencia a la urgencia de que el Estado “concluya definitivamente” el proceso de delimitación y de marcación de las 400 mil hectáreas para la entrega del título único y colectivo a nombre de todas las comunidades que habitan los exlotes 55 y 14.
En los demás puntos, piden que el Estado quite inmediatamente todos los alambrados que interrumpen la forma de vida de las comunidades y que se avance en todas las acciones necesarias para concretar los traslados de las familias criollas y sus ganados, fuera del territorio indígena. Además, que se atienda la grave situación en la que se encuentran las comunidades originarias en términos de salud, educación, alimentación, agua, vivienda y seguridad.
Ante la preocupación de las comunidades, piden que el Estado adopte e implemente medidas para detener y erradicar la tala ilegal que está sucediendo en territorio aborigen; las comunidades denuncian que está acabando con el monte. En el último punto, solicitan que el Estado se abstenga de realizar cualquier proyecto de obra en los territorios ancestrales sin antes realizar un proceso de consulta.
“Cuando el fallo se envió a la Corte IDH, a diferencia de lo que uno hubiera pensado, lo que debería hacer cualquier Estado es trabajar más que nunca, e hicieron totalmente lo opuesto y abandonaron totalmente el lugar”, cuestionó Gabriela Kletzel.
Es más, el documento firmado por las comunidades expone que el Estado manifestó en distintas reuniones con las comunidades indígenas, a través de los funcionarios de la Unidad Ejecutora Provincial, que como consecuencia de la remisión del caso ante la Corte IDH se detuvieron los trabajos en terreno. Situación que las comunidades denunciaron que no existe razón alguna para que esto suceda.
“Es falso que por que el caso esté en la Corte haya que detener cualquier tipo de trabajo. De ningún modo se puede esperar a que la sentencia se concrete para trabajar, porque hay derechos que garantizar, y esto implica realizar acciones. De ningún modo tenés que esperar a lo que diga la Corte, más bien lo contrario, que es lo que se venía haciendo con deficiencias en la instancia de la Comisión. Eso es una regla en todos los casos y no solo en este”, precisó la especialista del CELS.
Kletzel declaró que el Estado ha hecho trabajos, pero de manera “muy insuficiente y a lo largo de demasiado tiempo” y que hasta la fecha tuvieron muy poco resultado. Afirmó que, en términos de obras de infraestructura para el traslado de las familias criollas, es prácticamente “nulo” lo que se ha realizado.
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