Una investigación interna de la Justicia de Chubut confirmó que la policía y el propio sistema judicial viola deliberadamente los derechos humanos y discrimina a un sector específico del pueblo: pequeños productores y comunidades originarias. A pesar de las pruebas, casi la totalidad de los acusados sigue impartiendo “justicia”. El informe, aunque público, tuvo nula difusión.

Por primera vez, un fiscal de Chubut investigó el accionar de sus pares y comprobó la violación de los derechos humanos y la discriminación explícita por parte de la policía y parte del sistema judicial sobre los pequeños propietarios y los pobladores originarios. "El accionar (del Poder Judicial y la Policía) refuerza la creencia de que la Justicia es sólo para los ricos y poderosos, y que para los demás sólo existe la injusticia", denuncia la investigación encabezada por el fiscal Rafael Lucchelli. A pesar de las pruebas recolectadas en el trabajo, casi la totalidad de las personas vinculadas a las violaciones de los derechos humanos, tanto del sistema judicial como de la policía provincial, continúan aún hoy en funciones. El trabajo nació con una denuncia de la organización social Regional Humanista Latinoamericana y fue tomada por el Procurador General de Chubut, Eduardo Samamé, el jefe de los fiscales de toda la provincia y quien ordenó el trabajo. Los abogados de las víctimas afirman que Samamé cajoneó el informe y lo acusan de no avanzar sobre los funcionarios cuestionados. [Continúa en la Sección Pueblos Originarios]