Desde el año 1995 los tribunales provinciales tienen un documento escrito por oficiales policiales que revelan el funcionamiento de las cajas negras, los distintos peajes que se pagan a La Santafesina SA para garantizar el desarrollo de comercios ilegales, desde la prostitución al narcotráfico.

No hubo novedades políticas. Aquello siguió su curso. Las dos administraciones de Carlos Reutemann dejaron hacer a los integrantes de la policía. Y cuando el primer gobierno de Jorge Obeid se sacó de encima a media docena de torturadores del terrorismo de estado la policía le hizo llegar un mensaje amenazador: si llegaban a exonerar a uno más, se quebraba la paz institucional en la provincia. Eso fue lo que le confesó a este cronista el ex vicegobernador de aquella gestión, el ingeniero Gualberto Venesia. Corría el año 1998 y a quince años de funcionamiento de la democracia la policía de la provincia de Santa Fe tenía el suficiente poder para hacer peligrar la paz institucional. En el año 2002, una investigación de ese medio reveló la explotación sexual infantil en la zona de la estación terminal de ómnibus 'Mariano Moreno' de la ciudad de Rosario. Las escuchas telefónicas que hizo la justicia federal revelaron las complicidades de los policías de la seccional séptima y de Moralidad Pública. El asesinato de Sandra Cabrera se dio en ese lugar y tiene como principales imputados a oficiales y suboficiales que generalmente trabajan y trabajaron en la zona de la Terminal. Esta es la historia que demuestra la existencia de distintas mafias dentro de la policía santafesina y de la increíble indiferencia que produjo el poder político provincial. Los resultados de nueve años de indolencia están en el asesinato de la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Rosario. Las cajas negras, 1995

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