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ETNOCIDIO PETROLERO EN BOLIVIA
Por Marc Gavaldà - Observatori Transnacional -
Sunday, May. 29, 2005 at 11:05 AM
guarapitu@cascall.org
Los pueblos originarios de América Latina sufren un proceso de acelerada e irreversible degradación cultural. La apertura de accesos, la invasión de sus territorios y el saqueo de sus recursos son las causas más comunes. La industria petrolera persigue los enormes yacimientos de petróleo y gas atrapados en el subsuelo amazónico, bajo los pies de las comunidades indígenas que sobreviven en estrecha dependencia de la conservación de sus ecosistemas y sus valores culturales propios. Este artículo analiza los impactos de las transnacionales petroleras sobre las poblaciones indígenas de Bolivia, en un contexto globalizado.
Foto Marc Gavaldà. La quema y venteo de gas en los campos petroleros son un riesgo permanente para las poblaciones indígenas.
1.
América Latina: Tierra de Transnacionales Durante
las últimas décadas del Siglo XX, los organismos multilaterales de
financiamiento (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) así como los
cuerpos diplomáticos de los países del Norte (especialmente Estados Unidos)
aprovecharon la debilidad y maleabilidad de los gobiernos de latinoamérica para
imponer drásticas reformas políticas, económicas y legales. En los años 80,
América Latina recién despertaba de un oscuro trayecto dictatorial y se
precipitó a ojos cerrados a la trampa neoliberal. La sociedad no estaba
preparada para una embestida tan bien planificada y no opuso grandes
resistencias al proceso neoliberal, ya que cuajó la esperanza del anunciado
crecimiento económico que traerían las inversiones extranjeras, unido a la
reducción de la corrupción de las empresas estatales. La
dificultad del pago de la deuda externa en los países latinoamericanos, fue el
chivo expiatorio para que el Banco Mundial y El FMI, amparados por el Consenso
de Washington, actuaran conjuntamente en la imposición de programas de Ajuste Estructural con
elementos comunes en los países endeudados: una continua reducción del déficit
fiscal a la par de aumentar ingresos públicos mediante impuestos y el traspaso
obligatorio de todos los excedentes de las empresas públicas al Tesoro General
de la Nación (1).El segundo paso, una vez las empresas públicas debilitadas,
fue entregarlas durante la vorágine privatizadora de los años 90. En
1995, la Capitalización de las compañías estatales bolivianas consistió en
valorar el patrimonio de las empresas y asociarse con empresas extranjeras que
invertirían ese valor en los siguientes años. En la práctica se entregó
gratuitamente las compañías públicas con sólo la promesa de inversión. Con esta
fórmula, Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolvianos (YPFB) fue repartida entre los consorcios ENRON-SHELL,
BP-AMOCO y REPSOL-YPF por un total de apenas 835 millones de dólares. Por otro lado, las
leyes de hidrocarburos fueron modificadas profundamente, creando condiciones
muy favorables para la inversión extranjera y debilitando el rol fiscalizador
del Estado. El impuesto a las regalías, fue rebajado en Bolivia de un 50% a un
18% . Las regalías se pagan en base a una Declaración Jurada de las propias
compañías, de manera que las condiciones están creadas para legalizar el
contrabando (2). 1.2
ALCA y los Tratados de Libre Comercio El
Área de Libre Comercio de las Américas comprendería 34 países de Norte, Centro
y Sudamérica y el Caribe, exceptuando a Cuba. Con una población de 800 millones
de habitantes y un PIB combinado de 12 billones de dólares el ALCA conformaría
la zona de libre comercio más grande del mundo. Sin
embargo, las ambiciones norteamericanas de aprobar el ALCA en la reunión de
Quito de 2002, se fueron diluyendo por la emergencia de presidencias en países como Brasil, Venezuela o Argentina,
que proyectan la creación de un área comercial latinoamericana. Desde el
fracaso de la Cumbre de la OMC en Cancún
2004, donde un bloque de países disidentes apodados como Grupo de los
25 se opusieron rotundamente a negociar temas clave como las exportaciones
agrícolas o las patentes, Estados Unidos ha optado por firmar tratados
bilaterales de libre comercio, algo que ya consiguió en Chile. Otros tratados
regionales como el CAFTA ( Centro América Free Trade Agreement) o el TLC-CAN (
Tratado de Libre Comercio de la Comunidad Andina de Naciones) se encuentran en
un dilatado proceso de negociación, del que varios países ya se han apartado. De consumarse estos tratados, los países
firmantes no sólo se verán avasallados por una avalancha de productos
norteamericanos que destruiría sus industrias, también llegarán transnacionales
que recibirán el mismo trato que empresas nacionales, privatizando servicios
básicos como la educación o la sanidad. En caso de que un Estado ponga algún
impedimento a las inversiones, pongamos por ejemplo por un derrame de petróleo
o por atropellos a comunidades locales, las empresas pueden elevar el conflicto
a un Tribunal Internacional de Controversias, pudiendo exigir una compensación
no sólo por la inversión, sino también por las ganancias que tenían previstas
en el país. Esto ya sucedió cuando se expulsó la transnacional de aguas Bechtel
de Cochabamba, en la Guerra del Agua del 2000. La compañía se amparó con un
Acuerdo bilateral que tenía Bolivia con Holanda para reclamar las ganacias que
tenía previstas en el país. A
la par de los tratados comerciales, Estados Unidos, la Unión Europea y la Banca
Multilateral, están implementando una serie de iniciativas regionales para
convertir el continente en una organizada red de vias de transporte de
mercancías que comunique las zonas de extracción de materias primas (minerales,
madera, hidrocarburos...) con puertos marítimos de exportación. El Plan Puebla
Panamá en Centroamérica, la Asociación de Estados del Caribe o la Iniciativa de
Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA) crean corredores de
exportación que coinciden con las zonas más ricas de extracción de recursos. El
saqueo del continente latinoamericano tiene ya cinco siglos de trágicos impactos ambientales y
poblacionales. Ahora, con la configuración de un contexto internacional que
sobrepasa los poderes del Estado y una faraónica red de infraestructuras, las
consecuencias sobre las culturas amazónicas supervivientes puede alcanzar
niveles de destrucción irreversible. Estados
Unidos manejó durante dos décadas un discurso de lucha contra el narcotráfico
que fue muy utilitario para extorsionar a los países andinos para aplicar
políticas que nada tenían que ver con el tema y de paso amaestrar las fuerzas
armadas nacionales al servicio de la mayor potencia mundial. Bajo
el instrumento de la Certificación, Estados Unidos calificaba a los países que
más luchaban contra el narcotráfico en base a unas reglas de juego cambiantes,
que recortaban las libertades de los ciudadanos. En Bolivia por ejemplo, la Ley Antinarcóticos1008, impuesta por la embajada de Estados Unidos,
declara en Bolivia a toda persona sospechosa de narcotráfico hasta que no se
demuestre lo contrario.Esta Ley ha encarcelado sin juicio a muchos campesinos
de la región cocalera del Chapare, donde operan las petroleras BP-Amoco y Repsol-YPF. El
siguiente paso fue construir bases
militares norteamericanas en latinoamérica, algo ya consumado en El Salvador (Base
de Comalapa), Panamá (Base de Howard),
Ecuador (la Base de Manta), en Colombia (en el departamento petrolero de
Arauca), en la Isla de Curaçao (en frente de Venezuela) y lo intentó en el
Chapare boliviano pero las masivas movilizaciones de 2001 lo impidieron. La
presencia militar en América Latina no responde únicamente a la denostada Lucha
contra el Narcotráfico. También persigue la protección de los intereses
transnacionales de las organizaciones sociales que se oponen a sus operaciones.
El Plan Colombia, financiado por Estados Unidos y también la Unión Europea,
tiene una particular importancia en los departamentos petroleros. En la imparable
escalada militar, los movimientos sociales entran en el punto de mira cuando se
resisten a la realización de proyectos extractivos en sus territorios. En la
última década, Colombia perdió más de 2.000 líderes indígenas y sindicales
asesinados por el paramilitarismo, cuyos lazos con el ejército y las propias
transnacionales ha sido repetidamente demostrada (3). En un escenario
global de escalada de precios de los combustibles fósiles, es predecible una
extensión de la violencia en regiones petroleras, algo que ya ha sucedido en
regiones petroleras de Ecuador y Bolivia, con la aparición de paramilitares. 2.
La industria petrolera destruye el
territorio 2.1 Impactos de la actividad petrolera Tanto las actividades
exploratorias como productivas impactan seriamente en el ambiente. Para
determinar la ubicación de los yacimientos hidrocarburíferos,
la compañía realizará uno o varios proyectos de exploración sísmica sobre el
territorio. Esto es, abrir sendas de dos metros de ancho por unos veinte
kilómetros de longitud, donde entierran explosivos a 10 metros de profundidad
cuya detonación emiten unas ondas cuyos ecos es detectado por una línea de
sismógrafos. Para tal efecto, habrá que no sólo deforestar los caminos sino construir
campamentos móviles, helipuertos y zonas de descarga. Un proyecto símico simple
puede necesitar entre 300 y 1000 km de longitud de
brechas, 200 helipuertos y mil zonas de
descarga. La exploración sísmica
tiene impactos importantes en áreas boscosas tropicales, en cuanto son nuevas
vías de acceso para la colonización, caza o tala de maderas nobles. A parte,
las comunidades originarias son ocupadas por centenares de trabajadores
foráneos que irrumpen con patrones de conducta occidentales, como la prostitución
y el alcoholismo. Ubicado el yacimiento,
se iniciará la perforación escalonada de pozos exploratorios, que de resultar
positivos, hipotecan durante lo mínimo los siguientes 30 años la vida de las
comunidades vecinas. La perforación petrolera se realiza con el sistema de
Emulsión Inversa, o sea, inyectando productos químicos (lubricantes,
antioxidantes, biocidas y otros) en concentraciones
de 95%. Estos productos son acumulados al aire libre en piscinas de dudosa
impermeabilidad junto a los ripios de perforación, las aguas de formación
y restos de crudo. En regiones que
soportan la pluviosidad más importante del planeta, los derrames son
frecuentes. Cuando la compañía
abandona el territorio, deja tras de sí un paisaje deteriorado, deforestado y
con un historial de derrames y accidentes. Las abundantes lluvias actúan de
vectores de contaminación fluvial de cualquier charquito de productos químicos
que haya quedado al descubierto. La industria petrolera limpia en ecosistemas
tropicales no existe. 2.2
Petróleo en áreas protegidas En Bolivia existen 21 áreas protegidas con una extensión de
167.417.07 kilómetros cuadrados que representan el 15.2 por ciento del
territorio nacional, que hoy se ven amenazadas por la creciente actividad
petrolera. Esas zonas son ricas en su biodiversidad, fauna, flora y en su
territorio albergan a comunidades originarias que en todo el tiempo han vivido
en una relación de sostenibilidad con los recursos. En total de 11 áreas protegidas
fueron invadidas por las empresas petroleras para realizar trabajos de
exploración, prospección y sísmica. En la región amazónica, las empresas
petroleras se adjudicaron tres bloques (Río Hondo, Rurrenabaque
y Tuichi) en el área protegida del Parque Madidi y Pilón Lajas; el bloque Sécure
en el Parque Nacional Isiboro Sécure;
el bloque Amboró Espejos en el Parque Nacional Amboró; el bloque Chimoré I en el
Parque Nacional Carrasco. En la región chaqueña
el Parque Nacional Serranía de Aguaragüe ha
sido concesionado a empresas petroleras en los bloques San Alberto, San
Antonio, Bereti y Tarija Oeste. En el Parque Nacional
Sama operan las petroleras en el bloque Cambarí. A parte, existen muchas regiones del país que no gozan de ninguna
protección pero que su inaccesibilidad las ha conservado como bosques primarios
no intervenidos. En el Beni, la serranía de Eva-Eva y
Mosetenes están aún inexploradas, se sabe de la
existencia de núcleos indígenas chimanes aún por
contactar. En el Departamento de Chuquisaca, la
Serranía de Iñao conserva manchas de bosque
boliviano-tucumano que albergan una de las colonias más grandes de Paraba
frente-roja, endémica de Bolivia. Lo cierto es que con protección
o sin ella, son muchas y de gran alcance, las áreas ecológicas que van a ser
impactadas y degradadas irreversiblemente en Bolivia, sino se cambia la
política fiscalizadora del Estado a la actividad hidrocarburífera. 3. Los pueblos indígenas de Bolivia En Bolivia existen 33 grupos indígenas, agrupados en una docena
de grupos lingüísticos diferentes, siendo los Quechuas
y Aymaras los más abundantes (ambos suman más de 4
millones de habitantes) seguido de los chiquitanos
(184.000), guaranís (133.000) moxeños y guarayos (decenas de miles). Existen grupos muy reducidos
en declive poblacional alarmante como los Araona (112
habitantes) Moré (101), Pacahuaras (11), Machineri (25).
Existen también grupos no contactados de las etnias Toronama
y Nahua , cuya supervivencia depende de mantener su
territorio inaccesible. Se especula también la existencia de clanes chimanes sin contactar en la Serranía Eva Eva, no muy lejos de donde Repsol abrió un pozo
exploratorio en el año 2.000. Los pueblos andinos
(quechuas y aymaras) están muy organizados
entorno a Ayllu como unidad territorial
o los sindicatos campesinos y federaciones urbanas como unidad social. Además,
en los últimos años los instrumentos políticos de las organizaciones sociales
(como el MAS y el MIP), han conseguido entrar con fuerza en las instituciones
democráticas, por primera vez en cinco siglos de exclusión total de la vida
pública. No obstante, la extrema pobreza de las áridas regiones andinas expulsa
a la población a endeudarse para emigrar a España y Argentina, principalmente. En las tierras bajas, algunas organizaciones,
como la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)o la Central
de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), tienen
experiencia de más de una década. Otros pueblos recién comienzan a organizarse,
cuando ya tienen en su territorio la invasión de actividades madereras o
petroleras. A nivel nacional, la
Confederación Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano (CIDOB) representa
todas las etnias de la Amazonía y el Chaco, si bien desde sus oficinas financiadas
por la cooperación internacional no siempre conocen la realidad de los territorios
alejados al interior de la selva. Es oportuno señalar,
que el Banco Mundial y otras agencias de financiamiento han tenido una actitud
paternalista con esta organización, financiando viajes a Canadá y otros países
a líderes indígenas para que reciban adoctrinamiento sobre negociación con
empresas petroleras. Un planteamiento
central de los pueblos indígenas reside en que no solicitan un espacio de
tierra, sino fundamentalmente, el reconocimiento legal del derecho propietario
sobre el territorio que originaria y tradicionalmente ocupaban. El territorio
es su hábitat natural que forma parte de un sistema productivo ( el chaco) y reproductivo (cacería, pesca, recolección ,
miel, madera, etc) que proveen los alimentos y
recursos necesarios para la alimentación. (4) Sin embargo, sus
territorios están siendo invadidos por la presencia de Terceros (campesinos y
latifundistas) y las actividades extractivas como la minería, madereras y
petroleras. En este escenario de
continua usurpación, el Saneamiento y Titulación de los territorios indígenas
es vital para su supervivencia, aunque este proceso sea muy largo, costoso y
como veremos, la titulación no garantiza el impedimento de actividades hidrocarburíferas en sus territorios. El proceso de
titulación de territorios indígenas no llegó gratuitamente para los pueblos
originarios. Fueron necesarias tres grandes marchas históricas que movilizaron
las diferentes etnias del Oriente Boliviano recorriendo medio país para llegar
a las puertas del gobierno en La Paz. La primera movilización
fue la Marcha por el Territorio y la Dignidad, iniciada en Trinidad el 15 de agosto de1990. En ella
participarán 15 pueblos étnicos que
abandonarán sus comunidades para caminar disciplinadamente hasta La Paz,
demostrando al país su existencia, que había
sido ignorada históricamente por los bolivianos. Eran mojeños, trinitarios, ignacioanos,
javieranos, yuracarés, movimas, sirionós, mosetenes, weenhayek, simbas, ava guaranís,
tacanas, chipayas, urus y chimanes. Tras su llegada
a La Paz consiguieron arrancar del gobierno varios Decretos Supremos que
reconocían las demandas de Territorios Indígenas de los Chimanes,
Sirionó, Multiétnico y el Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure
(TIPNIS) así como el compromiso de elaborar una Ley de Pueblos Indígenas del
Oriente (5). La Segunda Marcha, en
1996, aglutinó las reinvindicaciones conjuntas de
campesinos y 32 etnias amazónicas y chaqueñas. El motivo era la problemática
ley de Reforma Agraria (Ley INRA) que el
gobierno quería imponer sin la participación de los mismos afectados,
legalizando a la oligarquía latifundista que usurpaba enormes extensiones de
territorios indígenas. Como acuerdos
concretos de esta marcha se consiguió la titulación de ocho territorios por
Decretos Supremos y de otros 15 territorios, después de un previo saneamiento
(la ineficacia y lentitud de estos saneamientos será motivo de otra marcha años
más tarde). La Tercera Marcha, en
junio del 2000 arrancó del gobierno notables acuerdos, como la modificación de
la nueva resolución de la Ley INRA que permitía concesiones en tierras fiscales
y evadía el saneamiento de la propiedad agraria. Según datos del 2000,
existen 8 territorios indígenas titulados con Decreto Supremo, beneficiando a
los pueblos Chiman-T´simane, Yurakaré,
Sirionó Moxeño, Araona, Mosetenes y Yukis. Son 16 las demandas de
Tierras Comunitarias de Orígen (TCO´s)
Inmovilizadas antes de la nueva Ley INRA de 1996, que abarcan territorios de
los pueblos Esse Ejja, Tacana, Cavineño, Chacobo, Pacahuara, Yaminahua, Machineri, Movima, Baure, Caybaba, More, Joaquiniano, Itonama, Chiquitano, Guarayo, Ayoreo, Mosetén, Yurakaré y 12
territorios Guaranís. Por otra parte, son 8
las demandas presetadas en fase de saneamiento, de los pueblos Uru Chipaya, Uru
Murato, Lecos, Canichana, Ignacianos y Moxeños. (6) 4. Conflictos entre las petroleras y los
pueblos originarios La jerarquía legal que
se estableció entorno a las leyes petroleras, que por su interés nacional
prevalecían por encima de otras leyes o reglamentos secundarios como la
Ley 1333 de Medio Ambiente, el
Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos o la Ley INRA ha generado un
estado de desprotección que vulnera tanto a extensas áreas de conservación
biológica como amplios grupos poblacionales del país. Dice el Art 1 de la Ley de Hidrocarburos que Todos los yacimientos
de hidrocarburos son propiedad inalienable del Estado, el cual a través de
contratos de riesgo compartido, los otorga a las empresas transnacionales.
Donde pone yacimientos, léase subsuelo y ya tenemos el marco legal establecido
que abre puertas a la ocupación de territorios. Si bien la superficie terrestre
no es propiedad de las petroleras, sí les pertenece el subsuelo, que es lo
mismo que decir que pueden operar ahí donde el sismógrafo indique presencia de
hidrocarburos. Además, las petroleras
pueden expropiar vía Derecho de Servidumbre a las familias que habiten en
cualquier predio donde abrir un camino, construir una planchada, helipuerto o
campamento. El conflicto indígena
con las petroleras se enmarca en una de las intersecciones geográficas más
habituales del país: el punto en que se cruza el derecho indígena con las
concesiones hidrocarburíferas. Lo cierto, es que
existe una repetida coincidencia entre bloques de exploración hidrocarburífera y los Territorios Comunitarios de Origen
(TCO), lo cual no es extraño teniendo en cuenta que del total del territorio
nacional, 611.100 km2 (un 55,6%) son de potencial hidrocarburífero (7). Los contratos de
licitación de los bloques petroleros, garantizan a las
transnacionales 40 años de concesión. De modo, que el impacto sobre las
poblaciones es inevitable. Transcurridas cuatro décadas de explotación
petrolera, las empresas se retiran dejando tras de sí un historial de derrames
y accidentes imprevistos. A parte, la ocupación del territorio por la
construcción de planchadas, piscinas de lodos y carreteras de acceso, ya no
vuelve a regenerarse. Basta visualizar lo que dejó Texaco
en Ecuador para adivinar cómo quedará la Amazonía Boliviana cuando las
petroleras se retiren. Entre las compañías transnacionales que operan
en Bolivia, Repsol-YPF es de las que más territorios ha
intervenido. La compañía tiene un total de 22 bloques petroleros con un total de
4.973.511 hectáreas (8), concesiones que se superponen a un total de 17 TCO repartidos en
las regiones amazónica y chaqueña. De Norte a Sur, los bloques Rurrenabaque y Tuichi abarcan los
territorios de las etnias amazónicas chimanes, mosetenes y tacanas. A parte, la
etnia nómada esse ejja, que
recorre las playas del río Beni, también se verá
afectada de las operaciones hidrocarburíferas, aunque
no tiene un territorio titulado. El bloque Sécure
atraviesa el territorio indígena multiétnico, donde conviven comunidades chimanes, moxeñas y yurakarés; el territorio indígena chimán
y el territorio indígena del parque nacional Isiboro Sécure, refugio ancestral de la etnia yurakaré.
La fragilidad ecológica
de los ecosistemas amazónicos, al ser intervenidos, coincide con la fragilidad
cultural de los grupos étnicos que los habitan. Su reducido número de habitantes
y el escaso contacto los hace propensos a romper bruscamente sus actividades
tradicionales, trabajar para la empresa con contratos temporales que introducen
en las comunidades hábitos como el alcoholismo, el abandono de la familia o las
actividades agrícolas y recolectoras. Cuando Repsol ingresó al interior del
territorio chimán, ofreció cepillos de dientes
pretendiendo imponer costumbres higiénicas ajenas. En cambio, durante la
construcción del primer pozo exploratorio (Pozo Eva Eva)
la empresa se dedicó a comprar las piezas de caza que los hombres de la
comunidad cazaban para alimentar a los suyos. Desde entonces, ya no cazaban
para la subsistencia sino para vender las piezas a la compañía y comprar
alcohol a los comerciantes que entraban a vender productos al campamento
petrolero. En la región chaqueña,
Repsol invade varios TCO de la etnia guaraní, como Charagua
Norte, Kaami, Itikaguasu y Tapiete. Estos territorios, ubicados en la llanura
chaqueña, también son afectados por la construcción de dos gasoductos de 500 km, que transportan el gas chaqueño a Santa Cruz, donde es
exportado a Brasil por el Gasoducto Bolivia Brasil. En la serranía del Aguaragüe, donde se descubrieron las reservas más grandes
de gas, el bloque Caipipendi invade el TCO Tentayapi, donde viven las comunidades guaranís
que por su inaccesibilidad han conservado la cultura más pura. En un manifiesto
fechado en julio del 2004, la comunidad de Tentayapi
se pronunciaba en tomar medidas activas para impedir la entrada de Repsol en
sus territorios. Las leyes nacionales
(Ley de Medio Ambiente y Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos) e internacionales (Convenio Nº 169 de la OIT)
obligan a las empresas petroleras a realizar consultas y actas de acuerdo con
las comunidades afectadas. En la práctica, las compañías practican todo tipo de
engaños para conseguir unas firmas que a menudo no respetan la organización
tradicional. La firma de actas de acuerdo a cambio de sacos de azúcar o ropa
deportivo es desgraciadamente una práctica aún común en los territorios
indígenas intervenidos por las petroleras.
3.1 Los Pueblos Indígenas y sus organizaciones
3.2 Territorios Indígenas y el proceso de titulación
4.1 Concesiones
petroleras en territorios indígenas