El sábado pasado, la Gendarmería, Policía Federal y local reprimieron brutalmente y torturaron- en la mismísima provincia natal del presidente de la nación- a personas que estaban cortando la ruta 3 y a quienes estaban tomando la playa de tanques de la petrolera Termap en reclamo de trabajo genuino y de libertad para las presas y presos políticos de principios de septiembre.

Hubo 38 personas que fueron detenidas y todavía quedan 4 tras las rejas: Miguel Ferreira, Roberto Rojas y Eliana Núñez y una persona de apellido Cooper. En 10 días se resolverá su situación. Aunque sean liberados por falta de méritos quedarían encausados. La represión imitó los métodos del terrorismo de estado más brutal. Encapucharon a manifestantes detenidos para propinarles golpizas con palos, patadas y puñetazos, quedo gente fracturada y con el rostro desfigurado, hubo intentos de violación y “submarino seco”. La única respuesta oficial, por parte del gobernador kirchnerista Sergio Acevedo, fue negar lo sucedido, afirmando que había una “intencionalidad política que pretenden transformar a Santa Cruz en un lugar de conflicto permanente y de alteración de la tranquilidad pública", para luego formular la tibia promesa de “investigar lo sucedido para constatar que su actividad se produjo dentro del estricto cumplimiento de la ley y de las órdenes recibidas de los funcionarios judiciales que la impartieron".

Desde el 3 de septiembre 6 personas están con prisión preventiva por la misma lucha. En esta población de 40 mil habitantes, más de 200 (alrededor de un 0,5 por ciento de la población) están procesados por defender sus derechos en causas abiertas desde febrero hasta hoy. Es el índice más alto después de Mosconi, Salta.

El lunes último, en Capital Federal hubo una movilización a la casa de Santa Cruz de organizaciones piqueteras y partidos de izquierda y el martes hubo una conferencia de prensa en el salón José Luis Cabezas, del Congreso de la Nación, donde Legisladores, personalidades políticas, de organizaciones defensoras de los derechos humanos, familiares y abogados de los trabajadores expusieron acerca de la situación y exigieron la urgente investigación sobre los hechos. Mañana jueves habrá una marcha a las 12 hs del obelisco a la Casa de Santa Cruz, convocada por los autoconvocados contra el procesamiento y familiares de los presos de Caleta Olivia. Para el miércoles 13 habrá otra marcha, también por la libertad y desprocesamiento, y contra la criminalización de la protesta social

Los hechos: ¿estos son los operativos de prevención por saturación policial?

El jueves 30 de septiembre la planta de Termap había sido nuevamente tomada por trabajadores desocupados. Reclamaban la libertad de las 6 personas detenidas a principios de septiembre y el cumplimiento de la promesa de puestos de trabajo acordados después de las movilizaciones y tomas de agosto y principios de septiembre.

El sábado 2 de octubre un operativo de cientos de gendarmes que vinieron de General Acha, La Pampa, reprimió brutalmente, de acuerdo a testigos presenciales, tanto a los y las desocupadas que tomaban el tanque como a quienes habían ido a solidarizarse y estaban cortando la ruta.

El juez que interviene en la causa es Marcelo Bailaque y en principio quiere imputar a los detenidos por “privación ilegítima de la libertad y entorpecimiento de la actividad económica”

Se utilizaron más de 200 gendarmes, aunque oficialmente se admiten 120. A esto hay que sumarle, que los cálculos que indican que entre el operativo de inteligencia, logística, etcétera, había 400 efectivos. Esto para atacar a no más de 70 personas (30 estaban en los tanques, y otras tantas, contando los que habían ido a dar solidaridad) estaban cortando la ruta 3. Las 38 personas detenidas fueron alojadas en dependencias militares en Comodoro Rivadavia, en Comisarías de Caleta Olivia y en Cañadón Seco.

La policía local actuó como “apoyo logístico”. Las personas detenidas en la seccional 4ta acusaron a los policías locales de amenazar de violación a detenidas y de practicar la forma de tortura denominada “submarino seco”. La Policía Federal participó de la represión del corte de ruta. Las mujeres son detenidas junto a presos comunes acusados de delitos sexuales, como abusos y violaciones.

La denuncia elaborada por abogados de los detenidos y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indica que "encapucharon a la gente y les pegaron con palos, con los puños y patadas. Hay cantidad de detenidos con el rostro desfigurado, con fracturas. Hay una denuncia de una compañera respecto de que la encapucharon y la intentaron violar".


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