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Qué se disputa en el “conflicto del campo”
Por Red Indymedia Argentina -
Thursday, May. 08, 2008 at 5:16 PM
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EL MODELO AGROEXPORTADOR NO ESTÁ EN CUESTIÓN
Qué se disputa en el “conflicto del campo”
Por Red Indymedia Argentina
Se quebró la frágil tregua alcanzada entre el gobierno nacional y las entidades que nuclean a los empresarios del agro y volvió el lock out con los productores en las rutas. Lo que continúa invariable es la crisis de fondo a la que nos está llevando el modelo sojero, basado en un dólar alto que favorece la exportación y en una política de subsidios a los grupos más concentrados del campo. El paro que durante 21 días mantuvo en vilo al país tuvo su origen el 11 de marzo cuando el ex Ministro de Economía Martín Lousteau anunció una suba de las retenciones del 34 al 44% para los exportadores de soja, lo que despertó el descontento de las asociaciones ruralistas, así como de gran cantidad de productores autoconvocados y cientos de pueblos del interior de economía mayormente agrícolo-ganadera.
A simple vista no pareciera que el aumento a las retenciones fuese una medida equivocada, ya que las ganancias de dicho sector han crecido considerablemente a causa de la escalada de precios de los granos en el mercado internacional. Pero la falta de retenciones diferenciadas puede perjudicar a quienes proviniendo de otros sectores de la economía agraria-ganadera, se han volcado a la producción de soja por su rápida rentabilidad, pero pueden terminar perdiendo al no estar en condiciones de recuperar los costos de inversión, situación que les lleva a arrendar y posteriormente vender sus tierras a los grandes productores. Mientras que también se cuestiona el hecho de que, al no ser coparticipables con las provincias, las retenciones provenientes del campo no se vuelcan al mejoramiento de la infraestructura de las zonas de producción agrícola.
A su vez, el interrogante acerca de la utilización que se da al dinero de las mismas, es contestado desde el gobierno de manera contradictoria: se dice que es para frenar la inflación y redistribuir la riqueza, pero los precios siguen subiendo y parte de las retenciones nada menos que dos mil millones de dólares- se redistribuyen entre los grandes exportadores, como denuncia Alberto Ferrari Etcheberry, ex presidente de la Junta Nacional de Granos, en el periódico Perfil del 16 de marzo. Es el tradicional doble discurso de los Kirchner-Fernández cuya política pseudogarantista en materia de derechos humanos no afecta en absoluto el avance arrollador del modelo económico agropecuario y minero exportador en nuestro país. El modelo favorece a un puñado de corporaciones que explotan a los/as trabajadores/as y los recursos naturales del país.
Un análisis aparte merecería el rol jugado por los medios masivos de desinformación, atravesados por sus propios intereses empresariales, en los que las voces críticas que intentaron alzarse fueron acalladas, llegando a represalias como el despido, en Córdoba, del periodista de La Voz del Interior Enrique Lacolla (ver artículo).
En un comunicado del 25 de marzo, el Frente Popular Darío Santillán denuncia el montaje escénico de los medios masivos de desinformación, las entidades ruralistas y el gobierno, invisibiliza el otro campo, el de los pequeños/as productores/as ancestrales, los/as antiguos/as dueños/as de la tierra, campesinos/as e indígenas, que llevan adelante una lucha por la soberanía alimentaria y contra la concentración de la tierra y los desmontes.
Como si las intensas luchas en defensa de la tierra y de la cultura ancestral que se expresa en el interior profundo de nuestra patria no existieran, ignoran las fuertes luchas y denuncias que por años vienen desarrollando las organizaciones que integran el Movimiento Nacional Campesino Indígena (Vía Campesina) , como el Mocase de Santiago del Estero, o los movimientos de Córdoba, Mendoza y Salta. Por fuera de la disputa gobierno-campo, ante esa realidad de exclusión, marginación y explotación en el campo expresamos nuestra principal solidaridad.
Sin ir más lejos en diciembre de 2007, se llevaba a juicio a 11 campesinos y campesinas integrantes de Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (Apenoc), bajo acusación de daño calificado agravado por delito en banda. El querellante era Ramón Mazzeo, quien intentaba apropiarse de las tierras de la familia Loyola. Los acusados y acusadas habían cortado los alambres en defensa de la posesión histórica de la familia. Finalmente, la justicia cordobesa absolvió a todos y todas (más información).
Ni en lo medios, ni en los piquetes agrarios se habló de la persecución judicial, policial y parapolicial de la que son objeto campesinos/as y comunidades originarias. Al respecto, el Mocase-Vía Campesina expresa en un comunicado del 27 de marzo: Dicen hacer el paro por el No a las retenciones y No a la desaparición de los pequeños y medianos productores, pero algunos empresarios y productores que han contratado matones para desalojar pequeños y medianos productores son miembros de esas entidades.
También quedó fuera de agenda el reclamo de las Madres de Barrio Ituzaingó (Córdoba), quienes vienen denunciando hace varios años que las fumigaciones con agrotóxicos han producido más de 100 casos de cáncer y otras graves enfermedades, además de numerosas muertes en la población del barrio, un caso paradigmático de lo que sucede en muchas comunidades. Tampoco se mencionó el caso de doña Ramona Bustamente de 76 años, que el 30 de diciembre de 2003 fue brutalmente desalojada de sus tierras por los hermanos Scaramuzza, empresarios sojeros del noroeste cordobés, y sufrió la destrucción total de su humilde casa. Su caso representa el avasallamiento cotidiano contra las familias campesinas.Mucho menos se habla de los peones rurales y de los trabajadores/as golondrina, algunos de los trabajos más precarios que existen. Los/as trabajadores/as rurales son 1.300.000 en Argentina, de los cuales un millón cobra en negro. Existen además alrededor de 350 mil trabajadores/as golondrinas, que se desplazan muchas veces con sus familias, según los periodos de la cosecha y reciben entre 10 y 20 pesos por extensas jornadas de trabajo. A esto se le suma la explotación infantil: se estiman en 400 mil los niños/as que trabajan en el campo.
Como señala Lucho Aguilar en el semanario del PTS, Así, a pesar de los promocionados aumentos y el plan de regularización del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), el salario real y el porcentaje de trabajo en negro son similares a los de 2001. Con estos niveles de precarización y explotación, el trabajador significa apenas el 1% de todos los gastos del productor (semillas, maquinarias, agroquímicos, etc). Lo reconoce el propio sindicato. Aguilar continúa analizando los artículos de la aún vigente ley laboral de la dictadura militar, redactada por su ministro de economía, José Alfredo Martínez de Hoz: Como venimos denunciando, muchas de las condiciones en que trabajan los obreros rurales están garantizadas por el Régimen Nacional de Trabajo Agrario aprobado por la Ley N° 22.248 de 1980, que sustituye el Estatuto del Peón y la Comisión Nacional de Trabajo Rural. En su primera parte, la ley de Martínez de Hoz decreta que los peones rurales son trabajadores de segunda, que no se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo (La dictadura que manda en los campos; La Verdad Obrera; 3/4/08).
El Movimiento Campesino de Córdoba en un comunicado del 20 de marzo emitido frente a esta situación expresa: Las organizaciones campesinas de la provincia de Córdoba nucleadas en el Movimiento Campesino, venimos reclamando desde hace ya más de ocho años medidas políticas profundas que impidan de una vez y para siempre la extinción del campo. Y aquí hablar de campo es hablar de vida rural, no de negociados rurales. Nuestra historia como Movimiento ya vivió piquetes, ya vivió reclamos variados, ya vivió movilizaciones y las seguirá viviendo porque las injusticias a las que estamos sometidos no se solucionan con un paro ni con miles. La posibilidad de que cada familia parada sobre esta tierra pueda acceder a situaciones de igualdad, en armonía con otras familias y con el ambiente del cual somos un elemento más, nos habla de un largo camino a recorrer, que en su debido momento puede optar por los mismos métodos de quienes hoy reclaman engordar aún más sus bolsillos.
En este marco, el 17 de abril, algunos movimientos conmemoraron en la Asociación Madres de Plaza de Mayo el Día Internacional de la Lucha Campesina haciendo la presentación en sociedad del Frente Nacional Campesino (FNC), integrado por el MOCAFOR (Formosa), el MOCASE (Sgo. del Estero), el MAM (Misiones) y el MOCAJU (Jujuy). Según su primer comunicado, el FNC ingresa en el escenario político y social con el objetivo de representar a los campesinos argentinos y legitimar una expresión social y política carente de visibilidad desde la pulcra lógica de la urbe, según nos decía el filósofo indigenista Rodolfo Kusch.
En el campo hay diversas realidades, muchas de las cuales no estuvieron expresadas en los cortes de rutas, ni estarán presentes en las negociaciones del gobierno y las entidades empresarias. La mayoría de los productores que cortaron los caminos no defienden el campo, sino el tamaño de su renta. Del otro lado, el gobierno, ha fomentado la sojización del campo y la expansión de los agronegocios. Ninguna de las partes en conflicto planteó la necesidad de modificar el modelo agroexportador. Este modelo está aniquilando al campesinado, la biodiversidad y destruyendo el entramado social, empujando a los/as expulsados/as del campo, a los bolsones de pobreza que rodean las grandes ciudades y condenándolos/as a la marginación y en el peor caso a la delincuencia.
En la actualidad 6.900 propietarios son dueños del %49,7 de la superficie cultivable y productiva del país. Alrededor de 936 terratenientes poseen 35.515.000 hectáreas, la mayoría cultivable, y sólo 137.021 poseen 2.288.000 hectáreas, un promedio de 16.7 hectáreas cada uno, según informa Alberto Lapolla en su artículo Retenciones y Piquete Garca, publicado en este medio el 19 de marzo.
Para el común de la opinión pública no es sencillo ver quién está de un lado y del otro, de manera que se cae en simplismos como pensar que hay que definirse a favor o en contra de el campo. Por un lado están quienes, a pesar de realizar piquetes, niegan tal condición. Justificándose en frases como acá nadie se tapa la cara, nosotros trabajamos y por el otro, los medios reducen el sustantivo piquetero al proceder de Luis D'Elía, (ex concejal y puntero político de La Matanza antes de darse a conocer como piquetero, y posterior funcionario y fuerza de choque kirchnerista), cuando a las órdenes de sus superiores convocó la Federación Tierra y Vivienda (integrante de la CTA) a la Plaza de Mayo.
Además, el accionar de ciertos grupos que responden al gobierno K, denunciado masivamente y en forma repetitiva en los medios, no es nuevo. Esta metodología fue ensayada anteriormente, sin las mismas repercusiones, cuando sindicatos oficialistas agredieron a los/as trabajadores/as del Casino Flotante de Buenos Aires (propiedad del kirchnerista Cristóbal López) y cuando una patota ingresó al Hospital Francés para agredir a los trabajadores/as en lucha, entre otros hechos.
Por otra parte es importante analizar cuál fue el sector que se movilizó cacerola en mano. El historiador Ezequiel Adamovsky en un artículo para Página/12 titulado La historia se repite intenta definir la composición social de estos grupos. Tampoco los caceroleros de estos días fueron los de 2001: su protesta se hizo escuchar en barrios de clase alta y apenas algunas pocas decenas en algún otro sitio. Entre los que llegaron desde Recoleta y Barrio Norte hasta la Plaza de Mayo eran muchos los que tenían algún interés directo en el campo propietarios, empresarios del sector o estudiantes hijos de chacareros; de allí el fervor con el que cantaban el campo no se toca. A ellos se sumaron otras personas descontentas por las políticas de derechos humanos del Gobierno o por sus rasgos autoritarios. Entre los reclamos de ese día ninguno aludió a la suerte de los humildes; al contrario, abundaron las manifestaciones de gorilismo y desprecio por los negros. Por contraposición, la explosión de 2001 se produjo después del anuncio del estado de sitio para reprimir los saqueos en zonas pobres. Piquete y cacerola, la lucha es una sola, coreado en las calles a comienzos de 2002, señalaba precisamente la solidaridad entre la clase media y los más humildes que hoy brilló por su ausencia.
En cuanto a la presencia de sectores golpistas en Plaza de Mayo, tan mencionados por el oficialismo, es real que estuvo Cecilia Pando 1 luego del discurso en el que la presidenta se refirió a los cortes como piquetes de la abundancia. Es real que la Sociedad Rural y las Confederaciones Rurales Argentinas, por entonces agrupadas en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) convocaron al lock out del 24 de febrero de 1976. Pero no fueron las únicas organizaciones empresarias que participaron de aquel paro capitalista. También apoyaron esa acción previa al golpe de Estado la Unión Industrial Argentina (UIA), y otras entidades que reciben subsidios de la gestión K y fijan los techos salariales, como la Corporación Patronal de la Alimentación (Copal), el Consejo Empresario Argentino (CEA), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario y la Cámara Argentina de la Construcción.
Pero también es real que el gobierno actual y los anteriores, con su decidido apoyo a la sojización del país, han beneficiado directamente a esos sectores golpistas , esos grandes propietarios, arrendatarios y productores rurales, y que éstos se le han enfrentado tan sólo cuando consideraron que sus grandes ganancias disminuían. La renta, la caja, la guita es lo que está en disputa, no el modelo económico y social de exclusión y explotación agroexportadora.
El conflicto desató nuevas divisiones al interior de numerosos sectores. En el propio oficialismo se abrió una brecha. Aunque la mayor parte de la estructura institucional del PJ y la CGT están con el gobierno, cada vez son más los intendentes y jefes comunales del Frente para la Victoria de numerosos pueblos de la pampa gringa que apoyan de forma más o menos abierta el lock out, presionados por la participación masiva de sus poblaciones en los piquetes. Entre ellos el rostro más visible quizás sea el ex gobernador y actual senador Carlos Reutemann, propietario de tierras al norte de Santa Fe.
La Central de los Trabajadores Argentinos se dividió, con uno de sus referentes históricos, Víctor de Gennaro apoyando a Eduardo Buzzi de la Federación Agraria, lo que generó el disgusto del ultrakichnerista Luis DElía de la Federación de Tierra y Vivienda, que amenazó con disputar la conducción de la confederación sindical.
En la izquierda partidaria, el Partido Comunista Revolucionario y el Movimiento Socialista de los Trabajadores se expresaron a favor del paro agrario y en apoyo a los pequeños y medianos productores. En tanto que el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo y el Movimiento Al Socialismo expresaron con matices que no se posicionaban con ninguna de las partes en disputa, proponiendo mantener la independencia de clase. Ni con el gobierno ni con la oligarquía afirmó el PTS, mientras que para el PO se trata de una pelea entre capitalistas.
A partir de la cobertura que los grandes multimedios hicieron del lock out surgen interrogantes sobre el derecho que asiste a unos y otros a cortar rutas y calles. Cuando los piquetes son realizados por trabajadores/as desocupados/as u ocupados/as, campesinos/as o indígenas, entonces estos medios y la sociedad piden que se cumplan las leyes. ¿Qué hubiera pasado si a los bloqueos los hubiesen realizado los sectores excluidos de la riqueza a nivel nacional durante más de 15 días? Seguramente se sumarían nuevos nombres a la lista de asesinados por las fuerzas represivas: Carlos Fuentealba, Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Víctor Choque, Petete Almirón, Pocho Lepratti, entre otras víctimas.
Durante la vigencia del primer lock out, el desabastecimiento afectó particularmente a los sectores más humildes, los que viven al día y se aprovisionan en almacenes de barrio. En cambio, quienes cuentan con algún poder adquisitivo pudieron acopiar carnes los cortes más caros- y alimentos de primeras marcas.
A la clase trabajadora esta disputa al interior de la clase dominante por la renta de la tierra y por el modelo de acumulación del capital, cualquiera sea su resultado, la deja totalmente al margen, aunque haya quienes intenten, y en parte logren, hacerles tomar parte en esa disputa. La soberbia y autismo de este gobierno ha colaborado con ello, haciendo que se focalizaran en este conflicto muchos malestares populares.
Para quienes no sean fundamentalistas del mercado, está claro que el Estado tiene derecho a efectuar retenciones a la renta de la tierra, a la renta financiera, extractiva y/o la que fuere necesaria a los efectos de mejorar las condiciones de vida de la población.
Este gobierno no lo hace para eso: Cristina necesita la caja en orden para disciplinar a los gobernadores, intendentes y parlamentarios propios y ajenos, negociar con el Club de París y seguir pagando la deuda externa.
El conflicto del campo no se va a cerrar ni en un día, ni en una semana, ni en un mes. Es un conflicto por la disputa de la renta del modelo agroexportador que continuará marcando decisivamente el presente y futuro de la nación y del pueblo.
1 - Presidenta
de la llamada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos
de la Argentina, que considera presos políticos a los militares y personal
de las fuerzas de seguridad procesados por delitos de lesa humanidad. Se hizo
conocida por defender públicamente al obispo castrense Antonio Baseotto
y al ex capellan policial Cristian Von Wernich, y por organizar manifestaciones
a favor de la asunción del torturador Luis Abelardo Patti como diputado.
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