Esa maldita costumbre de matarEn la Argentina, las clases dominantes han tenido desde siempre una vocación de utilizar la violencia y asesinar para resolver los conflictos sociales, económicos y políticos. PATRIOTAS POR LAS TIERRAS
Primero, fue el genocidio de los pueblos originarios, que comenzaron con Rosas, se extendieron con Alsina, y culminaron con el General Julio Argentino Roca, a fines del siglo XIX, en la denominada conquista del desierto y del Chaco. Los que sobrevivieron, fueron condenados a la marginalidad, expulsados de sus tierras y borrados de la historia. Por su parte la población negra disminuyó desde comienzos del siglo XIX hasta prácticamente desaparecer. Entre las causas se destacan las numerosas bajas causadas al formar parte del ejército en la cruenta y larga Guerra del Paraguay (1865-1870), donde el reclutamiento fue intencional y masivo. Luego vinieron las epidemias, en especial la de fiebre amarilla de 1871, que diezmaron a esa comunidad. Otros sectores sociales, afectados fueron por una parte, los gauchos, y por otra, los caudillos regionales, que sufrieron la llamada masacre patriótica. ORDEN, EXPLOTACIÓN Y REPRESIÓN
Desde la segunda mitad del siglo XIX, se inició el proceso de expansión acelerado encaminado a transformar la estructura económica-social, en camino a la conformación de una sociedad capitalista, basándose en el modelo agroexportador. Todo se hizo en base a explotación y represión. Cuando Julio Argentino Roca en 1880 llegó al poder, las minorías dominantes dejaron de lado sus conflictos aceptando su proyecto de Paz y Administración. Se transitaron años en los que reinó la prosperidad de la oligarquía. Entonces, el general genocida se dedicó a extender su poder en todas las provincias, no mezquinando en ello método ni medio alguno, incluido el uso de la violencia, el fraude, las intervenciones nacionales y la presión del Ejército. Coincidiendo con la oleada de prosperidad de los sectores de poder, la clase obrera inició una etapa de luchas, aumentando sus reclamos contra la miseria, la desocupación, por el reconocimiento de sus organizaciones sindicales, y la sanción de leyes protegiendo al trabajo. Los sectores dominantes reaccionaron con represión permanente. El gobierno declaraba el estado de sitio, clausuraba los locales sindicales y detenía a los dirigentes obreros. El Congreso aprobó la primera ley especial para reprimir al movimiento obrero: la Ley de Residencia (ley 4144), que autorizaba a expulsar del país a cualquier extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público. Fue sancionada en 1902 y fue necesario que pasaran más de cincuenta años, para que fuera derogada en el año 1958. Las luchas del movimiento obrero, a pesar de las políticas represivas, se extendieron por distintas ciudades, se paralizaban los talleres, las fábricas, y en varias ocasiones se declaró la huelga general. La respuesta fue que entre 1902 y 1910 se decretó cinco veces el estado de sitio, con una duración total de 18 meses. La despreocupación de los primeros tiempos, fue tornándose en intranquilidad y represión, cuando se afectaba el normal funcionamiento de las actividades agroexportadoras, y todo culminó con la sanción de una nueva ley represiva, la Ley de Defensa Social (ley 7029) en 1910. Durante esos años, el conflicto más importante se desarrolló en 1901, cuando en Rosario, los obreros de la Refinería Argentina del Azúcar, se declararon en huelga. En las jornadas siguientes, durante una manifestación frente a la fábrica, se produjo una salvaje represión y fue asesinado el obrero yugoslavo Cosme Budislavich, de 34 años, por parte de la policía comandada por el comisario Grandoli. Ese fue el primer obrero asesinado en el país. En 1904, durante una manifestación por el 1° de mayo en Buenos Aires la represión provocó varias muertes y numerosos heridos. La coacción de los conservadores fue en aumento, y la conmemoración en el año 1909 fue particularmente violenta, con varios obreros asesinados en Buenos Aires, y varios detenidos en Rosario. Durante este periodo son muchos los obreros asesinados en distintos conflictos laborales. ÉPOCA DE MASACRES OBRERAS
Desde 1916, Yrigoyen y el radicalismo intentaron establecer una nueva relación entre el estado y la clase obrera, incluyendo en su proyecto la integración política de la clase obrera urbana, cambiando apoyo obrero por votos. Las posiciones del gobierno radical oscilaron entre el arbitraje, las negociaciones y una fuerte represión en varios conflictos. La represión apareció abiertamente en los conflictos en los frigoríficos en 1917-18, en los Talleres Vasena, en enero de 1919, con la masacre de cientos de obreros. Los sucesos continuaron, con los asesinatos de innumerables vidas proletarias durante 1921 en la Patagonia y en el norte santafesino en territorios de La Forestal. A las fuerzas del estado, policía y ejército, se sumo en esos años la Liga Patriótica, agrupamiento paramilitar, integrado por miembros de la Asociación de la Juventud, Asociación del Trabajo, Jockey Club, Círculo de Armas, Asociación Damas Patricias y la Iglesia. FUSILAMIENTOS, TORTURA Y CORRUPCIÓN
El golpe militar de 1930 inició una era de ilegalidad, fraude, represión y entrega de la economía del país al capital extranjero. La cárcel, la tortura, el destierro, el exilio y los fusilamientos fue el destino de muchos militantes gremiales y políticos. Primeramente fue fusilado en Rosario el obrero Joaquín Penina, posteriormente en Buenos Aires Severino Di Giovani y Paulino Scarfó, todos ellos anarquistas. Mientras tanto, los nacionalistas se organizaron en cuerpos armados, como la Legión Cívica Argentina, inspirados en el ejemplo de la Italia Fascista de Mussolini, a la cual se le concedió por decreto carácter oficial. Durante esa Década Infame, tanto anarquistas, como comunistas, socialistas y radicales, fueron perseguidos, encarcelados, torturados, deportados y fusilados. Fue en esos años que Leopoldo Lugones hijo, comisario y torturador, inventó uno de los instrumentos de tortura más usado desde entonces: la picana eléctrica, que aplicó a los adversarios de los golpistas del 30. Y además, se creó la Sección Especial de Represión del Comunismo, que fue perfeccionada durante el gobierno de Justo, que trajo al país consejeros de la OVRA italiana y de la Gestapo hitleriana, especialistas en represión. DE BOMBAS Y BOMBARDEOS
Durante los dos primeros gobiernos del General Perón, hubo años en los que los discursos y el clima reinante, para los primeros de mayo, no fue el mejor. En 1953, el Secretario General de la CGT, Eduardo Vuletich, pidió Limpieza mi general, como reacción frente a los sucesos del 13 de abril, cuando dos bombas estallaron en Plaza de Mayo, mientras hablaba Perón en un acto organizado por la CGT, donde hubo seis muertos y muchos heridos. Luego, el 16 de junio de 1955, al mediodía, una formación de la aviación naval bombardeó Plaza de Mayo y la Casa Rosada. El intento de matar a Perón fracasó; el saldo fue de cientos de muertos y heridos. A partir de esos momentos llegaron de diferentes zonas oleadas de ciudadanos dispuestos a exteriorizar su apoyo al presidente. La Plaza de Mayo soportó otro criminal bombardeo. El Dr. Ingallinella, apoderado del Partido Comunista en Rosario, redactó e hizo circular de inmediato un volante de condena a lo ocurrido. La policía lo detuvo y lo condujo a la División Investigaciones, junto a otros detenidos. Luego uno a uno fueron recuperando la libertad, pero Ingalinella nunca apareció, ni se encontró su cuerpo. LA REVOLUCIÓN FUSILADORA
Tras el Golpe de 1955, se produjo la ocupación de los locales sindicales por los comandos civiles, represión y cárcel para numerosos delegados fabriles y activistas sindicales. Luego, del desplazamiento de Lonardi y al asumir a mediados de noviembre de 1955, Aramburu, lo hizo impulsando una política antiobrera. La ofensiva de los empresarios sobre la legislación social, hizo que las bases se organizaran fuera y dentro de los lugares de trabajo. Los objetivos era lograr el sometimiento de la fuerza de trabajo. La represión y hostigamiento hacía los trabajadores se dio con el objetivo de exigir aumento en la productividad, disciplina y racionalización. Militares y civiles justicialistas intentaron llevar adelante un alzamiento insurreccional. Tras el fracaso se desplegó una fuerte represión con la aplicación de la pena de muerte a varios militares, entre otros al General Juan José Valle y se produjo el fusilamiento de varios civiles, en lo que se conoció como los fusilamientos de los basurales de León Suárez. RUPTURA Y PLAN CONINTES
Asumido como presidente el Dr. Arturo Frondizi, la relación con los sindicatos comenzó con el cumplimiento de lo pactado antes de las elecciones, con la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales. La situación económica se agravó, la represión y la ocupación militar del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre, la denuncia de Perón del pacto con Frigerio, y la resistencia de amplios sectores obreros, hicieron que Frondizi se decidiera a reprimir a obreros y opositores. Los ferroviarios fueron movilizados militarmente, en 1958 y 1961. La conflictividad social hizo que el ejecutivo nacional sancionara la Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra, el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), y a partir de esa fecha los actos de terrorismo y similares serían sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares, y el Articulo 15, preveía la aplicación de la ley marcial, que implicaba previo juicio sumarísimo el fusilamiento de las personas halladas culpables de actos de terrorismo. El plan fue un acuerdo general de ministros, y nombraba como autoridades de ejecución a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y colocaba bajo su subordinación a las policías provinciales. Hubo más de 2000 detenidos, 500 condenados, y se registraron numerosos despidos gremiales. Se produjo además una purga de activistas de base y depuración de delegados de las fábricas, y comenzaron a circular las listas negras. El 23 de agosto de 1962, durante el gobierno de facto de José María Guido, fue secuestrado y luego desaparecido Felipe Vallese, un obrero metalúrgico y dirigente de la Juventud Peronista. Durante la cuarta etapa del Plan de Lucha de la CGT, durante la presidencia de Arturo Umberto Illia, la situación se agravó por las ocupaciones de fábricas y lugares de trabajo. El 27 de octubre, durante las manifestaciones que acompañaron a un paro general, la represión dejó como saldo tres muertos. DE PAMPILLÓN A LA MASACRE DE TRELEW
El 28 de junio de 1966, un movimiento integrado por empresarios, sindicalistas y la prensa, encabezado por el General Juan Carlos Onganía destituyó al presidente Arturo Illía. Le sucedieron los dictadores General Roberto Levingston y General Alejandro Agustín Lanusse, hasta el 25 de mayo de 1973, cuando asumió el gobierno popular del Doctor Héctor José Cámpora. Durante esos años fueron asesinados entre otros/as Santiago Pampillón, Hilda Guerrero de Molinas, Juan J. Cabral, Adolfo Bello, Luís Norberto Blanco, Máximo Menna. Las cárceles se llenaron de detenidos gremiales, políticos y estudiantiles. La Marina, en 1972, fusiloó en Trelew a Ana María Villareal de Santucho, Clarisa Rosa Lea Place, Susana G. Lesgart de Yofre, Mario Emilio Delfino,Carlos Alberto Astudillo, Eduardo Adolfo Capello, Carlos Alberto del Rey, José Ricardo Mena, Mariano Pujadas, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Tosch, Jorge Alejandro Ulla, Miguel Ángel Polpi, Rubén Pedro Bonet, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli. Mientras que quedaron heridos Alberto Miguel Camps, Ricardo Rene Haidar, María Antonia Berger, que integran la lista de los desaparecidos. LA TRIPLE A DE CACERÍA
Luego del 25 de mayo de 1973 toda la legislación represiva sancionada por el régimen militar fue derogada y disuelto el fuero antisubversivo. Pero esa primavera duró poco, y dio comienzo una escalada represiva, iniciándose con el envió del Poder Ejecutivo a las Cámaras del proyecto para reformar el Código Penal. La reforma fue considerada de la misma naturaleza que la legislación promulgada por el régimen militar que gobernó el país entre 1966-73. Perón advirtió que si la ley no era aprobada, se apelaría a las mismas armas que se buscaba combatir y el 23 de enero de 1974 declaró al diario La Nación Nosotros vamos a proceder de acuerdo a la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley, también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos a hacer, no tenga la menor duda. El Ministro de Bienestar Social, López Rega, aumentó su influencia, y actuaba como el gran inquisidor. La represión cayó sobre los sectores llamados de izquierda y rebeldes del movimiento peronista, más otros activistas de la clase obrera y la izquierda marxista. Fallecido el General Juan Domingo Perón, se tomaron distintas medidas represivas. En septiembre de 1974 se aprobó una ley que penaba la obstrucción al trabajo cuando el conflicto era declarado ilegal. De acuerdo a esa legislación, el Ministerio de Trabajo prohibió las huelgas por motivos salariales, los paros y ocupaciones de plantas. Se comenzó a intimidar, amenazar y suspender personerías gremiales con mayor frecuencia. En el mes de noviembre se implemento el estado de sitio en todo el país, y se encarceló a cientos de activistas gremiales, políticos, abogados laboralista, y estudiantes. Hasta ese momento la participación de las Fuerzas Armadas en forma abierta era evitada y la lucha era encabezada por grupos paramilitares ejecutores del trabajo sucio, a través de la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A. Pero al poco tiempo, el Ejecutivo Nacional, sancionó el Decreto N 261, en el que anunció oficialmente que había ordenado a las Fuerzas Armadas tomar intervención en la lucha antisubversiva, firmado por la presidenta María Estela de Perón, y los ministros Rocamora, Ivanissevic, Vignes, Savino, López Rega, Gómez Morales, Otero. En el Articulo Nº 1 se decía que El Comando General del Ejército procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos . Luego, se sancionó el decreto 2770 por el cual se creó el Consejo de Seguridad Interna, fijando sus atribuciones y el Consejo de Defensa. Ese decreto lleva la firma del presidente provisional Italo Luder y los ministros Arauz Castex, Vottero, Ruckauf, Emery, Cafiero y Robledo.
El hostigamiento y represión al movimiento obrero combativo venía intensificándose. En agosto de 1974 el Gobierno le retiró la personería gremial a la Federación Gráfica Bonaerense y en octubre fue detenido su secretario general Raimundo Ongaro. También en ese mes, el sindicato SMATA Córdoba, fue intervenido por la dirección nacional del gremio. La mayoría de sus dirigentes y activistas fueron encarcelados y muchos de ellos fueron asesinados durante la dictadura del 76, entre ellos su Secretario General, René Salamanca. En octubre de 1974 la policía allanó el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y detuvo a varios militantes sindicales. Su secretario general, Agustín Tosco, consiguió eludir la detención y pasó a la clandestinidad hasta su muerte, el 5 de noviembre de 1975. Ya instalada la Junta Militar, el secretario general adjunto del mismo sindicato, Tomás Di Toffino, fue secuestrado el 28 de noviembre de 1976 y fusilado en un campo militar en Córdoba el 28 de febrero de 1977 en una ceremonia militar presidida por el general Luciano Benjamín Menéndez. Atilio López, secretario general de la CGT de Córdoba y ex vicegobernador de la Provincia, fue asesinado en Buenos Aires el 16 de setiembre de 1974. Sólo en 1974 fueron asesinados por lo menos 25 activistas sindicales. El ataque en las grandes fábricas como Ford, Fiat, Mercedes Benz, Peugeot, Renault, Acindar, antes de la dictadura y durante ella se llevó a cabo en varios casos con la colaboración de las empresas y de algunos dirigentes sindicales. La represión a la clase obrera apareció con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975, en Villa Constitución, por parte de las fuerzas conjuntas reclutadas por la SIDE, que incluían a la Policía Federal, Provincial, Ejercito, Gendarmería, y grupos de choque entre los cuales iban armados los guardias pagados por las acerías de Martínez de Hoz, sumados a muchos miembros de la Triple A. Todos obedecieron las órdenes firmadas por Rocamora, Savino y López Rega, que eran claras: ahogar en sangre a los obreros y activistas del Cordón Industrial que se extendía desde San Nicolás a Puerto San Martín, centrándose principalmente en Villa Constitución. El saldo de la represión fue la detención de toda la Comisión Directiva de la UOM-Villa Constitución, y de militantes gremiales y políticos.
Pero, todo se había iniciado varios años antes. Valga como ejemplo lo acontecido en la Zona Norte del Gran Rosario, en esos años. En el primer semestre de 1973 fallecieron en circunstancias y accidentes muy sospechosas y poco claras dos Secretarios Generales de los gremios hegemónicos, el Sindicato Químico de San Lorenzo y el SOEPU, el "negro" Acevedo y Néstor Moglia y su esposa Betty. Ambos eran dirigentes combativos y fundadores de la Intersindical de San Lorenzo. Posteriormente, a fines de 1974, fue detenido por el Poder Ejecutivo Nacional, el Dr. Horacio Zamboni, asesor letrado de varios gremios de la zona. En la madrugada del 21 de septiembre de 1975, al pasar frente a la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán, fuerzas del ejército balearon el automóvil en que viajaba el petroquímico José Alberto Polenta, terminando con su vida. Despues del 76, desapareció el miembro de la Comisión Interna de Sulfacid, José Dalmacio la Chancha López. Además, Héctor Muller, militante de la misma fábrica, fue secuestrado, torturado salvajemente y asesinado. Parte de la CD del SOEPU, fue detenida y encarcelada durante un tiempo. Entre ellos su Secretario General, Ernesto Sosa, y los dirigentes Víctor Orellano, Juan Vennanzi, Juan Echenique, y Oscar Bianchi. En estos días, el Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia, junto a familiares y amigos de detenidos y desaparecidos del Cordón Industrial presentaron ante la justicia federal la causa por delitos de lesa humanidad del que fueran víctimas trabajadores de esa región. Las víctimas denunciadas son Hugo Parente, Roberto "Potongo" Camuglia, Rafael Carroza, Ramón Di Fiori, Carlos Kruppa, Lina Funes, Juan José Funes, Oscar Riquelme y Luis Lapissonde, quien es el único sobreviviente del grupo y cuyo testimonio es fundamental para probar la existencia del centro clandestino de detención en el Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán. Esto podemos multiplicarlo a lo largo y ancho del país. GENOCIDAS
El golpe militar del 24 de marzo de 1976, constituyó el momento culminante de un largo proceso histórico, en que militarismo y golpismo se conjugaron periódicamente, para negar todo tipo de democracia. Nunca como en el período 1976-83, se alcanzó lo que ahora conocemos como Terrorismo de Estado, nunca como entonces se llegó al nivel de exterminio de miles de hombres, mujeres y niños. La sociedad argentina se vio sometida por la dictadura militar, que llevó al paroxismo la persecución política, la cárcel, la tortura y la desaparición de personas. Las consecuencias fueron 30.000 desaparecidos, miles de muertos, torturados, secuestrados, robo de niños y todo el tipo de aberraciones. EN DEMOCRACIA TAMBIÉN SE MATA
Recuperada la democracia en 1983, muchos han sido los asesinatos de militantes del campo popular. Desde Víctor Choque en 1995 a Juan Carlos Erazo en 2008, y Teresa Rodríguez, los muertos de Jujuy y Corrientes. El 19 y 20 de diciembre de 2001 se produjo en el país el más trágico capítulo de represión estatal, violencia y muerte desde la restauración democrática. Treinta y cinco fueron los ciudadanos asesinados en todo el país. En la provincia de Santa Fe, el que dio carta blanca para la represión fue el gobernador Carlos Reutemann, y fueron siete las victimas: Graciela Machado, Graciela Acosta, Yanina García, Rubén Pereyra, Juan Delgado, Marcelo Pacini, Ricardo Villalba, Walter Campos y Pocho Lepratti. Con los años, se sumaron a esa larga lista Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Luis Cuéllar y Carlos Fuentealba. Debemos incorporar la desaparición de Julio López, y el asesinato de Silvia Suppo. Hace pocas semanas la burocracia de Pedraza, la patronal de Ugofe y la Policía Federal asesinaron al compañero del PO, Mariano Ferreyra. Poco después tuvo lugar la represión al pueblo originario qom en La Primavera, provincia de Formosa. Luego las ejecuciones en Soldati por la Policía Federal del Gobierno Nacional y la Metropolitana de Mauricio Macri.
Un informe reciente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), indica que la marcada desproporción (52 muertes en actos de protesta, sobre un total de 2826) pone en evidencia la prevalencia de la represión de tipo preventivo, que tiene por objeto controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase. Los números confirman que, en la Argentina democrática, una vez finalizado el trabajo encomendado a los militares de la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del nuevo sistema político. A partir de 1983, ya no se reprimiría tanto en forma abierta y selectiva, sino silenciosamente, con masividad y sin repercusión pública. Reemplazados los gobiernos militares por los gobiernos democráticos, cobró central importancia esta represión preventiva, cuyo objetivo es disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación. Así, los gobiernos que administran el estado argentino tratan de garantizar que Nunca Más el sistema de explotación capitalista sea cuestionado seriamente en el país. Además, debemos sumar las muertes de cientos de obreros en los accidentes de trabajo, por enfermedades laborales, y los niños y ancianos que mueren por día, por la pobreza, producto de las políticas económicas que se han venido aplicando. En este breve recuento faltan muchas victimas de la represión a la clase obrera y al pueblo, y de todos aquellos que han luchado y siguen luchando por cambios que nos lleven a una sociedad que merezca ser vivida, una sociedad sin explotadores ni explotados. Por todo esto es que aseguramos que la clase dominante de nuestro país tiene desde hace más de cien años sus manos manchadas de sangre. Leónidas F. Ceruti Historiador |
