A 1 año de la Masacre de Magdalena : Argentina Indymedia (( i ))

A pocos días de que se cumpla un año de la Masacre de Magdalena, donde agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense dejaron morir por asfixia o quemaduras a 33 presos, el Juez de Garantías de La Plata Guillermo Atencio ordenó la detención de 15 integrantes de la seguridad carcelaria.
Entre ellos figuran el secretario de la Unidad Raimundo Fernández, el encargado de turno Jorge Marti y la segunda jefa de guardia María del Rosario Roma. Los imputados están acusados de abandono de persona seguido de muerte, delito no excarcelable que prevé una pena de 5 a 15 años de prisión.
Familiares de los agentes detenidos marcharon el martes pasado a la gobernación provincial a exigirle a Solá el desprocesamiento de los 15 detenidos. Dicen que los imputados también son víctimas del incendio (sic) y que se debe dirigir la investigación hacia los funcionarios responsables de lo ocurrido. Voceros judiciales aclararon que "la investigación no se circunscribe a los agentes detenidos. A partir de las pericias realizadas han surgido evidencias que van a llevar a la fiscalía al total esclarecimiento del hecho, que podría abarcar a las máximos funcionarios del SPB, que tienen la tarea de control y dirección".
Siguiendo la línea de jerarquías, la investigación no sólo debería llegar a los máximos funcionarios del SPB, sino también al mismísimo Felipe Solá y a su ministro de justicia, Eduardo Di Rocco como responsables de las 33 muertes de Magdalena. Dos días después de la masacre, fue el mismo Di Rocco quién salió a desmentir las declaraciones de los familiares de los muertos, afirmando que no hubo abandono de persona por parte del SPB; y que la tragedia se originó a partir de una pelea muy grande entre internos. Di Rocco dice garantizar la independencia de la investigación para determinar responsabilidades al sostener que la misma estará a cargo del Ministerio de Justicia y no del SPB. Nos quiere hacer creer que su cartera, la que condena y mata a miles de jóvenes por el delito de ser pobres, es independiente e imparcial y que va a llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación.
La mal llamada Tragedia de Magdalena, comenzó la noche del 15 de octubre de 2005, cuando para detener una pelea entre presos, los agentes del SPB ingresaron al pabellón 16 a reprimir con balas de goma. En ese momento, se inicia un incendio, tras lo cual, los guardias cierran con candado la puerta de salida e impiden n la entrada de los bomberos. Los únicos que acudieron al rescate de los presos fueron sus compañeros del pabellón contiguo, que a fuerza de golpes de matafuegos que sólo sirvieron para romper la pared, lograron rescatar a los pocos sobrevivientes del pabellón incendiado. Los hechos de la Unidad 28 no pueden ser considerados como una tragedia cuando se ha comprobado la responsabilidad de la seguridad carcelaria a la hora de actuar cerrando la salida. La Masacre de Magdalena dejó un saldo de 33 muertos de entre 20 y 30 años. De esos 33, sólo 3 tenían condena firme. Los 30 restantes estaban en condición de procesados con prisión preventiva, situación en la que se encuentra más del 70% de los detenidos actualmente. Gracias a las leyes de mano dura aprobadas durante el gobierno de Ruckauf, la población carcelaria recibió a 10.000 nuevos presos en el último año. Esta situación es la que desencadenó, a mediados de septiembre, una huelga generalizada en distintos penales bonaerenses donde los detenidos esperan durante años la fecha para las audiencias. No sucede lo mismo con los policías y penitenciarios condenados por asesinos y torturadores que, generalmente, son beneficiados con prisiones domiciliarias o penas leves.
El gobierno de turno, en complicidad con el poder judicial y las fuerzas de seguridad, es muy eficiente para eliminar pobres. Si no los mata de hambre con la implementación de planes económicos, lo hace en las calles con el gatillo fácil o en las cárceles y comisarías con la tortura y la muerte. Néstor Kirchner se llena la boca de derechos humanos ni bien aparece un micrófono. Nada dice de su policía, que es la que más jóvenes pobres ha matado en las calles, ni de sus cárceles en las que murieron más de 250 personas en lo que va de su gestión que agita como ninguna la bandera de los derechos humanos.

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