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Aseguran que el petróleo sigue afectando a los niños mapuche
Por Fuente: Equipo de Pueblos Indígenas - Friday, Oct. 17, 2003 at 7:49 PM
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Buenos Aires, 8 de octubre (Télam-UNICEF).- Pese a que la denuncia judicial tiene más de siete años y que llegó, inclusive, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su resolución, la comunidad mapuche de la localidad neuquina "Loma de La Lata" asegura que sus niños siguen expuestos a la contaminación de la actividad petrolera de la región.

Las colectividades afectadas, Paynemil y Kaxipayiñ, habitaban la zona muchas décadas antes de que se transformara en un importante yacimiento petrogasífero, explotado por la empresa YPF estatal, devenida -privatización mediante- en YPF SA y Repsol-YPF SA.

La primera denuncia que hizo la comunidad data de octubre de 1995, cuando una familia paynemil hizo un pozo para extraer agua y encontró que la capa freática estaba llena de gasolina, a punto tal que se encendía al acercársele un fósforo.

El director de Relaciones Externas de Repsol-YPF SA, Fabián Falco, precisó que eran alrededor de 50 las hectáreas contaminadas por un derrame de hidrocarburos de explotaciones anteriores a la concesión, que la compañía -aseguró- "saneó en un 90 por ciento pese a que, desde el punto de vista jurídico, no le correspondía hacerlo".

No obstante, negó que la población humana y la animal estén afectadas en la actualidad por la actividad petrolera y sostuvo ante Télam que "no hay ningún documento que demuestre tal afirmación".

Sin embargo, la certeza de que el lugar estuvo contaminado fue ratificada por la Universidad Nacional del Comahue y la Asamblea por los Derechos Humanos del Neuquén que comprobaron que los niños mapuche tenían plomo y mercurio en la sangre.

Ambos informes sirvieron de respaldo técnico en el juicio que las comunidades elevaron contra el Estado provincial y nacional en los fueros locales e internacionales. La sentencia no fue contra Repsol-YPF, "pese a lo cual la empresa realizó tareas anticontaminantes para mejorar la relación con la población vecina", añadió Falco.

La Defensoría de los Niños y Adolescentes tomó el caso y al año presentó una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo provincial, "por haber omitido efectuar acciones que garantizaran el derecho a la salud de los niños y adolescentes de las comunidades".

La Defensoría entendió que tanto los funcionarios de la empresa como las autoridades provinciales conocían la situación de antemano: los mapuches aseguran que el Estado hizo sus propios estudios de sangre y durante mucho tiempo, les negó los resultados que luego dió a conocer por presión de las comunidades.

Con estos elementos y al amparo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), la Defensoría inició un juicio que pasó a fueros internacionales.

La demanda pedía "con urgencia" que se proveyera a las comunidades de agua potable, se brindara atención médica a los niños y jóvenes, se instalara un régimen definitivo de agua sana y se tomaran medidas para impedir la contaminación.

La sentencia del Juzgado Civil N. 3, firmada por el juez Raúl Bassi, hizo lugar a la demanda y ordenó al Poder Ejecutivo neuquino la provisión inmediata de agua de emergencia en el término de dos días; en el de cuarenta y cinco, la provisión permanente; y en el término de siete, estudios médicos y previsiones para preservar el medio ambiente.

El Gobierno provincial apeló, de manera que la causa recorrió las restantes dos instancias y fue confirmada por la Cámara en lo Civil y por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.

No obstante, la Defensoría formalizó la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque argumentó, "las acciones realizadas por el Estado no cumplen en su totalidad con la sentencia".

"Lo único que se consiguió es la provisión de agua en bidones porque la construcción de la planta potabilizadora no resuelve el conflicto en forma definitiva".

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