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¿Existen bandas "paraestatales" en el Chaco?
Por Fuente: Brian Pellegrini - Chaco dia por dia -
Monday, Jan. 16, 2012 at 6:26 PM
El intento de desalojo forzoso de familias mocovíes por parte de una empresa privada debería generar el repudio unánime de toda la sociedad chaqueña y de todo el arco político. Las razones de los pobres siguen siendo “campanas de palo” para algunos.
En los últimos días, tomamos conocimiento que los representantes de la empresa privada Bajo Hondo Agro S.A., acompañados por personas armadas, intentaron desalojar por la fuerza a una comunidad originaria de sus territorios, a menos de 60 kilómetros de Pampa del Infierno. En diciembre, los custodios privados del mismo predio amenazaron con armas de fuego a un funcionario del gobierno provincial quién junto a dos vocales del Instituto del Aborigen Chaqueño intentaban tomar contacto con los indígenas que habitan esas tierras comunitarias.
Se oyeron pocas voces casi ninguna- repudiando esta situación, muchas menos que las consternadas por el supuesto uso irregular del avión oficial por parte del gobernador Jorge Capitanich. Claro está, colgarse de esa desprolijidad en el ejercicio de la función pública de un gobernador identificado con el kirchnerismo garantiza mayor centimil y exposición en medios porteños que repudiar el avasallamiento de derechos indígenas consagrados por la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y tratados internacionales a los cuales se encuentra adherido nuestro país. Defender a los pueblos indígenas no vende en Clarín y La Nación. En estos casos, el silencio y la omisión se ubican demasiado cerca de la complicidad con la ampliación de la frontera agropecuaria que impone la naturaleza del actual modelo productivo extractivista- a costa del desarraigo de miles de campesinos indígenas y criollos de sus tierras.
Todo el arco político debería expresarse manifestando repudio al atropello y a la violencia perpetrada por milicias privadas en el Chaco, con la misma espontaneidad con que se repudian las usurpaciones de campos de productores por parte de campesinos e indígenas pobres que sólo reclaman tierras para producir. Para estos casos sería necesario apelar a los "consensos" que tantos dirigentes de distintos partidos pregonan en el vacío para solidarizarse con los "propietarios" y casi nunca con los que nada tienen.
No es novedad la existencia de verdaderas bandas dedicadas a engañar y expulsar a las comunidades originarias y a los campesinos pobres de sus tierras que involucran a empresarios y a empleados y funcionarios corruptos del Instituto de Colonización y otras áreas del gobierno provincial y los municipios. Pero que también alcanza a profesionales que dan fe para perpetrar las violaciones a los derechos y a las leyes vigentes.
Se repiten en estos casos los nombres de escribanos, abogados y contadores que casi nunca dan cuenta de sus actos. En el caso de Pampa del Infierno, una de las escribanas vinculada con la firma privada sería Roxana Andión, hija del intendente de esa localidad Carlos Andión, quién asumió hace pocas semanas en medio de un escándalo político de proporciones.
La condena a exfuncionarios del Instituto de Colonización de la gestión rozista por corrupción debería ser el punto de partida de un amplio accionar judicial tendiente a investigar el modo de funcionamiento de estas bandas que ahora también, como en Formosa o Santiago del Estero, se arrogan el ejercicio de la fuerza y la violencia paraestatal para imponer sus intereses espurios, cuando no encuentran funcionarios judiciales y policiales permeables a sus exigencias, como demostraron en esta oportunidad la rápida intervención de la fiscal de Sáenz Peña, Liliana Lupi, y el expeditivo accionar de la Policía Rural de Pampa del Infierno a cargo del subcomisario Romero.
Por Brian Pellegrini
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