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Un organismo nacional niega reclamo en Tigre y beneficia a ex asesor del Gabinete de CFK
Por Indymedia Pueblos Originarios -
Monday, Sep. 13, 2010 at 7:47 PM
originarios-arg@indymedia.org
LA BATALLA POR EL CAMINO DE LAS VÍAS
MUERTAS
Un organismo nacional niega reclamo en Tigre y beneficia
a ex asesor del Gabinete de CFK
José Nicanor Villafañe, presidente de
la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) bajo
la órbita del Ministerio de Planificación Federal, anunció que
acelerarán la escritura de 3 kilómetros de un antiguo terraplén en favor
de dos countries desarrollados por la empresa EIDICO -de un ex
asesor de Sergio Massa en el Gobierno Nacional- en desmedro de
los derechos de toda la población. El lugar es conocido como el "camino
de las vías muertas", por allí pasaba el ramal GM56 del ex Ferrocarril
Mitre hasta 1967 y en su interior se han detectado por lo menos un
sitio arqueológico y restos de cráneos humanos que serían rastros
de un milenario enterratorio. El organismo alegó desconocer la existencia
de este patrimonio pero consultó a los organismos equivocados.
Rápida respuesta de vecinos afectados, organizaciones indígenas
y del senador bonaerense autor del proyecto aprobado por unanimidad en
el 2009 donde se pide que las tierras sean declaradas reserva sagrada
de los pueblos originarios. Dudas e irregularidades abundan en las transferencias.
Contracara: Daniel
Fernández, presidente del INAI: "Hay que visibilizar la presencia querandí
en Buenos Aires" -
Información relacionada: Se
oponen a una excavación arqueológica que favorezca a ex
asesor de Nación -
La defensa de Punta Querandí suma respaldo en el Congreso Nacional
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GOOGLE TE
DELATA. La visión actual de las tierras,
con una foto de la situación anterior a la destrucción.
A la derecha del ex terraplén, el country Santa
Catalina; a la izquierda el barrio privado San Benito
en construcción.
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Los reclamos en el paraje rural de Punta Canal han tomado
relevancia en los últimos dos años por demandas que incluyen la destrucción
de cementerios indígenas, caminos públicos apropiados y mayores inundaciones
para la población preexistente. Todos los probleman derivan de un mismo
negocio: los barrios privados naúticos a gran escala que ocupan extensiones
de cientos de hectáreas de antiguos humedales y terrenos fiscales. Una suerte
de nuevo "desierto" a conquistar, tal como en la Campaña del General
Roca, con una población invisibilizada que sufre todo tipo de atropellos
por parte de las corporaciones inmobiliarias. En este caso hablamos de la
firma EIDICO, de Juan Angel Seitún, Patricio Lanusse,
Mateo Salinas y Jorge O'Reilly, empresarios vinculados a la
institución católica conservadora Opus Dei. O'Reilly
fue asesor de la Jefatura de Gabinete cuando estuvo a cargo del actual
intendente de Tigre, Sergio Massa, entre julio de 2008 y julio de
2009.
Punta Canal era la parada intermedia KM4 del ferrocarril que
unía Ingeniero Maschwitz con Dique Luján, hasta 1967. No solo eso, era un
recreo popular utilizado por pescadores y familias de toda la zona
norte, un espacio que ha servido como escenario de grandes películas del
cine argentino y que cobija misteriosos relatos de apariciones ya parte
del rico folklore regional. A partir de los primeros años del siglo
XXI, cuando tomó trascendencia pública que en el lugar se encontraban restos
de cementerios indígenas de hace mil años, comenzó a congregar a
parte del movimiento indígena del área metropolitana, con el rápido
respaldo de organizaciones ambientalistas y el interés de toda la población.
ENTREGA POLÉMICA. El predio de Punta Canal junto al
camino del terraplén desde el KM1+690 al KM4+378, única manera
de acceder al lugar con vehículo desde Benavidez (Tigre) e Ingeniero
Maschwitz (Escobar), fue transferido el 23 de abril de 2007 a dos sociedades
anónimas vinculadas a EIDICO: Chilespa y Muquebari,
que ya no eran propietarias de los inmuebles linderos, un requisito
ineludible para lograr dichas operaciones. Dividido en dos boletos de compra
venta, pagaron un total de 1,9 millones de pesos argentinos por 107.520
metros cuadrados (unas 10 hectáreas, casi 3 kilómetros de
largo por 40 metros de ancho), a una tasación de 17 pesos el metro
cuadrado.
¿Se pueden vender tierras fiscales que cumplen un uso comunitario
para la población desde hace décadas? En ningún lugar
de los dos expedientes administrativos, ENABIEF 4021/98 y
3707/98, consta la utilidad y significancia de los inmuebles para
la población, por el contrario, se los menciona como abandonados.
Entre otras cosas elementales, el camino era el único acceso vehícular
al paraje entre el arroyo Garín y el Canal Villanueva, donde hoy
viven una anciana y dos familias (en aquellos tiempos vivían muchas
personas más). Por otro lado, era utilizado para proteger bienes
y animales de las inundaciones.
Además, en el KM4 se hallaba identificado un sitio arqueológico
protegido por la ley nacional 25.743. Pero al no darse difusión
a la intención de privatizarlos, los vecinos pudieron remitir quejas
sólo a posterior de ambas transferencias.
En el 2008, un vecino que vive en arroyo Garín y calle Brasil, Carlos
Arrambide y su abogado lograron acceder a los dos expedientes de ONABE
(hoy ADIF) y poco tiempo después elevaron a este organismo un recurso
de reconsideración de la venta, denunciando la nulidad del acto
administrativo y solicitando su revocación y suspensión. Paralelamente,
lograron en la Justicia dos medidas cautelares que prohibían a la
empresa tocar las tierras. A partir del 2009, Arrambide sumó a las
objeciones administrativas a estas ventas la presencia de un sitio arqueológico
que era reivindicado por organizaciones indígenas como un lugar sagrado,
lo que comenzaba a tomar trascendencia en esa fecha.
La pérdida del camino de las vías muertas es lamentado por todos
los vecinos, así lo demuestra una presentación realizada el 2 de septiembre
de 2010 ante ADIF por una veintena de pobladores de Punta Canal a
través de abogados del prestigioso Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS). "Nos encontramos en un dilema que enfrenta dos
conceptos de las tierras en cuestión; un espacio arraigado en la sociedad
regional de usufructo público y con un fin social que proteja un patrimonio
cultural milenario, o una pista de equitación de un colegio religioso para
usufructo privativo de los dueños en un barrio privado que arrase con todo
aquello que el Estado se encuentra obligado a proteger", dice el escrito.
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AVISO. El
sitio arqueológico Punta Canal identificado por
los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología
y Pensamiento Latinoamericano, antes de la excavación
de fines de 2008. (Imagen del 2007)
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IRREGULARIDADES SIN EXPLICACIÓN. Los puntos oscuros de ambas
transferencias motivaron presentaciones de vecinos y diversos proyectos
legislativos en el Concejo
Deliberante de Tigre (II),
la Cámara
de Diputados Bonaerense y el Congreso
de la Nación. Según la ley, los propietarios linderos
a inmuebles ferroviarios tienen derecho a adquirirlos, pero deben cumplir
con determinados requisitos. Sin embargo Chilespa y Muquebari
al momento de firmar los boletos de compra venta en su carácter
de propietarios linderos ya habían dejado de serlo. [Leer
boleto de compra venta]
La cláusula décimo segunda de los dos boletos de compra
venta daban 90 días hábiles para la escrituración,
expirado ese plazo los predios debían volver al Estado. No sólo
no sucedió eso, sino que Chilespa y Muquebari cedieron
sus boletos de compra venta a los fidecoimisos que desarrollan los barrios
San Benito y San Marco, violando la cláusula décimo cuarta:
"La parte compradora no podrá transferir ni ceder, total o parcialmente
los derechos derivados del presente boleto de compraventa sin previa y expresa
conformidad por escrito del Organismo Nacional de Administración de Bienes
del Estado (ONABE) en cuyo caso dicha cesión deberá ser instrumentada por
escritura pública".
En el recurso de reconsideración elevado por Arrambide a través
de su por entonces abogado Luciano Chedrese, centrado en el boleto
de compra venta de Chilespa luego cedido a San Benito, se
indica que "el objeto del acto que aprueba la venta no es ni lícito ni posible.
La venta tal como fue aprobada y realizada según boleto de venta es nula
en razón de estar prohibida por la ley". Además denuncia que "Chilespa
ocultó dolosamente la referida compraventa y omitió denunciar dicha
circunstancia ante el ONABE".
Hay más. En la cláusula novena se afirma que: "Si
por disposiciones locales la mensura debiera efectuarse dejando espacios
reservados para calle, plaza u otro destino, la parte compradora no podrá
extenderse sobre terrenos ferroviarios linderos, no teniendo derecho a disminución
alguna del precio por ningún concepto". Por ese motivo, los integrantes
del Movimiento en Defensa de la Pacha -que protagonizan el reclamo-
le piden al Gobierno de Tigre que intervenga ante ADIF, y existe
un proyecto en el Concejo Deliberante que toma esta demanda. En tanto, la
misma cláusula afirma: "Para el caso que por cuestiones ajenas
a las partes la mensura se tornare imposible, y de ello deviniera la imposibilidad
de transferir el inmueble, la parte compradora deberá reintegrar a la parte
vendedora la posesión del inmueble".
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¿PROGRESO?
NO, GRACIAS.
Arriba, el camino de las vías muertas
en el 2008. Abajo, en el 2009, cuando
lo convertían en canal. (Ignacio
Smith)
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LA NEGACION. El titular de ADIF ignoró parte de estos
reclamos y desestimó otros en una reciente carta dirigida a Arrambide,
con fecha 23 de agosto. Expresó que no tiene conocimiento de la existencia
de un sitio sagrado o histórico en el lugar, asimismo, dijo que no le consta
ningún reclamo de los "denominados pueblos originarios" (sic). Sin embargo,
según se consigna en su carta, pidieron informes a la Comisión Nacional
de Museos y Monumentos Históricos, en vez de hacerlo al Instituto
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), el organismo
a cargo de los sitios arqueológicos, o al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), responsable de atender las demandas indígenas.
Lo curioso es que el reclamo es reconocido por el propio Gobierno
de Tigre, el Instituto Nacional contra la Discriminación
(INADI), que está interviniendo en el conflicto, la Defensoría
del Pueblo de la Nación, que emitió un dictamen,
y el Senado
Bonaerense, que en noviembre pidió que dichas tierras sean declaradas
reserva arqueológica y sagrada de los pueblos originarios. Más insólita
aún es la lectura de ADIF sobre dicha declaración legislativa, ya
que según su titular José Nicanor Villafañe en esa petición "jamás
hubo una referencia concreta a un reclamo de los denominados Pueblos Originarios".
Respecto a las dos medidas cautelar a su favor, el titular de ADIF
le comunicó a Arrambide que, en la primera, el juez César
H. Cozzi Gainza se declaró incompetente y derivó el caso
a la Justicia de San Isidro. Allí, el 3 de junio de 2009,
el Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial
a cargo de José A. Servín, dictó una medida
cautelar similar, pero la misma fue revocada el 18 de noviembre de 2009
luego de que constataran la existencia de un puente Bailey sobre el arroyo
Garín (el cual había sido alquilado al Ejército Nacional
tras un convenio entre EIDICO y AYSA, que construye una Planta
Potabilizadora a un kilómetro de distancia). Lo cierto es que en
las próximas semanas será
retirado este puente que posibilita el acceso público por la calle Brasil
hasta el Canal Villanueva. Al parecer ya cumplió su objetivo: en
estos meses la empresa terminó de destruir el terraplén para ampliar el
canal en beneficio de los countries San Marco y San Benito.
LA RESPUESTA. Las expresiones del organismo fueron contestadas rápidamente
por el senador provincial Daniel Expósito, autor del proyecto
aprobado por unanimidad en noviembre de 2009 quien presentó, el 6 de septiembre,
un documento dirigido a al presidente de ADIF. El legislador dijo
estar preocupado: "Es trascendental que las tierras públicas del Estado
sirvan para garantizar los derechos plenos del conjunto de la población,
y se destinen a proyectos comunitarios y públicos, a contramano del destino
privatista con el que fueron vendidos". Y le recomendó al funcionario:
"sería de suma importancia la presencia en el lugar del Organismo que
usted preside, que seguramente permitirá llevar claridad y decisión para
la preservación de estas tierras como patrimonio del Estado". [Respuesta
completa]
En tanto, representantes de organizaciones indígenas del área metropolitana
tambien presentaron un acto administrativo, el 7 de septiembre, donde piden
que las tierras no se vendan en el marco de una reparación a las naciones
originarias preexistentes de Buenos Aires. La presentación fue remitida
con copia al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), del
Ministerio de Desarrollo Social. Allí dicen: "No somos
extraños en estas tierras, no olvidamos la sepultura de nuestros ancestros,
ni tratamos a nuestra madre, la tierra, como si fuese una cosa que se puede
comprar, saquear, arrasar y vender cambiando la geografía del lugar a antojo
de quien la habite. Estas tierras son la ceniza de los abuelos". [Escrito
completo]
El 31 de agosto, por su parte, el vecino Carlos Arrambide contestó:
"rompieron el terraplén a la altura del country San Benito (Escobar)
para hacer un canal clandestino (...) pasando por los derechos míos,
de mi familia y de todos los que vienen a Punta Canal. Todos los quilombos
judiciales que tengo con los countrys es por culpa de Uds". [Leer
respuesta]
A su vez, el Movimiento en Defensa de la Pacha elevó al organismo
las miles
de firmas recolectadas en estos meses pidiendo la anulación de la venta
del KM1+690 al KM4+378. Las firmas son de pobladores de la zona de Tigre
y Escobar así como de otros distritos, quienes conocen y quieren seguir
disfrutando del parador público Punta Canal a la vez que exijen una
reparación por la destrucción y apropiación del camino
de las vías muertas.
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PUNTA QUERANDÍ
ARRASADO. La desembocadura del arroyo Garín,
el antiguo puente del ferrocarril y el predio de la
ex parada intermedia Punta Canal KM4, que si bien fue
desmontado todavía no pudo ser apropiada por
EIDICO. (MDP)
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Si bien fue desmontado y sufrió el desmoronamiento de su costa, se logró
evitar la total destrucción de Punta Canal KM4 con un acampe
protagonizado desde febrero por vecinos de la zona e integrantes de pueblos
originarios. El lugar fue renombrado Punta Querandí
ya que allí los arqueólogos excavaron 300.000 piezas -entre
ellas 30.000 tiestos de cerámica- de un yacimiento de los pueblos
indígenas de hace mil años. Además de que continúan
apareciendo restos que podrían tratarse de otros sitios arqueológicos
sin identificar, el lugar es el espacio público más cercano
al milenario enterrotorio Garín que quedó debajo del
country Santa Catalina en la otra orilla del Canal Villanueva, a
sólo 30 metros.
Con la medida de fuerza sobre la calle Brasil, el Movimiento en Defensa
de la Pacha logró una gran difusión en medios de comunicación,
como salir en la tapa del domingo del Diario Crónica, en diversos
artículos de Página 12, Tiempo Argentino, Desafío Económico,
en programas de TV de alta alta audiencia como CQC y Antes de
Mediodía (ambos de Telefé), la Televisión Pública y el Canal
Encuentro. Además de una enorme cantidad de medios radiales y
periódicos de la zona norte como el Semanario Prensa Libre
y el Diario de Escobar, entre muchos otros.
Ante las cámaras del segmento Proteste Ya del programa de televisión
CQC, el gerente de ADIF Victor Colombano se había comprometido
en junio a recuperar el inmueble para los vecinos. Si estamos en derecho
de reclamar no te quepa duda de que vamos a reclamar, afirmó en ese momento
el funcionario, quien incumplió su compromiso.
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INTERESES
CRUZADOS. En el folio
176 del expediente ENABIEF 3707/98 el actual funcionario
de Tigre, Pablo Dameno, figura encabezando la asamblea
de accionistas de CODICO.
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NEGOCIOS, FAMILIA Y POLÍTICA. Uno de los principales accionistas
del fidecoimiso CODICO que desarrolló el country San Marco,
era Pablo Dameno un ex directivo de EIDICO que se desempeña
al frente de la estratégica Subsecretaría de Planeamiento
Urbano de Tigre. [Doble
comando en Tigre]. No debe sorprender esta íntima relación
entre empresa y Municipio. Según el blog Observador de Tigre,
además del archidifundido puesto de asesor que tuvo Jorge O'Reilly
en la Jefatura de Gabinete de Cristina Kirchner cuando estuvo a cargo
de Sergio Massa, el hermano del presidente del Concejo Deliberante
Julio Zamora (el segundo de Massa), Mario Zamora, es gerente
de explotación de ADIF; y Javier Bosch, un familiar
directo de los directivos de EIDICO, es asesor legal de la intendencia.
[Los
nexos entre Tigre, ADIF y EIDICO]
pueblosarg.indymedia.org
