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ESQUEL: EL DESQUITE MINERO
Por Hernán Scandizzo ((i)) - Saturday, Nov. 04, 2006 at 5:56 PM
herscan@yahoo.com.ar

Judicialización de la protesta social y persecución a trabajadores de prensa

Minera El Desquite, subsidiaria de la canadiense Meridian Gold, querelló semanas atrás a seis vecinos de Esquel por difundir la grabación de una reunión donde altos ejecutivos de la empresa dialogaban - con empleados de las consultoras Bussines for Social Responsability (BSR), de Estados Unidos, y Braga Menéndez y Asociados, de Argentina - sobre estrategias para desarticular la oposición a la explotación de oro en aquella ciudad del noroeste de Chubut. En el audio de ese encuentro también se escuchaba a los mineros enumerar sus posibilidades de llegar a encumbrados dirigentes políticos y funcionarios provinciales y nacionales – entre ellos el ministro de Planificación Julio De Vido; el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández; y el secretario de Minería, Jorge Mayoral, como nexos con el presidente Néstor Kirchner. La demanda fue radicada en el Juzgado Correccional Nacional Nº 11 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Luis Schelgel, y entre los afectados se encuentran los periodistas Pablo Quintana y Andrés Campos, de la radio local FM Station.

Al respecto la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina, sostuvo en un comunicado público, que “esta persecución tiene sus raíces ideológicas en la misma legislación minera argentina, que coloca por encima de cualquier interés comunitario o regional la preeminencia de la actividad minera junto con inconcebibles beneficios fiscales, cambiarios y arancelarios a las empresas, sean nacionales o extranjeras”. También enfatizó que la medida “pone en evidencia la decisión de judicializar y perseguir con el Código Penal cualquier oposición a proyectos extractivos y, lo que es más grave, ignorar la voluntad soberana de los esquelenses que tomaron una determinación rotunda en contra de los emprendimientos mineros”.

La denuncia de Minera El Desquite llega en un momento particular, la sanción de la Ley provincial 5.504 - que prohíbe por tres años la exploración y explotación minera metalífera, con excepción del oro aluvional, en el noroeste de la provincia – alentó la vuelta a la tranquilidad que caracteriza a la comarca. La vigencia de esa norma y otros factores contribuyeron a que merme la movilización, generándose un escenario – entre otras cosas - propicio para las campañas electorales de cara al 2007 – en particular para el gobernador Mario Das Neves que va por la reelección. Pero esta ‘calma’ empieza a desaparecer a medida que trasciende la querella judicial y podría perderse totalmente con la decisión de las empresas Patagonia Gold y Huemules S.A. de acudir a la Corte Suprema de Justicia si no prosperan sus acciones para que el Superior Tribunal de la Provincia declare inconstitucional la ley 5.504.

Si bien no hay duda de que la empresa busca judicializar la protesta social, sería muy ingenuo de su parte pensar que con trasladar el conflicto a Buenos Aires, a 2000 km del Esquel, impediría la reactivación de las movilizaciones en la comarca. Despojando de ingenuidad a la minera, la medida podría ser interpretada como una provocación para medir el potencial que aún conserva el No a la Mina. Reavivar las movilizaciones a pocos meses de las eleccones generales de 2007 no parece una idea muy festejable por la dirigencia provincial, que tiene muy fresco el recuerdo de cómo aquel movimiento ‘se cargó’ al ex gobernador José Luis Lizurume. Además por qué hacerle eso a una clase política mayormente favorable al desembarco minero - incluso en el noroeste del Chubut muchos interpretaron que la sanción de la Ley 5.504 no buscaba impedir la minería a cielo abierto en la región sino sacar a esas comunidades de las calles.

La pregunta entonces es por qué ahora, y entre los vecinos no hay una interpretación, son múltiples, como las perspectivas e ideas que sirvieron de combustible de las asambleas y movilizaciones de fines de 2002 y buena parte del 2003. Junto a ese cruce de interpretaciones se empiezan a escuchar algunas voces que condenan la querella judicial. A fines de octubre Jorge Manuel Gil, rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, dio a conocer su posición a través de un comunicado: “Los estrados judiciales resultan pertinentes con el régimen de seguridad legal vigente en la democracia, pero no deben ser utilizados para enmascarar el verdadero sentido disciplinador de la judicialización. Mucho menos, para la amedrentación pública”. Y tras la advertencia subrayó: “Por ello, manifestamos nuestro rechazo y preocupación institucional por las acciones judiciales iniciadas contra ciudadanos de Esquel”. En tanto Daniel Nataine, decano del Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue, se pronunció en igual sentido, mientras llegaban a la Asamblea mensajes de solidaridad desde diferentes puntos de Chubut, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan, Entre Ríos, Buenos Aries - ciudad y provincia - y de Latinoamérica - como Perú, Guatemala y Costa Rica.


El desembarco

En agosto de 2003 se supo que Minera El Desquite había contratado a BSR para evaluar el rechazo del pueblo de Esquel a la explotación de una mina de oro a pocos kilómetros de la ciudad. Querían conocer uno a uno los por qué de tan rotunda oposición – el 81% de los votantes en el plebiscito del 23 de marzo de ese año había dicho No a la Mina. La llegada de los ‘especialistas’, sus estudios, sus encuestas, exasperaba a quienes desde noviembre de 2002 gritaban su rechazo al proyecto de Meridian Gold.

BSR, fundada en 1992 en San Francisco y especializada en “práctica social responsable”, asesora empresas que enfrentan o prevén conflictos propios de su actividad. Entre sus clientes figuran American Express Company, The Coca-Cola Company, Exxon Mobil Corporation, Ford Motor Company, General Electric Corporation, General Motors Corporation, IBM, Shell Internacional, Sony Corporation y grandes mineras como Newmont Mining Corporation, Placer Dome Inc y Rio Tinto plc.

Los habitantes de esa ciudad chubutense habían conocido la soberbia de los ejecutivos mineros, la subordinación de la clase dirigente y la obsecuencia de gran parte de la prensa - empresarios y trabajadores. En pocos meses el pueblo había experimentado el juego sucio de la empresa y sus colaboradores locales: las campañas de desprestigio, las chicanas, los golpes bajos, los golpes, los aprietes, las dádivas, las mentiras más vulgares. Discursos de responsabilidad social empresarial, de licencia social, de respeto a la voluntad de los esquelenses. Todo había escuchado y experimentado el pueblo de Esquel pero sabía que el desembarco de la consultora no era en vano.

Al terminar su trabajo BSR dio a conocer las conclusiones a las que había arribado: “Hubo una llamativa falta de compromiso firme y amplio por parte de MED [Minera El Desquite] con la comunidad de Esquel en lo que respecta a escuchar sus preocupaciones y solucionarlas antes de que se convirtieran en cuestiones más serias. Al principio, muchas personas eran neutrales frente a la posibilidad de una mina, pero cambiaron de parecer a raíz de la falta de compromiso mostrada por la empresa hacia la comunidad”. Y a continuación afirmaba: “Esta falta de compromiso quedó demostrada, sobre todo, por una total falta de información compartida y de una comunicación transparente entre MED y la comunidad. Como resultado, nunca se alcanzó un diálogo importante acerca de los posibles impactos, tanto positivos como negativos, de la mina”.

Entre la gente quedaba una duda flotando. ¿Para qué gastar cientos, miles de dólares? ¿Para llegar a esas conclusiones? Era absurda, completamente absurda esa explicación.

En marzo de 2005 tuvieron una respuesta. El 17 la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina anunció que había entregado a la prensa local la grabación de una reunión en la que participaron directivos de la empresa minera y de las consultoras BSR y Braga Menéndez y Asociados - asesora de diversas figuras de la política nacional y provincial y diseñadora de la campaña electoral del presidente Kirchner –. “En los audios se registran graves afirmaciones y planes de la minera que atentan contra la decisión del pueblo que rechaza abrumadoramente el emprendimiento minero”, sostenía el comunicado. BSR y Minera El Desquite, en su relato a los esquelenses, habían omitido el final del cuento.

Si bien en Esquel había gran curiosidad por conocer el contenido de esa grabación, varios medios locales dejaron pasar esa bomba periodística o se dedicaron a cuestionar cómo una conversación privada tomaba estado público – argumento que expone hoy la empresa en su demanda judicial. Quienes se hicieron eco de la denuncia no tardaron en sufrir las consecuencias. Susana Asaf, que conducía el programa A galopar en la local FM del Sur, se quedó sin programa pocos días después de poner al aire aquellos.

No era la primera vez que sucedía algo así, en plena efervescencia del No a la Mina circuló en la ciudad el rumor de que el entonces gobernador Lizurume quitaría la publicidad a Canal 4 - Esquel Televisora Color si no corregían la labor – tal vez demasiado independiente – del periodista Fito Alarcón, lo que motivó una espontánea movilización de apoyo. Pero no sólo en la comarca cordillerana se dio esa situación, en mayo de 2003 Lautaro Recalde, redactor del diario Crónica de Comodoro Rivadavia, denunció un clima de hostilidad y persecución en su trabajo tras referirse - en un programa de radio local - a cómo el periódico cambió su línea editorial respecto al conflicto minero tras una reunión de la dirección del medio con representantes de Minera El Desquite.

Que hoy los periodistas Pablo Quintana y Andrés Campos sean dos de los querellados por dar a conocer el contenido de la grabación, no causa demasiada sorpresa. En diciembre de 2003, Quintana fue despedido del diario – medida que fue relacionada a su compromiso con el No a la Mina. También Campos fue objeto de represalias por su labor, en agosto de 2005 denunció haber sido perseguido por personal de la empresa minera.


Notas relacionadas:

Los planes de la minera para torcer la voluntad del pueblo de Esquel, 17/03/05.
Audios difundidos por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados.
Violaciones a los derechos humanos y plan para silenciar la protesta social del No a la Mina, 18/11/04.
Movilización frente a las maniobras de Minera El Desquite, 3/11/06.
Esquel marchará, 31/10/06.
El rector de la UNPSJB rechaza persecución a los vecinos, 26/10/06.
Judicializan el No a la Mina, 22/10/06.
Otro caso de amenaza que involucra a Meridian Gold, 24/08/05.
Censuran programa de radio por difundir estrategias de la minera, 23/03/05.
Denuncian a Meridian Gold por intentar comprar voluntades, 17/08/04.
Diario El Chubut despidió al periodista opositor al proyecto minero, 02/12/03.
El informe de BSR sobre Meridian Gold en Esquel, 23/08/03.
Lixiviando arrepentimientos, 14/08/03.
Suspenden a periodista del diario Crónica por denunciar el alineamiento del medio con Meridian Gold, 15/05/03.
Nueva ofensa a la voluntad de un pueblo, 08/04/03.
Rechazo a la intromisión del Consejo Federal Minero, abril 2003.

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