En este momento la Argentina es más importante como país de destino que cualquiera de los países limítrofes, incluido Brasil. La única explicación posible es que acá están muy organizadas las redes delictivas.” Con esta afirmación, la politóloga Mercedes Assorati –coordinadora del proyecto de Fortalecimiento Institucional en la Lucha contra la Trata de Personas en la Argentina (Fointra) de la Organización Internacional de Migraciones (OIM)– empieza la descripción de un mapa del terror. Afirma que los secuestros que realizan las redes de trata deberían ser asimilados a la desaparición forzada de personas, un delito de lesa humanidad que no prescribe, que el Estado está obligado a investigar sin límite de tiempo.
“Yo creo que estos secuestros son un nuevo tipo de desaparición forzada, que constituyen una violación a los derechos humanos ya que, aunque son ejecutados por particulares, necesitan de la connivencia o al menos la omisión del Estado para poder desarrollarse. Fijate el caso de Marita Verón, que hay numerosos testigos que la vieron, fueron procesados los responsables, y sin embargo la investigación termina aunque ella sigue desaparecida. Si no fuera por la madre ya nadie hablaría de ella, pero el Estado tiene la obligación de seguir buscándola porque el delito continúa mientras la persona sigue desaparecida.”