Una mujer de 25 años muere en Berazategui, luego de realizar maniobras abortivas utilizando algunas pastillas e inyecciones intramusculares e intravaginales. En La Plata otra joven mujer muere, dos días después, de haberse realizado un aborto clandestino en una casa particular.

Las internaciones en hospitales públicos por la interrupción de embarazos crecieron un 46% en los últimos años. Para los médicos es imposible establecer si estos abortos son espontáneos o provocados porque las mujeres, por miedo, no reconocen si se realizaron maniobras abortivas. La mayoría de las mujeres que llegan a las guardias hospitalarias con sus úteros perforados o con avanzadas infecciones son mujeres de escasos recursos. Las mujeres con mayores recursos económicos, pueden acceder a abortos clandestinos, con profesionales idóneos y en excelentes condiciones de higiene y cuidado.

Según la médica en Salud Pública Mabel Bianco: “el 35,3% de las muertes maternas en adolescentes es producto de embarazos terminados en abortos. Y lo más grave es que en el año 2000 hubo muerte materna en menores de 15 años, por primera vez en el país”. El Ministerio de Salud de la Nación maneja algunas estadísticas: las internaciones en hospitales públicos, a causa de complicaciones debidas al aborto, aumentaron de 48.000 en 1995 hasta 78.000 en el año 2000. El 40% de estas internaciones correspondería a menores de 18 años.

En la Argentina los abortos son la primera causa de mortalidad materna. Por cada dos partos se realiza un aborto clandestino. Lo que da una cifra de 1.000 abortos diarios y unos 400.000 al año.

El 30 de octubre de 2002, se sanciona la Ley N° 25.673, que crea el Programa de Salud Sexual y procreación Responsable. Sus objetivos:

a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia. b) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil. c) Prevenir embarazos no deseados. d) Promover la salud sexual de los adolescentes. e) Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de vih/sida y patologías genital y mamarias. f) Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable. g) Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.

En el Articulo 6°, de la ley menciona, que luego de realizarse estudios previos, se prescribirá y suministraran los métodos y elementos anticonceptivos.

Aunque la realidad es otra, en las zonas del cono urbano bonaerense, las mujeres esperan durante meses ser atendidas. Esto siempre y cuando puedan acceder a los hospitales, porque en su gran mayoría, no pueden costearse el transporte para llegar a los centros asistenciales. Y cuando por fin acceden a la consulta, en muchos casos, no hay stock del método anticonceptivos prescripto. Hay mujeres que hace casi dos años, que esperan un DIU. Y esto sucede sólo en la provincia de Buenos Aires, a uno pocos kilómetros del Ministerio de Salud de la Nación. En el interior del país, la realidad es mucho más dura. En la provincia de San Juan suspendieron, si explicación alguna, el “Plan Mujer” que proveía de educación y anticonceptivos a mujeres de bajos recursos.

Los programas nacionales de prevención de embarazos no deseados, no llegan apropiadamente. La penalización del aborto clandestino, no impide que estos se realicen. Y lo convierte en un negocio lucrativo para algunos y la muerte para muchas mujeres, en su mayoría: jóvenes y pobres. En un país donde las necesidades básicas de más del 50% de la población, están insatisfechas. El aborto es un debate pendiente, que debería estar despojado de hipocresía y religión.

Más Información:
Las victimas nuestras de cada día + Romina Tejerina + Ni una muerta más

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