Lucas Ivarrola fue secuestrado, torturado, baleado y quemado por tres hermanos, dos de ellos suboficiales de la Armada, el lunes 26 de junio en la localidad de Moreno. El día del entierro de Lucas, sus familiares y algunos vecinos incendiaron la casa de los hermanos Romero, autores del asesinato. El caso tuvo una gran repercusión en los medios de alcance nacional, haciendo hincapié en la brutalidad del hecho, en que el adolescente había sido secuestrado en un Ford Falcon verde, y en lo terrible de hacer justicia por mano propia.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, y en obvia sintonía con el discurso oficial, Eduardo Luis Duhalde dijo que el crimen de Lucas “genera mayor repulsa” porque es un “calco del accionar del terrorismo de Estado”. Y que “el Estado confió sus armas (en este caso a los hermanos Romero) para defender a la Nación y no para asesinar ciudadanos”. A través de este paralelismo, se intenta descontextualizar este terrible caso de gatillo fácil, remitiéndolo al accionar del aparato represivo del Estado durante la pasada dictadura militar. Se olvida Duhalde de los casi 480 casos de gatillo fácil ocurridos durante la gestión del “gobierno de Derechos Humanos” de Néstor Kirchner. Casos en los que seguramente no hubo Falcon verde de por medio, pero sí torturas, fusilamientos disfrazados de enfrentamientos, y demás, y en los que la mayoría de las víctimas son jóvenes y pobres como Lucas.

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