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ONU: Duro informe por situación de indígenas en Argentina
Por ODHPI - Thursday, Dec. 29, 2011 at 3:47 PM

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denunció el incumplimiento de la legislación indígena, cuestionó las fumigaciones con agrotóxicos, los desmontes e instó al Estado frenar la violencia contra pueblos originarios.

El Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) cuestion al Estado argentino por los desalojos y la violencia contra comunidades indgenas, denunci la violacin de la Constitucin Nacional respecto de derechos territoriales y la Ley 26160 (suspensin de desalojos), llam la atencin respecto al avance minero sobre pueblos originarios y se mostr preocupado por el avance de los desmontes, la soja transgnica y los agrotxicos sobre territorios indgenas.

El Comit est preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indgenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias, denuncia el Comit de la ONU en su ltimo informe, presentado en la primera semana de diciembre. Tambin destaca que lamenta los defectos en procesos de consulta para con comunidades indgenas que, en algunos casos, llev a la explotacin de recursos naturales en los territorios indgenas.

El Comit DESC denunci que, en lo que respecta a territorios indgenas, en Argentina se registra la violacin de la Constitucin (artculo 75) y del Convenio 169 de la OIT. Reconoci preocupacin porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral de territorios comunitarios) no se aplica plenamente y asegura que existen demoras en la entrega de ttulos a las comunidades. El Comit insta al Estado que garantice la aplicacin plena y coordinada de la Ley, tanto a nivel federal y provincial, destaca.

El Comit est particularmente preocupado por las consecuencias negativas de la explotacin de litio en Salinas Grandes (provincias de Salta y Jujuy) sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indgenas, puntualiz en el punto IX del informe. Se refiere al reclamo de 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalacin de empresas en el ancestral lugar de trabajo y vida de los pueblos indgena.

Adems de la minera, el duro informe aborda otra industria extractiva. El Comit est preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas qumicos y siembra de soja transgnica en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades indgenas han afectado negativamente a estas comunidades, afirma y reconoce su preocupacin porque esas prcticas agrcolas dificultan a las comunidades indgenas mantener la agricultura tradicional, y como consecuencia resulta un importante obstculo para el acceso a una alimentacin segura, adecuada y accesible. Tambin cuestiona el aumento de los desmontes que ha forzado pueblos indgenas a dejar territorios. El Comit recomend al Estado que asegure la completa puesta en prctica de la Ley que Bosques.

Argentina es un alumno aplicado respecto al modelo de agronegocios. El monocultivo de soja abarca 19 millones de hectreas, el 56 por ciento de la superficie cultiva del pas. El ltimo ao se aplicaron 190 millones de litros del cuestionado agrotxico glifosato. En la actualidad, en Argentina se producen 100 millones de toneladas de granos. El Plan Estratgico Agroalimentario (PEA, del gobierno nacional), pretende aumentar un 60 por ciento (llegar a las 160 millones de toneladas) para 2020. Lo que implica, siempre segn el oficial PEA, avanzar sobre nueve millones de hectreas (pasar de las actuales 33 millones a 42 millones). Avanzarn sobre territorios campesinos e indgenas.

El 16 de noviembre pasado, en Santiago del Estero, asesinaron al campesino Cristian Ferreyra, de 23 aos, por resistir el avance empresario sobre territorio ancestral. Fue el corolario de represiones denunciadas por Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Va Campesina), donde militaba Ferreyra. En Argentina hubo cuatro asesinatos de campesinos e indgenas en slo dos aos (el diaguita Javier Chocobar en Tucumn, Sandra Ely Jurez en Santiago y el qom Roberto Lpez en Formosa).

El 2 de diciembre fueron presentadas en Ginebra (Suiza) las recomendaciones ante la ONU. El Comit est preocupado sobre casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes pblicos o privados, han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en actividades de defensa de los derechos econmicos, sociales y culturales, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra, sentencia.

El Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (DESC) es el rgano de expertos independientes que supervisa la aplicacin del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales. El Comit comenz a funcionar en 1985 y depende del Consejo Econmico y Social de Naciones Unidas. Los estados deben presentar al Comit informes peridicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. El Comit examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones a los estados. Adems de la realidad rural, aborda las polticas pblicas respecto a hbitat, condiciones de trabajo, mortandad materna y embarazo adolescente, e igualdad de gnero, entre otros aspectos.

El informe rescat como hechos positivos la sancin de la leyes nacionales de Migracin (25871, en 2004), de Educacin Nacional (26075, en 2006, que asigna el seis por ciento del PBI a educacin), de Salud Mental (26657, en 2010), de Matrimonio Igualitario (26618, en 2010), de Glaciares (26639, tambin en 2010).

El anterior informe del Comit haba sido en 1999. El prximo ser en 2016.

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