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PRÓXIMOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS EN LA PLATA
Por Hijos La Plata - Sunday, Mar. 03, 2013 at 8:57 PM
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Un análisis de los próximos juicios a los genocidas en La Plata.

PRÓXIMOS JUICIOS A ...
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PRXIMOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS EN LA PLATA

MS FRAGMENTACIN, PRFUGOS Y DEMORAS


El ao 2013 nos encuentra en La Plata con 5 causas elevadas a juicio oral, a saber: hechos parciales por los CCD La Cacha y Pozo de Banfield, los crmenes cometidos contra los hermanos Iaccarino y los militantes Bettini y Bearze, y la apropiacin de Elena Gallinari Abinet.

Tanto las causas Cacha, como Iacarrino y Gallinari-Abinet seran llevadas a juicio este ao por el TOF N1, presidido por Carlos Rozanski e integrado por los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega, que en diciembre de 2012 fueron designados en el tribunal ante el apartamiento de Falcone y Portela. Se estima que las causas por el secuestro de los hermanos Iaccarino y por la apropiacin de Gallinari comenzaran luego de marzo, mientras que el proceso por La Cacha comenzara antes de la feria judicial de julio.
Tras llegar tardamente a la instancia de juicio oral, todas estas causas dejan a muchas vctimas y represores en el camino, y confirman la propuesta de justicia a cuentagotas que realiza el Estado.

LOS HERMANOS IACCARINO

La causa N 3361/12, "Iaccarino, Rodolfo Jos y otros s/averiguacin apropiacin de bienes" investiga el secuestro, tortura y robo de bienes a los hermanos Iaccarino. La investigacin fue elevada a juicio en marzo de 2012 e incluye acusacin contra Bruno Trevisn y Jorge Rmulo Ferranti, ex jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lans.
Las vctimas, los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo se dedicaban a la actividad empresarial en los rubros de la carne, la construccin, bancos y cooperativas. Durante su cautiverio, que comenz en Santiago del Estero en noviembre del 76, fueron obligados a desprenderse de las empresas, campos y un avin. Para la venta forzosa fueron llevados a la Brigada de Lans (CCD conocido como El Infierno) en octubre del 77, a pesar de que desde mayo de ese ao haban sido "legalizados" en la Unidad 9 de La Plata. Fueron liberados en septiembre del 78, luego de que su padre firm la cesin de los bienes.
Tras realizar durante 30 aos varias denuncias por la multiplicidad de hechos de que fueron vctimas, los hermanos recibieron amenazas. El mayor de ellos, Rodolfo, muri en julio de 2009 de una complicacin cardaca, luego de haber recibido un mes atrs una amenaza en persona de un hombre que le dijo en una plaza platense El caso Julio Lopez va a ser un poroto al lado del caso Iaccarino. El hecho est denunciado en otra causa del juzgado N3 de La Plata.

El expediente se inici como causa N 2384 en 2005. En sus testimonios en Juicio por la Verdad y en el juicio a Von Wernich los hermanos sealaron que Alejandro pas por 14 CCD entre Santiago del Estero y la U9, reconocieron a una decena de torturadores del COT 1 de Martnez y de la Brigada de Lans, y afirmaron la presencia de funcionarios judiciales que en un lugar de detencin clandestina convalidaron el robo de los bienes. Pero la justicia slo llevar a juicio a los mximos jefes del CCD El Infierno. Un primer desguace.

LA LUCHA DE ELENA

La causa "Madrid, Elichart y Kirilosky juzgar la retencin y ocultamiento de menor, supresin y suposicin de estado civil y falsedad ideolgica de documento pblico en el caso de Elena Gallinari Abinet. Nacida en 1976 durante el cautiverio de su mam, Mara Leonor, e inscripta como hija propia por el represor Domingo Madrid, Elena recuper a su familia en el 87 y su identidad en el 94. Durante 11 aos, desde su nacimiento en 1976, vivi con el subcomisario de la Bonaerense Domingo Luis Madrid y su esposa, Mara Mercedes Elichart, quienes con la complicidad de la mdica platense Silvia Kirilovski la anotaron como su hija biolgica. Pero la joven fue recuperada por su abuela Leonor Alonso, que inici una causa que la justicia termino considerando prescripta y absolvi a los imputados. Pero Elena no estuvo conforme, y en abril de 2007 se present ante la justicia e inici la causa judicial que este ao llegar a juicio.
La madre de Elena, Mara Leonor Abinet, era una docente, militante gremial e integrante de Montoneros de la zona norte del Conurbano. Fue secuestrada el 16 de septiembre de 1976, embarazada de siete meses. Su padre, Miguel ngel Gallinari, fue un obrero metalrgico, delegado gremial y militante montonero secuestrado en junio del 76. Miguel logr escapar cuando era trasladado a Campo de Mayo, pero un mes despus fue recapturado y an permanece desaparecido. Elena naci en cautiverio y fue entregada a Madrid por otro genocida de la Bonaerense que no ser juzgado. Y el CCD en el que su madre la di a luz no ha sido nunca investigado, con la excusa de que no hay sobrevivientes con los que Mara Leonor haya compartido su detencin.

CAUSA LA CACHA

El proceso ms grande a enjuiciarse prximamente en La Plata es la investigacin por hechos del CCD La Cacha, uno de los ms sofisticados de la dictadura en trminos de coordinacin entre los servicios de inteligencia de las fuerzas represivas. Tras varias idas y vueltas del juez Blanco en la instruccin de la causa el juicio finalmente incluir a slo 16 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. A continuacin los detalles de una causa que tiene de todo: fragmentacin de casos, genocidas muertos impunes, exonerados y prfugos.

El CCD La Cacha fue creado en el marco de una etapa definida del plan sistemtico de represin ilegal diseado por la junta militar y respondi a la necesidad de obtener informacin precisa para desmantelar los ltimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcion entre mediados del 76 y fines del 78 en las afueras de La Plata y fue uno de los centros clandestinos de detencin ms sofisticados de la dictadura. Segn los relatos de algunos sobrevivientes como Ricardo Victorino Molina el nombre La Cacha estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira Hijitus, del dibujante Garca Ferr, que en un cnico paralelo elaborado por los represores haca desaparecer gente.

Situado en la localidad de Lisandro Olmos, el CCD funcionaba en la antigua planta transmisora de Radio Provincia entre las calles 197, avenida 53, Ruta Provincial n 36 y la calle 47 y cerca de las vas del ferrocarril Belgrano. se encontraba emplazado a 50 metros de lo que hoy es la entrada principal de la ex Unidad Penitenciaria n 8 y a unos 100 metros del muro de la Unidad Penitenciaria n 1 . Al predio se ingresaba por un camino de tierra corto que daba a una zona semi-deshabitada. El centro clandestino estaba compuesto por tres espacios diferenciados: un edificio principal de tres niveles, en donde se alojaba a los detenidos, otra edificacin lindera a la anterior, denominada "la casita", que serva como sala de torturas, y una especie de casa rodante, adyacente a los otros dos edificios, a la que algunos ex detenidos-desparecidos fueron conducidos para sostener entrevistas con sus captores. Asimismo, algunos liberados mencionan haberse enterado durante su cautiverio de la existencia de otro centro de detencin llamado cachavacha superstar o casita azul, en la que los prisioneros habran tenido un rgimen de permanencia distinto, sin tabicamiento y con la posibilidad de desplazarse por el interior del lugar.

La instruccin de la causa Cacha en el Juzgado Federal de 1 Instancia de La Plata, a cargo del juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter, confirm durante 10 aos el extendido criterio de la justicia de fragmentar y estirar los procesos que tanta lucha cost para que fueran agrupados como unidad de hechos en un CCD. Desde hace casi 30 aos, la misma justicia dispone de la declaracin conjunta que parte de los sobrevivientes de este CCD hicieron ante la Comisin Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo (conocido como Clamor). En 1983 y ante ese organismo los sobrevivientes detallaron un croquis y una descripcin de las instalaciones de La Cacha con su distribucin interna y una lista con los apodos de los represores y la pertenencia a cada arma o dependencia que intervena.

Anuladas las leyes de impunidad en 2003, reabierta como Causa N 16.419 Dr. Felix Pablo Crous s/ denuncia (La Cacha-L.Olmos) y radicada en el Tribunal N1 de Blanco y Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Federal Sergio Franco hizo una ampliacin del requerimiento basada en un informe de la Secretara de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires donde tres denunciantes annimos y ex penitenciarios sealaron a sus colegas por participar en el CCD. Cotejados los legajos penitenciarios del 76/83, se cit a indagatoria al Oso Acua, a Osvaldo Uset (a) el negro, a Vctor Irineo Garay (a) pjaro loco y a Domingo Mac Tier (a) Mister Y o Mister X.

Pero recin en diciembre de 2009 la fiscala hizo una descripcin de los hechos y solicit la detencin de una veintena de imputados. Se comenz entonces a imponer la divisin de la instruccin, contemplando slo hechos perpetrados a lo largo del ao 1977 y por slo una porcin de imputados, porque la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad habran aconsejado ir por partes.

Para mostrar cierta movilidad en la causa, en 2010 Blanco solicit que el Poder Ejecutivo Nacional levante el secreto que protega a la informacin de Inteligencia, y se imput a 12 agentes del Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 101. Y aqu comenzaron nuevas defecciones del Juez: Las primeras detenciones, sobre 17 represores, se hicieron entre febrero y marzo de 2010. Luego, en abril de 2010, se suspendi el proceso contra Cesar Emilio Branne, por padecer sndrome de Corea Huntington o Mal de San Vito. Branne, que estaba con domiciliaria, qued libre. En agosto de 2010 se proces y detuvo a Rufino Batalla. En septiembre de 2010 se proces a Juan Carlos Negri, Enrique Cicciari e Isaac Miranda. En diciembre de 2010 se le dict la falta de mrito a Cicciari luego de indagarlo y, nico imputado del Regimiento 7, qued libre. En octubre de 2011, se constat el fallecimiento de Negri. Y para confirmar la costumbre judicial de llegar tarde buscar a los represores, entre febrero y marzo de 2010 se determin como prfugos a 3 imputados en la causa con rdenes de captura: Ricardo Luis Von Kyaw (en Paraguay), Teodoro Anbal Gauto (en Israel) y Miguel Angel Amigo. Amigo fue recapturado en diciembre de 2012 y se espera la resolucin sobre si ser o no parte del juicio.

La siguiente defeccin fue en marzo de 2012, cuando Blanco clausur la instruccin y elev la causa a juicio, incluyendo a slo 17 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. El juez fragment la causa argumentando que a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separacin de causas y gener un nuevo expediente para proseguir con la investigacin de los restantes delitos donde ubic a los genocidas prfugos y los casos de los compaeros que no tuvo en cuenta en esta etapa.

Las imputaciones definitivas recayeron entonces sobre 2 responsables del mando poltico (el gobernador militar, General Ibrico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Alejandro Arias Duval), 2 penitenciarios (el Oso Acua y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg). Un total de 18 genocidas para uno de los campos ms grandes de la zona represiva de La Plata. Pero el cuento no termin all, ya que entre mayo y septiembre de 2012 murieron impunes, gracias a la demora judicial, el coronel Arias Duval y el general Saint Jean mientras se realizaba el juicio Circuito Camps. Arias Duval era el nico imputado en Cacha acusado por los homicidios y apropiaciones de nios, adems de los secuestros y torturas, de manera que con su muerte quedan impunes cientos de delitos, pero principalmente escapa a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en dictadura en La Plata. Los nombres de ambos decesos pasaron a integrar la irreversible cifra de 320 represores muertos impunes desde la cada de las leyes de impunidad, 8 de ellos imputados en causa Cacha.

Quizs por su doble rol como juez electoral y penal federal, Blanco estuvo muy ocupado en intrngulis narco-electorales como para dedicarse de lleno a una causa como la de La Cacha, que hace 10 aos est en sus manos. Pero lo de su secretaria Ana Cotter es fuera de serie. Cuando elevaron a juicio la causa fragmentada, Justicia Ya se opuso por no estar completa la instruccin y contest a la elevacin en subsidio. En ese momento, Cotter prometi fervorosamente que iba a trabajar sobre lo que quedaba del ao 77 y todo el ao 78 para elevarla y que se juntara con lo ya elevado hace un ao. Ahora, en una entrevista con Justicia Ya en febrero de 2013 la Sra. secretaria aclar que no tuvo ni tiene tiempo de hacerlo y que no lo va a hacer porque se est ocupando de otra cosa; que de todas formas debera volver a tomar testimonios para que los sobrevivientes reconozcan a los represores; que sin reconocimiento, incluso dijo que al menos dos, ella no eleva nada; y que quizs investigara si los organismos querellantes le hacemos el trabajo.

Con estas posiciones no slo se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina ms grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinacin represiva entre los grupos de tareas de polica, penitenciarios, de la Armada y del Ejrcito. Tambin se retrocede a criterios ya superados como que la medida de prueba para imputar a reconocidos represores sea exclusivamente un reconocimiento fotogrfico a 37 aos de los hechos y haciendo recaer la responsabilidad del avance de la causa nuevamente en la vctimas.

La sana crtica racional o la ntima conviccin del juez Blanco y su secretaria Cotter dejan paso a las contradicciones de un tribunal que, en distintas resoluciones de la instruccin, afirma por un lado que el reconocimiento fotogrfico ha resultado de mucha importancia en causas como la presente, a la vez que define por otra parte que el tabicamiento de las vctimas fue un mecanismo efectivo para evitar que los responsables fueran individualizados.

Por ltimo, se sabe que tanto la Fiscala Federal de La Plata, las querellas de la Secretara de Derechos Humanos de Nacin y del embajador argentino en Espaa Carlos Bettini y su familia, pretenden que la causa N29 por el asesinato en noviembre del 76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi sean juzgados junto al expediente por La Cacha. En febrero de 2013 el juez Arnaldo 2.040 Corazza cerr la instruccin de esa causa en relacin a los genocidas imputados Etchecoltaz, Smart, Eduardo Gargano, Horacio Lujan y Julio Csar Garachico, y decidi fragmentar la causa para continuarla en otras actuaciones respecto a los represores Juan Mara Torino y Norman Alfredo Miniot. Ms fragmentacin.


CAUSA POZO DE BANFIELD

En otra obra maestra de la desidia judicial, en abril de 2012 el hoy renunciado juez Corazza decidi elevar a juicio oral la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD conocido como Pozo de Banfield. La tarea del juez se limit a declarar clausurada la pobrsima instruccin que, pese al importante aporte de prueba que los organismos de DDHH realizaron, lo llev a imputar a slo 7 represores por este campo. Uno de ellos y jefe del CCD, Juan Miguel Wolk, est prfugo. El resto de los genocidas que actuaron en el lugar, como se acostumbra, quedar para inciertos prximos juicios.

Ubicado en la interseccin de las calles Siciliano y Vernet en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, el Pozo funcion como centro clandestino de detencin entre los aos 1974 y 1978 en lo que era la Brigada de Investigaciones de Banfield.
Por este CCD pasaron alrededor de 292 detenidos, y una de sus caractersticas especficas fue su papel relevante en el circuito de centros clandestinos que funcion como apoyo para el llamado Plan Cndor, la coordinacin represiva entre las dictaduras del Cono Sur parcialmente probada en el juicio que en marzo de 2011 conden a slo 4 genocidas por los casos de 65 compaeros que pasaron por el CCD Automotores Orletti, y que en el caso de Banfield aloj a parte del grupo de uruguayos militantes del MLN-AMS-GAU secuestrados entre diciembre del 77 y mayo del 78. Otra marca distintiva del Pozo de Banfield fue el gran nmero de embarazadas vistas all y la cantidad de partos que se produjeron en ese lugar. Los casos de Adriana Calvo, que dio a luz en el auto que la trasladaba de Comisara 5ta de La Plata a Banfield; el de Silvia Isabella Valenzi llevada del Pozo de Quilmes a parir al Hospital Iriarte de Quilmes, alojada en Banfield y apropiada su hija; y el de Stella Maris Montesano que dio a luz a su hijo Martn en una celda del CCD y desaparecida igual que su esposo Jorge Ogando; son slo algunos de los que dan cuenta de la maternidad clandestina funcionaba en este CCD.

Iniciada en febrero de 2006 a raz de una denuncia presentada por H.I.J.O.S. regional Capital, la causa N 26 Pozo de Banfield tuvo un tortuoso derrotero. En 2008, los organismos querellantes pidieron la imputacin de cerca de 200 represores en la causa, por todos los compaeros que pasaron por el campo. En 2010 Corazza decidi procesar, a instancias del requerimiento fiscal, a 6 genocidas (4 de ellos ya procesados en otras causas y pertenecientes a la cadena de mandos), e imput como procesados nuevos al comisario Miguel Wolk y a Ral Carlos Rodriguez. En septiembre de 2011 los roganismos reiteraron infructuosamente el pedido. Finalmente, el 23 de marzo de 2012, Justicia Ya! La Plata present una queja por retardo de justicia en las causas que instruye Corazza. El 24 de abril de 2012 el juez se despach con varios no ha lugar por pedidos de oposicin a la elevacin a juicio de la causa en estas condiciones, de paso declar la prescripcin de la accin penal sobre el genocida Ignacio Oscar Garca en virtud del fallecimiento del mismo, y elev la actuacin a juicio.

No tengo personal, estoy con otra causa, estoy cansado y nervioso, no soy Superman y a este paso vamos a terminar las causas en el 2.040 fueron las excusas que varias veces dio Corazza a los organismos querellantes con cnica elocuencia.
En resumen sern 7 los represores llevados a juicio en esta causa: Rodolfo Anbal Campos (Sub-Jefe de Polica Bonaerense de diciembre de 1977 a marzo de 1979), Ibrico Saint Jean (militar, gobernador de facto de la provincia), Miguel Etchecolatz (Director General de Investigaciones), Juan Miguel Wolk (Comisario y Jefe del CCD), Ral Carlos Rodrguez (Subdirector de Investigaciones, segundo de Wolk), Jaime Smart (Ministro del gobierno defacto de la Provincia), y Jorge Antonio Bergs (mdico policial). De todos ellos, slo 3 son especficos de este CCD (Bergs, Wolk y Rodriguez), los otros son imputados por cadena de mandos. Las vctimas incluidas son 134.
En diciembre de 2012, en inusitado rapto de lucidez, Superman Corazza decidi procesar en una causa residual de este CCD a 15 represores ms, que en su mayora estn requeridos en causa Cacha y son integrantes de la inteligencia militar. Eso s, Corazza les otorg automticamente la prisin preventiva domiciliaria. Difcilmente integren el juicio por el CCD Banfield elevado en Causa N26, aunque con la justicia federal nunca se sabe.

Prrafo aparte merece la imputacin de Wolk, alias El Patn, El Alemn o El Nazi, ya que por lo menos entre 1976 y 1979 actu en prcticamente todas las divisiones policiales que funcionaron con sede en el edificio del Pozo de Banfield: Jefe de la Divisin Delitos contra la Propiedad, Director de la Direccin de Investigaciones y de la Direccin de Seguridad, Zona Metropolitana. Fue adems Subdirector y Jefe de Plana Mayor de la Direccin General de Investigaciones y pas brevemente por la Unidad Regional de Tigre. Adems porque durante aos la justicia lo daba por muerto. Slo ante la denuncia de una compaera ex detenida que determin que segua cobrando su jubilacin y que viva en Mar Del Plata, se lo pudo imputar en la causa. Pero no fue Corazza el que lo ubic, sino el periodista Roberto Garrone, quin lo busc para entrevistarlo y hace 3 aos lo encontr en su chalet de Benedetto Crocce 3045 del barrio Punta Mogotes.
Puesto en evidencia, Corazza lo mand a indagar, pero lo hizo sin avisar a las querellas y liber con domiciliaria al genocida por las famosas razones de edad y salud. Casi como un final previsible ante tanta inoperancia judicial, el 10 de Abril de 2012 la Corte Suprema de Justicia confirm el rechazo de la prisin domicilia de Wolk, cosa que public en su sitio oficial de Internet en la misma fecha. La causa lleg a la Cmara de Apelaciones de La Plata el 27 de abril y recin el 4 de mayo el Juez Cansado Corazza orden su detencin. Pero WolK ya no estaba. Su abogado comunic el 3 de mayo que la hija de Wolk, Mnica Lujn, de 51 aos y teniente de la Polica Bonaerense, denunci su desaparicin en la Comisara 5ta de Mar del Plata el mismo 27 de abril de 2012. Wolk, junto a cerca de 70 genocidas ms en todo el pas, est prfugo con evidente complicidad de la Justicia que les da la oportunidad de fugarse. Por este hecho Abuelas de Plaza de Mayo pidi el juicio poltico a Corazza, que anticipando un oscuro horizonte public su renuncia en las redes sociales en enero de 2013, y que an debe ser resuelta por la Cmara Federal de La Plata.

A 37 aos del golpe genocida, la justicia platense evade la memoria de las vctimas y de sus familiares que esperan reparacin. La justicia hace silencio frente a las denuncias y los reclamos de los organismos de Derechos Humanos, a los que les pide que, como siempre, terminen haciendo el grueso del trabajo investigativo. Los jueces Blanco y Corazza evaden su responsabilidad de investigar y, en definitiva, revelan a la sociedad toda qu calidad de funcionarios judiciales tienen los tribunales Federales de La Plata donde, a 10 aos de anuladas las leyes de impunidad, slo se ha condenado a 44 genocidas de la ltima dictadura, y donde slo tienen procesados a otros 80 para entretenernos los prximos 10 aos con una farsa de justicia.

HIJOS LA PLATA

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