Una investigación interna de la Justicia de Chubut confirmó que la policía y el propio sistema judicial viola deliberadamente los derechos humanos y discrimina a un sector específico del pueblo: pequeños productores y comunidades originarias. A pesar de las pruebas, casi la totalidad de los acusados sigue impartiendo “justicia”. El informe, aunque público, tuvo nula difusión.

Por primera vez, un fiscal de Chubut investigó el accionar de sus pares y comprobó la violación de los derechos humanos y la discriminación explícita por parte de la policía y parte del sistema judicial sobre los pequeños propietarios y los pobladores originarios. "El accionar (del Poder Judicial y la Policía) refuerza la creencia de que la Justicia es sólo para los ricos y poderosos, y que para los demás sólo existe la injusticia", denuncia la investigación encabezada por el fiscal Rafael Lucchelli. A pesar de las pruebas recolectadas en el trabajo, casi la totalidad de las personas vinculadas a las violaciones de los derechos humanos, tanto del sistema judicial como de la policía provincial, continúan aún hoy en funciones. El trabajo nació con una denuncia de la organización social Regional Humanista Latinoamericana y fue tomada por el Procurador General de Chubut, Eduardo Samamé, el jefe de los fiscales de toda la provincia y quien ordenó el trabajo. Los abogados de las víctimas afirman que Samamé cajoneó el informe y lo acusan de no avanzar sobre los funcionarios cuestionados.

Hombres que se enfrentan al poder local y aparecen ahorcados en comisarías, pequeños propietarios de codiciadas tierras que son desaparecidos para que sus pocas hectáreas queden en manos de grandes terratenientes y violentos desalojos a familias mapuche ordenados por particulares con mano de obra policial. Son algunos de los casos investigados por el fiscal de Puerto Madryn Rafael Lucchelli y sus colaboradores Miguel Santos y Rodrigo Freire Méndez. Las conclusiones, según todos los abogados que trabajan con pueblos originarios, son tan duras como inusuales. Por eso, explican, su nula difusión en Chubut.

"Se ha utilizado el aparato punitivo del Estado en su concepción más retrógrada e irracional, en contra de un sector social que por razones históricas se encuentra en la actualidad en un particular estado de vulnerabilidad", afirma el escrito que la Procuración General de Chubut posee desde diciembre del año pasado.

El fiscal Lucchelli explicó que su trabajo "probó que el Estado argentino, a través de diversas instituciones, convalidó y/o ejecutó la violación de los derechos humanos. En el caso de los indígenas, las violaciones son aún más notorias". En un breve dialogo, aseguró desconocer la situación actual de las causas y se excusó de evaluar el trabajo post investigación, que le corresponde a su jefe Samamé, quien no aceptó hablar del tema. [Leer artículo completo]

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